Fujimorismo, el oscuro pasado de Perú

Las pasadas elecciones en Perú fueron de las más controvertidas y reñidas que se recuerdan. Tras una dura campaña y bajo acusaciones poco fundadas de fraude, el candidato izquierdista de Perú Libre, Pedro Castillo, ganó por muy estrecho margen a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, organización considerada de extrema derecha y seguidora del fujimorismo, corriente política afín a Alberto Fujimori.

Sin embargo, no es la primera que vez que Keiko Fujimori está a punto de convertirse en la presidenta de Perú. En 2016, se quedó a 0.24 puntos de su principal oponente, el moderado Pedro Pablo Kuczynski, y en 2011 un 2,88% de los votos le separaron de su victoria con respecto al izquierdista Ollanta Humala.

Antes de eso, su padre, Alberto Fujimori, gobernaría Perú entre 1990 y 2001 mediante su partido, primero Cambio 90 y después Perú 2000, a través de distintas coaliciones. Acabaría en prisión acusado de diversos crímenes, como violación de derechos humanos, corrupción, usurpación de funciones y otros, tras un gobierno calificado de dictadura a todos los efectos por la mayoría de expertos donde la corrupción, la represión y la manipulación de políticos y medios de comunicación fue la tónica habitual.

A pesar de todo, la sombra del fujimorismo ha estado acechando siempre a la política en Perú, generando numerosos seguidores y detractores, y sabiendo mantenerse a flote elección tras elección desde que Keiko Fujimori tomó el legado de su padre, manteniendo cierta polarización social.

Pero, ¿de dónde viene todo esto?¿En qué consisten las ideas del fujimorismo?

Antecedentes históricos

La historia de Perú, como la de sus vecinos, es convulsa. En 1968, el ejército dio un golpe de estado que puso al mando a Juan Francisco Velasco Alvarado con poder absoluto y que llevó a cabo una serie de reformas de carácter izquierdista y nacionalista, como una reforma agraria, mejorar los derechos laborales, nacionalizar sectores estratégicos y aprobar reformas educativas, si bien por otro lado, se hizo con el control de los medios y restringió la libertad de prensa.

Así, hoy en día el gobierno militar de Velasco, denominado a sí mismo Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, sigue siendo controvertido para historiadores y para la sociedad peruana. Aunque por ejemplo consiguió eliminar la servidumbre de la población indígena y poner en valor su cultura y su lengua, las medidas económicas se gestionaron negativamente y condujeron además a un progresivo aislamiento del país, conduciendo a una severa crisis económica.

En 1975, el Comandante General del Ejército Francisco Remigio Morales Bermúdez Cerrutti, dio un golpe de estado para situarse él en el poder y hacer renunciar a todos los partidarios de Velasco con la intención de deshacer todas sus medidas, culpando a la izquierda radical de todos los malos.

Finalmente, incapaz de reconducir el país, convocó elecciones generales, que fueron ganadas por Fernando Belaúnde Terry, de Acción Popular, quien también fue presidente entre 1963 y 1968, antes del golpe.

La política peruana desde prácticamente los años 50 había estado denominada por Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), llamados apristas, inicialmente de izquierda antiimperalista pero que fue girando posteriormente a la derecha; los sucesivos partidos comunistas y socialistas más alineados con la Unión Soviética como Izquierda Unida; y el Partido Nacional Odriísta (UNO), formación de derecha y extrema derecha.

Sin embargo, Acción Popular y Belaúnde Terry cambiaron la forma de hacer política y marcaron el panorama político de Perú. Bajo el lema El Perú como Doctrina, se recorrió el país y transformó Acción Popular en un partido de masas.

La crisis de los 80

Los cinco años de Acción Popular fueron bastante agitados. El partido continuó deshaciendo las medidas de la Junta Militar, liberalizando el sector de las telecomunicaciones y facilitando la apertura del país al exterior.

Fueron cambios intensos para la sociedad peruana, cada vez más sensible a la influencia occidental. A su vez, los grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, de extrema izquierda, provocaron enfrentamientos continuos con las Fuerzas Armadas y la policía, llevando a la muerte de más de 70.000 personas, debido tanto a la represión como por los propios atentados.

También estalló un conflicto entre Ecuador y Perú que derivó en el uso de la fuerza cuando tropas ecuatorianas tomaron puntos militares peruanos en la Cordillera del Cóndor. Aunque Perú obtuvo la victoria en apenas unos meses, sus relaciones internacionales se vieron afectadas.

A todo esto se le sumaba una incipiente crisis económica derivada del excesivo gasto fiscal y de una creciente deuda pública que crecía a pasar agigantados.

Así, en las elecciones generales de 1985, Acción Popular perdió una considerable cantidad de votos, ascendiendo el APRA con Alan García a la cabeza, muy seguido de Alfonso Barrantes, de Izquierda Unida, candidatura unitaria de izquierdas que consiguió aglutinar a la mayoría de las formaciones de la época de este lado del espectro.

Aunque Alan García gozó de buena popularidad al principio y aprobó algunas medidas económicas que resultaron beneficiosas, pronto el aumento del terrorismo, la hiperinflación y el crecimiento de la deuda externa bajo la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzaron a ahogar su mandato.

De hecho, a finales de los años 80, los grupos armados de inspiración comunista habían llegado a penetrar en ciudades importantes y controlar varios territorios importantes, amenazando la estabilidad del país y del gobierno. A partir de 1987, la situación, a la que se sumaban casos de corrupción, se tornó casi incontrolable.

En esta situación, el escritor de fama internacional Mario Vargas Llosa se aupó como candidato de varias fuerzas de la derecha peruana: Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Movimiento de Bases Hayistas y Movimiento Libertad, unidos en el Frente Democrático.

Parecía que la cuestión se disputaría entre Vargas Llosa y el candidato del APRA, Luis Alva Castro. Sin embargo, no contaron con Alberto Fujimori.

Alberto Fujimori, un candidato diferente

Alberto Fujimori llegó de Japón a Perú en 1934. Se graduó como ingeniero agrónomo en 1961 siendo el primero de su promoción, en 1964 estudió física pura en Francia y después obtuvo en 1969 un máster en ciencias matemáticas en Estados Unidos.

Regresó a la Universidad Nacional Agraria de Perú para ser profesor, llegando a ser Decano en la Facultad de Ciencias, rector entre 1984 y 1989 y Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores en 1987.

Aunque era desconocido en la alta política, llegó al público peruano como anfitrión de Concertando, un programa de televisión de debates en el que estuvo entre 1987 y 1989 en la Televisión Nacional de Perú en una época en el que las telecomunicaciones abrían toda una nueva ventana de posibilidades en el panorama político.

El escritor Fernando Vivas recogió en su libro En Vivo y en Directo cómo fue el paso de Fujimori a la televisión, cómo supo transmitir una imagen de moderación, de concierto y de diplomacia frente a una sociedad peruana enfrascada en una crisis económica, social y política como nunca antes.

Primera victoria electoral del fujimorismo

Así, en 1989, Fujimori crea el partido Cambio 90. Con su lema “Honradez, Tecnología, Trabajo”, supo presentarse como una nueva opción alejada de la política tradicional, de la cual la sociedad peruana se había desencantado.

Las alianzas de Fujimori en esta aventura fueron, sobre todo, tres pilares fundamentales: en primer lugar, la Asociación Peruana de Empresas Medias y Pequeñas (APEMIPE) junto al sector informal de trabajadores que se asociaron a APEMIPE; en segundo lugar, varios grupos de creyentes evangélicos; y, en tercer lugar, diferentes perfiles asociados a su universidad, denominados “molineros”.

Si bien aparentemente eran sectores minoritarios, estaban más en contacto con la gente de a pie, alejados de las élites políticas y económicas tradicionales.

Por otro lado, la candidatura unitaria de izquierdas se fragmentó, presentando varias por su cuenta e imposibilitando el poder ofrecer una oposición firme.

Así, contra todo pronóstico, Alberto Fujimori obtuvo un 29,09% en la primera vuelta, quedando segundo por detrás de Vargas Llosa, quien obtuvo el 32,61%. Fujimori había superado al APRA por casi 6 puntos, lo que le sirvió para poder enfrentarse en una segunda vuelta contra el escritor.

Antes de la segunda vuelta, se celebró el primer debate presidencial televisado en toda la historia de Perú, un formato donde Fujimori se desenvolvía perfectamente bien.

En este debate, en un alarde de estrategia, supo apelar al típico discurso izquierdista en el plano económico, centrándose en los trabajadores, en resolver la crisis económica y en dar empleo. Así, consiguió que los sectores progresistas apoyaran su candidatura en contra del frente de derechas.

En esta segunda vuelta, Fujimori consiguió el 62,32% de los votos en contra del 37,68% de Vargas Llosa. Además, obtuvo un 56,28% de los votos emitidos, convirtiéndose en el primer presidente electo del Perú desde la restauración de la democracia en obtener más de la mitad del voto total, imponiéndose en todos los departamentos menos en el de Loreto.

El 28 de julio, día de su cumpleaños, fue investido como presidente Alberto Fujimori.

Primer mandato: fujishok y enfrentamiento con el Congreso

La victoria de Fujimori fue inesperada y deseada a partes iguales.

Los primeros movimientos de Fujimori se dirigieron a afrontar la grave crisis económica del país. Para ello, viajó a Nueva York y a Tokio buscando asesores e inversores económicos y vendiéndose a las directrices del FMI. Esto se tradujo en el nombramiento de Juan Carlos Hurtado Miller como Presidente del Consejo de Ministros y como Ministro de Economía.

Estos asesores fueron llamados por la prensa el grupo de los siete samuráis, en referencia a la famosa película de Akira Kurosawa y al hecho de que lo acompañaban en todo momento.

Hurtado Miller fue encargado de llevar el plan de reformas económicas exigidas desde instancias extranjeras, lo que fue señalado duramente por la oposición por considerar que era un ataque a la soberanía de Perú.

Así, Fujimori llevó a cabo el llamado fujishock, un paquete de medidas basado en el control de los precios, la privatización de empresas (que acabaron en manos extranjeras en muchos casos), la eliminación de barreras a la inversión, en recortes presupuestarios y nuevos impuestos para aumentar los ingresos.

Estas medidas permitieron mayor inversión extranjera y un aumento del flujo de ingresos que permitió el crecimiento global de la economía de Perú en un 13%, pero también condujo a un aumento de la desigualdad, la devaluación de los salarios, el aumento del desempleo, la creación de una red clientelar basada en una oligarquía y la reducción de la actividad sindical.

Además, no consiguió controlar la inflación, provocando una crisis de gobierno que llevó a la dimisión en febrero de 1991 de Hurtado Miller, poniendo al frente al Ministro de Trabajo, Carlos Torres y Torres Lara. También cambió a otros cuatro de sus ministros.

Sin embargo, amén de su programa económico al servicio del neoliberalismo, los dos primeros años de Fujimori se caracterizaron por su continuo enfrentamiento con la Cámara de los Diputados.

Y es que Cambio 90, su partido, tenía únicamente 32 diputados de 180, por lo que implementar sus medidas requería del apoyo de otros partidos. Usualmente consiguió el apoyo del Frente Democrático y sus 62 escaños, pero esto no siempre era posible.

En una ocasión, en la aplicación de sus medidas económicas, trató de utilizar los “decretos supremos”, decisiones tomadas desde el gobierno, para modificar leyes aprobadas en el parlamento, lo que provocó serios conflictos con la oposición que se resolvieron gracias al apoyo del Frente Democrático.

En otro momento, también intentó aprobar una serie de indultos por su cuenta sin contar con la Cámara de los Diputados, que era la facultada para esto. Lo mismo sucedió con un suplemento de crédito para el presupuesto estatal.

En diciembre de 1990, surgió otro conflicto cuando Fujimori promulgó parcialmente la Ley de Presupuesto para el año 1991 sin publicar los artículos materia de transparencia. Ante este hecho, el Congreso se autoconvocó a legislatura extraordinaria en enero, declaró nula la ley publicada por el gobierno y publicó el presupuesto completo.

Luego de ello, el presidente Fujimori suspendió, al amparo del artículo 211, tres de los artículos de la ley aprobada por el Congreso. De esta manera, logró ampliar los poderes del Ejecutivo.

Debido al pobre acuerdo de la oposición de la Cámara, Fujimori fue consiguiendo el apoyo suficiente para conseguir que ésta le diera poderes extraordinarios que luego utilizaba para tomar decisiones por su cuenta.

Así, en virtud de la Ley 25327, Alberto Fujimori concentró en su gabinete la capacidad de tomar decisiones legislativas sobre las áreas de generación de empleo, inversión privada y pacificación durante 150 días, aprovechando para realizar una gran variedad de cambios.

Estas decisiones se usaron para otorgar amplios poderes a Fujimori para la lucha contra el tráfico de drogas y contra los grupos armados. Sin embargo, en la práctica, condujeron al abuso de poder y a la represión, cayendo en numerosas violaciones de los derechos humanos.

Sin embargo, la oposición sí se unió para evitar delegar en el ejecutivo decisiones legislativas sobre cuestiones tributarias, lo que ahondó en el conflicto entre parlamento y gobierno. En un discurso de Alberto Fujimori de diciembre de 1991, publicado en el diario El Peruano, cargó duramente contra los parlamentarios, criticando sus salarios, sus privilegios y su falta de trabajo.

Dos días después del discurso, el Congreso aprobó una moción de censura contra Enrique Roberto Rössl Link, ministro de Agricultura, por 114 votos a favor y 38 en contra. Se esperaba otra para el ministro de Economía, pero finalmente no se celebró por la sucesión de escándalos sobre el expresidente Alan García, que desviaron la atención.

Tres días después, en un discurso frente a la Polonía Nacional, Fujimori se preguntó públicamente si no habría un lobby de los lavadores narcodólares en el Congreso, lo que llevó a que se presentara una moción de censura contra él, que no prosperó por temor a un alzamiento militar.

Fujimori protagonizaría dos momentos tensos más con el Congreso: por un lado, respecto a la aprobación de los presupuestos de 1992, aprobándolo de nuevo incompleto y corrigiéndolo a escasas horas de finalizar el plazo de presentación de enmiendas; y, por otro lado, en abril cuando no consiguió que la Cámara aprobara concederle poderes legislativos que evitaran la fiscalización.

Autogolpe de estado y Gobierno de Emergencia

En aquel momento, Fujimori había conseguido culpar de todos los males al parlamento, al que acusaba de no dejarle gobernar y de no poder cumplir sus promesas electorales, erosionando la institución a cada palabra que decía.

Paralelamente, una comisión del Senado investigaba al presidente por violaciones de los derechos humanos en varias de sus decisiones aprobadas.

Así, bajo las órdenes de Fujimori, el 5 de abril de 1992, las Fuerzas Armadas tomaron el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Consejo Nacional de Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. A este autogolpe de estado se le llamó fujimorazo.

Seguidamente, en función del artículo 227 de la Constitución de Perú de 1979, disolvió el Congreso. Sin embargo, según el artículo 228, debía convocar elecciones, por lo que aprobó previamente la Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, que dejaba en suspensión estos artículos.

Debido al descrédito cultivado contra los partidos políticos y el parlamento mediante un discurso anti-establishment ya aireado durante la campaña electoral de 1990, contó con el apoyo mayoritario de la sociedad peruana en un 82%.

Entre 1992 y 1993, el periodo que duró este Gobierno de Emergencia, Fujimori tuvo el poder absoluto. Historiadores y expertos coinciden en que, durante esta época, se asentaron las bases del fujimorismo, donde se puso al frente de los servicios secretos (el SIN) a Vladimiro Montesinos, llevando a cabo tareas políticas, como dirigir las campañas electorales, espiar (interceptación telefónica) y sabotear a la oposición política, vigilar y controlar a los medios de comunicación (especialmente a la TV) para que cumplan con su propia agenda, producir leyes para que el Congreso las apruebe y elaborar fallos del Poder Judicial

Fujimori, no obstante, fue apremiado por la Organización de Estados Americanos (OEA) a dialogar con las fuerzas opositoras para retornar a la senda democrática. Es así como finalmente convocó elecciones para un Congreso Constituyente Democrático con el objetivo de redactar una nueva constitución. Sin embargo, en la práctica, consiguió dividirlos, evitando la participación del APRA en las elecciones constituyentes.

Así, el presidente creó el partido Nueva Mayoría (NM) para presentarse a estas elecciones, que finalmente fue en coalición con Cambio 90. Obtuvo el 49,50% de los votos y 44 de los 80 diputados, es decir, mayoría absoluta.

Por lo tanto, Fujimori tuvo amplios poderes para cambiar la Constitución.

Introdujo como principales novedades respecto a la anterior: la pena de muerte por delitos de terrorismo, la reelección presidencial inmediata por un solo período (punto clave que utilizó Alberto Fujimori para justificar su reelección en 1995), la extensión de facultades al Poder Ejecutivo y en especial al mismo Presidente de la República, la Unicameralidad parlamentaria con un Congreso de 120 miembros (que produjo un cambio estructural del Poder Legislativo), la Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la creación de la Defensoría del Pueblo, y el establecimiento del rol subsidiario del Estado, medidas de liberalización económica y amplias posibilidades de referéndum.

Básicamente, hubo una reducción notable de la calidad democrática del país y la inserción de una doctrina económica que, tal y como opinan varios analistas, estuvo dirigida y dictaminada desde el extranjero.

Sin embargo, para buena parte de la sociedad peruana el autogolpe fue visto como “un retorno a la democracia”.

Los peruanos la aprobaron el 31 de diciembre por 52,9% de votos a favor y 47,1 % en contra y fue promulgada el 29 de diciembre de 1993.

Segundo mandato: crisis del fujimorismo

En diciembre de 1992 sin razón aparente, Fujimori aprobó una medida que supuso el despido de un tercio del cuerpo diplomático de Perú, afectando a 117 diplomáticos, bajo el pretexto de “reorganizar” el servicio.

Esto llevó a la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros, Óscar de la Puente, y de todos los ministros, cuando se ejecutó la orden en agosto de 1993. Se nombró a Alfonso Bustamante y Bustamante, quien terminaría renunciando en febrero de 1994 tras la aprobación de la llamada Ley Cantuta, una norma legal que facultaba a la Justicia Militar en caso de disputa sobre la jurisdicción civil o militar de un caso penal.

En su lugar, fue nombrado Presidente el Ministro de Exteriores, Efraín Goldenberg Schreiber.

Además, a inicios de 1995, se inició un nuevo conflicto con Ecuador, la Guerra de Cenepa, con el foco puesto otra vez en la Cordillera del Cóndor.

Con este contexto, se convocaron de nuevo elecciones generales. Fujimori, bajo el lema El Perú no puede parar, se impuso en la primera vuelta con el 53% de los votos emitidos y el 64,43% de los votos válidos, derrotando a su principal rival, Javier Pérez de Cuéllar, candidato por Unión por el Perú, una formación con personalidades y corrientes ideológicas variadas pero que adoptó un discurso más bien izquierdista en oposición al fujimorismo.

Cambio 90, en alianza con Nueva Mayoría, obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, con 67 de los 120 escaños. Esto capacitaría a Fujimori para prácticamente hacer y deshacer a su antojo.

De nuevo, el contexto electoral favoreció a Fujimori. Por un lado, los medios privados y públicos no estaban regulados de igual manera, con lo que consiguió que hicieran una propaganda descarada hacia el gobierno.

Por otro, la guerra con Ecuador torció las encuestas de su lado, cuando en 1994 eran más favorables a Pérez de Cuellar.

Y, por último, los partidos políticos alternativos no tuvieron fuerza suficiente para oponerse al fujimorismo, que se había adentrado en todos los estamentos públicos y en buena parte de los privados, llegando divididos a las elecciones y sin un proyecto alternativo claro.

Fujimori partía con buenas condiciones de base: la economía funcionaba mejor y gozaba de amplio respaldo popular. Sin embargo, a lo largo de su mandato, su popularidad fue menguando por su mala gestión, ya que no supo aprovechar las buenas condiciones con las que empezó: los problemas de desempleo y desigualdad no se resolvieron, y además sus acciones políticas estuvieron orientadas a afianzar y conservar su poder por encima de todo.

Se dieron además dos escándalos. Por un lado, Demetrio Chávez, miembro del cártel de la droga, declaró tener relaciones directas con Fujimori y con Montesinos; por otro lado, una personalidad del ejército crítica con la gestión de Fujimori y con el uso de las Fuerzas Armadas, fue detenido de forma totalmente arbitraria, generando una mala impresión en la opinión pública.

Así, Fujimori aprovechó su mayoría absoluta parlamentaria y la fragmentación de la oposición para aprobar leyes que concentraban el poder en sus manos, lo que había sido el principal motivo de conflicto entre parlamento y ejecutivo durante la anterior legislatura.

Por ejemplo, redujo la independencia judicial al aprobar por ley el poder nombrar a dedo magistrados provisionales totalmente subordinados al poder público, marcando una injerencia progresiva en los asuntos de la justicia.

Además, Fujimori, justificando sus acciones en la seguridad, en el antiterrorismo y en la lucha contra el narcotráfico, los medios de comunicación que realizaban una oposición al gobierno o investigaban sobre corrupción o narcotráfico fueron obligados a reducir su nivel de circulación en el país.

Al mismo tiempo, Fujimori se apoyaba mucho en los medios favorables para incidir en la opinión pública de Perú. Compró medios a base de sobornos para que le fueran favorables e inició una táctica basada en tres ejes: propaganda masiva, crítica y desprestigio de opositores y un discurso basado en viejos miedos de la sociedad peruana.

Pese a todo, nuevas crisis pusieron fin a su elevada popularidad.

La primera crisis vino cuando, en junio de 1998, el Presidente del Consejo de Ministros Alberto Pandolfi dimite debido a que Alberto Fujimori dejó que los militares se entrometieran en las negociaciones de paz con Ecuador. Con él, renunció el gabinete en pleno, nombrándose a Javier Valle Riestra como nuevo Presidente del Consejo.

Valle Riestra era del APRA, con lo que se convirtió el primer y único ministro en toda la historia de Perú que pertenece a la oposición.

Sin embargo, dimitiría en agosto a pesar de ganar la cuestión de confianza de la Cámara de los Diputados, ya que sus intentos por democratizar el régimen de Fujimori cayeron en saco roto, siendo su principal lucha el poner fin a la ley que le permitiría volver a presentarse a las elecciones, volviendo a ser nombrado Pandolfi.

No obstante, finalmente dimitiría en enero de 1999.

La segunda crisis vino con el nuevo Presidente del Consejo, Joy Way, que no se ganó la simpatía del resto del gabinete. A principios de 1999, el entonces Ministro de Trabajo, Jorge Mufarech, dijo por televisión que en las aduanas existía una red de corrupción que facilitaba el contrabando y por lo cual las arcas públicas habían perdido unos 10.000 millones de dólares en 10 años. La polémica desatada llevó a la renuncia de todos los ministros.

Así, en este segundo mandato se fue haciendo evidente que las viejas formas de Fujimori, de conseguir apoyo popular en base a acciones rápidas y ejecutadas desde su propio mando, no eran útiles para resolver los problemas estructurales del país, como el desempleo y la pobreza.

Por el contrario, cada vez fue más criticado por sus medidas dictatoriales. Además, fue evidente casi desde el primer momento que uno de los principales problemas para Fujimori fue el conflicto legal y judicial acerca de si podía presentarse de nuevo a las elecciones, ya que sería su tercer mandato, lo cual lo prohibía la Constitución. Sin embargo, su premisa era que, dado que se había creado una nueva Constitución, el contador de alguna manera se “reiniciaba” y ese sería su segundo mandato y no el tercero.

La oposición puso el foco en esa cuestión, incluyendo Javier Valle Riestra en su periodo como cabeza de su gabinete.

Debido a este evidente conflicto con la oposición que amenazaba su popularidad, para poder mantenerse en el poder y asegurarse mayorías parlamentarias más sólidas y el apoyo de al menos parte de esta oposición, además de sus estrategias mediáticas, dio todavía más poder a Vladimiro Montesinos.

Abogado de profesión, Montesinos mantenía relaciones estrechas con las fuerzas armadas, institución de la que habría formado parte. Además, era cercano con el gobierno estadounidense, en específico con la CIA y la DEA, para quienes fungió de informante durante muchos años antes de los 90 y con quienes coordinaba el manejo de la presión internacional.

Para el 95, Montesinos había logrado distanciar del entorno presidencial a aquellos allegados al presidente que le pudieren ser incómodos, incluyendo al hermano menor del presidente Santiago Fujimori, afirmando así su posición de “mano derecha” de Fujimori, tal y como sostiene el historiador Degregori.

Montesinos, como jefe de los servicios secretos de Perú (el SIN), compró a varios congresistas para asegurar su apoyo al fujimorismo.

Así, a pesar de los esfuerzos de la oposición por evitarlo y de las presiones internacionales, finalmente Alberto Fujimori se presentó a las elecciones con la coalición electoral Perú 2000, que incluía Cambio 90, Nueva Mayoría, Siempre Unidos y Sí Cumple. Todos los recursos legales para frenar su presentación fueron desbaratados por su amplio control de la Cámara y del Tribunal Constitucional, en parte gracias a Montesinos.

A pesar de los intentos de consolidar una sola candidatura de oposición, los intereses personales de los diferentes candidatos primaron y se presentaron por separado. No conseguirían ni conectar adecuadamente con el pueblo, ni hacer una oposición unificada, firme y efectiva, tal y como describen historiadores como Morey.

Durante la campaña, todos los candidatos de la oposición fueron víctimas de agresiones por parte de la población durante sus mítines, agresiones presuntamente organizadas por adeptos al fujimorismo, como indican varios historiadores.

Además, hubo amenazas graves y campañas de desprestigio mediático, por ejemplo a través de los famosos “diarios chicha”, una serie de diarios populares que, como se supo después, eran orquestados por Montesinos con el propósito de demoler la imagen de los candidatos de la oposición.

Como añadido, los medios contrarios al régimen eran constantemente boicoteados por el gobierno. La estrategia era vincular a los candidatos con el fantasma de Alan García en la mente del electorado, presentándolos como sus marionetas, evocando el miedo a la crisis de los 80 y el vigente rechazo de la población a los partidos tradicionales.

Se llegó a reportar a miembros del ejército colocando consignas a favor de Fujimori en las bases militares y tapando cartelería de la oposición en las calles.

En esas circunstancias, el único candidato que pudo hacer frente a Fujimori fue Alejandro Toledo, de Perú Posible, que había pasado un tanto inadvertido por los poderes públicos y pudo hacerse un hueco a lo largo de la campaña.

Sin embargo, la sombra del fraude electoral ya acechaba a Fujimori. Poco antes de las elecciones, varias personas, incluidos trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones, fueron arrestados por su participación en el robo de las boletas. Fueron atrapados con las papeletas, muchas de las cuales habían sido completadas. La pluralidad de estas boletas se llenó con votos para Fujimori y sus aliados electorales.

En la primera vuelta, Alberto Fujimori obtuvo el 49,87% de los votos, mientras que Alejandro Toledo obtuvo el 40,24%. Debido a que Fujimori necesitaba el 50% de los votos para no ir a la segunda vuelta, los observadores internacionales y la oposición le presionaron para que no se basara en ese estrecho margen para no convocarla, así que lo hizo.

No obstante, Fujimori ganó con 74,33%, triplicando a su rival. El 29% de las papeletas fueron declaradas nulas o en blanco en señal de protesta por considerar que los comicios no cumplían con las garantías mínimas. De hecho, Toledo estuvo a punto de retirar su candidatura.

Por otro lado, el fujimorismo perdió la mayoría absoluta, quedándose en 52 escaños, aunque siguió siendo la fuerza más votada.

Tercer gobierno: la caída del fujimorismo

Debido a la débil implantación territorial del partido de Fujimori, al ser de reciente creación y al centrarse únicamente en cuestiones estatales, su gobierno había promovido una ley electoral que daba una mayor representación parlamentaria a los distritos centrales, mientras que su partido, Cambio 90, firmó alianzas con partidos más regionales.

Sin embargo, en la práctica, dado que uno de sus principales apoyos fue el voto regional, le costó escaños en el parlamento que, además, tuvo que compartir con más partidos políticos, los cuales tenían su propia agenda. Esto último le terminaría pasando factura.

Además, aunque el escándalo de la falsificación de firmas no afectó demasiado al voto a Fujimori, si acentuó las pugnas internas entre los partidos de la alianza que lo sostenía en el poder.

El tercer gobierno del fujimorismo, que apenas duró cuatro meses, se estrenó con el rechazo de la OEA a reconocer su nombramiento junto a la mayoría de los países del mundo, y con una manifestación masiva convocada por la oposición el 25 de julio, la llamada Marcha de los Cuatro Suyos. Sin embargo, Montesinos infiltró a agitadores dentro para justificar el uso de la represión y la violencia.

La manifestación finalizó el 29 de julio saldándose con centenares de heridos. A pesar de todo, la marcha pasó a ser el gran símbolo de la resistencia a la presidencia de Fujimori. Entre los principales participantes, ante los sindicatos bastante desmantelados por el gobierno y los partidos oficiales muy reducidos, destacaron los estudiantes de diversas universidades, institutos e incluso colegios.

Así, el desgaste fue acentuándose cada vez más, terminando con otras dos crisis fundamentales, ambas relacionadas con Montesinos.

En ese momento, Vladimiro Montesinos ostentaba mucho poder. Gracias a su red de contactos, las leyes que le favorecían y a los sobornos y extorsiones cometidas, podría decirse que buena parte del apoyo institucional a Fujimori dependía de él. Además, la represión, control y presión a los medios de comunicación venían de su mano.

Si bien las presiones de la oposición y de parte de la sociedad peruana para que Fujimori apartara a Montesinos de puestos de poder, a esas alturas ya prácticamente tenido como un paria, un verdugo y alguien peligroso, ya habían minado la confianza entre ambos, a esto se le sumaron las presiones internacionales.

Y es que Montesinos bloqueaba cualquier intento de reforma democrática del país, ya que esto implicaba que perdería poder. Además, se descubrió que había participado en la venta ilícita de armas a las FARC, con lo que perdió el favor de Estados Unidos, la CIA y la DEA, que se sumaron a las presiones de la OEA, lo que provocó una primera crisis entre Fujimori y él que desgastó seriamente al gobierno.

La segunda crisis vino con la filtración de los Vladivideos, unas grabaciones donde se destaparon diferentes corruptelas del gobierno. En una de ellas, se veía a Montesinos ofrecer 15.000 dólares a un congresista para que formara parte de la bancada del partido de Fujimori, es decir, se desvelaba que su gobierno había comprado favores políticos y que, gracias a esto, había podido continuar en el gobierno.

Este escándalo fue el tiro de gracia al gobierno de Fujimori, provocando diversas manifestaciones y protestas contra él. Ante esto, ya no cabía recuperación posible. Dos días después, Fujimori anunciaría que finalizaría su mandato anticipadamente en julio de 2001, cuando convocaría a nuevas elecciones en las que él no participaría y que desactivaría el SIN, los servicios secretos peruanos.

Sin embargo, no se pronunció respecto de Montesinos, probablemente por temor a la reacción de este. Esto último fue una torpeza política monumental, pues ahora toda la carga negativa de Montesinos se proyectaba en él como cómplice y encubridor de los actos del primero, tal y como describe el historiador Murakami.

A inicios de octubre del 2000, el pleno del Congreso aprobó una reforma constitucional en la cual se modificó el artículo 112 sobre la reelección presidencial. De la misma manera se incorporaron dos disposiciones transitorias especiales para que el presidente, los vicepresidentes y los congresistas elegidos en las elecciones generales de 2000 concluyeran su mandato el 28 de julio de 2001.

Luego, el Congreso aprobó una Resolución Legislativa para que en el Período Anual de Sesiones 2000-2001, la Primera Legislatura concluya el 15 de octubre y la segunda comience el 16 de octubre, modificando el reglamento del Congreso.

De esta manera, el 2 de noviembre de 2000 se aprobó en segunda votación las reformas constitucionales sobre la reelección y se incorporaron las disposiciones transitorias a la carta magna.

Finalmente, en septiembre del 2000, Fujimori decidió cesar a Montesinos de su cargo, lo que generó una situación caótica en el seno de las fuerzas armadas y las autoridades peruanas que pudo haber acabado en un golpe de estado.

Sin embargo, la intervención de Estados Unidos facilitó que Montesinos fuera acogido como perseguido político en Panamá, a donde partiría el 25 de ese mes, reduciendo así el riesgo de un golpe militar que retrocediera aún más la situación de la democracia en el país. Hay que tener en cuenta que Montesinos contaba con una amplia red de influencias entre las élites políticas y económicas de Perú.

De hecho, el 22 de octubre Montesinos volvería al Perú sirviéndose de su red de contactos para hacerlo. Cuando esto sucedió, se generó una situación surrealista: Fujimori personalmente salió a la calle, liderando un escuadrón de policías y vistiendo una casaca de cuero negra al estilo de rebelde americano, buscando a Montesinos. Toda una suerte de perfomance que fue captada por la prensa nacional e internacional.

Fujimori así allanó la casa de Montesinos y varias localidades más en todo el país, vulnerando sus derechos al no contar con la oportuna orden judicial de allanamiento. Para la ocasión, Fujimori habría recurrido a un hombre de confianza para que interpretara al fiscal y así asegurarse de que nada lo incriminase.

Por esta acción, Fujimori fue condenado a prisión posteriormente. Aunque nunca se encontraron evidencias que lo vinculasen a los actos de corrupción de Montesinos, es presumible que estos sí existieron pero fueron destruidas por Fujimori, según opina el historiador Gonzales Arica. Además, a pesar del despliegue mediático y dramático de Fujimori en esa supuesta persecución, a la hora de la verdad no se tomaron acciones judiciales, por lo que se presume que fue poco más que una pantomima.

Sin embargo, Montesinos aún intentaría organizar un golpe de estado pero que no llegó a realizarse en lo que se conoce como el levantamiento de Locumba. Historiadores sostienen que más bien fue una maniobra de distracción para poder huir de forma definitiva, que se materializó gracias a un yate prestado por un empresario del país. Así, se marchó a Venezuela.

Sin Montesinos, buena parte de las redes de apoyo de Fujimori se esfumaron. Perdió el favor de los congresistas que no eran de su partido y las fuerzas políticas con las que se presentó en coalición, lideradas por Vásquez, comenzaron a maniobrar en su contra.

El 19 de noviembre del año 2000, mientras se encontraba viajando para asistir a la Cumbre de APEC, desde Tokio envió por fax su renuncia a la presidencia de Perú, que se hizo pública al día siguiente.

El día 21 del mismo mes, el Congreso se reunió, no aceptó la renuncia, declaró la incapacidad moral permanente de Fujimori y la vacancia presidencial. Del mismo modo se aceptaron las renuncias de los dos vicepresidentes y se procedió con la sucesión legal, en la que asumió como presidente transitorio, Valentín Paniagua, entonces presidente del Parlamento

Así se ponía fin a una década de fujimorismo.

El fin de Alberto Fujimori

Como hijo de padres japoneses, a Alberto Fujimori le fue concedida la nacionalidad y residió en Japón, no muy dispuesto a volver a Perú.

Mientras, las autoridades peruanas iniciaron los procesos para juzgar a Fujimori y a Montesinos por sus actos. A este último se le congelaron sus cuentas en el extranjero por valor de más de 220 millones de dólares.

Llegó a ser acusado de más de 63 delitos, además de tener varios juicios pendientes. En septiembre de 2006 fue condenado a una pena de 20 años de prisión por su participación directa en un acuerdo ilegal para proporcionar 10.000 armas de asalto a las FARC.

El 1 de octubre de 2010, fue sentenciado a 25 años de pena efectiva junto a otros integrantes militares del Grupo Colina, por la matanza de Barrios Altos y la muerte de Pedro Yauri.

En cuanto a Fujimori, el gobierno de transición de Paniagua, además de preparar al país para unas nuevas elecciones, abrió la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) en cuyo informe en 2003 concluyó que las conflictos armados en Perú se habían saldado con más de 70.000 muertes, de las cuales 20.000 provocadas por las autoridades militares y policiales.

Se concluyó que Alberto Fujimori había participado en numerosas violaciones de los derechos humanos.

“Es esta etapa las violaciones de derechos humanos fueron menos numerosas pero más deliberadas o planificadas que en la etapa anterior. Aparecieron, además, escuadrones de la muerte cuya actividad llevó a que el Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones forzadas de personas.” – Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003.

El expresidente Alberto Fujimori fue igualmente sentenciado como “autor mediato” por el caso de la muerte de Pedro Yauri y por la masacre de La Cantuta.

Hasta 2005, Perú solicitó en numerosas ocasiones la extraditación de Fujimori, sin obtener respuesta alguna. Ese año, el exmandatario viajó a Chile, donde fue detenido por una orden de extraditación de Perú. Tras medio año, fue liberado pero con la prohibición de abandonar Chile.

Mientras esto se resolvía, Fujimori se presentó a las elecciones parlamentarias de Japón en 2007 por el partido Nuevo Partido del Pueblo, pues si era nombrado diputado podría gozar de inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el apoyo electoral a este partido fue un fracaso.

Tras meses de pleitos y apelaciones por ambas partes, pues Fujimori siempre argumentó que todo se trataba de una persecución política, el 21 de septiembre de 2007 la Corte Suprema de Chile aceptó la extraditación de Fujimori.

El 11 de diciembre de 2007 fue condenado a ocho años de prisión por usurpación de funciones y allanamiento por el espectáculo de irrumpir en la casa de Montesinos sin orden judicial.

El 7 de abril de 2009 fue condenado a 25 años de prisión como «autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de los estudiantes de La Cantuta y el caso Barrios Altos»

El 20 de julio de 2009, la Corte Suprema del Perú condenó a Fujimori a otros 7 años y medio de cárcel al ser encontrado culpable de «peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado».

El 30 de septiembre de 2009, fue sentenciado a seis años de prisión por los casos de interceptación telefónica, pago a congresistas y compra de la línea editorial de medios de comunicación durante su régimen. Fue encontrado culpable de los delitos contra la administración pública, peculado doloso en agravio del Estado, corrupción de funcionarios, cohecho activo genérico en agravio del Estado y contra la libertad, violación del secreto de las comunicaciones, interferencia o escucha telefónica. Así mismo, fue inhabilitado para ejercer cargo público alguno por dos años.

El 24 de diciembre de 2017, el entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski anunció la aceptación del pedido de indulto humanitario para la libertad de Fujimori, lo que provocó gran controversia en el país y manifestaciones. Sin embargo, el 3 de octubre de 2018 se determina que debe regresar a prisión para cumplir la totalidad de su pena. Durante un tiempo, estuvo ingresado en una clínica por complicaciones médicas hasta que se recuperó.

"Mi profunda gratitud por el paso complejo que ha tomado el presidente me compromete a apoyar decididamente su llamado a la reconciliación" pic.twitter.com/oxLehhb45m

— Alberto Fujimori Fujimori (@albertofujimori) December 26, 2017

A sus 82 años, Alberto Fujimori continúa en prisión en Barbadillo.

El legado del fujimorismo

Las ideas del fujimorismo sentaron un precedente en lo que estaría por venir con la nueva derecha radical, siendo un antecedente del concepto de democracia iliberal, también denominado democracia parcial, regímenes híbridos o autoritarismo competitivo, donde el país, a pesar de conservar los procesos electorales, las garantías democráticas y los derechos y libertades básicas están seriamente comprometidos.

Se asentó sobre un fuerte conservadurismo, apoyándose en el catolicismo y en el evangelismo y mostrándose radicalmente contrario a la igualdad de género, al aborto o a los derechos de las personas LGTB.

En el plano económico, adoptó las directrices neoliberales, lo que se reflejó en la gran cantidad de privatizaciones, recortes presupuestarios, reducción de servicios públicos y beneficios a grandes empresas, lo que en la práctica supuso permitir injerencias externas y reducir la soberanía de Perú.

Durante el gobierno de Fujimori, aunque es cierto que adoptó ciertas medidas de inclusión social que podrían tildarse de izquierdas o progresistas, su oposición a los partidos de este lado del espectro fue brutal y explícita.

De la mano de Montesinos, hizo todo lo posible por vulnerar el Estado de Derecho, concentrar todo el poder en su persona, manipular los medios de comunicación y al resto de partidos, reducir la independencia judicial y valerse de métodos autoritarios y represivos para consolidarse en el poder, amén de que entre 1992 y 1993 tuvo el poder absoluto. Es por ello que varios historiadores califican su periodo de gobierno como de dictadura.

Debido a su inhabilitación y posterior ingreso en prisión, no ha podido volver a presentarse como candidato electoral. No obstante, en 2006, los partidos afines al fujimorismo como Cambio 90 o Nueva Mayoría se agruparon en Alianza por el Futuro, con Martha Chávez como candidata presidencial y Keiko Fujimori, su hija, como cabeza en la lista al Congreso. Obtendría el 7,43% de los votos, pasando de los 3 escaños conseguidos en 2001 a 13 y Keiko se convertiría en congresista.

En 2011, Keiko Fujimori dio la espalda a los tradicionales partidos del fujimorismo y fundó Fuerza 2011. Tras pasar años defendiendo el legado de su padre, convocando protestas en su favor, acusando a sus rivales de persecución política y haber mantenido una actividad parlamentaria discreta, se presentó a las elecciones ese año, y lo haría también en 2016 y 2021, ya con Fuerza Popular, un partido personalista que incluso tiene la inicial de su nombre en el logotipo.

En esas tres elecciones, Keiko Fujimori ha estado muy cerca de conseguir la presidencia de Perú, pasando a la segunda vuelta en todos los casos y perdiendo por estrecho margen.

Su discurso gira alrededor de la lucha contra el crimen, el terrorismo y la corrupción, la defensa de la austeridad, el control del gasto y el libre mercado, el ataque a la izquierda y el típico discurso populista de derechas.

Además, defiende que durante el gobierno de su padre se alcanzó la estabilidad económica y se redujo la actividad de los grupos armados. En cuanto a sus escándalos, defiende que la culpa de todo fue de Montesinos, si bien se distancia en algunos errores y excesos cometidos por él de los que promete aprender, como su insistencia en la tercera reelección.

Así, Keiko Fujimori se ha beneficiado de las estrategias comunicativas y del apoyo internacional hacia la nueva derecha radical o alt-right desde el año 2015. Así, por ejemplo, desde el fujimorismo se organizan agresivas campañas en redes sociales con bots y cuentas falsas que apoyan a Fuerza Popular y que reciben el nombre de fujitrolls y que recuerda a la forma de actuar de los seguidores de el expresidente de Estados Unidos Donald Trump que se organizaban en foros de Internet como 4chan.

Por ejemplo, Keiko Fujimori calificó la victoria de Pedro Castillo en las pasadas elecciones peruanas de fraude electoral, adhiriéndose a la misma estrategia de Trump y presentando centenares de denuncias, que finalmente han sido archivadas, declarando a Castillo presidente de Perú.

No obstane, el fujimorismo todavía no ha dicho su última palabra.