El Parlament acredita que Ignacio Garriga cargó 39.361€ de gastos personales al grupo parlamentario de Vox

Un informe del Parlament de Cataluña ha puesto bajo escrutinio al secretario general y presidente del grupo parlamentario de Vox, Ignacio Garriga, por haber cargado gastos personales al grupo parlamentario por valor de 39.361€.

El informe, adelantado por El Confidencial, detalla que Garriga emitió facturas bajo el concepto de «servicios de despacho y atención en sede» entre los años 2021 y 2022. Entre los gastos señalados se encuentran compras en supermercados, pedidos de comida a domicilio (603,95€ de Glovo) y servicios de tintorería y peluquería. Además, Garriga cargó la cuota anual de la Asociación de Familias de Alumnos del colegio donde estudian sus hijos (50€). La suma de estos gastos personales, que deberían haber sido cubiertos con fondos privados, ha sido cargada así a las arcas públicas de manera indirecta, ya que los grupos parlamentarios, cuentan con una subvención pública que se dedica a los gastos ordinarios de los cargos electos para su trabajo.

La denuncia inicial fue presentada por Isabel Lázaro, exdiputada de Vox, ante la Oficina Antifraude de Cataluña. Este organismo remitió la investigación al Parlament, donde la Oidoría de Cuentas realizó el informe que ahora ha salido a la luz. Así, este documento oficial sugiere que Garriga utilizó fondos del grupo parlamentario para gastos personales, desglosando en detalle varios de estos pagos cuestionados.

Ignacio Garriga: de la lucha contra los chiringuitos a usar dinero público para sus gastos

Tras la denuncia de Isabel Lázaro y la posterior investigación, la Mesa de la Diputación Permanente del Parlament de Cataluña solicitó aclaraciones al grupo parlamentario de Vox sobre los servicios prestados por Garriga. En respuesta a esta situación, el Parlament ha implementado una nueva normativa que exige una mayor transparencia y rendición de cuentas en el uso de las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios. Esta normativa, que entra en vigor en la presente legislatura, obliga a los grupos a devolver los importes de las subvenciones si no presentan la documentación necesaria para justificar estos fondos.

Santiago Abascal, líder de Vox, ha salido a defender a Garriga, quién fue su apuesta personal como secretario general de la formación, atribuyendo la denuncia a una represalia política después de que Lázaro no fuera incluida en las listas electorales del partido. Sin embargo, la presión sobre Vox sigue en aumento, ya que la CUP ha solicitado a la Mesa del Parlament que actúe diligentemente y tome las medidas necesarias para depurar responsabilidades, aplicando un control financiero más riguroso sobre las subvenciones a los grupos parlamentarios.

En un mensaje en redes sociales, Laia Estrada, diputada de la CUP, ha exigido que se tomen acciones contundentes, afirmando que «la primera legislatura de la ultraderecha en el Parlament y ya han metido la mano en la caja”.