La policía patriótica del PP investigó ilegalmente a los 69 diputados de Podemos
En un reciente informe enviado al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, se ha revelado que la policía, bajo el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, llevó a cabo investigaciones sobre los 69 diputados de Podemos y sus confluencias, según informa El País y El Diario. Este informe, fechado el 4 de julio, fue emitido por la Unidad de Asuntos Internos y confirma que, durante los años 2015 y 2016, agentes policiales accedieron a bases de datos para obtener información confidencial sobre los parlamentarios de la formación morada.
Entre los investigados destacan figuras prominentes como Pablo Iglesias, cuyo nombre fue consultado en las bases policiales en 121 ocasiones, Íñigo Errejón con 34 accesos, y Joan Baldoví con 15. Sin embargo, el caso más extremo es el de Juan Antonio López de Uralde, con 693 accesos a sus datos. Otros nombres relevantes incluyen a Ione Belarra (13 accesos), Gloria Elizo (7), Carolina Bescansa (11), y el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (19). Estas consultas, en su mayoría sin un motivo legal claro, reflejan un patrón sistemático de vigilancia sobre los miembros de Podemos.
Una estrategia de vigilancia coordinada contra los diputados de Podemos
Este rastreo intensivo se enmarca en una serie de maniobras que parecen dirigidas a obtener información comprometedora sobre los dirigentes de Podemos, que en aquel momento era un partido emergente que había ganado una notable representación en el Congreso tras las elecciones de diciembre de 2015. Francisco Martínez, entonces número dos del Ministerio del Interior, aparece en conversaciones de WhatsApp con el comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño, discutiendo la búsqueda de datos perjudiciales para los diputados de Podemos.
La Unidad de Asuntos Internos, al enviar el informe al juez Pedraz, detalló el número de accesos y las identidades de los funcionarios que realizaron estas consultas, junto con las fechas y motivos expresados en cada caso. Este informe subraya que las acciones de los agentes no contaban con una autorización judicial específica, lo que podría implicar un uso indebido de recursos y un posible abuso de poder dentro de la estructura policial.
La querella inicial que desencadenó esta investigación fue presentada por Podemos, denunciando las prácticas de espionaje llevadas a cabo por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular, en lo que se conoció como “la policía patriótica”. En los mensajes interceptados durante la operación Kitchen, Francisco Martínez da instrucciones claras para obtener información sobre los diputados de la nueva formación política, evidenciando una campaña dirigida contra ellos.
La policía patriótica contra Podemos
Las revelaciones contenidas en el informe de la Unidad de Asuntos Internos han llevado al juez Santiago Pedraz a investigar a fondo el alcance y las motivaciones detrás de estas prácticas de vigilancia. Hasta el momento, se ha imputado a Francisco Martínez por su participación en estas actividades, y las investigaciones continúan para identificar a otros posibles responsables dentro del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
El documento revela que las consultas a las bases de datos se realizaron desde diversas instancias, incluyendo servicios centrales de la Policía, policías destinados en el Congreso e incluso agentes municipales. Este amplio alcance sugiere una operación coordinada y deliberada para obtener información sobre los diputados de Podemos.
Las implicaciones son significativas tanto en el ámbito jurídico como en el político. Jurídicamente, los agentes, políticos y funcionarios se podrían enfrentar cargos por violación de la privacidad, abuso de poder y uso indebido de recursos estatales. Políticamente, estas revelaciones corroboran aún más la existencia de la «policía patriótica» utilizada para espiar y desprestigiar a los adversarios políticos del Partido Popular, lo que deja en entredicho la neutralidad del Estado cuando gobierna el PP.
El juez Pedraz continúa recopilando pruebas y testimonios para determinar la extensión completa de estas prácticas y los actores involucrados.
Director de Al Descubierto. Estudiante de Ciencias Políticas y máster en Política Mediática. Apasionado del estudio y análisis del hecho político, con especial interés en el fenómeno de la extrema derecha, sobre la que llevo formándome desde 2012. Firme defensor de que en política no todo es opinable y los datos, fuentes y teorías de la ciencia social y política deben acompañar cualquier análisis.
