La Audiencia Nacional investiga la posible financiación ilegal de Alvise Pérez

La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación sobre presunta financiación ilegal de Alvise Pérez, tras la denuncia presentada por el empresario Álvaro Romillo, quien asegura haberle entregado 100.000 euros en efectivo para la financiar su campaña al Parlamento Europeo. La denuncia, admitida a trámite por el juez José Luis Calama, ha desencadenado la apertura de una pieza separada que permitirá evaluar las supuestas irregularidades en la financiación del político. Romillo, además, es fundador del club de inversiones Madeira Invest, un negocio actualmente bajo sospecha de operar como una estafa piramidal, y que está siendo investigado en paralelo por la Audiencia Nacional.

El magistrado ha citado a Pérez a comparecer de manera voluntaria el próximo 20 de noviembre, donde se le otorgará la oportunidad de presentar pruebas, sugerir diligencias de investigación y, en general, aportar información que pueda ser relevante para el esclarecimiento del caso. De acuerdo con fuentes judiciales, la denuncia está respaldada por documentación que parece añadir solidez a las acusaciones y justificar su investigación a fondo. Entre la evidencia, se incluyen mensajes de texto en los que el empresario notifica a Pérez la disponibilidad del dinero, a lo cual el eurodiputado respondió agradecido y afirmando la urgencia de ese apoyo financiero.

La aceptación de la denuncia no supone una imputación formal contra el eurodiputado, dada su condición de aforado, pero le abre las puertas para personarse y tomar parte activa en la defensa de su posición en el caso. Esta participación incluye la posibilidad de adjuntar documentos y ofrecer otras pruebas que respalden su versión de los hechos. La defensa del eurodiputado ha señalado que esperan que la denuncia pueda esclarecerse y sostienen que la contribución de Romillo fue completamente legal.

La colaboración entre el empresario y Pérez

El empresario Álvaro Romillo ha argumentado en su denuncia que Alvise Pérez, además de recibir fondos para su campaña, habría participado en la promoción de Madeira Invest, una plataforma de inversiones que, según las investigaciones judiciales, podría haber operado bajo un esquema de estafa piramidal. Este tipo de operaciones suelen consistir en captar inversionistas sin ofrecer rendimientos sostenibles a largo plazo, prometiendo en cambio grandes retornos. Romillo afirmó que su relación con Pérez se extendió más allá de la entrega del dinero, asegurando que el eurodiputado usó su influencia para publicitar el club de inversiones en redes sociales y en eventos privados, estableciendo una red de contactos que incluía a varias figuras públicas.

El juez Calama indica en el auto que la colaboración de Pérez con Madeira Invest podría configurar una cooperación necesaria en el delito de estafa, dada la visibilidad que Pérez supuestamente brindó a la plataforma. Romillo, en sus declaraciones, sostiene que existían acuerdos entre ambos para asegurar la promoción de Madeira Invest y facilitar la recaudación de fondos sin el control directo de las autoridades. Los mensajes de texto presentados como prueba muestran que, en fechas cercanas a las elecciones, Romillo avisó a Pérez sobre la disponibilidad del dinero en efectivo, algo que el eurodiputado agradeció en sus respuestas.

Estos intercambios evidencian la relación continua entre Romillo y Pérez en una serie de encuentros personales y comunicaciones en los que discutían temas de estrategia promocional para Madeira Invest. Para los fiscales, estos hechos podrían configurarse como una alianza de intereses donde tanto el club de inversiones como la campaña de Pérez se beneficiaban de la colaboración. Romillo incluyó, además, capturas de pantalla y pruebas periciales que, según él, certifican la autenticidad de las comunicaciones con el eurodiputado.

La presunta financiación ilegal de Alvise y el recorrido judicial

Dado que Pérez es eurodiputado y aforado, la Audiencia Nacional deberá remitir el caso al Tribunal Supremo si se encuentran indicios de delito en el curso de la investigación. La Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha revisado el expediente y decidió trasladarlo a la Audiencia Nacional, donde el juez Calama lidera actualmente el proceso principal contra Madeira Invest, en el que se enmarca la denuncia contra Pérez. La decisión de unificar ambos casos permitiría que el análisis sea más exhaustivo, cubriendo tanto los posibles delitos financieros como los indicios de financiación ilegal de Alvise.

Para Pérez, este proceso representa un torpedo a la línea de flotación de su posición en el Parlamento Europeo, ya que, de confirmarse las acusaciones, enfrentaría no solo problemas legales sino también repercusiones políticas que podrían acabar con su recién inaugurada carrera política. En caso de elevarse el caso al Tribunal Supremo, Pérez afrontaría una investigación altamente mediática que podría llevar a un proceso de imputación.

La defensa de Pérez, por su parte, argumenta que estos fondos eran una donación legal y no constituyen un delito. Sin embargo, el contenido de los mensajes, que incluyen agradecimientos por el dinero y mención de proyectos en común, podría complicar su defensa si se considera que existía un acuerdo para beneficiar a ambas partes. La fiscalía ha señalado que esta investigación tiene relevancia penal y se orienta a esclarecer si el dinero y la promoción de Madeira Invest fueron instrumentos para objetivos personales o políticos ilegales.