El asesinato de los abogados de Atocha: el crimen que marcó la Transición
Españoles: Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, ala que amo hasta el último momento y ala que prometí servir hasta el último aliento de mi vida, que ya sé próximo.
Testamento político de Francisco Franco Bahamonde.
Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación, en la gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro Rey de España, Don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda vida personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Mantened la unidad de las sierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria.
Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos, por última vez en los umbrales de mi muerte, ¡Arriba España! ¡Viva España!
Este documento, conocido como el testamento político de Francisco Franco, se cree que fue redactado entre el 17 de octubre de 1975, fecha en la que el sanguinario dictador asistió por última vez a una reunión del Consejo de Ministros en El Pardo, y el 21 de octubre de ese mismo año, que es cuando se agravó su enfermedad de manera irremediable. De hecho, moriría un mes después, el 20 de noviembre.
También sabemos, siempre a través de testimonios de la época, que el citado testamento habría sido entregado por Francisco Franco a su hija, Carmen Franco Polo, con instrucciones muy precisas para que a la hora de su muerte le fuera entregado al por entonces Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro.
Y así fue como, Arias Navarro, una vez en su poder el documento, lo difundió en la radio y la televisión, dando cumplimiento a la póstuma voluntad del Jefe de Estado, que por otra parte, más sentencias de muerte firmara desde los tiempos de la dinastía de los Austrias, que se dice pronto.
Francisco Franco, uno de los sátrapas más terribles de la historia moderna de España, dejaba muy claras, en este testamento vital, las líneas a seguir.
En primer lugar, haciendo alusión al que ya ha designado como su sucesor al frente de la jefatura del estado, el Rey Juan Carlos de Borbón, pidiendo que se le rodee de afecto, lealtad y colaboración, advirtiendo antes, cómo no, contra los que él considera los enemigos de España, los mismos que nunca aceptaron lo tenebroso de la dictadura franquista ni la libre designación de un tirano por la mano de otro tirano.
Y en segundo lugar, aclarando con severidad castrense, a quien hay que promocionar dentro del régimen de partidos juancarlistas, a los que él considera la España del palio y del bien y, por el contrario, a quienes no hay que conceder ni siquiera el derecho a la vida, es decir, aquellos que osen rebelarse y poner en duda el orden jerárquico del nuevo estado postfranquista, a los que se permitan la libertad de luchar por sus derechos civiles, laborales y de conciencia política. De haber democracia tras su muerte, está será ampliamente tutelada por los diferentes aparatos de represión del cuerpo administrativo, parapolicial y estatal.
Pero retrocedamos tan sólo un par de años atrás, tal como estábamos arguyendo, el dictador había ideado el paso hacia una “monarquía” como mera continuidad de la dictadura. Para ello se hizo un movimiento político que pudo pasar desapercibido para muchos, pero que en la práctica apuntalaría esa continuación, y no fue otro que la desvinculación de la presidencia del Consejo de Ministros de la jefatura del estado, para tal fin, en junio de 1973 fue nombrado Presidente del Gobierno el Almirante Luis Carrero Blanco.
En el periodo de Carrero Blanco como presidente se intensificaron las medidas represivas para intentar frenar a toda costa los logros obreros y provocar el caos y la desorganización en el seno de la oposición democrática al régimen franquista, que en ese momento era bastante grande.
Durante estos años fueron arrestados al menos, 500 líderes sindicales, se decretaron hasta tres estados de excepción y la práctica represiva se extendió a otros sectores más allá del obrerista, como por ejemplo el de la universidad, que tuvo que ver como sus instalaciones eran casi permanentemente ocupadas por la policía.
Carrero Blanco es asesinado como resultado de un espectacular atentado de ETA militar a la altura del número 104 de la madrileña calle de Claudio Coello. Tras su muerte, le sustituye en la presidencia del gobierno Carlos Arias Navarro.
A lo largo de todo el año 1974, la violencia política siguió siendo el leitmotiv del aparente aperturismo del que daba algunas señales Arias Navarro, y de esa pre- transición no hacia una democracia al uso, sino con la vista puesta en una deseada continuidad del régimen filo-fascista por parte de Francisco Franco, que aunque enfermo, seguía moviendo los hilos desde el Palacio de El Pardo, su residencia oficial.
No hay que olvidar que el franquismo había sido un régimen que institucionalizó y legitimó el uso de la violencia como medio para la implantación de un “nuevo orden” y que, de paso, le sirvió para aplastar y anular a los posibles adversarios que le pudieran salir al paso.
Con la muerte del tirano, en noviembre de 1975, esta estrategia continuó adelante, si cabe, con más virulencia. En la década de los 60 habían surgido diferentes asociaciones ultraderechistas y que, a partir del año 75, no cejaron en su empeño de convocar mítines donde ensalzaban la figura de Franco y el espíritu de la cruzada contra los que ellos llamaban los “enemigos de España”.
Estos grupos no dudaban en utilizar la violencia a la hora de ayudar a las fuerzas policiales a mantener el orden público. El terrorismo de extrema derecha se caracterizó por la gran cantidad de organizaciones que reivindicaban tales actos: el Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey, Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), Grupos Armados Españoles, Frente Nacional de la Juventud, Fuerza Nueva o Antiterrorismo ETA.
La “Ley para la Reforma Política” no conllevó, en absoluto, un cambio en las dinámicas políticas y parapoliciales, ni tampoco supuso la transformación de los Cuerpos de Seguridad del Estado ni en muchas de las administraciones públicas, como la de justicia, tan esencial para el correcto funcionamiento de una sociedad que acababa de salir del oscurantismo franquista y que siguieron manteniendo las estructuras, organigramas postulados y convicciones políticas del anterior régimen. A veces con cambios más cosméticos que reales.
Paralelamente a estos hechos, y ante el temor de que la llamada “Transición” supusiera un mero continuismo de la dictadura, surgieron en España diversos grupos de ultraizquierda y/o antifascistas, entre los que se destacan el GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) y el conocido como FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), entre otros, que buscaban, mediante el uso de las armas y la violencia, equilibrar esta balanza.
Dos de las operaciones que más en jaque pusieron al estado fueron los secuestros del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo y del teniente general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
No obstante, la violencia estatal seguía su curso de manera sistemática y, el 3 de marzo de 1976, en la ciudad de Vitoria, en el curso de una huelga, miles de trabajadores se habían congregado y refugiado en la iglesia de San Francisco de Asís, cuando la policía les obligó a desalojar de forma violenta, provocando cinco muertos por herida de bala y cientos de heridos. En aquel momento, Rodolfo Martín Villa era el ministro de la Gobernación, y unos años más tarde, cuando un periodista le preguntó sobre los hechos acaecidos en Vitoria, el los describió de esta manera tan subjetiva:
Quiero insistirle que yo soy bastante comprensivo con la actuación, en el sentido de que no fue una actuación de la policía para machacar a los manifestantes, que más bien fue muy poca policía que se sintió arrollada por manifestantes
Rodolfo Martín Villa (Ministro de la Gobernación en 1976).
De todas formas, y muy a pesar de Martín Villa, posteriormente se filtraron parte de las comunicaciones que por radio mantuvo la policía aquel nefasto 3 de marzo de 1976:
– ¿Cómo está por ahí el asunto?
-Te puedes figurar, después de tirar más de mil tiros y romper la iglesia de San Francisco. Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo.
-¡Muchas gracias, eh!¡Buen servicio!
-Dile a Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia[….]. Aquí ha habido una masacre. Cambio.
El propio general Sáenz de Santa María, llegaría a afirmar lo siguiente:
Tanto la policía como la Guardia Civil apretaban el gatillo con bastante facilidad. Las manifestaciones solían ser disueltas a tiro limpio y era muy frecuente que acabasen con las calles ensangrentadas
Cabe reseñar que durante toda la “Transición” se continuó aplicando la tortura policial contra los disidentes y subversivos de la izquierda política y social. Esta práctica represiva tuvo como resultado la muerte, de al menos, siete personas, todas ellas asesinadas en las dependencias de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la incipiente democracia española.
El ya mencionado, general Sáenz de Santa María, describe algo espeluznante, como asistió en su día impasible a un caso de tortura:
Mientras estábamos reunidos o quizás un poco más tarde, eso no lo sé muy bien, algunos guardias muy encabronados fueron a los calabozos del cuartel y la emprendieron a hostias con los etarras que se hallaban detenidos y sujetos a diligencias. Les propinaron unas palizas enormes.
En resumidas cuentas, a lo largo de toda la “Transición”, entre los años 1975 y 1982, el clima de violencia estatal contra la oposición al régimen franquista y a su continuismo encarnado en los burócratas opusdeístas, los militares, jueces, altos funcionarios, cuerpos policiales y para- policiales y grupos de la extrema derecha, supuso la muerte de alrededor de 600 personas.
Esta violencia de estado no resultó para nada inocua, sino que decantó el tránsito hacia una posible y futura democracia popular, republicana y de participación directa, en una travesía en dirección al mantenimiento de ese viejo orden con el que las oligarquías del país siempre se sintieron más que cómodas, agraciadas y sustentadas en sus privilegios.
Algunos historiadores han llegado a hablar, incluso, de “la estrategia de la tensión”, al considerar el fenómeno de la violencia ultraderechista como parte de una estrategia de la tensión, organizada y llevada a cabo de forma deliberada con el objetivo de parar el aperturismo del régimen y detrás de la cual se encontraría lo que la historiografía ha dado en llamar “el búnker”.
Con este término, los historiadores hacen referencia a un conjunto de personas selectas, provistas de gran influencia social, política y económica, que mantendrían posiciones involucionistas de cara a las reformas que se estaban llevando a cabo durante los últimos años del franquismo y los primeros de la Transición. Entre estas personas se encontrarían empresarios, miembros de la curia católica, políticos, altos cargos de la milicia y periodistas.
Desde 1975 hasta, al menos, 1982, España protagonizó una transición más sangrienta que modélica. Como decíamos con anterioridad, tanto el estado como los diferentes grupos ultraderechistas, como también los grupos de poder e influencia, capitalizaron casi exclusivamente el uso de la violencia con fines intimidatorios, firmes en el propósito de desnivelar la balanza hacia el inmovilismo, pero también hacia un posible gatopardismo político y administrativo.
El atentado contra el despacho de los “abogados de Atocha” constituirá un eslabón más en esa guerra de guerrillas de todos los aparatos del estado y sus colaboradores espontáneos o no, contra el pueblo español y su derecho a una vida en libertad y dignidad.
La masacre de Atocha
Tan solo unas horas antes, el día 23 de enero de 1977, se había convocado en Madrid una manifestación para reclamar una amnistía de mayor alcance de la que el gobierno concedió en julio de 1976. La manifestación no disponía de la pertinente autorización y tuvo que soportar una dura represión por parte de las fuerzas policiales. Estas acciones represivas y el consiguiente caos que provocaban eran aprovechados por los grupos ultraderechistas para imponer su reino de terror entre los manifestantes.
En esta ocasión y, en el transcurso de la manifestación que recorría varias calles del centro de la ciudad, varios miembros de los Guerrilleros de Cristo Rey dispararon contra uno de los manifestantes, alcanzándole en la espalda y provocándole la muerte casi instantánea, se trataba del estudiante de bachillerato Arturo Ruiz.
Al día siguiente, en una manifestación de protesta estudiantil contra el asesinato de Arturo Ruiz, la policía vuelve a realizar cargas para disolverla empleando botes de humo, uno de los cuales impactó contra la cabeza de la estudiante Mari Luz Nájera, causándole múltiples fracturas craneales y falleciendo a las pocas horas en un centro hospitalario cercano.
Estos dos graves incidentes, que se sumaron a los anteriormente citados, constituyeron los más inmediatos antecedentes a la matanza de los abogados de Atocha. De alguna manera, estaban anunciando uno de los crímenes perpetrados por la extrema derecha más sanguinarios de toda la transición española.
El día 24 de enero de 1977, los hechos que vamos a relatar se sucedieron de la siguiente manera:
Se cree que entre las 22:30 y las 22:45 h, miembros del comando terrorista de la ultraderecha llaman al timbre del número 55 de la calle de Atocha, donde está situado el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras (CCOO).
El grupo asaltante se componía de tres personas, Fernando Lerdo, Carlos García Juliá y José Fernández. Parece ser que iban en busca del dirigente comunista Joaquín Navarro, secretario general del Sindicato de Transportes de CCOO en Madrid y que habría sido uno de los convocantes de la huelga del transporte privado en esa misma cuidad.
Al no encontrar a Joaquín Navarro, que al parecer había salido del despacho unas horas antes, los terroristas, tras registrar desordenadamente el despacho decidieron ejecutar a los allí presentes obligándoles a alzar las manos y abriendo fuego de forma indiscriminada y a muy corta distancia hasta vaciar los cargadores.
Estos disparos terminaron finalmente con la vida de cinco personas: los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. En el atentado sufrieron heridas graves Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz- Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.
Al llegar allí casi no nos dio tiempo a iniciar la reunión, puesto que inmediatamente comenzamos a oír el ruido de múltiples sirenas, en principio todos pensábamos, que volvería a ocurrir lo sucedido el día 15 de mayo- San Isidro del año 1975-, cuando se presentaron allí en ese despacho de Atocha 49, muy aparatosamente miembros de la Brigada Político Social y el Secretario del Juzgado de Orden Publico y nos llevaron a todos detenidos en un autobús a los calabozos de la Dirección General de Seguridad.
Testimonio de uno de los abogados laboralistas de Atocha.
Pero al asomarnos a uno de los balcones, nos percatamos, de que había ambulancias y coches de la policía delante del despacho de Atocha 55, así que intentamos comunicar por teléfono con el mismo sin conseguirlo- ya que los autores de la fechoría habían cortado los cables y líneas-, por lo que salimos corriendo en esa dirección, donde ya se concentraba un numeroso grupo de personas frente al portal, me dirigí a ellos y les pregunté, ¿Que era lo que había pasado…? Y un tipo de los allí presente, me contestó fríamente: “Nada, que unos abogados se han matado entre ellos…”
Subimos inmediatamente los tres pisos y al entrar, la escena de sala de espera era escalofriante con múltiples regueros de sangre en el suelo paredes y bancos, todo ello en desorden junto con prendas de abrigo y carteras desparramadas, nos identificamos, como abogados compañeros de las victimas ante unos policías de paisanos con sus armas reglamentarias en las manos , que acababan de rastrear todas las dependencias del despacho y que nerviosamente nos informaron, que acababan de llevarse al último de los heridos- Luis Ramos- pero que ignoraban los nombres de quienes habían sido los otros y el estado en que se encontraban.
Gracias a la presión de la calle (y a la envergadura de tal atentado), el gobierno se puso manos a la obra para detener cuanto antes a los pistoleros extremistas y a los posibles enlaces que les proporcionaron las armas y la logística necesaria y así poder parar, en la medida de lo posible, la deriva violenta de las últimas semanas en todo el país.
Como consecuencia de las intensas pesquisas llevadas a cabo, el 12 de marzo de 1977, son detenidos los autores materiales del atentado: Carlos García Juliá, José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, miembros del autodenominado “comando Hugo Sosa”, vinculado, así mismo, a la Alianza Apostólica Anticomunista, conocida como la Triple A.
Casi al tiempo, es detenido también Francisco Albadalejo, secretario provincial del sindicato vertical del Transporte de Madrid, organización sobre la que recaían serias sospechas de haber instigado a los autores a cometer el atentado y de proporcionarles la cobertura necesaria para ello.
Tras las detenciones de los presuntos asesinos de los abogados laboralistas, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 1, Rafael Gómez- Chaparro Aguado, dictó dos autos de procesamiento contra los inculpados.
En el primero de ellos se procesaba a Francisco Albadalejo Corredera, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada como presuntos autores de un delito de terrorismo según el artículo 261 del Código Penal vigente en aquel momento. Por otra parte, se decretaba prisión provisional incondicional y se requería una fianza de 12 millones de pesetas a cada uno de los procesados.
En el segundo auto se procesaba a Leocadio Jiménez Caravaca, Simón Ramón Hernández Palacios y Gloria Herguedas como presuntos autores de un delito de terrorismo según el artículo 264 del Código Penal y de encubrimiento de terroristas.
Destacar que, como siempre suele suceder en este tipo de juicios, estuvo plagado de situaciones inhabituales, surrealistas y disparatadas, pero esta irrealidad jurídico-política alcanzó su máxima expresión cuando fue llamada a declarar como testigo el por aquel entonces dirigente de los Guerrilleros de Cristo Rey, Mariano Sánchez Covisa.
Este individuo, antes de comparecer en el juzgado, envió un escrito directamente al magistrado, con el rimbombante título de Conspiración internacional y en el que se podía leer lo siguiente: “Para entender la execrable y absurda matanza de Atocha, hay que situarla dentro de su contexto, como parte de una conspiración de gran alcance y complicidades”
Sánchez Covisa mantenía la firme convicción de que todo formaba parte de una conspiración de carácter masónico, en la que, entre otros, estaban implicados el Gobierno italiano, la KGB, el PCE, la Presidencia del Gobierno español, el Ministerio del Interior y el propio gobernador civil de Madrid. Los objetivos a cumplir de este entramado conspiracionista serían estos:
Desacreditar a las personas y a las organizaciones fieles al régimen del 18 de julio con vistas a las elecciones del 15 de junio de 1977; detener y extraditar o expulsar a los patriotas italianos que viven desde hace años pacíficamente en España; detener, perseguir y atemorizar a los patriotas españoles creando un clima de terror; legalizar el PC; declarar a Fuerza Nueva y otras organizaciones fuera de la legalidad; así como proceder a la neutralización del ejército, Guardia Civil, Policía Armada, Cuerpo General de Policía y Cuerpo de Prisiones, principalmente, desacreditándolos ante la opinión pública, minándoles la moral y retirando de su seno a los patriotas.
Estas declaraciones y afirmaciones del líder de los Guerrilleros de Cristo Rey, nos dan una idea bastante aproximada del grado de histeria y paranoia colectiva con el que vivían y también, por qué no decirlo, intentaban manipular burdamente a la población en general, los grupos, asociaciones y grupúsculos de la extrema derecha española durante la transición.
Estas artimañas en forma de conspiranoia, nos recuerdan demasiado a los tiempos presentes haciéndonos caer en la cuenta de que el modus operandi de estos grupos sectarios de la ultraderecha sigue siendo muy semejante al que practicaban en tiempos pretéritos.
El 4 de marzo de 1980, la Audiencia Nacional emite finalmente la sentencia:
José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, los dos autores materiales del homicidio fueron sentenciados a 193 años de prisión.
A Francisco Albadalejo, como inductor de asesinato y de obstrucción a la ley, le condenaban a 74 años de cárcel.
Gloria Herguedas, en cambio, 1 año de prisión por tenencia ilícita de armas. Fue absuelta de los cargos de encubrimiento de homicidio.
Fernando Lerdo de Tejada no se llegó a sentar en el banquillo al haber huido de España gracias a un permiso concedido cuando estaba en prisión preventiva en el penal de Ciudad Real.
La fuga de Fernando Lerdo de Tejada
Fernando Lerdo de Tejada se crió en el barrio madrileño de Chamberí y era el “ pijo” o “señorito» del comando ultraderechista que asaltó el despacho de los abogados laboralistas. Era hijo de un militar y de una aristócrata colaboradora del líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar.
Tal como insinuábamos en un inicio, las condiciones en las que se iba a producir la transición de una dictadura de inspiración fascista a un sistema democrático nunca llegaron a ser las más apropiadas o deseables, ya que los hilos eran controlados por elementos, grupos, búnkeres y potencias que lo que pretendían era desnivelar la balanza final, si no hacia un involucionismo político, sí al menos, en dirección a un continuismo disfrazado de liberalismo o democracia formal.
Por tanto, la metamorfosis política no se llegó a producir de forma plena, manteniéndose en ámbitos como el judicial, la rémora reaccionaria de décadas anteriores.
Una prueba de esto fue la forma de instruir el sumario del juicio por el asesinato de los abogados de Atocha. Surgieron grandes sospechas e incertidumbres en el momento en el que el juez instructor, Rafael Gómez-Chaparro, tomó la inaudita decisión de conceder un permiso de Semana Santa para los reos Francisco Albadalejo Corredera y Fernando Lerdo de Tejada.
Este permiso se otorgó sin consultas previas a ninguna de las partes, momento en el que uno de los condenados, Lerdo de Tejada, aprovechó para no volver a la prisión de Ciudad Real donde se encontraba cumpliendo su pena hasta ese momento.
Entre las cinco y cuarto y seis y media de la tarde del día 17 de abril de 1979, fecha en que el recluso debía haberse incorporado a la prisión, el director de la misma, Pedro García Martín, dio parte verbal y luego por escrito al gobernador de la provincia, al comisario jefe de la policía, al teniente coronel de la Guardia Civil y al juez de guardia.
Al mismo tiempo y por escrito se envió notificación a la Dirección General de Instituciones penitenciarias y al titular del Juzgado Central de Instrucción n° 1 de la Audiencia Nacional Rafael Gómez- Chaparro, que instruyó el sumario.
Como claramente se hace constar, Lerdo de Tejada debía haber vuelto a prisión el 17 de abril de 1979, pero,- y aquí nos encontramos con otra de las irregularidades de todo este escandaloso proceso-, la orden de busca y captura no fue cursada hasta el 20 de abril, esto tuvo como consecuencia que la oficina de prensa del Ministerio del Interior, a través de la cual se daban a conocer todas las ordenes de busca y captura que llegaban a la policía, no tuviese notificación de la fuga de Lerdo de Tejada hasta el día 24 de abril.
Según algunas informaciones en un primer momento se ocultó en Francia, luego en Chile y posteriormente se le situó en algún lugar de Brasil. La última orden de busca y captura emitida contra él prescribió en el año 2005, por lo que muy seguramente y, a día de hoy, podría encontrarse en territorio español.
Valoraciones finales
Nada mas perpetrarse el atentado contra los abogados de Atocha, tanto la opinión pública como las organizaciones de izquierdas creían que había una “internacional fascista” actuando impunemente en suelo español.
El mismo 25 de enero de 1977, el diario El País, y en relación al atentado, publicó que la policía parecía haberse hecho con la situación al haber detenido a numerosos extremistas, entre los que se encontraban varios latinoamericanos y croatas.
¿Podemos concluir, entonces, que una “internacional fascista” estaba detrás del atentado de Atocha? Es cierto que algunas circunstancias del caso invitaban a establecer conexiones con otros países, como por ejemplo la organización de origen argentino conocida como Triple A. Este grupo terrorista fue creado por el ultraderechista argentino llamado José López Rega, un individuo aficionado a los cultos de cariz esotérico y apodado «El Brujo» por su afición a la astrología.
Durante su exilio en España se dedicó a asesorar a Juan Domingo Perón y, mientras vivió en Argentina, era conocido porque se rodeaba de elementos ultraderechistas para combatir violentamente a la izquierda argentina.
Otra de las conexiones internacionales tiene que ver con ultraderechistas italianos. Según un informe del Comité Ejecutivo para los Servicios de Información y Seguridad italiano, el fascista Claudio Cicuttini podría haber estado implicado en la matanza.
Todas estas posibles conexiones internaciones no fueron tomadas en consideración durante el juicio, pero si que sirvieron para que se especulara ampliamente sobre los vínculos entre la Operación Gladio y los atentados de la extrema derecha en España.
La misma sentencia del caso Atocha admitió finalmente que no llegara a saber en mucho tiempo los inductores últimos de la masacre en la que murieron cinco personas. A 45 años después de aquel atentado, no tenemos respuestas para las grandes preguntas, pero las investigaciones, especialmente periodísticas, continúan. En un momento de auge de las redes ultraderechistas, puede que cobre más importancia que nunc anates.
Lo que sí es cierto es que, a partir de ese día, 24 de enero de 1977, se produjo un descenso progresivo en los derechos y las condiciones laborales de la sociedad española. Si bien habrían conquistas iniciales en diferentes ámbitos, con victorias muy significativas, los últimos 45 años, y gracias al turnismo partidista de una democracia de muy baja calidad, nos hemos ido desangrando progresivamente y perdiendo todos aquellos derechos que habían sido conquistados por el movimiento obrero, hasta llegar al momento actual, en el que la explotación, la precariedad y los índices de pobreza son verdaderamente escandalosos, ahogan a las clases más desfavorecidas mientras las burguesías gozan cada día de mayores rentas.
Una tendencia que, por desgracia, no se limita únicamente al caso español. Y es que mientras la extrema derecha señala a la ideología de género, al lobby LGTB o a la inmigración como los culpables de todo, las desigualdades se acrecientan a medida que el sistema se acerca a un aparente colapso por el cambio climático y la escasez de recursos.
Dolores González Ruiz, viuda de Javier Sauquillo y que también resultara gravemente herida en el atentado de Atocha, pronunció unas palabras en su momento mientras alguien la preguntaba si no se sentía feliz ante la legalización del Partido Comunista de España el 9 de abril de 1979. Estas palabras impresionan profundamente y ratifican en cierto modo la idea de que en España todo está por hacer, que el país social, justo y humanista por el que lucharon los abogados laboralistas de Atocha y tantos militantes de la izquierda, está aún por llegar:
Lo que me produjo es un enorme daño porque me pareció inútil el sacrificio nuestro cuando legalizaron al PCE. Yo ese día lloré como nunca. Estaba con Paquita, mi cuñada, que me preguntaba: ¿No te alegras? Digo: no. Le digo que estoy llorando porque esto sí que me parece el colmo.
Dolores González Ruiz
¿Para qué hemos muerto?
Articulista. Nacido en Valladolid, pero cántabro de espíritu, soy colaborador habitual en los medios lapiedradesisifo.com y Lapajareramagazine.com. Autor del poemario «Transido de un abismo» y de títulos de próxima aparición como «La poliantea de los sentidos» y «Crónicas claudinas».
