Dimite el Gobierno holandés, presidido por Mark Rutte, tras la discriminación racial hacia 26.000 personas

El Ejecutivo holandés, presidido por Mark Rutte, presenta su dimisión al completo tras el escándalo de discriminación racial por parte de la Agencia Tributaria cuyas consecuencias afectan al menos a 26.000 personas en el país.

El Gobierno de Mark Rutte en Holanda presenta su dimisión. El gabinete al completo ha decidido renunciar este viernes, ante la irresponsabilidad que supondría continuar en el cargo tras el escándalo sobre las actuaciones arbitrarias con tintes xenófobos de la Agencia Tributaria que comenzaron en 2014. Según las cifras oficiales, a día de hoy al menos 26.000 personas sufren las consecuencias de esta discriminación racial amparada bajo trámites administrativos. Decenas de miles de familias, principalmente turcas y marroquíes, fueron acusadas de fraude sin ninguna prueba y perdieron la asignación que la ley contemplaba para financiar el cuidado de sus hijos.

Pese a proceder los hechos de la pasada legislatura, la comprendida entre los años 2012 y 2017, el Gobierno de Rutte ha visto peligrar el cuarto mandato hasta ahora posible del Primer Ministro, debido al escándalo destapado a mediados de diciembre de 2020. Paradójicamente, la coyuntura actual podría beneficiar a la formación ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de cara a las elecciones generales de marzo, cuya esperanza de voto lo situaría en segunda posición.

Según el informe de una comisión parlamentaria titulado “Injusticia sin precedentes”, Hacienda vulneró el amparo legal de los hogares beneficiarios de ayudas. Esto provocó que 20.000 familias fueran requeridas por Hacienda por presunto fraude. El escándalo ha desvelado que estas acusaciones se realizaron sin pruebas y, además, se obligó a devolver las cantidades que estos hogares habían recibido como subsidio del Estado. Tratados como delincuentes por defectos de forma en la cumplimentación de los requisitos administrativos y perseguidos judicialmente, en diversos casos esto supuso la bancarrota de las familias o la pérdida de sus domicilios, al tener que pagar en pocas semanas cifras que ascendían hasta los 100.000 euros.

Bajas en el Gobierno de Rutte

El escándalo ya se ha denominado como caso de “guerra contra el pobre”. En su momento el Defensor del Pueblo ya denunció que la actuación de la Hacienda neerlandesa atentaba contra los derechos de la infancia, al igual que la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Niño publicaron informes críticos con la administración ante el rechazo de las autoridades fiscales a dar explicaciones. Entonces, en 2018, tan solo dimitió el secretario de Estado de Hacienda, Menno Snel, tras las acusaciones de discriminación racial.

Ahora, un grupo de familias, víctimas de los procedimientos fiscales, ha impulsado una denuncia colectiva ante el Tribunal Supremo contra cinco responsables políticos del Ejecutivo. Por su parte, el informe de la comisión parlamentaria señala como principales responsables al actual primer ministro Mark Rutte, del Partido Popular por la Libertad y la Democracia; a los ex miembros del Gobierno de la anterior administración Lodewijk Asscher, líder del Partido Laborista de los Países Bajos, y Eric Wiebes, entonces ministro de Finanzas y ahora ministro de Asuntos Económicos.

Mientras que Asscher dimitió previamente debido al cargo de ministro de Asuntos Sociales que ocupaba entonces y a su responsabilidad por la Ley del Cuidado Infantil que regulaba el reparto de las ayudas, el Ejecutivo de Rutte al completo, con sus tres socios de coalición, ha esperado a la celebración del Consejo de Gobierno para tomar una decisión. Por el momento, Asscher ha declarado que “Sí, fui ministro de Asuntos Sociales durante la anterior gran crisis que enfrentó nuestro país. No, no sabía que la Autoridad Tributaria inició una caza injusta de miles de familias”.

Si bien la intención inicial del gabinete de Mark Rutte era proseguir con el mandato para luchar contra la pandemia de Covid-19, la dimisión en bloque pretendería evitar una moción de confianza y depurar responsabilidades, en previsión de que los socios en el Gobierno de coalición puedan verse arrastrados por el impacto del caso durante las próximas semanas.

Si algo parece haber estado claro entre sus respectivos líderes es que las dimensiones del escándalo no podían rebajarse sacrificando solo a algún ministro. De hecho, varios ministros expresaron antes de la reunión que la caída del Gobierno era inminente. El ministro y líder del D66 Sigrid Kaag dijo que era necesario “romper con el pasado”, mientras la ministra de la Unión Cristiana, Carole Schouten, aseguró que “se debe hacer justicia política” ante el sufrimiento de las víctimas.

No obstante, la renuncia del Ejecutivo es principalmente simbólica, dado que varios miembros de la oposición manifestaron que la gestión de la pandemia no debía verse afectada por la actual crisis política. Así pues, el gabinete probablemente continuará ejerciendo como si nada hubiera cambiado hasta las elecciones generales de marzo.

El escándalo de la anterior legislatura ya ha alcanzado un coste de 500 millones de euros en compensaciones. Pero, a pesar de ello, el mapa electoral previsto para las elecciones generales de marzo no ha sufrido grandes virajes por el momento. El Partido Popular por la Libertad y la Democracia, que fue especialmente beligerante en las discusiones sobre los fondos de apoyo europeos para combatir el coronavirus, aumentaría sus apoyos aunque no llegaría a lograr una mayoría absoluta.

La abogada española que denunció el caso

En 2014, cuando las autoridades fiscales empezaron a comunicar la retirada de ayudas a los padres para pagar la guardería de sus hijos, con las consiguientes acusaciones de fraude fiscal, la letrada Eva González Pérez, de origen español, destapó el caso antes de que estallara públicamente en septiembre de 2018 en la prensa nacional.

Su marido dirigía una agencia de niñeras en Eindhoven que sufrió las consecuencias directas de la retirada de las subvenciones. Según ha explicado recientemente a la Agencia EFE, “todas las familias tienen orígenes migratorios. Esto es un problema moral por muchas cuestiones. Si alguien del Estado te manda una carta diciendo que no tienes derecho a una cosa, te tienen que explicar por qué, y si tú puedes demostrar que sí tienes derecho, no te pueden quitar esa ayuda. Pero ellos decidieron bloquear todas las subvenciones, dejando tiradas a las familias, incluso durante la apelación”.

Así pues, González decidió ayudar al primer grupo de padres que acudió a ella en situaciones desesperadas. Según ha contado la abogada, aunque estas familias no dejaban de enviar los documentos que respaldaban sus gastos y justificaban la necesidad que tenían de esa subvención, las autoridades fiscales mantuvieron bloqueadas las asignaciones y, en los mejores casos, dejaron a las familias en espera durante años, mientras que en los peores solicitaron a los hogares que devolvieran lo recibido en plazos de tiempo imposibles de cumplir.

Tanto investigadores como periodistas y diputados también han denunciado el marcado “sesgo institucional”, puesto que la propia Agencia Tributaria intentó poner trabas a la búsqueda de información.