Yolanda González, asesinada por el terrorismo fascista

Yolanda González Martín nació en 1961 en el barrio de Deusto, en la que por aquel entonces era la capital industrial de Euskadi, Bilbao.

Sus orígenes eran humildes, puesto que procedía de una familia burgalesa que en pleno éxodo económico habría emigrado al País Vasco en busca de una vida mejor y más estable. Muy pronto, con 16 años, inició su militancia en la facción Izquierda Socialista, de sesgo trotskista, dentro de las Juventudes Socialistas de España.

En plena transición democrática se traslada a la capital de España para cursar estudios de electrónica en un centro de formación profesional del barrio de Vallecas. Con el tiempo, pasa a ser elegida representante estudiantil en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media de Madrid, una organización fuertemente politizada y combativa y que se opuso frontalmente a las reformas educativas del gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) que gobernó entre 1977 y 1982, coalición moderada presidida por Adolfo Suárez, el que fuera leal y servicial afecto al régimen franquista y que sería cabeza visible de dicho periodo.

Yolanda González, para ser exactos, llegó a Madrid en enero de 1979 de la mano se su novio, Alejandro Arizcun, economista de profesión y al que había conocido en una escuela de verano organizada por el PSOE en una masía de la localidad catalana de Sant Martí de Llémena.

Además de las anteriormente mencionadas militancias estudiantiles, nada más llegar a Madrid, se afilió a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), desengañada como estaba de las políticas neoliberales y pactistas del PSOE de Felipe González, un partido que además de renunciar a la lucha de clases y al marxismo, había consumado a sus ojos una traición pactando durante la transición con las fuerzas más reaccionarias en una suerte de equilibrismo ideológico, llegando a acuerdos sobre cuestiones controvertidas como la amnistía a los crímenes de la dictadura

Unas semanas más tarde y junto a otros compañeros de lucha, crearon una nueva formación política a la que llamaron Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Paralelamente a su militancia revolucionaria, y para poder costear su estancia en la capital, iba encadenando diversos trabajos como empleada de hogar y canguro.

De esta manera, entre luchas estudiantiles y su militancia política en organizaciones que representaban la punta de lanza contra el orden supuestamente democrático establecido, es como transcurrieron los primeros meses de Yolanda González en la capital de España, una ciudad, que como el resto del país, intentaba zafarse del oscuro manto de una de las dictaduras más genocidas de la Historia contemporánea, la dirigida por Francisco Franco entre 1939 y 1975 tras una sangrienta guerra civil.

Secuestro y asesinato de Yolanda

Yolanda vivía en el número 101 de la calle Tembleque, en el popular barrio obrero de Aluche, en un piso que compartía con su novio y con otra compañera, también militante del PST, Mar Noguerol.

La mañana del 1 de febrero de 1980 transcurrió con absoluta normalidad. Se fue al trabajo y ya por la tarde acudió a la sede del partido para participar en una asamblea que se había convocado con el fin de analizar todos los datos e incidencias sobre la huelga de la enseñanza, habiéndose cumplido ya el quinto día de los siete de lucha convocados.

Al finalizar la asamblea informativa, se entretuvo paseando y tomando algo con una de sus más entrañables amigas, Rosa Torres. Se despidieron y se marchó de vuelta a su casa de Aluche.

En las inmediaciones de su domicilio la esperaban agazapados los integrantes del Grupo 41, una organización ultraderechista de carácter paramilitar y con fuertes vínculos al partido político de Fuerza Nueva, liderado en aquel momento por Blas Piñar, quien llegó a ser diputado mediante una coalición de partidos ultraderechistas en 1979 llamada Alianza 18 de julio.

Dos de los miembros del comando, Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad, subieron hasta el domicilio situado en el cuarto piso del número 101 de la calle Tembleque, permaneciendo el resto en los alrededores, en labores de vigilancia. Llamaron a la puerta y Yolanda les abrió no sin cierta desconfianza, identificándose estos como miembros de la policía y propinándole un fuerte empujón que la derribó.

Acto seguido procedieron a un superficial registro del piso buscando alguna prueba que la pudiera vincular con la banda terrorista ETA y a punta de pistola la obligaron a acompañarlos hasta su coche. Durante el trayecto se producen varios forcejeos y la someten a un interrogatorio, preguntando insistentemente sobre su presunta pertenencia a la banda terrorista ETA, pero ella lo niega una y otra vez. Durante el trayecto, fue maltratada con contundencia.

Finalmente llegan a un descampado próximo a San Martín de Valdeiglesias, donde detienen el coche y la obligan a bajar. Son unos minutos en los que, según el testimonio del propio Hellín, intercambian algunas palabras sin determinar, hasta que, apunta con una pistola P-38 Walther del calibre 9 mm Parabellum a la cabeza de Yolanda, presiona el gatillo dos veces y la joven cae desplomada. Es entonces cuando su cómplice, Ignacio Abad, le exhorta a que realice un tercer disparo a modo de tiro de gracia, disparando éste un tercer fogonazo con el cuerpo ya tendido.

El cadáver fue hallado a la mañana siguiente por dos trabajadores que casualmente pasaban por allí, no siendo identificado hasta el mediodía del 2 de febrero.

Durante ese mismo día, Emilio Hellín ya se había encargado de reivindicar el acto criminal, mediante un comunicado telex enviado a la Agencia EFE, en nombre del Grupo 41 del Batallón Vasco Español (BVE), una organización terrorista parapolicial identificada en ocasiones con la Alianza Apostólica Anticomunista o también conocida como la Triple A:

El Batallón Vasco Español, grupo operativo-militar, reivindica el arresto, secuestro y ejecución de Yolanda González Martín, natural de Deusto, integrante del comando de ETA, rama estudiantil-IASI-, del que también forman parte otras dos personas con domicilio en Madrid y que utilizan como tapadera y acción de masas a grupos políticos de ideología trotskista y maoísta, donde se amparan sus actividades. Por una España grande, libre y única. ¡Arriba España!

Comunicado del Batallón Vasco Español (BVE)

Ni que decir tiene la gran consternación que este nuevo crimen de la extrema derecha provocó en toda la sociedad española, en el partido al que pertenecía Yolanda y en su entorno más inmediato. En el funeral se pudieron oír gritos de «¡UCD, UCD, la pistola se te ve!«, en alusión a la inoperancia del Gobierno de entonces.

Así mismo, el diputado socialista Juan Barranco haría unas declaraciones cuando menos de indirecta acusación hacia los resortes y estructuras de un Estado que todavía no se había desprendido de la inercia represiva de la dictadura en lo que más tarde diferentes organizaciones de izquierdas denominarían «guerra sucia»:

¿Cómo los autores de la muerte de Yolanda González obtuvieron en el mercado las armas y los aparatos electrónicos que poseían? ¿Con qué organizaciones, incluso extranjeras […], tenían relaciones los implicados? ¿Qué información tiene el Gobierno sobre el denominado Batallón Vasco Español? [Este asesinato] se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona con instituciones del Estado

Cinco días después del asesinato, el policía nacional Juan Carlos Rodas (anteriormente de la Policía Armada, cuerpo represor del franquismo), asustado por el desarrollo de los hechos y sus posibles consecuencias, decidió delatar a los componentes del Grupo 41 que habían participado en el terrible crimen. Emilio Hellín e Ignacio Abad fueron inmediatamente detenidos, sin embargo, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto se dieron a la fuga manteniéndose en paradero desconocido durante varias semanas antes de presentarse ante el juez instructor del caso.

Una vez detenidos y puestos a disposición judicial todos los participantes en el asesinato, la Audiencia Nacional procesó a Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Velázquez, José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas y David Martínez Loza y los condenó a diversas penas según su grado de implicación en los hechos.

Emilio Hellín Moro fue condenado a algo más de 43 años de prisión por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto.

Ignacio Abad Velázquez fue sentenciado algo más de 28 años de condena por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto recibieron unos 6 años de condena por allanamiento de morada, detención ilegal y tenencia ilícita de armas (tenencia ilícita de explosivos en el caso de Prieto).

David Martínez Loza fue condenado a unos 6 años de cárcel por inducción de allanamiento de morada y detención ilegal. Era en el momento de la comisión del delito Jefe Nacional de Seguridad de Fuerza Nueva y, por tanto, con vínculo directo con el entonces líder de esta formación, Blas Piñar.

Juan Carlos Rodas fue sentenciado a 3 meses de prisión por allanamiento de morada y detención ilegal. La levedad de la condena se debe a su necesaria y voluntaria colaboración con la justicia. Según su propio testimonio, pensaba que a Yolanda González se le haría un interrogatorio para averiguar si pertenecía a ETA, pero no que se le fuera a secuestras y/o a asesinar.

En 1987, el principal encausado y autor material del asesinato, Emilio Hellín, se dio a la fuga tras recibir de forma inexplicable un permiso en la cárcel de Zamora, en la cual había permanecido desde prácticamente el inicio de su condena. Aprovechó la coyuntura para huir a Paraguay donde se instaló llevando una vida aparentemente normal ya que gozaba de la protección del dictador militar Alfredo Stroessner, con el que Fuerza Nueva mantenía unas inmejorables relaciones, y que, de hecho, se sabe que daba cobijo a otros militantes de la extrema derecha española, como es el caso de los Guerrilleros de Cristo Rey, así como a nazis de la talla de Josef Mengele.

En Paraguay, siempre con la inestimable ayuda del aparato represor del dictador, Hellín prosperó económicamente llegando a convertirse en un empresario de éxito, logrando pasar desapercibido durante varios años. Sin embargo, su dulce destierro se termina cuando José Luis Morales, un conocido periodista de Interviú, dio con su paradero.

Tras la caída de Stroessner, las autoridades españolas consiguieron su extradicción, que se produjo en el mes de septiembre de 1989 a manos de la Interpol.

En julio de 1995 fue clasificado en tercer grado penitenciario y un año después consiguió la libertad condicional. De los 43 años a los que inicialmente fuera condenado solo llegó a cumplir 14 .

Nuevo escándalo

En el año 2013, el periodista José María Irujo, del diario El País, tras varias y fructíferas pesquisas, descubrió que el autor material de la muerte de Yolanda, Emilio Hellín, había colaborado con el Ministerio del Interior como asesor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011, años en los que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y después Mariano Rajoy (PP). Unos servicios de asesoría en materia criminal por los que habría cobrado la nada desdeñable cantidad de 140.000 euros.

Las investigaciones periodísticas no terminaron ahí, ya que se desveló que en su currículum personal, Hellín aseguraba ser docente en la Escuela de Policía de la Comunidad de Madrid, instructor directo de varios funcionarios del Ministerio de Defensa y asesor de magistrados y fiscales en labores de peritaje judicial, habiendo intervenido en casos tan importantes como el «caso Faisán» o el también conocido como «caso Bretón«.

Hay que destacar, por otra parte, que estos servicios de peritaje los desarrollaba a través de las empresas de su propiedad, «Net Forensics S.L.» y «New Tecnology».

Cuando el Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy fue interpelado en el Congreso de los Diputados con el fin de que diera una explicación sobre los contactos y el trato de privilegio del que había gozado el ultraderechista Hellín, su entonces Ministro del Interior Jorge Fernández no ofreció ninguna respuesta clarificadora y mucho menos razonada, ya que se limitó a decir que, durante el tiempo en el que Hellín trabajó para interior gobernaba el PSOE. Ni un solo dato, ni un solo argumento, ni una disculpa, nada de nada.

Recientemente, ya en el 2021, ha salido a la luz que el entramado empresarial de Emilio Hellín habría firmado diferentes contratos con diferentes cuerpos policiales, instituciones judiciales y prestigiosos bufetes de abogados, entre los que estaría el que defiende a la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el «caso de la falsificación del acta del Máster«, Cristina Cifuentes, del Partido Popular.

Todos los hechos referidos, demuestran, una vez más, que durante la mal llamada transición española, la impunidad de la extrema derecha ha sido una constante, que su blanqueamiento mediático y judicial son realidades objetivas y que el supuesto modélico tránsito de la dictadura más cruel del sur de Europa a una democracia liberal, resulta más que discutible.

Yolanda González Martín fue torturada y ejecutada la noche del 1 de febrero de 1980, y este crimen, ejecutado por vulgares asesinos de la ultraderecha, pero ordenado desde las instancias que más tarde formaron parte del terrorismo de Estado y de la «guerra sucia», es la más concluyente de las pruebas de que tanto la conciencia de clase como la conciencia política jamás deben declinar. Un crimen que fue una de las tantas pruebas de que ciertos sectores policiales e institucionales mantenían relaciones con grupos ultraderechistas que les otorgaba cierta impunidad.

La familia de Yolanda González sigue reclamando que sea considerada como una víctima del terrorismo, pero esto le ha sido negado a pesar de que su asesinato fue reivindicado por el Batallón Vasco Español que, en palabras del periodista Carlos Fonseca, «es un poco el precedente de los GAL».

Por otro, se consiguió, tras años de lucha, que en junio de 2015 el Ayuntamiento de Madrid pusiera el nombre de Yolanda a unos jardines de la ciudad y en noviembre de 2018 se instaló gracias a la Junta de Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid una placa en recuerdo de la joven explicando la lucha de González y el modo en el que fue asesinada.

Sin embargo, la placa ha sido vandalizada hasta en cuatro ocasiones. Una mañana amaneció con una esvástica; otra, completamente borrada con pintura; mientras que en otras dos ocasiones fue arrancada literalmente. «Día tras día, sus compañeros y vecinos del barrio luchan para que esa canalla fascista, compañeros de viaje de sus asesinos, no ensucien con sus pintadas la placa del parque que lleva su nombre», escribe Jacobo Bermejo en la obra Los amigos de Yolanda, un libro escrito por amistades que fueron cercanas a la activista.

Así pues, si España aspira a incluirse entre los países más avanzados de las democracias representativas, debería, al menos, hacer un repaso de su historia reciente con el objetivo de limpiar las más altas instituciones de su herencia franquista, ultraderechista y totalitaria que conduce, por el contrario, a ser un país con los índices más altos de desigualdad económica, social y democrática del entorno europeo y occidental.