El Supremo desestima la demanda Vox contra la investidura de Sánchez y le reprocha que intente judicializar la política

Nueva desestimación de una demanda de Vox por parte de la justicia, que vuelve a castigar verbalmente a la formación de ultraderecha por sus intentos de judicializar la política.

El Tribunal Supremo ha tumbado el recurso de súplica de Vox contra el archivo de la querella que la formación presentó contra altos cargos del gobierno y líderes independentistas aliados,  en el contexto de la negociación para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la sentencia, tal y como recoge El Diario, el alto tribunal explica que no puede intervenir en la actividad política: “las negociaciones entre las fuerzas políticas para articular una mayoría que permita la investidura de un Presiente de Gobierno son actos propios de la actividad política sobre los que esta Sala no puede interferir, correspondiendo al Tribunal Constitucional y no a este Tribunal determinar si efectivamente las leyes aprobadas o que puedan aprobarse son conformes con ordenamiento constitucional».

Y es que Vox había presentado meses atrás la citada denuncia destinada a altos cargos del gobierno como el presidente Pedro Sánchez o la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz junto sus aliados parlamentarios, como el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont o el presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras. También se incluían esta las formaciones políticas de las personas nombradas, como PSOE o Junts.  Vox intentaba imputarles delitos de cohecho, colaboración con el terrorismo o negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otros. Esta denuncia fue rechazada por el Tribunal Supremo al no advertir indicios de delito, pero Vox intentó mandar el citado recurso de súplica con nuevos argumentos.

La segunda y definitiva inadmisión

Así, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictaminó sobre esto recursos de súplica. Sobre esta, Vox argumentó que si la primera denuncia que habían presentado era “conjeturas” por lo que pudiera pasar, ahora ya se habían cumplido hasta 4 delitos distintos.

Una categorización de la actividad política que el Tribunal Supremo no comparte en modo alguno. De esta manera, la jueza, Carmen Lamela, una de las ponentes del auto, ha justificado que las negociaciones entre partidos no son un acto de estudio del Supremo y mucho menos pueden castigarse penalmente: “son actos propios de la actividad política sobre los que esta sala no puede interferir”. Así los magistrados han recordado a Vox, como hicieron hace unos meses, que está haciendo un uso inadecuado de la justicia, al intentar judicializar la política.

Sobre otros hecho, como la amnistía, han recordado que no forman parte de las competencias del Tribunal Supremo y que deberá ser el Tribunal Constitucional quien dictamine sobre su legalidad.

La fallida estrategia de judicializar la política de Vox

La formación de extrema derecha se ha caracterizado por intentar ganar en los tribunales lo que son batallas políticas. De hecho, buena parte de la fama inicial de Vox viene por su acción judicial contra el Procés.

Esto ha consistido en llevar a los tribunales la mayoría de actos políticos que considera contrarios a su pensamiento ideológico. Este proceso por supuesto se ha traducido en una abrumadora mayoría de derrotas, si bien la formación ha sabido vender las pocas victorias que ha obtenido al respecto.

Si bien el cambio que se ha venido produciendo en este último tiempo es el constante aviso de los tribunales a Vox de que las demandas que presenta no están motivadas por hechos judiciales y pertenecen a la vía política, afeando a la formación que use los tribunales para sus usos partidistas.

Un ejemplo reciente es la sentencia del 19 de octubre del Tribunal Supremo, donde Vox intentó impugnar una actuación del gobierno sobre los planes hidrológicos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo dio la razón a la Abogacía del Estado, negando la legitimidad a Vox para intervenir.

Recordó a Vox que no puede pedir la intervención del Tribunal Supremo para anula las iniciativas del Gobierno con las que no estén de acuerdo, ya que no  es atribución de los partidos políticos: “La mera invocación genérica de la protección de tal interés general (…) no es bastante para entender afectado un interés cualificado y específico, en definitiva, un interés legítimo”.

Esta último caso es solo un ejemplo de los múltiples avisos que los tribunales dan Vox sobre lo impropio de su intento de judicialización de la política.