Polonia aprueba una controvertida ley de medios que limitará cadenas molestas para el gobierno

El parlamento polaco, el Sejn, ha aprobado hoy una controvertida ley de medios que ha causado serios problemas el ejecutivo de extrema derecha conformado por el partido Ley y Justicia (PiS).

La votación ha transcurrido con duros enfrentamientos entre gobierno y oposición en una ajustada votación con 228 votos a favor, 216 votos en contra y 10 abstenciones. Tras el resultado, la oposición ha reaccionado con gritos de “sinvergüenzas”.

La polémica ley, llamada también ley anti-TVN, evitará que un medio sea propiedad de grupos residentes fuera de la Unión Europea.

Casualmente, esto afecta principalmente a la cadena TVN, el medio independiente más grande del país con una línea crítica hacia el gobierno ultraconservador.

La obsesión de Ley y Justicia por el control de los medios de comunicación es una constante, controlando la cadena pública a su antojo (que reproduce fielmente el ideario del partido) y haciéndose con el control de buena parte de la prensa regional del país.

Estados Unidos ya ha mostrado su preocupación y expresado su rechazo ante esta ley, ya que TVN pertenece a Discovery, una cadena estadounidense. El tono de Washington se ha elevado al decir que esto podría dañar gravemente las relaciones entre ambos países, ya en mal estado desde la derrota de Trump, que tenía buenos aliados en Hungría y Polonia.

Protestas masivas y ruptura del gobierno

La aprobación de esta ley ha provocado un auténtico maremágnum político en el país y protestas a todos los niveles.

Por un lado, se han producido cientos de manifestaciones por todo el país contra la polémica ley, a la que se tacha de ser un elemento más contra la libertad de expresión y de represión del ejecutivo polaco.

En esto están de acuerdo la oposición, colectivos sociales y la práctica totalidad de gremios de periodistas del país, realizando una carta firmada por 250 editores pidiendo su inmediata retirada.

La cadena TVN ha dicho que «un ataque sin precedentes a la libertad de expresión y a la independencia de los medios de comunicación» y que esto socava “los cimientos de la alianza polaco-estadounidense construida durante los últimos 30 años». 

Además, también ha significado una ruptura política. El ejecutivo de coalición de Polonia, Derecha Unida, quedó finiquitado el miércoles tras la destitución por parte de Piotr Müller, portavoz del gobierno, del vicepresidente del ejecutivo y ministro de Desarrollo, Jaroslav Gowin.

En respuesta, Gowin líder de Plataforma Cívica, un partido liberal que ha gobernado junto a la extrema derecha desde 2019, ha anunciado su salida de la coalición y la creación de un grupo propio.

Alianza Cívica obtuvo 20 diputados. La mitad de ellos abandonaron el partido para unirse al PiS durante estos años, en sonados casos de transfuguismo. Hoy, los 10 miembros restantes han acordado seguir a su líder y dimitir de sus carteras ministeriales.

Con esto, la ajustada mayoría absoluta del PiS (gracias a sus alianzas) se reduce de los 232 (sobre 460) a 221. Es posiblemente el mayor momento de debilidad política de la formación autoritaria.

El retroceso de los derechos y libertades en Polonia

Polonia vive un retroceso de los derechos y libertades desde que el gobierno del PiS tomase el poder en 2015.

Este partido de corte ultracatólico esta inmerso de lleno en una guerra cultural contra las ideas progresistas y liberales, además de intentar adueñarse de todas las instituciones del estado.

Esto ha provocado que Polonia haya sido calificada por muchos expertos como una “democracia iliberal” o autoritarismos competitivos, una forma de gobierno semiautoritaria donde aunque exista un proceso electoral donde teóricamente se puede derribar al gobierno, no se respeta el estado de derecho ni la separación de poderes, al tiempo que las minorías sociales son aplastadas por la imposición de la cultura y vivencias de las mayorías sociales.

Esta situación ha sido denunciada múltiples veces por la UE, que ha condenado a Polonia por el constante retroceso del estado de derecho y los derechos de diversos grupos, como las mujeres.

Esto no ha hecho retroceder al ejecutivo ultraconservador, que ha mantenido su persecución hacia las personas LGTB, manteniendo “los municipios libres de LGTB” en zonas donde el PiS gobierna y sus controvertidas reformas para tomar el control de todos los organismos del Estado, como la reforma de los tribunales de justicia.