Ley Mordaza: realidad, bulos e interés en las protestas policiales

El pasado sábado 27 de noviembre, centenares de policías y guardia civiles salieron a las calles para protestar ante la inminente reforma que el Gobierno de España pretende realizar a la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «Ley Mordaza», con el fin de eliminar sus elementos represivos.

Esta manifestación, que fue convocada por los sindicatos policiales mayoritarios (como Jusapol, que surgió a raíz del referéndum de autodeterminación catalán del 1 de octubre de 2017) fue apoyada inmediata por las formaciones políticas de derecha y extrema derecha, quienes protestaron y formaron parte de la movilización, que tuvo como lema «No a la inseguridad ciudadana». Al mismo tiempo las agrupaciones policiales de corte progresista optaron por no participar.

La protesta, ampliamente publicitada por la mayoría de medios de comunicación contó con cerca de 20.000 personas, según Delegación de Gobierno, lo que se encuentra enormemente lejos de los 150.000 manifestantes que afirman los propios convocantes. Independientemente de las cifras, se convirtió en la primera protesta íntegramente convocada por las autoridades policiales desde la Transición.

Sea como fuere, la discusión acerca de la reforma de la Ley Mordaza y las protestas que han surgido como consecuencia han llenado decenas de titulares en la última semana. Desgraciadamente, el debate público, que siempre es necesario en una democracia al abordar cuestiones que afectan a la realidad social, se ha visto sustituido por la búsqueda de relatos capaces de defender determinados intereses, a pesar de que en ocasiones no se ciñan a la verdad y estén altamente manipulados.

De hecho, se han visto declaraciones públicas bastante vergonzosas por parte de algunos representantes policiales, así como la difusión de bulos y alguna que otra fotografía polémica. ¿Qué es lo que se va a modificar en realidad de la Ley de Seguridad Ciudadana?¿Tienes sentido estas protestas?¿Realmente es una reforma legal injusta para con las autoridades policiales?

Ley mordaza: aprobación y contexto

La beligerancia vista por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado podría hacer pensar a alguien que se trata de un hecho histórico, de una reforma de una ley que ha formado parte durante décadas de nuestro ordenamiento jurídico sin tener ni la más mínima transformación. Nada más lejos de la realidad.

Desde el 1978 hasta el 2015, esta ley no existió, y solo con la llegada del presidente Mariano Rajoy (Partido Popular) se empezó a hablar de esta cuestión. Todos los años anteriores, tanto la ciudadanía como la policía y la guardia civil vivía y trabajaba sin ampararse en lo que se denominaría «Ley de Seguridad Ciudadana».

Tratando de recordar mejor el contexto de su aprobación, cabe recordar que ésta vino de la mano de una reforma del Código Penal que también se orientó en clave represiva o, al menos, con el objetivo de contrarrestar las movilizaciones callejeras.

Al respecto de esto último, hay que recordar durante los años de mayoría absoluta del Partido Popular, las movilizaciones eran constantes, teniendo los movimientos sociales una relación conflictiva con el poder político. De este modo, no es descabellado considerar que la aprobación de esta ley (la cual no había sido planteada en el Gobierno de José María Aznar y ni siquiera reclamada previamente de forma mayoritarias por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado) es una respuesta a la participación ciudadana.

Y es que, entre el año 2011 y 2014, se sucedieron miles de protestas por toda la geografía española. Aunque en su inmensa mayoría fueron pacíficas, se vivieron momentos de denuncia social debido al exceso de violencia por parte de las fuerzas policiales, que cargaron en diversos puntos contra manifestantes, destacando los primeros momentos en la Puerta del Sol el 15 de mayo de 2011 (y que daría origen al Movimiento 15-M) y en febrero de 2012 en Valencia, en la llamada Primavera Valenciana, donde las UIP cargaron contra adolescentes del instituto Lluís Vives.

La amplia disponibilidad de Internet, de cámaras fotográficas y de teléfonos con posibilidad de tener ambas herramientas posibilitaron una denuncia social como nunca antes vista, y el enorme apoyo al Movimiento 15-M permitió protestas multitudinarias, algunas frente a edificios importantes como el Congreso de los Diputados, por ejemplo, en el protesta de Rodea el Congreso de 2013.

Por otro lado, ¿había un aumento de la criminalidad o de los delitos? Viendo la evolución de delitos entre 2011 y 2014 en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas hay diferencia. De hecho, en algunos hay un ligero descenso (robo de vehículos, homicidio, torturas), y, en otros, simplemente un ligero aumento (hurtos menores, injurias), mientras que en otras cuestiones es prácticamente igual (delitos contra el patrimonio, robos, extorsión).

Lo curioso es que, en cuanto a los delitos por desórdenes públicos, resistencia o desobediencia a la autoridad y contra el orden público, prácticamente se quedan igual. De hecho, en 2016, todos estos delitos sufren un aumento abrupto, precisamente por la aprobación de la Ley Mordaza.

Por lo tanto, esta nueva legislación no tuvo en su momento otro motivo que no fuera el de dotar de herramientas a las fuerzas policiales para hacer frente a la oleada de protestas que amenazaba el statu quo, y nada que ver con la reducción de delitos o por un supuesto incremento de la criminalidad. Debido a eso, esta ley contó con un amplio rechazo que ha venido desde distintos actores y sectores.

De este modo, la ley contó desde el primer momento con el rechazo frontal de la oposición de aquella legislatura con formaciones políticas como PSOE, Izquierda Unida o Podemos, dado que el texto de la misma fue decidido por el Partido Popular, quien tenía en ese momento mayoría absoluta.

No obstante, la disconformidad con respecto a este asunto no se limita a partidos políticos, dado que las asociaciones profesionales de la justicia enmarcaron esta ley dentro de una «indeseable avalancha de reformas legislativas» emprendidas por el PP, tal y como afirmaron por escrito. Por su parte, el propio Tribunal Constitucional, que difícilmente se puede considerar progresista, declaró hace poco más de un año que parte de la ley era inconstitucional, concretamente aquella parte que, atendiendo a la interpretación que se realizó, establecía una censura previa en la difusión de imágenes de los agentes de servicio.

Todas estas críticas no han sido las únicas, puesto que desde Europa también mostrarían su rechazo a esta ley. Así pues, el Consejo de Europa instó a España a reformar la ley «por su potencial represivo», añadiendo que se «carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente que afecte a todas las fuerzas del orden».

La Comisión Europea también se manifestó en esta dirección, solicitando que se produjesen las modificaciones pertinentes para garantizar los derechos de la ciudadanía.

A todas estas denuncias se suma, por supuesto, los señalamientos a las autoridades policiales por su abuso de poder, que se han repetido desde entonces y donde se han dado situaciones injustas e incluso inverosímiles incluso poco después de su aprobación, como por ejemplo denuncias por dar «Me gusta» a una publicación en Facebook.

En conclusión, únicamente el PP y las formaciones de derecha y de extrema derecha como Ciudadanos y Vox, se han mostrado del lado de la Ley Mordaza, desoyendo al resto de fuerzas políticas, las demandas de los movimientos sociales y las denuncias de los organismos europeos.

Por todo lo comentado anteriormente, era indiscutible que el acuerdo de coalición tenía que incluir esta cuestión dentro de sus líneas de actuación y, aunque con retraso y cierta tibieza, parece que va a modificarse la ley.

Ley Mordaza: modificaciones y bulos

En relación con las reforma, una crítica frecuente que se ha realizado por parte de los manifestantes es que el Gobierno quiere eliminar el material antidisturbios, como por ejemplo las pelotas de goma. Según ellos, esto provocaría que los agentes quedaría indefensos, llegando a afirmar algunos de ellos que, si esto sucede, abandonarán el cuerpo por temor.

Más allá de que órganos armados considerados como autoridad difícilmente puedan sentir jamás indefensión ante la ciudadanía sino más bien al contrario ya que en última instancia cuentan con bastantes más recursos que un manifestante promedio, la premisa en la que se apoyan es falsa: no se va a eliminar el material antidisturbio, muy a pesar de que ha sido una de las demandas más repetidas por parte de la sociedad civil y de varios partidos políticos.

Por el contrario, lo que afirma el texto presentado es que ‘Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Es decir, no se va a eliminar el uso de pelotas de goma, simplemente se busca priorizar otros métodos.

Hay que recordar además que, según los protocolos de actuación y el propio texto constitucional, el uso de la fuerza debe ya de por sí ser la última opción y siempre de una determinada forma, una cuestión que ha sido continuamente vulnerada al emplearse cargas policiales contra protestas pacíficas. Lo único que se busca es aplicar ese mismo principio al uso de las pelotas de goma.

En este caso, y observando la literalidad de la formulación, pareciera que, o bien las autoridades policiales que han decidido manifestarse no han atendido a la nueva redacción o que, aún conociéndola, deciden manipularla de cara a la opinión pública para atacar al Gobierno.

Otro asunto que molesta y preocupa a partes a iguales a quienes rechazan la modificación de la ley es el derecho a tomar y usar imágenes de los agentes en servicio.

Anteriormente, con la ley del Partido Popular, se consideraba una infracción grave “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes”.

Por lo que hace al nuevo texto, éste afirma que ni la toma ni la mera difusión de este tipo de imágenes constituirá por si sola ningún tipo de infracción, añadiendo que sí se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos de los agentes cuando se pueda generar un peligro cierto para su persona o entorno. Además, con el fin de limitar esta complementación preventiva, el texto añade que «la situación de peligro o riesgo cierto generada debe reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle posible”.

En relación con esta cuestión, que ha generado un enorme revuelo, se ha manifestado el economista liberal Juan Ramón Rallo, quien difícilmente podrá ser considerado afín al Gobierno. En sus declaraciones, Rallo afirmó que «resulta de sentido común que los ciudadanos deberíamos tener el derecho no solo a grabar, sino a divulgar las acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, máxime cuando ese subconjunto de funcionarios gestiona algo tan delicado y peligroso como la violencia monopolística del Estado». Finalmente, concluyó que «se trata de una medida absolutamente razonable de un Ejecutivo de Izquierdas».

No obstante, el debate no quedó ahí, puesto que fueron muchas las personas que recordaron los discursos venidos de sectores conservadores de la sociedad cuando se incrementó la vigilancia sobre la ciudadanía. Así, han sido muchos quienes han querido recordarles a los agentes aquello de que «si no hacéis nada malo, no tenéis porqué preocuparos», que era el argumento que se empleó para, en un contexto de movilizaciones, aumentar el control sobre las movilizaciones.

Hay que recordar, por otro lado, que la grabación de agentes en acto de servicio en el contexto de una manifestación ha servido para poder defender la versión de personas víctimas de abuso policial. Sin embargo, no hay constancia de que se hayan utilizado para afectar a la vida personal y a la intimidad de los agentes, que es lo que pretende proteger la nueva reforma legal.

Por otra parte, también ha generado cierto alboroto la parte del texto que se refiere a las protestas no autorizadas previamente.

Según lo dicho por los sectores más conservadores, el Gobierno de coalición pretendería eliminar la infracción leve en aquellos casos en los que se celebre una manifestación sin trámite previo de comunicación. De nuevo, basta con consultar el texto (que es público) para observar que esto no es así. De este modo, la modificación plantea que quienes convoquen y organicen la concentración o manifestación y no lo comuniquen en tiempo y forma deberán ser sancionados, pero que eso no impide la celebración del evento, tratando así de proteger el derecho a la manifestación en aquellos casos en los que, por distintos motivos, sea imposible notificar de forma correcta.

En esta dirección, otra modificación es que a los convocantes y organizadores se les exime de cualquier responsabilidad por lo que pueda suceder en las protestas, puesto que se considerará a los causantes de los disturbios responsables únicos. También se deberá informar de manera clara a los manifestantes antes de que empiecen las cargas, debiéndose indicar incluso el tiempo del que disponen antes de que éstas se inicien.

De nuevo, no se trata de reformas excesivamente ambiciosas, sino destinadas únicamente a reponer y resguardar aquellos derechos que habían sido vulnerados durante los gobiernos del Partido Popular con la aprobación de la Ley Mordaza.

Sin embargo, quizá la cuestión que más ha molestado a la derecha política y judicial es la de la reforma de la presunción de veracidad de los agentes. Según estos sectores, el Gobierno quiera acabar con ella

A pesar de que no sería ningún despropósito que un país democrático de ciudadanos libres la palabra de ningún individuo tenga más valor que la de otra, y más cuando uno de ellos tiene una situación beneficiosa dentro de una relación de poder avalada por el Estado, esto no es lo que ha propuesto el ejecutivo español.

Por el contrario, lo que se pretende es que esta presunción tenga garantías. En consecuencia, en el artículo 19, el que aborda este tema, se afirma que el acta realizada por los agentes «gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario».

Es decir, en ningún caso se elimina la presunción de veracidad. Lo que se exige es que para que se preserve esta presunción, sea «coherente, lógica y razonable», lo que significa que no tendrá validez en caso de que el acta contenga despropósitos, historias sin sentido o contradicciones, un principio que ya se aplica en otras cuestiones del ámbito penal. ¿Por qué podría molestar a la derecha, a la extrema derecha y a ciertos sectores de las fuerzas de seguridad del estado que sus atestados sean «lógicos, coherentes y razonables»?

Otro elemento que se ha modificado y que también ha provocado la protesta de la derecha política y policial es el relativo a las identificaciones de personas en la vía pública, puesto que éstas quedarán prohibidas salvado que haya indicios «fundados racional y objetivamente» de la comisión de un delito, los cuales deben quedar por escrito.

Además, en aquellos casos en las que las personas deban ser identificadas y carezcan de identificación, seguirán siendo llevadas a la comisaría, si bien su estancia allí no podrá ser superior a dos horas salvo situaciones excepcionales. En esta línea, las personas que han sido trasladadas deberán ser llevadas de nuevo al lugar en que estaban inicialmente siempre que la comisaría se encuentre en una localidad distinta, intentando así evitar que las personas queden en una situación de vulnerabilidad.

Y es que se ha denunciado en repetidas ocasiones la petición indiscriminada del documento nacional de identidad, una actuación policial que ha sido señalada por poseer un profundo sesgo xenófobo y racista. Con la reforma, se seguirá pudiendo hacer, pero simplemente tendrá que ser justificada por presentar indicios de un posible delito. Nada fuera de lo coherente.

Finalmente, el último elemento que ha creado malestar en la derecha es la adaptación de la cuantía de las multas en base a la capacidad económica. Al respecto de esto, cabe destacar que el objetivo es tratar de que éstas afecten de manera más igualitaria al conjunto de la sociedad, dado que si la cantidad a pagar es igual para un rico que para un pobre, el primero tendrá una mayor facilidad para hacerle frente mientras que el segundo pagará doblemente, por la infracción y por su mala situación económica.

Al respecto, se dio una situación muy surrealista cuando el representante de Jusapol, la organización policial vinculada a Vox, manifestó que esto podría provocar que, durante las manifestaciones, aparecieran mafias que colocasen en primera línea a gente con bajos recursos económicos para que recibieran ellas todas las sanciones.

Conclusiones

Tal y como se ha observado, la reforma prevista no incorpora todas las falsedades que se han dicho en los últimos días, sino que pretende acabar con los aspectos más dañinos de la ley aprobada por el Partido Popular.

Además, cabe recordar antes de finalizar que la modificación ha sido pedida por Europa y que se llevará a cabo porque así lo ha querido el poder político emanado de las urnas, por lo que es indiscutible tanto la concordancia con el derecho europeo como la legitimidad de la reforma.

Quienes quieren ver en esto una oportunidad política para atacar al Gobierno, tendrán que explicar cómo es posible que España esté actualmente en su mínimo histórico de criminalidad mientras que ellos siguen hablando de ‘inseguridad ciudadana’. Probablemente jamás puedan, puesto que cuando hablando de seguridad y de ciudadanía, los sectores conservadores no se refieren a la protección de derechos del pueblo, sino a la defensa de sus privilegios frente a la gente organizada.

Tomás Alfonso

Articulista. Activista por el derecho a la vivienda y los servicios públicos. Convencido de que la lucha contra la ultraderecha es condición de posibilidad para una democracia plena.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.