El Tribunal de Cuentas abre expediente a Vox por financiación irregular y propone multa de 233.324 euros
El Tribunal de Cuentas ha informado a Vox de la apertura de un expediente sancionador por financiación irregular al haber cometido, presuntamente, dos delitos muy graves por aceptar «miles de donaciones finalistas», lo que supondría una vulneración del artículo 4 de la Ley de Financiación de Partidos. Por este motivo, el órgano dedicado a fiscalizar a la administración pública y a las formaciones políticas ha propuesto dos sanciones por un total de 233.324,22 euros, según han informado fuentes del medio El País.
Al tenor del expediente previo, este presunto caso de financiación irregular se debería, en primer lugar, a una colecta que el partido liderado por Santiago Abascal impulsó el 17 de abril de 2019 para recaudar 15.000 euros para pagar la fianza de la querella que pusieron a Quim Torra, ex presidente de la Generalitat de Catalunya, exigida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Esto se habría traducido en un ingreso de 31.664,80 euros.
El segundo presunto delito habría tenido lugar el 15 de julio de ese mismo año con el lanzamiento de la campaña #AyudemosABorja en la cual Vox pidió a través de redes sociales donaciones para pagar la fianza de un chico malagueño condenado a dos años de prisión por haber perseguido y golpeado a un ladrón que había robado el bolso de una mujer y al que murió poco después. Vox puso como objetivo de la campaña 180.000 euros, lo necesario para cubrir la condena de Borja, recaudando finalmente 120.482,93 euros.
Vox, financiación irregular y el Tribunal de Cuentas
En estos dos casos, el expediente del Tribunal de Cuentas asegura que las donaciones «finalistas» están prohibidas en el caso de los partidos políticos. Con esto, la legislación se refiere a que no pueden tener un objetivo concreto, ya que esto podría suponer que quien está donando el dinero condicione la actividad del partido, lo que podría a su vez llevar a un conflicto de intereses.
Vox argumenta que es la propia formación y no quien dona quien está fijando la finalidad de la donación. Sin embargo, esto también estaría prohibido: al tenor de lo dispuesto por El País, el Tribunal de Cuentas dice que «si la [finalidad] la establece la formación, está prohibida al ser finalista». Es decir que, para el órgano fiscalizador, es irrelevante quien establezca la finalidad: sea el partido o sea la persona donante, las donaciones no pueden ser finalistas.
Así, la propuesta de sanción, al tenor del artículo 17 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, constituiría una infracción «muy grave», al haber aceptado «donaciones o aportaciones que contravengan las limitaciones o requisitos establecidos en los artículos 4, 5, 7 y 8.
Según la misma ley, «por las infracciones previstas en el artículo 17 apartado dos a) una sanción cuyo importe irá del doble al quíntuplo de la cantidad que exceda del límite legalmente permitido, de la cantidad asumida por el tercero o de la cantidad condonada, según proceda». El cálculo establecido por el Tribunal de Cuentas es de 233.324,22 euros.
Ahora, se abre «un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y para solicitar la apertura de un período probatorio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados». Si lo considera, el órgano fiscalizador abrirá un periodo probatorio de 30 días hábiles que, de continuar en la misma línea, podría resolver esta sanción o bien desestimarla.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
