La okupación: una alarma social interesada

Desde hace prácticamente todo el mes de agosto de 2020, los partidos de derecha y extrema derecha de España, así como determinados medios de comunicación y otros grupos de presión como pueden ser la patronal o la banca, están incidiendo de manera preeminente en la cuestión de la vivienda, poniendo el foco en el supuesto problema de seguridad que provoca la okupación.

En medio de una crisis inminente de índole económica derivada de la pandemia de coronavirus en la cual peligran puestos de trabajo, condiciones laborales y las delicadas y muy ajustadas economías familiares, este debate vuelve a la palestra de nuevo.

En una situación en la que, durante la pandemia, las familias españolas se han visto perjudicadas y, por ejemplo, la mayoría o bien no se irán de vacaciones o harán más horas de la cuenta en su puesto de trabajo (especialmente la gran cantidad de personas que trabajan en negro total o parcialmente); donde hay otras tantas en situación de ERTE o de desempleo cobrando tarde y mal; donde existe miedo e incertidumbre por lo que pueda ocurrir… de pronto a través de las cadenas se habla de la okupación y del enorme riesgo que supuestamente existe sobre esta cuestión.

Y no solo eso. Junto a este supuesto riesgo, se habla de la necesidad de una nueva ley de desalojo o desahucio exprés para, echar quien “okupe” un inmueble en un plazo máximo de 48 horas, posición sostenida por el Partido Popular (PP), Ciudadanos y Vox.

Al mismo tiempo, desde estos medios se le da altavoz a Desokupa, una empresa formada por boxeadores que se encarga de facilitar estos desalojos.

¿Qué dice la legislación? Diferencias entre usurpación y allanamiento

Probablemente a estas alturas ya nadie dude de que, en la sociedad actual, dominada por intereses políticos y económicos, todo tiene un porqué, hasta las noticias que se dicen, las que no y cómo se dicen, ya que todas las personas, medios e instituciones atienden a unos intereses determinados.

En España, esta situación se acrecenta, dado que la gran mayoría de los medios de comunicación están concentrados en muy pocas manos y obedecen, por lo tanto, a unos mismos intereses.

Así, en primer lugar, cuando se trata la cuestión de la okupación en los medios de comunicación de masas, se hace de una manera falaz, puesto que ,de manera voluntaria, se juntan casos que no corresponden al mismo fenómeno y que de hecho, no constituyen ni el mismo delito, a pesar de que ambos constituyan una ocupación ilegal.

En consecuencia, es necesario conocer la diferenciación entre el allanamiento de morada y la okupación, regulada jurídicamente como delito de usurpación, ya que tienen tipos penales distintos en tanto que afectan a bienes jurídicos diferentes y a unas causas particulares.

Respecto al allanamiento de morada, se trata de un delito recogido en el artículo 202 del Código Penal, estableciéndose penas de hasta 4 años de cárcel en aquellos casos que se haya empleado la violencia o la intimidación. Así pues, en este caso, el bien jurídico es el derecho a la vivienda y a la intimidad del hogar de la persona afectada, por lo que se puede actuar en el momento para expulsar a la persona de la casa y que se tramite el perceptivo procedimiento penal, en tanto que el artículo 18 de la Constitución Española señala que el domicilio es inviolable.

De esta manera, siempre que se trate de primera vivienda (es decir, la casa habitual) se puede actuar al instante. Como añadido, es importante destacar que hogar o morada no se considera únicamente a tu vivienda habitual. Una segunda vivienda o vivienda vacacional también está sujeta a esta ley siempre y cuando se desarrolle cierta actividad en este lugar, la suficiente como para que no se considere abandonada.

Es decir, en el momento en que se trata de una morada u hogar, tanto si es primera como segunda vivienda, no es una okupación o usurpación sino un allanamiento de morada, que se podría detener al instante mediante la intervención policial. Esto es así puesto que se trata de una propiedad privada, que además constituye el hogar (en tanto que se puede acreditar que la persona o personas viven ahí), por lo que los allanadores estarían cometiendo un delito flagrante contra el derecho a la vivienda, lo que permitiría a la policía entrar para identificar, detener y poner fin al delito, más allá del proceso judicial que se debería abrir paralelamente.

Además, no importa el tiempo que lleve dentro, es decir, es indiferente que haya pasado 1 hora o 5 meses ya que la persona que está allanando el inmueble no tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio, puesto que éste no es tal.

Por otra parte, la okupación o usurpación está recogida en el artículo 245.2 del Código Penal, donde se indica que este delito se produce cuando se ocupa “un inmueble, vivienda o edificio ajeno que no constituye morada”, castigándose con una pena de multa de 3 a 6 meses.

En consecuencia, el fenómeno de la okupación no afecta a los hogares sino a aquellas edificaciones que no están siendo empleadas o se encuentran en desuso. Un buen ejemplo para entender lo que es la usurpación y también el movimiento activista detrás de la okupación es el del edificio La Ingobernable de Madrid, un inmueble reconvertido en centro social y autogestionado por okupas que estaba abandonado.

Sin embargo, la okupación más habitual es la de aquellas personas (familias, normalmente) que han sido desahuciadas por impago de hipoteca o alquiler y bien siguen viviendo ilegalmente en el inmueble o se apropian de otro para no quedarse en la calle.

¿Qué dicen los datos? Okupación y acceso a la vivienda

Con la legislación en mano, es el momento de conocer algunas cifras, puesto que éstas ayudan a comprender la magnitud de un fenómeno y si de verdad tanto la okupación como el allanamiento de morada (al que se llama también okupación de forma errónea) son un problema o no.

En primer lugar, cabe destacar que el 13’65% del total de viviendas que hay en España están vacías (alrededor de 3 millones y medio) siendo este porcentaje bastante superior al del conjunto de los países europeos, la inmensa mayoría en manos de bancos o de fondos de inversión.

Por otro lado, se puede observar una enorme falta de parque público de vivienda, que apenas roza el 2% del total mientras que en otros países como Países Bajos llega hasta el 30%.

Sin embargo, a pesar de esto y por poner un ejemplo, de las 2’9 millones de viviendas registradas en la Comunidad de Madrid, sólo en el 0’14 % del total se estaba realizando una okupación. Además, en el 70% de estos casos, el inmueble no es de un particular sino de la banca. En este sentido, según los últimos datos conocidos, en España se producen una media de 33 ocupaciones ilegales de vivienda, incluyendo en este dato tanto los allanamientos de morada como las okupaciones o usurpaciones.

Los datos también indican que, si bien hasta 2017 los delitos por ocupación ilegal han ido aumentando, llevan dos años en retroceso, incluyendo los de allanamiento. Por otro lado, aunque es verdad que entre 2013 y 2017 la usurpación aumentó de 1.669 casos a 6.757, los de allanamiento (presentados como okupación en muchos medios) han ido desde 315 a 357, siendo actualmente de 285. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En segundo lugar, al mismo tiempo, según los informes de 2019 emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, en España cada día se ejecutan alrededor de 250 desahucios. Además, el 2018 fue el año que más desahucios se ejecutaron, con más de 70.000. Familias y personas que no pudieron pagar su hipoteca o su alquiler y se quedaron sin casa.

Al mismo tiempo, el precio del alquiler en España se ha disparado en los últimos años. En los últimos 5 años, se ha incrementado un 50%, llegando al 66% en Baleares, al 64% en Canarias, al 63% en Madrid y al 60% en Cataluña. Es decir, un alquiler que costara 500 euros al mes en 2014, ahora cuesta de media 750 euros. Sin embargo, el salario medio español apenas se ha incrementado en ese mismo tiempo en unos 1.300 euros anuales.

“Si antes de vacaciones me hubieran preguntado si había novedades o motivos para este revuelo te habría dicho que no. Prácticamente todos los pisos ocupados son de entidades. La mayoría de los ocupantes son familias vulnerables, por motivos socioeconómicos, y no son conflictivos. En la mayor parte de los casos se resuelve con acuerdos con los bancos. La ocupación es algo negativo para el propietario pero también para el que ocupa, con continua ansiedad, problemas de suministro, precariedad, se suele aceptar una solución” – Miguel Hernández, autor del un estudio de viviendas ocupadas de 2017 del Instituto Cerdá, para ElPaís.

Por lo tanto, queda reflejado que, si bien se trata de un fenómeno existente y que en ocasiones se puede producir en perjuicio de las familias trabajadoras, esto ocurre en un porcentaje ínfimo. Y que, los casos de usurpación, en paralelo aumento al número de desahucios, se explica por la cantidad de personas con dificultades de acceso a una vivienda. Solamente unos 2.000 casos anuales aproximadamente corresponderían a usurpaciones de viviendas particulares (es decir, un 30% y siempre en estado de desuso y/o abandono, tal y como marca la legislación).

Es más, en función de estos datos, el riesgo de no poder pagar la hipoteca o el alquiler y sufrir un desahucio es mucho mayor que el de llegar un día a su casa y observar que su hogar está habitado ahora por otras personas. Circunstancia que, al tenor de lo dispuesto en la propia legislación, tendría una rápida solución.

En este punto, resulta evidente que, mientras que el fenómeno relacionado con la ocupación ilegal está sobredimensionado mediáticamente, una problemática constante desde la anterior crisis como los desahucios (que ya sobrepasan el millón en los últimos años), está enormemente infrarrepresentado.

¿Qué intereses hay detrás? La alarma social y Desokupa

A nadie se le escapa el contexto en el que España se encuentra a día de hoy. La crisis sanitaria ha tenido una dura repercusión socio-laboral en todo el territorio del estado, aumentando de manera alarmante el número de desempleados, así como el de personas en riesgo de pobreza o bajo el umbral de la misma.

En esta complicada coyuntura económica, tal y como indicaba Juanjo Ramón, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), es bastante probable que aumenten en el medio plazo los desahucios debido a la pérdida de empleo, caída de personas autónomas y cierre de pequeños comercios, ya que si bien se han tomado medidas temporales que alivian la situación, éstas están planificadas para el corto plazo, sin ofrecer una alternativa verdadera a la (ya antigua) problemática de la vivienda.

De esta manera, cuando todos los datos permiten deducir que los desahucios aumentarán a lo largo del siguiente año, por parte de los medios de comunicación masivos y los poderes económicos que los financian y sostienen tienen dos claros objetivos: en primer lugar, se quiere demonizar el fenómeno de la okupación, puesto que si ésta no se ve como una necesidad que es consecuencia de las malas políticas realizadas en este ámbito sino como un acto de vandalismo, recibirá un mayor rechazo de la sociedad, por lo que cualquier familia desahuciada dudará mucho más antes de okupar un inmueble vacío, aún si tiene una imperante necesidad.

Por otra parte, si se consigue cambiar la visión de la población respecto a la cuestión de la vivienda, esto es, que no pongan el foco en los desahucios, en la falta de alternativa habitacional, en las cláusulas abusivas en las hipotecas o en los elevados precios de los alquileres sino en la okupación, existen más posibilidades de poder legislar respecto a esta cuestión.

Dicho de otra manera, si la gente cree que el problema son los desahucios, hará presión para que se hagan leyes que protejan a las personas vulnerables de esta situación. Por el contrario, si se pone el foco en la okupación (tal y como se está haciendo ahora) se considerará que el problema es éste y no otro.

Y, en consecuencia, la sociedad se mostrará más favorable a crear leyes que faciliten los desalojos, puesto que las personas creerán que esta leyes les serán útiles si sufren una ocupación ilegal y olvidarán cómo les puede afectar todo este cambio en la legislación si no pudieran pagar el alquiler o la hipoteca, aún cuando esto último es mucho más probable.

Es decir, lo que se hace es tratar de cambiar la concepción que se tiene de una problemática con el objetivo de tener un mayor número de posibilidades de realizar algún cambio en la legislación favorable a los intereses de la banca, fondos y grandes propietarios.

Además, como consecuencia del cambio de concepción respecto a la problemática de la vivienda que se está originando, se están organizando ya grupos civiles cuyo propósito exclusivo es combatir la ocupación ilegal. Uno de los más interesantes probablemente sea Desokupa, que si bien ya está en funcionamiento desde hace cierto tiempo, es ahora cuando está adquiriendo una enorme relevancia mediática.

“Llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida, que yo recuerde, un caso de ocupación de vivienda de un particular, todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar. Si el dueño presenta el título de propiedad, es en el acto, desalojo cautelar y en el juicio ya se verá” – Adolfo Carretero, magistrado titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, para El País.

Este grupo, que acostumbra a llevar símbolos de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está liderado por Daniel Esteve, un ex seguridad privada que ya ha sido denunciado en multitud de ocasiones por la violencia y la coacción que emplea en la realización de desahucios extrajudiciales. Pero esto no empieza ni acaba aquí: en el pasado, ya había creado junto a parte de los miembros de Desokupa una organización llamada MorososBcn, la cual también recibió denuncias por prácticas intimidatorias y agresivas en la ejecución de sus funciones.

Por otra parte, Desokupa también destaca por su relación con la extrema derecha, hasta el punto de que unos de sus miembros destacados, Navas, al cual se le ha podido ver en la gran parte de imágenes públicas de la organización, lleva tatuada una esvástica nazi a modo de brazalete. Probablemente sea el ejemplo más ilustrativo del ideario deDesokupa, aunque no el único.

No obstante, más allá de este grupo y otros similares que están surgiendo a lo largo de la geografía española, si se alza un poco más la mirada el panorama es aún más desolador.

Los desahucios se deben ejecutar, como resulta evidente, de acuerdo a la ley, por lo que el sistema judicial y policial deben actuar en consecuencia. Esto puede crear en el inconsciente popular cierta dicotomía entre una élite que toma las decisiones y hace que se cumplan y un pueblo que sufre las consecuencias de las mismas, pudiendo esto llegar a propiciar un mayor grado de movilización social, como se ha visto en la plataforma STOP Desahucios o la PAH, que exigen mayor protección del derecho a la vivienda digna.

Por el contrario, actualmente, esta función está siendo en ocasiones realizada de manera extrajudicial por gente radicalizada que crea grupos como Desokupa.

Es decir, a la ya cronificada y arraigada problemática del acceso a la vivienda, ya no hay solo que combatir a los intereses de grandes grupos de presión que permiten que esto suceda, sino que también habrá que confrontar el pensamiento de aquellas personas que, aún siendo gente normal y corriente, se posicionan en contra de sus propios intereses.

Algo, por otro lado, una estrategia que tanto las fuerzas de derecha como de extrema derecha emplean desde hace décadas: buscar y/o fabricar enemigos ficticios, apoyados en bulos y fake news (personas migrantes, minorías étnicas, grupos vulnerables, rivales políticos…) y presentarlos como los culpables de todos los males.

Conclusiones: una alarma social interesada

En resumen, el fenómeno de la ocupación ilegal existe pero está altamente magnificado y tergiversado conceptualmente por los grandes medios y ciertos partidos políticos.

Probablemente, las familias y personas trabajadoras que peor lo están pasando debido a la crisis sanitaria y la económica que viene debería preocuparse más (estadísticamente hablando) por el hecho de que un banco le pueda quitar la casa mediante un desahucio (más aún mediante las famosas leyes de “desalojo exprés” que están en debate) que por la posibilidad de que unos okupas le impidan entrar en su casa.

Pero esto no es nuevo. Lo que antaño (o no tan antaño) fue el conocido mantra “los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo” o “los inmigrantes nos quitan las ayudas”, ahora es el de “los okupas te van a quitar la casa”. Al tiempo que en las televisiones se llenan de imágenes de narcopisos y de neonazis ejecutando desalojos presentándolos como héroes, nunca ha sido un problema de magnitud que, además, lleva dos años en claro retroceso.

Y así, de nuevo, buscan la complicidad de la sociedad para aprobar leyes que van en contra de la mayoría y solo benefician a los mismos de siempre. A los mismos que, día tras día, hay que dejar Al Descubierto.

Tomás Alfonso

Articulista. Activista por el derecho a la vivienda y los servicios públicos. Convencido de que la lucha contra la ultraderecha es condición de posibilidad para una democracia plena.