El consejo de Ministros aprueba el «plan antibulos» para luchar contra la desinformación

El Gobierno de España ha decidido dar un paso adelante en la lucha contra la desinformación y los bulos con la aprobación de un plan específico, que ha sido bautizado como el “Plan de Acción por la Democracia”, más conocido como “plan antibulos”. La medida fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez en julio tras su proceso de reflexión y fue confirmada ayer lunes antes parlamentarios socialistas. Este martes, la medida ha sido aprobada en el Consejo de Ministros como un esfuerzo para garantizar el acceso de la ciudadanía a la información veraz. Este plan pretende combatir la proliferación de noticias falsas que, según el mandatario, «asedian la democracia» y minan la confianza en las instituciones públicas.

El objetivo principal del plan es dotar de mayor transparencia y pluralidad al ecosistema informativo del país. Las medidas incluidas buscan fortalecer el papel del Senado y del Congreso en la rendición de cuentas, garantizando que los ciudadanos reciban una información contrastada y fiel a la realidad. Sánchez ha destacado que esta acción no solo responde a un compromiso del Gobierno, sino que también se alinea con las directrices del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, organismos que ya han aprobado iniciativas similares para hacer frente a la desinformación en sus respectivos países.

Sánchez ha subrayado la importancia de que este plan cuente con un apoyo transversal en las Cortes Generales. En su discurso, instó a la oposición, especialmente al Partido Popular (PP), a respaldar estas medidas. Sánchez mencionó que “no se entendería que medidas similares se aprueben en Estrasburgo y luego se rechacen en España”. A pesar de estas llamadas al consenso, el Partido Popular ha manifestado su negativa, lo que sugiere una guerra abierta a tenor de este “plan antibulos”.

Reformas clave en los medios de comunicación y transparencia institucional

Uno de los aspectos más destacados del plan es su enfoque en la transparencia de los medios de comunicación. El gobierno de Sánchez propone introducir normas más estrictas en torno a la financiación y la propiedad de los medios, siguiendo el marco del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Según el presidente, se busca que la ciudadanía tenga claro quién controla los medios y cómo se financian, en un esfuerzo por garantizar la independencia y credibilidad de las informaciones que publican.

Otro punto esencial del plan es la regulación de la publicidad institucional. El Gobierno pretende reordenar la asignación de estos fondos, garantizando que se distribuyan de manera más equitativa entre los medios, independientemente de su línea editorial. Además, se proponen medidas que refuercen los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos cuando se vean afectados por informaciones inexactas o sesgadas. En este contexto, Sánchez también mencionó la importancia de actualizar la Ley de Publicidad Institucional para que responda a los nuevos desafíos del siglo XXI, caracterizados por la rápida difusión de bulos en redes sociales y otros canales digitales.

Este plan no solo se centra en los medios de comunicación, sino que también incluye reformas para mejorar la transparencia en la gestión pública. Entre las propuestas, se incluye una mayor apertura de datos sobre la contratación pública y la publicación de las decisiones que afecten a la vida económica y política del país. Todo ello con el objetivo de que los ciudadanos puedan ejercer un control más efectivo sobre sus gobernantes y se incremente la confianza en las instituciones.

Un camino lleno de obstáculos para la aprobación del «plan antibulos»

A pesar de que el “plan antibulos” ha sido presentado como una herramienta indispensable para reforzar las instituciones democráticas y combatir la desinformación, no ha estado exento de críticas. El Partido Popular ha mostrado su desconfianza ante lo que consideran un intento del Gobierno de «controlar a los medios». Desde la oposición, acusan al Ejecutivo de aprovechar el plan para imponer restricciones que afecten a la libertad de prensa y censurar a aquellos que critican su gestión. El PP ha unido esta ley al caso de la investigación judicial relacionada con la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

El Gobierno, por su parte, ha rechazado estas acusaciones y ha insistido en que el plan no busca limitar la libertad de expresión, sino todo lo contrario: proteger el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y contrastada. El problema son los apoyos para su aprobación. El futuro del Plan de Acción por la Democracia dependerá en gran medida de las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios. Aunque el PSOE ha recogido propuestas de otros grupos políticos, como Sumar y ERC, todavía quedan puntos de desacuerdo que deberán resolverse para asegurar una aprobación sin sobresaltos. Los votos del PNV o Junts será esenciales, por lo que se prevén unas negociaciones complejas en el que promete ser uno de los temas más candentes del nuevo curso político en España.