El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de Vox que quería acabar con la reforma laboral

Nuevo fracaso de Vox en los tribunales, esta vez sobre el recurso que pretendía acabar con la reforma laboral. El Tribunal Constitucional ha denegado la suspensión del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, tal y como exigía la extrema derecha.

En su argumentación Vox se centraba en el famoso error del ex número 3 del Partido Popular, el diputado Alberto Casero, quien con su equivocación ayudo a aprobar la reforma pese al cambio de voto de los tránsfugas Sergio Sayas y Carlos García Adanero.

Vox centraba así su recurso en la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Meritxell Batet, diciendo que había evitado que el diputado Alberto Casero cambiara el voto y que por lo tanto, le había privado de sus derechos.

«La reforma tenía que salir por lo civil o lo criminal, y salió por lo criminal», afirmó Macarena Olona, entonces secretaria del Grupo Parlamentario de Vox. En su escrito Vox también pedía la anulación de la reforma laboral en su conjunto, a diferencia del PP, que tal y como recalcó la formación ultra no lo había pedido. El destino de este recurso hace prever que el recurso similar presentado por el PP tenga un final parecido.

Y es que el recurso del PP sigue una línea argumental similar, diciendo que se sometió a su diputado a un “atropello democrático” al no permitirse corregir el error de Alberto Casero, quién se equivocó tres veces en las votaciones de ese día.

El diputado, al darse cuenta posteriormente de sus errores, avisó al partido e intentó asistir presencialmente al Congreso de los Diputados para enmendarlo.

Se espera que el TC responda a este recurso en las próximas semanas.

La admisión que hizo peligrar la reforma laboral

El jueves 2 de junio de 2022, el Pleno de Tribunal Constitucional informaba de la admisión a trámite del recurso presentado por Vox contra la ley de la reforma laboral.

El partido justificó este recurso en su momento en un supuesto abuso de la forma del Real Decreto Ley por parte del gobierno. Por ello, la formación cargaba contra el gobierno acusándole de “querer imponer su voluntad”.

El recurso, además de la anulación, también pedía la revisión de distintos artículos de la recién aprobada reforma laboral. Su admisión puso en peligro la reforma laboral que tan buenos efectos ha tenido para el empleo en España con unas cifras no vistas desde 2008.  Este efecto ha sido parejo al de la creación de trabajo indefinido, que se encuentra en cifras récord.

Tan importante era defender esta reforma que los representantes de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se presentaron ante el TC para defender el Real Decreto.

Ambos representantes sindicales denunciaron que Vox no quería estabilidad, si no que se premiase la “ley del más fuerte, que siempre es el empresario” en el mercado laboral. Además señalaron que el compromiso de reformar el mercado laboral español fue uno de los puntos acordados a Bruselas como compromiso para recibir los fondos del Plan de Recuperación, poniendo en peligro los 70.000 millones de euros para España.

Vox y el abuso judicial

La repetición de las elecciones de abril de 2019 permitió a Vox un fulgurante ascenso a lomos del conflicto catalán, aumentando de los 24 a los 52 diputados. Superar 50 era especialmente relevante para la formación, ya que esto le permitía elevar cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC.

Y desde entonces no ha dejado de usar este mecanismo, judicializando  la política, intentando ganar en los tribunales lo que no puede ganar en el Congreso.

Esta advertencia ha sido realizada por distintos altos tribunales, como el Tribunal Supremo o el TC, que han advertido tanto al PP como a Vox del abuso del derecho que están haciendo, llevando cuestiones que nada tienen que ver con la actuación jurídica.

De esta manera la formación de extrema derecha ha presentado más de 60  recursos de inconstitucionalidad en esta legislatura.

Algunos contra medidas tan variadas como el Ingreso Mínimo Vital o los Presupuestos Generales del Estado.

Y la gran mayoría han fracasado. De 63 recursos, solo 6 han sido admitidos parcial o totalmente. 18 han sido inadmitidos, 4 desestimados en su totalidad y 34 siguen pendientes de resolución.

Esta situación donde la mayoría de las actuaciones judiciales de Vox han fallado a su puesto un gran coste económico a la formación y la inmovilización de algo más de 220.000 euros en fianzas judiciales.

Un hecho que parece no molestar a una formación tan bien financiada, que además saca el máximo rendimiento publicitario a cada victoria.