Javier Milei registra una ‘ley ómnibus’ que le permitirá arrogarse competencias del Congreso de la Nación Argentina
El Gobierno de Javier Milei presentó este pasado miércoles 27 de diciembre ante el parlamento argentino la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, su ‘ley ómnibus’, una norma legal que abarca un paquete de medidas, agrupando una gran cantidad de proyectos de ley en nada más y nada menos que 664 artículos en 351 páginas que le permitirán concentrar un mayor poder en su persona, entre otras medidas que erosionan el sistema democrático del país.
Después de haber aprobado un decreto ley que afectaba a unas 300 medidas legales y que ha desencadenado multitud de protestas por eliminar importantes regulaciones económicas hasta el punto de permitir el pago de los salarios en especie, y también tras la presentación del controvertido «protocolo Bullrich» del Ministerio de Seguridad y que capacita al gobierno para quitar prestaciones sociales a quien proteste cortando el tráfico, llega lo que ha sido calificado por varios analistas como una suerte de «ley habilitante» similar a la presentada por Adolf Hitler y el partido nazi en 1933.
La ‘ley ómnibus’, que deberá ser aprobada por el Congreso de la Nación Argentina debido a que toca importantes legislaciones en prácticamente todos los ámbitos, modifica importantes aspectos del sistema electoral del país, como la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o la elección de diputados nacionales por distrito único.
Así es la ley ómnibus de Milei
El extenso marco legal de esta propuesta de ‘ley ómnibus’ declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025” y “dicho plazo podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional” por hasta dos años más.
Bajo esta premisa de «emergencia pública» y su capacidad de ser prorrogada por el propio gobierno, se otorga al presidente de la Nación una más que importante concentración de poder durante todo su mandato. De hecho, las primeras 11 páginas de la ‘ley ómnibus’ son para justificarla en base a una “grave y profunda crisis económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social sin precedentes, que afecta a todos los órdenes de la sociedad y al funcionamiento mismo del Estado”. Un argumento que utilizó también Hitler para arrogarse todos los poderes de la cámara legislativa de la República de Weimar en 1933, aunque también se han introducido normas legales similares en Francia o Chile.
También con este argumento, la ‘ley ómnibus’ busca controlar las protestas sociales que ya han comenzado a sucederse en Argentina ante las medidas llevadas a cabo por Javier Milei y su gobierno. Así, se pretende aprobar la prisión preventiva para quienes corten las calles y organicen piquetes para protestar, modificando además el Código Penal para castigar con penas de prisión «de uno a tres años y seis meses”, tal y como se especifica en el artículo 326. En caso de ser organizador o responsable de dichas acciones, la pena será de dos a cinco años.
En este sentido, también se agravan las penas relacionadas con la resistencia y el atentado a la autoridad, y se modifica la ley que regula el derecho a la legítima defensa. También se buscará justificar acciones policiales con el fin de que no se interrumpa la actividad económica, lo que afecta de facto al derecho a la huelga.
Al margen del aumento de los poderes represivos, también se propone al gobierno la capacidad de renegociar o rescindir cualquier contrato que genere obligaciones al Estado «celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023», incluyendo contratos de otros órganos públicos e instancias territoriales, también «por razones de emergencia». Así, Milei podrá deshacer cualquier contrato aunque sea haya realizado incluso por un ayuntamiento, sin dar cuentas a nadie. Además, centraliza todas las competencias de contratación, despojando de esta facultad a otras regiones.
Tampoco podía faltar la facultad de privatizar. Así, desde este paquete de medidas se propone “la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado” de 1989 “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.
En este sentido, también se ahonda en la privatización de sectores estratégicos como la energía, incluyendo una facilitación del comercio internacional en lo que afecta a «el procesamiento de gas, la extracción de líquidos del gas natural, la licuefacción del gas natural, el transporte de gas, petróleo, sus derivados y combustibles líquidos en general; el almacenamiento de gas, gas natural licuado, petróleo, sus derivados y combustibles líquidos en general».
También facilitará la explotación de los glaciares y de los bosques. Así, se modifica la Ley de Glaciares a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglacial y se cambia la ley de quema para facilitar la explotación de los bosques, dejando en manos de privadas la asunción de medidas de protección contra incendios, como cortafuegos.
La ‘ley ómnibus’ plantea también un blanqueo al que se denomina “Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social”, que tiene como fin “lograr el pago voluntario de las obligaciones” y prevé “la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren». Esto puede suponer una suerte de amnistía fiscal y una relajación de control de las obligaciones impositivas, facilitando la evasión de impuestos a las grandes fortunas.
En cuanto a cuestiones educativas, se abre la puerta a que «profesionales no docentes» intervengan en el proceso educativo y se dará más importancia a las calificaciones: los padres deberán conocer las notas de sus hijos comparadas con las de otro alumnado de otros centros escolares y «se prohirá el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior». Además, por ejemplo, las universidades públicas gratuitas, por ejemplo, podrán cobrar a los estudiantes extranjeros su formación.
Proyecto de Ley de Bases y … by Milagros Moreni
La ‘ley ómnibus’: concentración de poderes, represión y privatizaciones
El ultraderechista Javier Milei y su gobierno, con esta “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”, avanza en la transformación de una Argentina con menor calidad democrática y donde, poco a poco, el potencial económico del país será vendido a trozos al mejor postor.
Y es que la situación de supuesta emergencia pública de la nueva norma habilita al Gobierno para asumir competencias que corresponden al poder legislativo. Además de ser un agravio para el sistema democrático argentino, la Constitución impide esa transferencia de poderes “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. No parece ser el caso de la ‘ley ómnibus’, por lo que se espera todo un terremoto legal y judicial tras su presentación en la Cámara de los Diputados.
Además de arrogarse otras tantas facultades y competencias descentralizadas, un punto sin duda importante ha sido la represión a las protestas, con mayores penas de prisión y con facultades a las fuerzas policiales para operar vulnerando la presunción de inocencia y posibles derechos fundamentales, presuntamente. Al tiempo, dará facilidades para la evasión fiscal a las grandes fortunas.
Como respuesta, Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), las principales centrales sindicales del país, se reunirán este jueves para evaluar los próximos pasos contra la ‘ley ómnbus’, con la posibilidad de que se convoque una huelga general.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
