La Generalitat y los Mossos, presuntos autores del espionaje contra el independentismo catalán de izquierdas
La investigación sobre la trama de espionaje a la izquierda independentista desata una batalla política en el seno del independentismo catalán. La CUP exige a los Mossos d’Esquadra que aclaren estas acciones, mientras que Alerta Solidària, colectivo cuyo objetivo es hacer frente a la represión contra entidades independentistas catalanas, ha presentado una querella judicial por suplantación de identidad y revelación de secretos. En sus declaraciones en rueda de prensa, esta asociación afirma que la responsabilidad del espionaje apunta hacia la Generalitat de Catalunya y denuncian sus características como “operación sin lugar a dudas gubernamental con una finalidad de engordar las bases de datos policiales de carácter ideológico y político por parte de, como mínimo, el Gobierno de la Generalitat y, por tanto, de una operación de persecución política”.
Entre los movimientos que habrían sido víctimas del espionaje desde enero de 2020 se encuentran los grupos juveniles Arran, Endavant y La Forja, así como el movimiento social Sindicat de Llogateres, los sindicatos CGT y CNT y la agrupación política con representación parlamentaria a nivel nacional la CUP. De igual modo, se prevé que pueda haber más colectivos afectados a los que, en caso de ser así, Alerta Solidària ya ha ofrecido amparo jurídico.
Los datos obtenidos hasta el momento parecen indicar que el espionaje provendría del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, en colaboración con el cuartel general de los Mossos d’Esquadra, Complex Egara y otras dos direcciones IP rastreadas que se situarían en Madrid y Vic. Las asociaciones perjudicadas no se han demorado a la hora de demandar explicaciones a la Generalitat de Catalunya y una depuración de responsabilidades en los Mossos d’Esquadra.
Concretamente, la CUP afirma que desde enero de 2020 ha tenido constancia de “la recepción de correos electrónicos falseados por parte de autores desconocidos con una clara intencionalidad de acceder a informaciones internas de los diversos colectivos” y que el rastreo de las direcciones IP que en ocasiones suplantaban a algunos de sus propios militantes para enviar mensajes a otros colectivos de ideología afín constata su procedencia de las organizaciones y emplazamientos anteriormente descritos. Según este partido político “las cloacas de la Generalitat han quedado al descubierto” y afirman no estar dispuestos a permitir «que estas prácticas queden impunes”.
El polémico reportaje sobre el espionaje
La trama se habría llevado a cabo presuntamente a partir de más de 60 correos electrónicos falsos que se habrían enviado para “captar información desde al menos once direcciones suplantadas, siguiendo siempre un mismo patrón: remitente clonado o control no autorizado de dirección electrónica con petición de información de organigramas, documentos internos, calendarios, campañas o próximas asambleas”, según la información del reportaje realizado por el periódico en línea La Directa.
Dicha publicación realiza un detallado análisis del procedimiento que se habría llevado a cabo para perpetrar la vigilancia, según el cual las organizaciones afectadas recibían correos electrónicos desde identidades suplantadas, o clonadas, para recabar información interna que iba desde actas de asambleas hasta organigramas y estatutos, bajo múltiples justificaciones como, por ejemplo, la solicitud de información para organizar una charla.
Periodistas del medio digital que destapa el modus operandi de la trama afirman que “en la historia reciente de los Mossos d’Esquadra nunca se habían podido demostrar praxis comprometedoras de suplantación de identidad por parte de organismos de información del cuerpo policial”. De hecho, recuerdan que “la anterior actuación abusiva de recogida de datos se remonta al escándalo del desaparecido Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, desde donde se monitorizó la actividad de activistas sociales y periodistas a las redes sociales, para después organizar bases de datos e informes”.
Aquel caso supuso la apertura de una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya y conllevó la dimisión del entonces conseller de Interior. Ahora, la trama de espionaje recién destapada activa las alertas sobre técnicas de vigilancia cualitativamente diferentes, dado que las líneas de actuación pasan por la suplantación de identidades y el acceso no autorizado a correos electrónicos desde al menos dos organizaciones.
Ante estas indagaciones, el CTTI matiza que “las conexiones desde cualquier ordenador, ya sea una escuela, una delegación del Govern o cualquier otra dependencia aparecen siempre con el nombre del CTTI», pero que ello no implica la existencia de una trama de espionaje, ni prueba la suplantación de identidades o accesos no autorizados.
Por su parte, Los Mossos niegan las informaciones rotundamente y defienden que “la Policía de la Generalitat niega las acusaciones de suplantación de identidad digital”, alegando que cuando actúan como policía judicial es bajo el control de los jueces. Asimismo, especifican que “en el ejercicio de estas funciones, los Mossos d’Esquadra no han llevado a cabo ninguna acción como la que se describe en el artículo, ni similar”.
