La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el exdiputado de Vox que dimitió tras ser denunciado por abusos sexuales

Carlos Hugo Fernández-Roca, el diputado de Vox por Almería que en noviembre se vio forzado a dejar al escaño tras una denuncia por delito sexual y que en mayo diferentes medios como InfoLibre confirmaron que se sentará en el banquillo, finalmente se enfrenta a cinco años de prisión que le ha pedido Fiscalía. El 14 de abril, la sección 15 de la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó un juicio para el exdiputado por un delito de abusos sexuales, enfrentándose hasta 10 años de prisión.

Así, la Fiscalía pide la mitad de años que a priori podían caerle por el citado delito. En un principio, las fuentes consultadas destacan que la pena que se podía solicitar podía situarse en el tramo más alto del Código Penal previsto para este tipo de delito porque, supuestamente, habría penetración vaginal sin consentimiento.

Al parecer, al tenor del relato esgrimido por Fiscalía y sostenido por la acusación, la joven y el exdiputado llegaron al domicilio particular de este y él presuntamente se aprovechó de que ella había bebido y no se encontraba en disposición de consentir las relaciones sexuales que, por lo tanto, habría forzado.

Estos hechos, que presuntamente ocurrieron el 7 de noviembre de 2020, entrarían en lo dispuesto en el Código Penal, que literalmente considera abusos sexuales los que «se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto».

Por su lado, la defensa de Carlos Hugo Fernández-Roca se ha centrado en negar la versión de la acusación, argumentando que las relaciones fueron consentidas y que ella no se encontraba en estado de ebriedad, una versión que mantuvo desde el minuto uno. En el auto del proceso, alegó que «de haberse perpetrado una violación o abuso sexual la víctima podía haber pedido auxilio» porque «una terraza que linda con vecinos por ambos lados» rodea el domicilio madrileño del ahora acusado.

Al parecer, la presunta víctima procedía del entorno de Vox y se había visto con el exdiputado en varias ocasiones antes del suceso. La joven veinteañera, profesora en un colegio religioso, puso la denuncia acompañado de un amigo policía ante la UFAM, la unidad policial especializada en familia y mujer. La declaración de la joven, por lo visto, fue crucial, al atestiguar que era la primera vez que mantenía relaciones y que, por lo tanto, eso le había producido sangrado.

Carlos Hugo Fernández-Roca, capitán del Ejército de Tierra y presidente de la sección de derecho militar del Colegio de Abogados de Madrid hasta su elección como diputado en 2019 de la formación de extrema derecha, se enfrentaba así, en función del artículo 182 del Código Penal, a entre cuatro y diez años de prisión, de los cuales Fiscalía finalmente ha estimado pedir cinco años. Por lo tanto, Fiscalía estima que sí hubo «acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal».

Iván Espinosa de los Monteros: «Reacción ejemplar. Mucho ánimo, Carlos».

El 13 de noviembre, Carlos Fernández-Roca anunció su dimisión a través de su cuenta personal en la red social Twitter, renunciando a su condición de aforado y anunciando que resolvería la situación en los tribunales, no diciendo el motivo de la denuncia, que fue aireado por el medio InfoLibre. No obstante, enseguida recibió el apoyo de diferentes miembros del partido, incluyendo Iván Espinosa de los Monteros, que le dedicó un tuit donde le decía, literalmente: «Reacción ejemplar. Mucho ánimo, Carlos».

Cuando trascendió el motivo de la denuncia por abusos sexuales, poco después decidió eliminar su cuenta de forma permanente y permanecer alejado de los focos de la opinión pública. Por el momento, Carlos Fernández-Roca se encuentra a la espera de la celebración del juicio, que tendrá lugar los próximos meses.

Una causa legal que se suma a otras tantas para la formación ultraderechista, como la del exlíder de Vox en Lleida, que fue condenado a 14 años de prisión por abusos sexuales a personas con discapacidad, un suma y sigue a las múltiples causas legales a los que se enfrenta el partido liderado por Santiago Abascal.