Hungría aprueba una ley que permite las denuncias anónimas contra parejas homosexuales que tengan hijos a su cargo

El Parlamento de Hungría aprueba una ley que posibilita a los ciudadanos a presentar denuncias anónimas frente a las autoridades contra parejas del mismo sexo que tengan hijos a su cargo.

En base a esta disposición legal, aprobada a principios de esta semana, los ciudadanos tendrán potestad de alertar a las autoridades sobre comportamientos que cuestionen “el papel del matrimonio y la familia reconocido en la Constitución” y los derechos de los menores “a identificarse con el sexo de nacimiento”, adelanta el diario Bloomberg.

La Carta Magna húngara establece la institución del matrimonio como la unión “entre un hombre y una mujer”, dejando fuera de su abanico constitucional a las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+, y también especifica lo siguiente: “la madre es una mujer, el padre es un hombre”.

La aprobación de esta normativa no es más que un nuevo paso en la cruzada del Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán contra los derechos fundamentales de la comunidad LGTBI+ del país, convirtiéndose en uno de los baluartes europeos (junto a Polonia) en cuanto a la defensa de la “familia natural”.

Actualmente, el Estado húngaro se encuentra envuelto en una batalla legal y política contra la propia Unión Europea, quién paralizó el envío de los famosos “Fondos europeos” hacia el país y la ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por su producción legislativa discriminatoria contra el colectivo.

La cruzada anti-LGTBI del Gobierno ultraderechista de Víktor Orbán

Desde que Víktor Orbán regresara al poder en 2010 (ya había sido Primer Ministro del país durante una legislatura, de 1998 a 2002), todos sus esfuerzos políticos se dirigieron a combatir a la comunidad LGTBI+ del país, a quién constantemente señala y estigmatiza, tanto discursiva como legalmente.

En 2020 el Parlamento refrendó una enmienda a la Constitución y una ley para permitir la adopción exclusivamente a los matrimonios entre un hombre y una mujer, dejando fuera a las parejas del mismo sexo. Se modificó igualmente el precepto constitucional referente a la familia, para adecuarlo a la percepción ultraconservadora.

El golpe más duro se lanzó en 2021 con la famosa “Ley contra la pedofilia”.

Tras un año de tramitación legislativa con amplio consenso incluso en la oposición, el Gobierno de Fidesz introdujo en apenas unas semanas una serie de modificaciones al proyecto para equiparar de facto la figura del pedófilo con la del homosexual, o de cualquier miembro del colectivo.

La polémica ley prohíbe que los menores húngaros queden expuestos a temas relacionados con formas diferentes de sexualidad, sea identitaria o de orientación, entendiendo la heterosexualidad y la identidad sexual biológica como la norma, lo natural, de lo que sí se puede hablar. De esta manera, cualquier referencia a procesos de identidad u orientación sexual quedan prohibidos, ya que la ley entiende que su simple mención implica publicidad.

El Parlamento húngaro aprobó la ley con 157 votos a favor de los 199 disponibles, una severa mayoría absoluta, y ante protestas de gran parte de la ciudadanía en la calle, quedó prohibido hablar sobre sexualidad o identidad en las escuelas o en ámbitos públicos que puedan ser atendidos por menores, quedando reservada la potestad de realizar charlas sobre el tema exclusivamente a personas o entidades autorizadas por el Gobierno.

La estrategia del Gobierno de Orbán contra las voces críticas no pudo ser más deplorable: todo aquel que se opusiera a la norma defiende necesariamente a los pedófilos.

La Unión Europea y sus miembros se plantaron contra la norma, llegando incluso a escucharse voces pidiendo la expulsión de Hungría. La cuestión actualmente ha llegado a instancias legales, ya que ante la negativa de Orbán a dar marcha atrás, la Comisión presentó el pasado año un recurso ante el TJUE, al que se han adherido hasta 15 países de la Unión, entre los que se encuentra España.

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