Piden imputar a Alvise tras confesar un empresario una donación en metálico de 100.000€

El empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, conocido como “Luis Cryptospain”, ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que confiesa haber entregado 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez, líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF) y actual eurodiputado. Según el empresario, la entrega tuvo lugar el 27 de mayo en Madrid, pocos días antes de las elecciones europeas. La información, respaldada por documentación y conversaciones entre ambos, revela que el dinero fue recibido por Alvise en las oficinas de Sentinel BQ, una empresa propiedad del propio Romillo.

En el documento presentado ante la Fiscalía, Romillo asegura que el pago fue realizado para apoyar la campaña electoral de Alvise Pérez. Según las pruebas aportadas, entre las que se incluyen mensajes de texto, el propio líder de SALF confirmó la recepción del dinero poco después de la entrega. Además, Romillo detalla que estos supuestos fondos se utilizarían para cubrir gastos de la campaña, incluyendo mítines, publicidad y otros eventos electorales. En uno de los mensajes intercambiados, Alvise habría expresado su necesidad de obtener fondos que no tuvieran que ser controlados por el Tribunal de Cuentas, algo que, según las normas de financiación de partidos políticos, podría constituir una infracción.

El Madeira Invest Club (MIC), la entidad de inversión que gestionaba Romillo, ha estado en el centro de la controversia debido a su cierre inesperado la semana pasada, dejando a cientos de inversores sin respuesta sobre el destino de sus fondos. Romillo ha ofrecido liquidar sus bienes para compensar a los afectados, mientras se enfrenta a las investigaciones judiciales por el colapso de su empresa.

Los afectados por Madeira Invest Club piden la imputación de Alvise

La reciente revelación de Álvaro Romillo ha generado una respuesta por parte de los afectados por el cierre del Madeira Invest Club en relación a Alvise Pérez. La Asociación de Usuarios de Criptomonedas, en representación de los afectados, ha solicitado la imputación de Alvise. La denuncia, presentada en la Audiencia Nacional el pasado 20 de septiembre, responde al abrupto cierre de Madeira Invest Club y sus graves repercusiones. La asociación alega que la empresa operaba como un chiringuito financiero que ofrecía a sus inversores la promesa de obtener grandes rendimientos mediante criptomonedas, pero terminó por colapsar, dejando una pérdida estimada de activos que ronda los 300 millones de euros. Ahora han pedido incluir a Alvise en su petición de imputación.

La denuncia se basa, en gran parte, en las pruebas que el propio Romillo ha presentado a la Fiscalía. Según estas pruebas, Romillo habría facilitado a Alvise monederos digitales para gestionar donaciones y, al observar una recaudación más baja de la esperada, decidió entregarle personalmente 100.000 euros para acelerar la financiación de su campaña. Alvise compartió estas wallets con sus seguidores a través de su canal de Telegram, una plataforma donde ha consolidado una importante base de apoyo.

Así, cierre de MIC ha movilizado a más de 27.000 inversores que exigen justicia. Como parte de las acciones judiciales, la asociación ha solicitado el bloqueo de bienes pertenecientes a Romillo, algunos de los cuales se encuentran en la República Dominicana. Además, se ha solicitado que la Audiencia Nacional se inhiba a favor del Tribunal Supremo debido al fuero de Alvise como eurodiputado. La Fiscalía, por su parte, deberá decidir si continúa con la investigación o remite el caso a los juzgados correspondientes.

El papel de Madeira Invest Club y su relación con Pérez

El Madeira Invest Club, fundado por Álvaro Romillo, fue una oficina de inversión que ofrecía enormes rendimientos a sus inversores a través de supuestas operaciones con criptomonedas y otros activos digitales. Romillo, bajo el alias de ‘Luis Cryptospain’, se convirtió en una figura relevante en el mundo de las criptomonedas y blockchain. En los meses previos a las elecciones europeas, entabló una relación con Alvise Pérez, quien en marzo había anunciado su candidatura al Parlamento Europeo. Ambos compartían un discurso crítico contra el Estado y abogaban por la utilización de canales de financiación alternativos, como las criptomonedas, que no estuvieran sujetos al escrutinio de las autoridades financieras. También se hizo famoso en los círculos de la ultraderecha mediática y los libertarianos, con constantes apariciones en podcasts y medios.

El MIC, que había sido promovido públicamente por Alvise en varias ocasiones, prometía rendimientos extraordinarios del 53%, pero se desmoronó bajo el peso de denuncias de estafa y apropiación indebida. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya había emitido una advertencia en mayo de 2023, alertando que el club no estaba autorizado para operar como una institución de inversión colectiva. A raíz de su colapso, la Audiencia Nacional ha recibido varias denuncias de los inversores perjudicados, quienes acusan a Romillo y su equipo de varios delitos financieros.

La confesión de Romillo a la Fiscalía ha abierto una nueva línea de investigación que podría tener graves consecuencias para Alvise. Además de los pagos en metálico, la documentación aportada incluye varias conversaciones en las que el líder de SALF solicita fondos que no estén sujetos a controles oficiales. Esto podría ser una violación directa de la ley de financiación de partidos políticos, la cual prohíbe las donaciones anónimas y establece límites estrictos sobre las cantidades que pueden recibir los partidos de un mismo donante.

Uno de los puntos más polémicos es la petición explícita de Alvise de evitar que el dinero fuera controlado por el Tribunal de Cuentas, lo cual podría sugerir una intención deliberada de evadir las normativas de transparencia financiera. Además, según las leyes vigentes, los partidos políticos no pueden aceptar más de 50.000 euros anuales de una misma persona, y cualquier donación superior a 25.000 euros debe ser notificada en un plazo máximo de tres meses. Si se demuestra que estas irregularidades ocurrieron, Alvise podría enfrentarse a graves sanciones legales.