Vox pide usar buques de guerra y retirar ayuda humanitaria para impedir que inmigrantes lleguen a España
Vox pide la intervención de las Fuerzas Armadas para impedir la llegada de pateras a las costas canarias. El partido de extrema derecha considera España se enfrenta a una “invasión inmigratoria organizada” de la cual debe defenderse por todos los medios con un “bloqueo naval” y demanda que se retiren las ayudas públicas a las asociaciones y empresas dedicadas a la asistencia humanitaria para no generar “efecto llamada”.
El portavoz de la formación ultraderechista, Jorge Buxadé, ha pedido en el Congreso la activación de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Seguridad Nacional para que los buques de guerra impidan que embarcaciones con inmigrantes accedan a aguas territoriales españolas. Por otro lado, esta agrupación política acusa a la sociedad estatal de Salvamento Marítimo, dedicada a los rescates en el mar, de “colaborar con las mafias” y por ello pretenden “combatir activamente a las ONG” que ayudan a los inmigrantes, además de retirarles las ayudas públicas.
Otra de sus medidas es crear “plataformas de desembarco” de inmigrantes irregulares en los propios países africanos, así como retirar la ayuda al desarrollo en aquellos casos que no acepten repatriaciones.
Los miembros del partido de Santiago Abascal están convencidos de que los inmigrantes se acercan hasta “pocos metros de las costas” de Canarias en busques que pueden ser forzados a regresar a su país de origen sin vulnerar leyes nacionales o internacionales.
De esto no existe ninguna evidencia. De hecho, la aplicación del derecho marítimo exige que los buques de la Armada que divisen pateras a 12 millas de las costas españolas rescaten a sus ocupantes en caso de riesgo de naufragio. Además, de ninguna forma podrían cerrarles el paso y obligarles a dar media vuelta, dado que poner en riesgo sus vidas podría ser constitutivo de delito.
La estrategia del Ejecutivo
Si bien es cierto que las cifras de los organismos oficiales señalan que el número de inmigrantes llegados a Canarias de forma irregular asciende hasta 16.000 a lo largo del 2020, en Moncloa ya asumen que esta presencia se intensificará en los próximos meses. Estas circunstancias, inevitablemente, han sido asociadas a las dificultades económicas que la pandemia de coronavirus a nivel mundial está causando en los países de origen.
El ministro de Movilidad y Transporte, José Luis Ábalos, ha reconocido, en este sentido, que el Ejecutivo “está trabajando” con aquellos países que tienen convenios con España, como puedan ser Marruecos, Argelia o Senegal para evitar más complicaciones sociales y políticas. Por tanto, el Gobierno plantea “mantener una migración regular y controlada” y repatriar a los irregulares, destacando que las carpas instaladas en las islas Canarias para acoger a 7.000 personas “tendrán un carácter temporal”.
Las confusiones de Vox
No es el único tema en que Vox ha dado señales de inconsistencia en los últimos días. También en el Congreso Buxadé negó que su partido hubiera cambiado de criterio respecto a las escuelas de educación especial, punto controvertido que ha suscitado buena parte del debate sobre la Ley Celaá. En general, los partidos de abarcados por las líneas ideológicas de la derecha (Vox, PP y Ciudadanos) han acusado al gobierno de haberse propuesto terminar con la educación especial.
En lo que respecta a la formación populista de ultraderecha, ante el recordatorio del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, de que Vox concurrió a las elecciones del año 2016 con un programa que proponía eliminarla, Buxadé ha considerado “irrelevante” lo que su partido propusiera hace cuatro años y ha atribuido esta promesa electoral a un “error tipográfico”.
El programa, que aseveraba textualmente el propósito de “acabar con la educación especial y disponer de apoyos para una educación verdaderamente inclusiva”, ha sido suprimido de la página web del partido tras estas intervenciones en el Congreso.
