El Plan Cóndor y la Justicia que nunca llegó
En julio de 2021 finalizaron en Italia los procesos judiciales en contra los represores de las juntas militares de diferentes países latinoamericanos que tuvieron lugar en los años 70 y 80. La investigación comenzó con la decisión del magistrado Giancarlo Capaldo de investigar las «desapariciones» de varios ciudadanos italianos durante esas décadas en el marco la Operación o Plan Cóndor.
El trabajo preliminar del juicio duró 15 años. Más de 21 militares, ministros y hasta algunos estadistas célebres tuvieron que declarar ante el tribunal italiano. Uno de ellos fue Jorge Néstor Troccoli, residente de la provincia sureña de Salerno, convocado por haber prestado servicios como agente secreto en la inteligencia del ejército uruguayo. Hace unos años había utilizado su ciudadanía italiana para huir de Uruguay y evitar ser juzgado por cargos similares.
La sentencia, tras seis años de largo juicio, 14 de los acusados, Troccoli incluido, recibieron condenas a prisión perpetua. Otros, fallecieron antes de poder recibir una sentencia firme. Una victoria agridulce teniendo en cuenta que, además, en otras muchas partes del mundo estos crímenes siguen sin ser juzgados.
El Plan Cóndor
Entender la esencia del Plan Cóndor (conocido también como Operación Cóndor o, en círculos académicos, «sistema Cóndor») tenemos que volver sobre la turbulenta historia que definió América Latina en los años 70. La victoria de la Revolución cubana, combinada con la independencia de muchos países africanos y asiáticos, había estimulado las luchas políticas y sociales en el continente.
En los partidos y los movimientos de izquierda, el proceso alimentó las esperanzas de emanciparse del modelo que Estados Unidos imponía en la región, es decir, de conquistar una segunda independencia, según la letra de la famosa canción de Inti-Illimani. Es decir, la izquierda abanderó la defensa de la soberanía de los pueblos latinoamericanos frente a las injerencias de Estados Unidos que, como líder del bloque occidental durante la Guerra Fría, buscaba consolidar su propia área de influencia.
Pero las esperanzas duraron poco. Los servicios secretos de Estados Unidos, la CIA, trazaron un plan para apoyar una serie de golpes de estado donde los militares fueron derrocando gobiernos democráticamente elegidos en todo el continente en complicidad con las oligarquías y las élites económicas de dichos países (en muchos casos descendiente de criollos y terratenientes), ya que las reformas planteadas por los gobiernos de izquierda chocaban con sus intereses económicos y políticos.
Las élites económicas de Estados Unidos también apoyaron estos golpes puesto que les interesaba que estos países permanecieran en la órbita de Estados Unidos.
Los golpes empezaron en 1964 con el de Brasil. En 1971 llegó el turno de Bolivia. Siguieron Chile y Uruguay en 1973, y después Argentina en 1976. Una vez que tomaron el poder, los militares iniciaron violentas campañas de represión contra toda forma de disenso.
Se convirtieron en auténticas dictaduras de extrema derecha que utilizaban todo tipo de tácticas represoras: detenciones arbitrarias, torturas, «desapariciones«, adoctrinamiento, propaganda… fueron algunas de las medidas. Apuntaban contra izquierdistas, músicos, sindicalistas, estudiantes involucrados en movimientos sociales, activistas católicos y hasta personas señaladas como marxistas sin ningún tipo de prueba.
En muchos casos, estuvieron apoyados por grupos paramilitares, los llamados «Escuadrones de la muerte» que, en muchos casos pagados por las propias fuerzas de seguridad o por los propietarios, hacían el trabajo sucio de los gobiernos, un problema que se enquistó incluso después de caídas las dictaduras.
Pero nada de eso fue suficiente. Los golpes duraron más de diez años. Con la expectativa de evitar la represión, muchas personas abandonaban sus países de origen y se mudaban a otros en los que no había habido golpe.
En el otoño de 1975, para aportar a la solución de este «problema», el coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, invitó a sus compañeros de otros países militarizados a Santiago con el fin de celebrar el Primer Encuentro de Inteligencia Nacional Interamericano, cumbre secreta que tenía el objetivo de fortalecer los servicios secretos de los países implicados y una mayor coordinación y apoyo mutuo.
Cuando terminó la reunión, celebrada en la capital de Augusto Pinochet en noviembre de 1975, los delegados de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron un pacto que implicaba desarrollar un sistema represivo transnacional bautizado como Cóndor en honor al ave símbolo del país anfitrión.
El objetivo era promover el intercambio de inteligencia vinculada a los «subversivos» entre los distintos países mediante la creación de una institución de coordinación y una base de datos internacional muy parecida a la de la Interpol. Brasil se incorporó más tarde, en 1976, y dos años después lo hicieron Ecuador y Perú.
La reunión y el intercambio de información eran solo la primera parte del acuerdo. La segunda era operativa y promovía la realización de misiones internacionales con la colaboración de los servicios de inteligencia de los países firmantes del acuerdo.
Esto permitió que los agentes secretos de todas las nacionalidades empezaran a cruzar las fronteras sin ningún impedimento burocrático. Las misiones permitían que los agentes interrogaran a sus compatriotas detenidos en otro país firmante del Plan Cóndor, o incluso iniciar proceso contra supuestos disidentes respaldándose en la información de los servicios secretos locales.
Los interrogatorios, en los que se empleaba una tortura despiadada y brutal, terminaban con frecuencia con la «desaparición» o con la muerte del prisionero.
El último punto de este acuerdo internacional versaba sobre la constitución de «escuadrones especiales» con el objetivo de buscar, localizar, identificar y eliminar a enemigos que hubieran huido a otro país no firmante del Plan Cóndor.
La complicidad de Estados Unidos
Respecto a lo que es y lo que no es el Plan Cóndor es necesario, en primer lugar, aclarar que, aunque existe una relación evidente entre dicha operación y las dictaduras latinoamericanas anteriormente descritas, no es preciso afirmar que sean lo mismo. Por lo tanto, una víctima de un régimen como el de Pinochet o el de Varela no significa que sean víctimas del Plan Cóndor.
Además, al menos cuando uno se atiene a los hechos históricos, los documentos no prueban que la represión transnacional haya estado orquestada por el gobierno de Estados Unidos. Muchas veces se olvida que el Plan Cóndor duró dos gobiernos estadounidenses que tenían enfoques muy distintos sobre las dictaduras militares latinoamericanas.
Siempre en nombre de la realpolitik de estilo Kissinger, la administración Richard Nixon promovió y financió muchas de las dictaduras bajo su mandato. Pero el gobierno de Jimmy Carter adoptó una perspectiva distinta sobre los derechos humanos, y, aun si no fue muy efectiva, bastó al menos para quitar las acusaciones de comunismo de la boca de las juntas militares.
Por otro lado, varios documentos desclasificados desde 1999 hasta la actualidad, atestiguan que Estados Unidos tuvo una responsabilidad en la creación y la implementación del Plan Cóndor.
La colaboración de Estados Unidos con la fundación y el sostenimiento de estas dictaduras que, desde los años 1950 en adelante, homogeneizaron políticamente a América Latina es un hecho evidente y probado. A esto se suma que el gobierno estadounidense proveyó de servicios de entrenamiento a estas dictaduras a través de la Escuela de las Américas, a la que asistieron muchos de los oficiales que crearon más tarde el sistema Cóndor.
Por último, con el fin de coordinar las acciones de los regímenes militares, el sistema Cóndor utilizó la infraestructura de comunicaciones de Estados Unidos, emplazada cerca del canal de Panamá.
Washington es claramente culpable de la connivencia y del respaldo prestado al Plan Cóndor, especialmente entre 1975 y 1977. Y, sin embargo, es necesario distinguir este tipo de apoyo externo a las actividades que los Estados latinoamericanos iniciaron por su propia cuenta y las intervenciones en política exterior como el golpe de Guatemala de 1954 o la invasión de bahía de los Cochinos.
La cooperación oficial entre las dictaduras del Cono Sur vinculada específicamente con el sistema Cóndor parece haber durado alrededor de dos años y terminado a fines de 1977 o comienzos de 1978.
La ruptura del pacto obedeció a dos factores. En primer lugar, el asesinato, perpetrado el 21 de septiembre de 1976 en Washington, de Orlando Letelier, diplomático chileno cercano a Salvador Allende. El crimen tuvo repercusiones importantes en las relaciones entre EEUU y Chile, y terminó impactando en todos los países firmantes del Plan Cóndor.
En segundo lugar estuvo el conflicto entre Chile y Argentina de 1977, año en que ambos países endurecieron su disputa por el control del canal de Beagle, situado en el extremo sur del continente. Otros Estados aprovecharon este conflicto, que por poco no se convirtió en una confrontación bélica, para desempolvar viejos reclamos contra los países del Cono Sur. La mediación del Vaticano evitó que la crisis escalara, pero las relaciones diplomáticas se resintieron de manera considerable.
Sin embargo, cabe decir que la ruptura del «sistema Cóndor» no impidió que los servicios secretos y policiales de los países de los regímenes militares siguieran colaborando. Continuaron con políticas represivas, torturas, detenciones arbitrarias, persecuciones… hasta comienzo de los años 1980.
Reparaciones y justicia
El juicio de 2021 no es el único que ha intentado arrojar luz sobre estos casos, por fortuna. De hecho, hubo muchos juicios vinculados a los crímenes del Plan Cóndor, la mayoría en América Latina, si bien este es el único realizado fuera de las fronteras del continente americano.
El primero sucedió en 1978, el proceso contra Michael Townley, el agente estadounidense de la DINA responsable de haber organizado, junto con terroristas enemigos de Fidel Castro, el ataque contra Orlando Letelier. Y a este se le sucedieron varios más.
Por lo tanto, es evidente que todavía falta mucho por hacer. Por desgracia, la mayoría de los responsables de estos crímenes fallecieron sin ningún tipo de castigo o proceso judicial, en parte debido a la fragilidad de la mayoría de las transiciones democráticas de América Latina, y una gran cantidad de oficiales terminaron sus carreras militares mucho tiempo después de que las dictaduras hubieron terminado.
Otros directamente emigraron para evitar ser juzgados. Por otro lado, nunca nadie respondió ante ningún tribunal por haber promovido y financiado los golpes de Estado, es decir, por haber respaldado el asesinato de miles de personas y la colaboración entre los dictadores.
Un nombre vale por todos: Henry Kissinger, que ganó el premio Nobel en diciembre de 1973, después de haber organizado meticulosamente el colapso del gobierno de Allende en Chile y creado las condiciones de un golpe que costó miles de vidas, tal y como se constató en documentos desclasificados recientemente.
Teniendo en cuenta todo esto, la realización de un juicio vinculado a la Operación Cóndor en Italia no es más que una gota de justicia en un océano de víctimas. Pero no por eso es menos importante. Pues Jorge Néstor Troccoli es el primer torturador arrestado, juzgado y condenado fuera de América.
La esperanza está puesta en que esta sentencia se convierta en el punto de partida de nuevos juicios contra otros torturadores que siguen viviendo tranquilamente en el país, y que precisamente huyeron para evitar ser juzgados.
Es el caso de Carlos Luis Malatto, oficial militar argentino acusado de torturar y asesinar a decenas de personas que hoy goza de un retiro pacífico en Sicilia. O Don Franco Reverberi, también argentino, excapellán militar identificado por muchas víctimas como el sacerdote que asistía a los soldados durante las sesiones de tortura. Reside en Parma, e incluso sigue realizando oficios.
Pasaron cuarenta años, pero hoy más que nunca es importante seguir luchando por la justicia que merece cada una de las víctimas de la represión.
Artículo original de Víctor Ruggiero – jacobinlat.com
