Asesinan a un líder social y a su familia en una nueva masacre en Colombia que eleva a 203 las muertes en 2021
Las persecuciones y asesinatos a líderes sociales en Colombia continúan en medio del descontento y las protestas contra el gobierno de Iván Duque. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó el pasado domingo del asesinato de Luis Hernando Castrillón, tesorero de la Junta de Acción Comunal; su esposa, María Piedad Ramírez; su hijo Esneyder Castrillón; y Fray Zapata, un familiar con diversidad funcional.
Las cuatro víctimas residían en el municipio de Yolombó, en Antioquia, y según lo descrito por RCN Radio, los autores del brutal crimen serían diez hombres armados, presuntamente miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, que habrían abierto fuego repetidas veces contra la familia mientras visitaban un centro comercial.
Jorge Ignacio Castaño, secretario de Seguridad de Antioquia, ha confirmado oficialmente los hechos y ha desplegado a las fuerzas armadas en la zona con el objetivo de encontrar a los culpables. Además, han ofrecido hasta 100 millones de pesos (unos 26.000 dólares) de recompensa por su captura.
Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército y máxima autoridad del operativo de busca y captura, ha condenado el crimen, así como las masacres realizadas por este grupo armado, el cual tiene destacamentos en Antioquia dedicados al narcotráfico.
Esta sería la masacre número 53 en lo que va de 2021, con 200 fallecimientos, a la cual se suma el triple asesinato del pasado 17 de julio en Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Jhon Janer Vásquez, de 34 años de edad; Willington José Larrahondo, de 46; y Gabriel Lasso Arara, de 63 años. Todos eran residentes de la vereda La Toma.
En el caso de Lasso Arara, era docente del sector de Quinamayó y esposo de la expresidenta de la Junta de Acción Comunal. Con este hecho, la cifra de homicidios múltiples en 2021 asciende a 203 víctimas y el número de masacres a 54.
Los medios locales también informaron que tras el tiroteo resultaron heridos Jimmy Alejandro Castillo Larrahondo, de 40 años y funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) en Puerto Tejada; y Manuel Santo Larrahondo Figueroa, de 58 años.
Persecución de líderes sociales
Desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, los asesinatos de líderes sociales han aumentado: según la ONU, son 600 los que han sido asesinados desde entonces. Pero, antes de la firma, los líderes sociales ya estaban bajo amenaza, sobre todo aquellos que representaban a los trabajadores.
Brasil, Bangladesh, Egipto, Honduras, India, Kazajstán, Filipinas, Turquía, Zimbabue y Colombia son clasificados por la Confederación Sindical Internacional (CSI) como los peores diez países del mundo para los trabajadores y las trabajadoras.
Y el caso colombiano, por desgracia, destaca por las terribles cifras que se contabilizan: entre 2019 y el primer semestre de 2020, la CSI contabilizó cuatro intentos de homicidio contra sindicalistas, una desaparición forzada, 198 amenazas de muerte y 14 líderes sindicales asesinados.
En total, se calcula que entre 1973 y 2019, 3.300 sindicalistas fueron asesinados en Colombia según la Escuela Nacional Sindical (ENS). Al respecto, no son pocas la voces que señalan que el Estado, con su acción u omisión, permite este genocidio sindical en un país desgarrado por el enfrentamiento civil.
La Comisión Colombiana de Juristas y la Escuela Nacional Sindical definen que la violencia antisindical es de naturaleza política, “como el conjunto de los actos que buscan, a partir de la elección de las víctimas, someter, reducir, asimilar y cooptar el sujeto y la acción sindical a partir de la destrucción violenta, el daño emocional o el exterminio físico”.
Además, según el sindicalista Luis Alberto Vanegas, estaríamos ante “una persecución sistemática“. “Consideramos que las estructuras criminales que persiguen al gremio buscan atemorizar e impedir la acción sindical y el reclamo por mejores condiciones laborales”, subraya.
Las memorias de la Escuela Nacional Sindical de Colombia (ENS) y los demás sindicatos afirman que “los apoderados del Estado son los principales responsables de la violencia sindical que vivió y vive el país”. Desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2018, se registraron, según la ENS, 14.992 atentados contra la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas. De ellos 3.240 fueron homicidios que afectaron a más de 480 sindicatos.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Casi diez años después, entre 1996 y 1997, se presentó otro pico de casi 300 homicidios que coincide con un aumento exponencial de las amenazas y con la consolidación de las Autodefensas Unidas de Colombia, el proyecto armado del paramilitarismo de extrema derecha que tuvo un alcance nacional.
Al respecto, hay que recordar que las AUC han dejado un saldo total de 94.754 muertes, casi el doble de los asesinatos que se le atribuyen a las guerrillas marxistas colombianas. A partir del 98, según la ENS, el número de asesinatos se redujo significativamente y en el 2002 volvió a presentarse un repunte de este tipo de práctica.
A partir del quinquenio 2008-2012, a excepción del hostigamiento que experimentó su máximo pico en el 2014, las demás formas de violencia mermaron. Aunque la tendencia es decreciente, si se compara con el total histórico, la base de datos de la ENS muestra cómo la violencia letal se incrementó entre el 2014 y el 2018.
Según apunta la ENS, después de los paramilitares, es el Estado, “a través de sus organismos y tropas de seguridad”, el mayor victimario del sindicalismo. En 2007 se reveló que existía “un plan de exterminio de líderes sindicales orquestado por algunos altos funcionarios del DAS y paramilitares”.
Por su parte, un exdirector de informática del extinto DAS confirmó que esa institución entregó una lista con nombres de varios líderes sindicales que pertenecían a sindicatos como Sindeagricultores, Fensuagro, Sintraelecol y Anthoc, entre otros, líderes que luego fueron asesinados por los paramilitares.
Las Autodefensas Unidas de Colombia llevaron a cabo torturas, masacres, secuestros, desplazamientos forzados, homicidios, tráfico de armas y de drogas, apropiación indebida de suelo agrícola y diversos crímenes de guerra. Sus principales objetivos fueron personas ligadas a movimientos políticos, sociales y sindicales de izquierda, pequeños empresarios y propietarios, población indígena, personalidades públicas progresistas y militantes de las guerrillas comunistas.
Aunque finalmente se desmovilizaron en 2006, no se ha reparado a las víctimas convenientemente ni juzgado a buena parte de los responsables. En el momento de su desarticulación, contaban con unos 30.000 miembros. Parte de ellos constituyeron las Bandas criminales neoparamilitares (Bacrim), diferentes grupos que continuan operando, aunque con menor intensidad. Algunos ejemplos son las Águilas Negras o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, presuntos autores de la masacre.
Enlaces y fuentes:
– Foto de portada: Un soldado del ejército colombiano recarga munición. Autor: Globovision, 30/05/2010. Fuente: Flickr (CC BY-NC 2.0)
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
