Chile rechaza la nueva propuesta Constitución redactada por la derecha y la extrema derecha
El pasado domingo día 17 de diciembre, Chile votó una nueva propuesta de Constitución, que fue rechazada por el 55.76% de los votos en contra y el 44.24% a favor con el 99.65% del voto escrutado. Así, la segunda propuesta para una nueva Carta Magna para el país ha sido rechazada, lo que supone que seguirá vigente la que fue heredada por la dictadura de Augusto Pinochet, vigente desde 1980 y que ha motivado principalmente la necesidad de reforma.
Esta propuesta había sido impulsada mayoritariamente por la Unión Demócrata Independiente (UDI), formación de derecha conservadora, y el Partido Republicano (PR) de José Antonio Kast, de extrema derecha, ambos con mayoría en la Asamblea Constituyente. De hecho, en las elecciones para la creación de dicha asamblea celebradas el 7 de mayo de 2023, cuya única tarea era redactar una protesta de Constitución, el partido de Kast obtuvo 22 de 50 consejeros y el 36% de los resultados. Junto a las formaciones de derecha, llegaron al 62%, quedando las fuerzas afines al presidente Gabriel Boric con el 38% de los votos.
A pesar que desde los partidos progresistas se tendió la mano para redactar un texto constitucional lo más transversal posible, Kast ya anunció en su momento que, si bien dijo dicho que «no es tiempo de dividir al país sino de trabajar en unidad por el bien de Chile», recalcó que en esa unidad la izquierda no está contemplada.
Durante la campaña por el plebiscito, que transcurrió sin incidentes, los partidos impulsores de la nueva propuesta de Constitución trataron de que ganara el «sí» de forma abrumadora, convirtiendo la cita electoral en una suerte de protesta contra la gestión del gobierno progresista de Gabriel Boric. Por su parte, el ejecutivo optó por quedarse al margen, mientras las fuerzas de izquierda hicieron campaña en contra.
Segundo rechazo a una nueva Constitución en Chile
Los aspectos más controvertidos de la nueva propuesta de Carta Magna residían fundamentalmente en un endurecimiento del control de la inmigración y posibilitaba de forma sencilla la prohibición del aborto. En este sentido, por ejemplo, el texto afirma que «la ley protege la vida de quien está por nacer», reemplazando por la palabra «quien» el «que» de la formulación original. Además, el texto nombra como «niño» a «todo ser humano menor de 18años de edad» y posibilita la «objeción de conciencia», lo que podría dificultar el acceso a dicha práctica.
En cuanto a la inmigración, el texto dice que «la ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos», lo que implica abrir las puertas a la expulsión de personas migrantes.
Por lo demás, el texto, aunque reconoce los derechos de los pueblos indígenas, los sitúa como «parte indivisible» de la nación chilena. En lo que respecta a igualdad entre mujeres y hombres, la Constitución establece ciertos límites a juicio de varios analistas. Por lo demás, no se introducen grandes cambios con respecto a la Constitución pinochetista, especialmente en lo que respecta a los servicios públicos de salud y educación.
Esta pugna política y social por la redacción de una nueva Constitución en Chile comenzó con las protestas sociales que sacudieron el país a partir de 2019 y donde el rechazo a un texto constitucional con la impronta de la dictadura de Augusto Pinochet había cobrado tal fuerza que un 78% de la gente estuvo a favor de reformarlo en un plebiscito, por lo que en 2020 se constituyó la Asamblea Constituyente para la redacción del nuevo texto.
Sin embargo, en septiembre de 2020, una moderna Constitución que incluía más derechos para las comunidades indígenas, la protección del medio ambiente e incluso perspectiva de género, fue finalmente rechazada tras una fuerte campaña de desprestigio orquestada por la derecha y la extrema derecha donde proliferaron los bulos y las «fake news».
Por ejemplo, desde la cuenta de Twitter de José Antonio Kast se llegó a decir que el gobierno de Boric tenía conexiones con el narcotráfico, pretendiendo vincular el nuevo texto constitucional a intereses criminales.
Incluso aunque los partidos del Gobierno de Boric se abrieron a cambiar aspectos de la nueva Constitución una vez aprobada, finalmente el relato de las fuerzas conservadoras y la ultraderecha se impuso por un margen amplio hasta el punto de darle la vuelta al marcador. Así, la extrema derecha pudo condicionar sin mucha dificultad la nueva Constitución, con lo que se entiende que las pretensiones de eliminar los últimos reductos de la dictadura de Pinochet en la misma finalmente no han llegado a buen puerto. No en vano, José Antonio Kast se ha confesado pinochetista.
Tras los resultados del plebiscito, tanto la izquierda como la derecha han rechazado impulsar un tercer proceso constituyente, así como cualquier cambio de calado a la Constitución actual, reformada hasta un total de 63 veces en democracia. Una eventual nueva reforma requeriría la aprobación de, al menos, cuatro séptimas partes del Parlamento.
Gabriel Boric reconoció a través de los medios de comunicación que «la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile». «El resultado de este plebiscito, más que una celebración, es un fuerte llamado de atención. Si quien obtiene la mayoría circunstancial intenta negar la existencia del otro, jamás avanzaremos en materias que no pueden seguir esperando», concluyó.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
