Un concejal de Vox de València denuncia al partido por financiación ilegal, malversación y banda criminal

Vicente Montañez lleva a la Fiscalía Anticorrupción pruebas documentales de una reunión de Vox en la que se solicita que transfieran a la formación la subvención de los grupos municipales o parlamentarios, lo que no está permitido desde el punto de vista legal.

Este pasado viernes 26 de mayo, el concejal por Vox en el Ayuntamiento de València ha presentado una denuncia frente a la Fiscalía Anticorrupción en la que se acusa a el partido de extrema derecha de Santiago Abascal de “delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal», tal y como se expone en el documento de 10 páginas que ha presentado.

Se trata de otro polémico caso sobre Vox y su financiación bajo presunto autoritarismo e irregularidades. En este caso, el escrito señalaba: “Por medio del presente escrito pongo en conocimiento del Ministerio Fiscal una serie de hechos para que, estudiados y contrastados, y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento criminal, proceda a la práctica de cuantas diligencias estime pertinentes para la comprobación de las conductas que se exponen, que indiciariamente podrían ser constitutivos de los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal”, según elDiario.es.

Asimismo, tras la exposición de varias tramas para la financiación del partido, el concejal denuncia que “se sirva admitirlo, dicte decreto de apertura especificando los hechos a investigar, las identidades de las personas investigadas y la calificación jurídica, sin perjuicio de ulterior calificación y tramitado todo que sea de oficio, practique cuantas diligencias de Investigación procedan y finalmente interponga ante el Juzgado competente las acciones legales que correspondan para la depuración de las responsabilidades penales si existieren”

La financiación de Vox, malversando lo público y bajo extorsión y acoso

Estas acusaciones de la denuncia se remiten a 2019, cuando Vox trató de desviar al propio partido las aportaciones económicas que reciben los grupos parlamentarios y municipales por parte de diferentes ayuntamientos y cámaras autonómicas. La dirección central de Vox hizo llegar a los grupos municipales, tanto de València como del resto de los ayuntamientos, una circular en la que se especificaba cómo transferir el dinero a la formación y mediante la que se citó a los diputados y concejales para hacer una reunión online en diciembre de 2020.

Montañez, tras la negativa por considerarse un procedimiento ilegal, detalla hasta lo más mínimo la reunión y afirma haber sido víctima de acoso. Además de aportar audios como prueba de la reunión, explica que el gerente del partido ultraderechista, Juanjo Aizcorbe, y el secretario general, Javier Ortega Smith,hicieron la petición los militantes de que se transfiera la subvención de los grupos como convenios de colaboración a la formación ultraderechista.

De igual forma, el concejal admite que ya hay grupos que se han suscrito a los convenios con los que Vox recibe ingresos procedentes de grupos parlamentarios y municipales y “tienen la contrapartida de unos servicios”, declara en la denuncia. También se revela que el dinero que se perdió en 2022 fue a las instituciones y no al partido. Según el denunciante se trata de un “claro ejemplo de financiación ilegal de los partidos” a través de un mecanismo que permite vaciar las arcas de los grupos municipales para beneficiar exclusivamente al partido político.

En la misma reunión Ortega Smith reafirma que este tipo de convenios “ayudan a reforzar” el equipo municipal porque todo “cuesta dinero”, como por ejemplo, la comunicación para las campañas. Es decir, el secretario general de Vox refrenda lo denunciado por Montañez esclareciendo que los gastos de la formación han de pagarse desde los propios grupos municipales.

A ello el concejal señala en el documento presentado en la Fiscalía Anticorrupción que todo señala que se trata de “una malversación de canales públicos” procedentes de los grupos municipales de forma organizada “con la utilización de malas artes orientadas a engañar y extorsionar con la no pertenencia o lo que sería peor, con no contar en el próximo mandato con aquellos que no estén dispuestos a someterse a la comisión de los presuntos delitos”, añade en la denuncia.

Por último, Montañez esclarece en la denuncia que “tras las reiteradas negativas del denunciante a participar en las continuas llamadas por parte del Área de Coordinación Intermunicipal (ACI) y sus responsables por indicaciones expresas de la cúpula del partido Vox en distintos modelos de financiación ilegal del partido, ha sido acosado y humillado en privado y públicamente y avisado en numerosas ocasiones que, de no colaborar, el partido no contará con él para las próximas listas”.

El modus operandi de Vox, no sólo en València

Si bien es cierto que el mismo diario publicaba en octubre del año pasado que la dirección del partido recibió más de 8.000 euros desde el grupo municipal de València por “servicios que no habían sido ni solicitados, ni prestados, ni presupuestados en ningún momento”, según la denuncia, también lo es que la demanda recoge otro ejemplo de este mecanismo de financiación en Alzira.

En este caso se señala que los compañeros parlamentarios facilitaron a Montañez documentación que en los grupos municipales “se estaba malversando para el pago de sedes del partido, bajo la amenaza a los concejales de no contar con aquellos que no participaran en la financiación de las sedes”.

Otro presunto caso de extorsión y en los que se acusa de que “Vox es un chiringuito” fue en Orihuela, donde los ediles de Vox se dieron de baja con fuertes críticas hacia el partido. Entre ellos Asunción Aniorte, exclamando que tras negarse a transferir dinero del grupo a la formación recibió amenazas.

A este caso se suman las múltiples polémicas que envuelven al partido como por ejemplo, la reciente y viral detención de una concejala de Vox en Parla, Ana González Martínez, tras ser acusada de liderar una red de tráfico y venta de cocaína.