Polonia extiende por segunda vez la prisión provisional al periodista Pablo González

El tribunal polaco de Przemyśl ha fallado a favor de la petición que había por parte de la Fiscalía de prorrogar la detención del periodista Pablo González por otros tres meses. La noticia ha sido confirmada por el abogado de Pablo en Polonia, Bartosz Rogała, como se hacen eco El Confidencial, Público, entre otros digitales, así como su abogado en España, Gonzalo Boye.

Esta prórroga nace de una petición de la Oficina de la Fiscalía de Polonia a la corte justificada por “una fundada preocupación por un fraude de procedimiento, temor de ocultamiento o fuga y el hecho de que sobre Pablo González pesa un riesgo de una pena elevada si finalmente es condenado.” y que mantendría al periodista hasta el próximo 25 de noviembre en la cárcel. A través de declaraciones en Público, el abogado Bartisz Rogala apelará la decisión, y ha confirmado que no ha accedido a información nueva sobre el caso.

Su situación de prisión provisional se mantiene desde el pasado 3 de marzo cuando el Tribunal decretó la prisión provisional en la prisión de Rzeszów por un periodo de 3 meses hasta celebrar el juicio. Tras estos tres meses y como comunicó la agencia EFE, “La sección de Lubin del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, presentó una solicitud a la corte para extender el uso de la medida preventiva en forma de arresto temporal contra Pablo González”, cuyo fallo fue a favor por parte del Tribunal y a la cual se apeló siendo negativa la apelación.

El caso de Pablo González

Pablo González, de nacionalidad rusa donde vivió hasta los nueve años, viviendo en España desde entonces y actualmente afincado en Euskadi, periodista y politólogo español, ha trabajado como periodista independiente para diversos medios, especializado en Europa del Este y países ex-soviéticos. Es así como desde el 2014, Pablo ha estado presente en el golpe de Estado en Ucrania visitando la zona en más de seis ocasiones.

Esta situación comenzó el pasado 6 de febrero en un pueblo de Ucrania llamado Avdeevkacomoa pocos kilómetros del frente cuando, como narra el fotoperiodista Juan Teixeira en Público, cuando Pablo decide hacer un reportaje con los militares de fondo durante una conexión en directo con La Sexta. Tras esperar bajo la nieve y con los militares cada vez más molestos más de 45 minutos, los militares ucranianos les invitan a irse, le borran todo el material y le fotografían el pasaporte.

Esa misma noche el SBU (servicios de inteligencia ucranianos) les llamaron indicándoles que se presentaran lo antes posibles en sus Oficinas centrales en Kiev. Allí lo retienen 4 horas con la acusación de ser un espía ruso y, como cuenta Juan Teixeira, en Público, “con pruebas tan convincentes como escribir para Gara y tener una tarjeta bancaria de Caja Laboral Kutxa, según ellos ambos financiados por Rusia”

Pablo conoce que agentes del CNI se habían personado en su casa familiar en Euskadi y en la de su madre y de un amigo de la infancia en Cataluña interrogándoles e informándoles de que Pablo González era un agente ruso y decide volver a España por su propia seguridad. Tras varias semanas donde no hubo noticia de ningún otro incidente ni presencia de servicios de inteligencia, llega el 24 de febrero dando comienzo la invasión rusa de Ucrania y es entonces cuando Pablo decide viajar a Polonia para cubrir el éxodo por la guerra desde la frontera, donde es entonces detenido el 28 de febrero por la ABW, por los cuerpos de elite del servicio de inteligencia polaca.

El caso de Pablo González ha sido llevado por las autoridades Polacas con una falta de transparencia evidente. Según Público, Polonia habría vulnerado 18 artículos de la Carta de Derechos Humanos Fundamentales de la UE en su misma detención. Entre las irregularidades está que la primera abogada de oficio se le asignó en 14 de marzo, tras dos semanas de su detención, y renunció tras varios días sin que siquiera hubiese visitado a Pablo González en la cárcel.

La segunda abogada de oficio, seleccionada por la Fiscalía polaca y como fue comunicado por Público. Entre las acusaciones de ser un agente de GRU, la inteligencia militar rusa, se desconocen por parte de abogado o familiares las pruebas exactas que existen contra él.

Por otro lado, Gonzalo Boye, su abogado, denuncia que ha estado prácticamente incomunicado. Sus familiares solo pueden comunicarse con él por carta que, además, según denuncian, le llegan con varios meses de retraso, lo que hace muy difícil dicha comunicación. Así, han pedido una vez más que el Gobierno de España se involucre en el caso.

Autor: Juan Castro Peña