Por qué reducir diputados es mala idea

Esta semana Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo en la Comunidad de Madrid para reducir diputados de la asamblea madrileña mediante la modificación del estatuto de autonomía. Un acuerdo que contempla la eliminación de un 33% de los cargos, reduciendo los actuales 136 diputados a 91.

Con esta medida se estima una reducción del coste de la Asamblea de Madrid de 2 millones de euros anuales. Una cantidad comparativamente insignificante para un presupuesto de 23.033 millones de euros. El ahorro apena sería visible, pero que si afectaría enormemente la calidad democrática, como se mostrará a continuación.

La medida posiblemente no prospere ya que requiere de una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara, fijada en 91 diputados. PP y Vox solo suman 78 diputados. La izquierda se opone, con la única duda del PSOE, que aceptaría modificar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid siempre que se haga una modificación más amplía y incorporen medidas socialistas, lo que parece muy poco posible.

Este no ha sido el único intento cercano en el tiempo de reducir diputados. El lunes 23 de septiembre de 2020, Italia celebró un referéndum en el que aproximadamente el 70% de la gente que depositó su voto (con una participación del 54% del censo) se manifestó a favor de reducir el número de parlamentarios del país. Concretamente, se redujeron a 400 diputados y 200 senadores de los 630 y 215 de antes, respectivamente, es decir, un tercio de cada cámara. Así, esperan ahorrar unos 65 millones de euros cada año.

Esta medida en realidad fue aprobada en octubre de 2019 impulsada por el controvertido partido Movimiento 5 Estrellas pero que, al tocar el texto constitucional, debía pasar por varios trámites hasta aplicarse en su totalidad. En su momento, fue aprobado por el Partido Demócrata (pues era condición para gobernar conjuntamente), las formaciones ultraderechistas La Liga y Hermanos de Italia y la minoritaria formación progresista Libres e Iguales.

En Alemania, el gobierno de la Gran Coalición formada por la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU) y el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) ya propuso en 2019 reducir diputados de los 709 actuales del Bundestag hasta unos 598. En el mismo sentido se pronunció en 2018 Emmanuel Macron, presidente de Francia, para reducir un 30% de los diputados de la Asamblea Nacional, pasando de 507 a 404 diputados y de 348 a 244 senadores. Otro ejemplo puede encontrarse en Chile, donde el presidente Sebastián Piñera, líder del partido derechista Renovación Nacional (RN), anunció su intención de reducir diputados en el país, pasando de 155 a 120.

Estas medidas, en general, suelen ser apoyadas con poca resistencia. Dado el descrédito creciente de la clase política de las llamadas democracias representativas del mundo, acrecentado por casos galopantes de corrupción, la acumulación de privilegios, su inoperancia manifiesta, su desinterés por las necesidades reales de la gente o por el aumento de la desigualdad durante la última crisis económica, se ha instaurado en un porcentaje importante de la población un fuerte sentimiento de rechazo hacia los políticos.

De esta forma, frases como “todos los políticos son iguales” o “sobran todos los políticos” son habituales en las conversaciones sobre política. Y, aunque este amplio descontento es entendible y respetable, hay suficientes datos y argumentos como para sostener que reducir diputados no solo no sirve para nada, sino que puede afectar gravemente a la calidad democrática de un país.

La reducción de la representatividad y la proporcionalidad de los parlamentos

“Yo reduciría los políticos a la mitad”. “Ya está bien de mantener a tanto político”. “¿Para qué queremos tantos políticos? Menos políticos y más médicos”. ¿Cuántas veces han resonado estas u otras afirmaciones similares? Tantas que incluso constituye no solo el principal argumento, sino también las principales mentiras y bulos acerca del número de cargos públicos electos.

En España, de hecho, un conocido bulo es el de los famosos 400.000 políticos que se supone que tiene el país. Aunque ya tiene muchos años y fue desmentido en 2012, se sigue repitiendo una y otra vez. Una imagen también conocida es la de la comparación con los cargos políticos de Alemania, también falsa.

Pese a todo, el bulo sigue repitiéndose. Curiosamente, son los medios y organizaciones de ultraderecha las que siguen difundiendo esta mentira, como Hispanidad.

Por supuesto, este bulo se utiliza para pedir la reducción de cargos públicos de todo tipo, incluyendo la fusión de municipios y, por lo tanto, de ayuntamientos, algo que también hizo Italia en 2012.

Pero, ¿de verdad sobran cargos públicos? De entrada, si hay gente que necesita mentir o inventarse datos para poder argumentar el poder reducir diputados, concejales… quizá es que no es una afirmación tan cierta.

Para empezar, ¿cómo se puede saber si hay o no suficientes cargos públicos, en concreto, suficientes diputados? En general, hablar de números absolutos no tiene demasiado sentido. Dado que la mayoría de los países basados en el modelo de democracia liberal se basan en la representatividad de los cargos electos (es decir, que hay un conjunto de personas elegidas que representan al pueblo), lo interesante es saber si el número de diputados de la principal cámara legislativa es suficientemente proporcional y representativo.

¿Y esto cómo se sabe? Matemáticamente, la representatividad perfecta sería 1 diputado por cada persona, es decir, que cada uno pudiera votar en el parlamento lo que quiere como sucede en un referéndum, mientras que la peor representatividad sería un parlamento conformado por un diputado. Sin entrar en debates sobre modelos políticos alternativos y entendiendo que se acepta el marco de la democracia representativa actual, es evidente que se necesita un equilibrio entre representatividad, proporcionalidad y eficiencia.

En el contexto europeo, la representatividad es la siguiente:

– Irlanda, 1 diputado por cada 31.000 habitantes.

– Portugal, 1 diputado por 44.000 habitantes.

– Austria, 1 diputado por 49.000 habitantes.

– Bélgica, 1 diputado por 76.000 habitantes.

– Italia, antes de la reforma, 1 diputado por 95.000 habitantes.

– Reino Unido, 1 diputado por 102.000 habitantes.

– Alemania, 1 diputado por 103.000 habitantes.

– Países Bajos, 1 diputado por 115.000 habitantes.

– Francia, 1 diputado por 116.000 habitantes.

– España, 1 diputado por 130.000 habitantes.

– Italia, después de la reforma, 1 diputado por 150.000 habitantes.

Según estos datos, Alemania tiene un parlamento más representativo que el de España, al tiempo que España es uno de los países con menor representatividad. Además, con la reforma aprobada, Italia pasa a ser el país europeo con menor representatividad.

En el contexto latinoamericano, es la siguiente:

– Bolivia, 1 diputado por cada 89.000 habitantes.

– Chile, 1 diputado por cada 125.000 habitantes.

– Ecuador, 1 diputado por cada 127.000 habitantes.

– Argentina, 1 diputado por cada 175.000 habitantes.

– Venezuela, 1 diputado por cada 195.000 habitantes.

– México, 1 diputado por cada 252.000 habitantes.

– Brasil, 1 diputado por cada 413.000 habitantes.

Brasil sería de lejos el país con el parlamento menos representativo, mientras que Bolivia sería de los que más.

La pregunta que cabe hacerse pues es la siguiente: ¿por qué esto es negativo? Muy sencillo: la reducción de la proporcionalidad resulta en un parlamento más ajeno a la realidad política del país a través de una reducción de la pluralidad del mismo.

Por ejemplo, si solo hubiera dos diputados, uno se lo llevaría la primera fuerza política y el otro se pertenecería al segundo partido más votado. Bajo este mismo principio, reducir diputados lleva a dejar fuera a las fuerzas políticas más pequeñas (normalmente las más alejadas del statu quo).

Para ilustrarlo, se muestra la siguiente prueba mediante un simulador basado en el sistema de recuento d’Hondt, uno de los más utilizados, partiendo de 25 millones de votantes, 10 candidaturas y 350 escaños:

Ahora, qué pasaría si pasaran a ser 100:

Como se observa, los partidos más pequeños pierden buena parte de su fuerza e incluso uno se queda fuera del parlamento.

Se mire como se mire, la falta de pluralidad política en una democracia representativa es perjudicial para la sociedad. No en vano, los países fuertemente bipartidistas (EEUU, Grecia, Reino Unido) o dominados por un gran partido (Rusia, Paraguay, Polonia) muestran amplias carencias democráticas, mientras que los más plurales y equitativos (Dinamarca, Suecia, Islandia, Países Bajos) suelen funcionar mejor. Aunque la calidad democrática puede conseguirse más allá de la mera representatividad de fuerzas políticas, desde luego es un punto a tener en cuenta.

Como añadido, curiosamente, las formaciones que abogan por reducir diputados usualmente no buscan reformar las leyes electorales para corregir la proporcionalidad mediante otro tipo de mecanismos, ni eliminan privilegios o retribuciones económicas de los cargos electos, ni tampoco cargos de confianza, con lo que cabe preguntarse cuál es la intencionalidad real de estas medidas. De hecho, también suelen ser los partidos más votados los que han abogado por reducir diputados.

El ahorro conseguido por reducir diputados es irrisorio

“Ahorraríamos mucho dinero eliminando políticos”. “Los impuestos se lo comen los diputados con sus sueldos y sus coches oficiales”. “Eliminando el Senado y recortando en diputados podríamos solucionar la crisis”. Otras frases utilizadas y esgrimidas para justificar el ataque al máximo órgano de representación de la mayoría de los países. De hecho, el ahorro es otro de los grandes argumentos: no hay dinero para todos y hay que empezar recortando por la clase política.

Pero, ¿es esto cierto? En España, por ejemplo, los diputados cobran entre 54.584 y 68.642 euros anuales sin sumar complementos, pudiendo aspirar a un sueldo de casi 110.000 euros anuales (datos en bruto). Newtral tiene un excelente artículo que desglosa estos gastos, si bien se puede acudir al propio sitio web del Congreso.

Por lo tanto, si hay 350 diputados en España, su coste total es de un mínimo de 19.104.400 euros a un máximo de 38.500.000 euros. Si se aplica el mismo recorte que en Italia, es decir, de un tercio de los diputados (de 350 a 233), España ahorraría entre 6 y 13 millones de euros aproximadamente cada año.

En Italia, de hecho, recortando 600 parlamentarios entre diputados y senadores, ahorrarán entre 65 y 100 millones de euros.

A menudo sucede que, sin la información adecuada, estas cifras parecen astronómicas. Sin embargo, son totalmente insignificantes para un país como España o Italia. De hecho, como mucho, cada persona que vive en España ahorraría unos 10 ó 20 céntimos.

A modo de comparativa, estos son algunos de los gastos (aproximados) que tiene actualmente España:

• El rescate bancario: 65.725.000.000 de euros.
• La Iglesia Católica: 11.000.000.000 de euros.
• Evasión fiscal: 26.000.000.000 de euros.
• Sanidad privada: 28.858.000.000 de euros.
• Corrupción política: 90.000.000.000 de euros.

Es decir, el coste del rescate bancario, por ejemplo, equivale en el peor de los casos a unos 1.700 Congresos.

Por lo tanto, en resumidas cuentas, reducir diputados en modo alguno va a solucionar ningún problema aunque éste sea producido por la falta de dinero puesto que el ahorro es insignificante en términos absolutos. Incluso eliminando por completo el parlamento, va a notar el ciudadano medio este ahorro en el bolsillo.

De la misma forma, es curioso que se esgrima tanto este argumento, pero no se ponga el foco en otros aspectos, como los altos salarios, los privilegios u otras problemáticas que provocan un gasto excesivo, como las subvenciones públicas a las formaciones políticas, los cargos de confianza, las redes de corrupción, las puertas giratorias o la privatización de servicios.

El motivo es obvio: las formaciones y/o medios que promueven de forma directa o indirecta este tipo de medidas no buscan el ahorro, sino reducir la calidad democrática. Que, por cierto, a la larga resulta mucho más cara.

Y ese es otro de los grandes problemas: poner el foco en el coste y no en la inversión. “Organizar elecciones cuesta mucho dinero”. “Un presidente de la república costaría más caro que un rey”. O incluso “antes, cuando estaba Franco, al menos todo el dinero se lo llevaba una sola persona”. Al margen de lo sesgada de estas percepciones, nadie duda de que las democracias representativas tienen su coste, pero si éste sirve para garantizar derechos, quizá es una inversión que merezca la pena a medio y largo plazo.

Pese a todo, el gasto conjunto de todos los cargos públicos electos y no electos (es decir, contando también personal asesor, cargos de confianza, etc.) no suele llegar ni al 0,5% del total de ingresos de un país. En España, por ejemplo, es entre el 0,5 y el 0,6% de los ingresos del estado.

Por último, quizá cabe replantearse que lo que sobra, incluso aunque en sí mismo no solucione problemas de calado, son los privilegios de la clase política. En lugar de reducir un tercio los cargos públicos, replantear reducir un tercio los costes de dichos cargos quizá no sería descabellado.

Los diputados no sólo se dedican a votar

“Los políticos no sirven para nada”. “El país puede funcionar perfectamente solo con funcionarios”. “Los diputados van, votan lo que les dice el partido y se van a casa”. “Los políticos cobran mucho para lo poco que hacen”. “Que exista un diputado por cada partido y que su voto valga lo mismo que su porcentaje de voto”. Nuevamente, sentencias categóricas sobre la labor de los cargos públicos electos que dista bastante de la realidad. En este sentido, hay personas que también argumentan que, en aquellos países donde existe una rígida disciplina de partido (España, Italia), todavía tiene menos sentido que existan tantos cargos públicos electos si, al final, votarán todos lo mismo.

La realidad es que los parlamentos estatales van más allá de las pocas e impactantes intervenciones que pueden verse por televisión. De entrada, las sesiones de la cámara suelen durar entre 4 y 12 horas y reunirse varias veces al año un número indeterminado de veces. Por ejemplo, en España, en 2020 el Congreso se ha reunido más de 40 veces.

Pero esto no acaba ahí. Antes de cada sesión, existen otros órganos colegiados (que suelen ser igual en todos los países): las Comisiones, la Junta de Portavoces y la Mesa, donde se trabajan y debaten previamente los temas que luego se votan. El número de sesiones de las Comisiones, por ejemplo, dependen mucho de los temas a tratar, pero pueden llegar a acumularse más de 50 en un solo mes, ya que hay más de 20 distintas, además de las Comisiones Mixtas (Cámara Alta y Cámara Baja) y las de investigación.

Por esa misma razón, dividir el trabajo entre los diputados a veces es incluso insuficiente y por ello se recurre a los cargos de confianza y el personal eventual, comúnmente conocidos como personal asesor. Hay que tener en cuenta que cada Comisión puede tratar en una reunión temas muy largos y complejos en materia legal, social, económica… que es trabajado, enmendado, debatido y tratado, además de trasladado y consultado al Grupo Parlamentario o a la fuerza política y, según su importancia, consultado a la militancia, presentado a los medios de comunicación…

Además, cada diputado pone a disposición de la gente su contacto y es expuesto públicamente, lo que le obliga en cierto modo a responder ante los medios y ante el público, incluso a pequeña escala: responder correos electrónicos, llamadas telefónicas y demás tarea típica de oficina que no siempre pueden delegar.

Por último, es necesario entender que el voto de un diputado (y, por extensión, de cualquier cargo electo) está sujeto a responsabilidad jurídica. Es decir, la justicia puede pedirle cuentas por el sentido del voto. Por lo tanto, los expedientes e informes que se adjuntan a las propuestas deben haber sido bien estudiados y trabajados.

Cabe decir que eso no significa que no existan diputados que le dediquen poco tiempo o fuerzas políticas que tienen tanta representación que pueden permitirse que diputados suyos apenas trabajen al poder repartir mejor las tareas. O incluso que, como en todas partes, existan quienes simplemente hagan el mínimo esfuerzo. Pero eso no es óbice para eliminarlos sino, tal vez, para plantearse mejores mecanismos de rendición de cuentas.

En algunos países, como en España, también se plantea la utilidad de la Cámara Alta, esto es, el parlamento cuya representación es territorial en aquellos países con un sistema bicameral, como sucede en casi todos los países con este tipo de gobierno. Aunque es cierto que hay países que funcionan como una cámara (sistema unicameral), poseen en general herramientas para hacer efectiva la representatividad de las regiones.

Por ejemplo, en Suecia, el Riksdag es unicameral, pero los grupos políticos se organizan por territorios y no por partidos y ya, dentro de cada territorio, se agrupan por formación política. Por lo tanto, quizá, en este caso, lo ideal es replantearse dar utilidad a las cámaras territoriales o plantear una alternativa antes que simplemente eliminarlo.

Otra cuestión a menudo comentada es que es el personal funcionario el que desarrolla la mayor parte de las tareas técnicas de la administración públicas y que, aunque no tomen las decisiones, mueven los engranajes del sistema. De hecho, sin la firma del funcionario correspondiente, no puede tramitarse ningún texto legal. Esto ha llevado a mucha gente a sostener la premisa tecnócrata de que los políticos son inútiles al no ser elegido por sus capacidades y que, al final, quien saca el trabajo adelante es el asesor o el funcionario de turno.

Sin embargo, esta premisa cae en el error de considerar que los cargos electos son técnicos, cuando en realidad son ideólogos. Es decir, a un político o a una política no se le escoge para que tome decisiones correctas o incorrectas o para que redacte las leyes bien o mal, sino para que marque la dirección del país en base a decisiones políticas basadas en una ideología, de la misma forma que lo haría un director de orquesta o la capitana de un barco.

Sí, la orquesta o el barco pueden llegar a funcionar sin alguien que guíe. Y sí, ayuda que el director de orquesta sepa al menos un poco de cada instrumento. Pero no es el objetivo, nunca lo ha sido y no tiene sentido que lo sea. El parlamento tiene el objetivo de representar lo que quiere el pueblo en cuanto a las prioridades y el destino de un territorio, mientras que el personal técnico tiene la misión de traducirlo a la práctica (resumiéndolo y simplificándolo mucho). Plantear que el personal funcionario sea el que dirija el país cae en numerosos problemas que chocan con los principios de la democracia en sí misma.

La conclusión es que, aunque no salga por los medios de comunicación y aunque a veces exista cierta indulgencia por el trabajo que realizan, lo cierto es que los diputados no solo se dedican a votar, sino que realizan una actividad compleja, irregular y de alta responsabilidad que, por su naturaleza, es mejor dejarla en un buen número de manos y no en unas pocas.

Ningún problema se soluciona al reducir diputados

“El problema son las dietas y los coches oficiales”. “Lo primero que yo haría para arreglar el país sería tirando a la calle a la mitad de los políticos”. “El problema del país es que hay demasiados políticos”. Estas y similares afirmaciones también resuenan como ecos de debates de sobremesa o de la barra del bar. Y, aunque se agiten como banderas en un mitin de Vox, son increíblemente poco ciertas.

Por una cuestión lógica, los problemas de un país obedecen a causas multifactoriales y, a menudo, estructurales. Por ejemplo, un déficit presupuestario se produce por menos ingresos que gastos, lo que puede ser debido a una caída de la economía y/o a la acumulación de problemas más o menos graves (corrupción, evasión fiscal…). Además, por extensión, la cuestión económica no es tampoco el único aspecto a considerar de un país, sino también los temas sociales, culturales, etc.

Puede ser que las malas decisiones tomadas por ciertos gobernantes y por los cargos públicos elegidos a lo largo de los años hayan conducido a un determinado país a una situación negativa. Pero esa situación no va a arreglarse por eliminarlos. En todo caso, la solución a futuros puede pasar por articular mecanismos que permitan a la ciudadanía un mayor control de dichos cargos o, por supuesto, votar a otras personas diferentes.

O incluso, si la situación es especialmente grave, organizarse al margen de la política institucional y protestar en las calles de diferente manera (huelgas, concentraciones, manifestaciones, consultas populares…).

La cuestión es que, se plantee la solución que se plantee, nadie “arregla el país en dos días”, mucho menos con decisiones categóricas y simplistas como reducir diputados, concejales, etc.

Por supuesto, plantear la reducción o eliminación de privilegios políticos tampoco es la panacea. Pero sí se consiguen dos cuestiones fundamentales: la primera, establecer una ética básica en el representante que provoca que resulte más cercano y confiable para la persona de a pie; y, la segunda, que más gente se plantee participar en política por vocación. Es por eso que, poco a poco, muchos países han adoptado decisiones, leyes y códigos éticos al respecto, al igual que hay partidos políticos que plantean restricciones a sus cargos públicos.

Pese a todo (y por último), este nunca debería ser el eje central del discurso político, ya que los grandes problemas de la sociedad requieren de grandes modificaciones estructurales que tendrían, por lógica, que acaparar toda la atención, como los derechos laborales, la igualdad, la justicia social o el medio ambiente.

La propuesta de reducir diputados obedece a un discurso antipolítico

“Todos los políticos son iguales, van a lo que van”. “Yo no quiero saber nada de la política”. “Todos los -ismos son malos”. “Yo no soy ni machista, ni feminista”. “Al final todos van a robar”. “Yo no soy de izquierdas, ni de derechas”. ¿No resulta cuanto menos paradójico que todas estas frases terminen beneficiando a las fuerzas políticas tradicionales o, en su defecto, a la extrema derecha? Es que, en realidad, todas forman parte de lo que se conoce como el discurso de la antipolítica.

La antipolítica es una postura en la cual la persona se define políticamente no por aquello que desea, sino por aquello que rechaza, canalizando su pensamiento a través de la crítica destructiva y emociones de odio, rechazo y frustración.

En la práctica, el discurso antipolítico se caracteriza por un rechazo a definirse ideológicamente y/o a identificarse con formaciones políticas, por equiparar a todos los partidos y todas las ideologías como si fueran malos (y todos igual de malos) e incluso a participar en debates únicamente para expresar su rechazo a determinadas ideas.

Lo paradójico aquí es que, aunque hay un porcentaje importante de personas que en realidad asumen una postura de apatía hacia la política y simplemente asumen parte de este discurso como modo de evitar entrar en debates o en conflictos, otro muy importante en realidad lo asume como un verdadero postulado político que utiliza como paraguas para defender posturas de rechazo visceral que, a menudo, se reviste de rebeledía o de desafío al sistema.

Analistas y expertos en politología, historiografía y sociología han concluido que la brecha entre la sociedad y sus gobernantes a menudo es una fuente de conflictos y desigualdades. Y que, por tanto, reducir al máximo esa brecha forma parte de la solución a muchos problemas. La implicación de la gente en la vida política a través de diferentes mecanismos (desde ir a votar hasta participar en un sindicato) ha llevado a la larga a que los gobiernos tomen mejores decisiones. Además, por una cuestión lógica, cuanto más pensamiento crítico y más información tenga la gente, mejores decisiones respecto a sus gobernantes podrá tomar.

Es por eso que la gente poderosa y privilegiada siempre ha hecho lo posible por aumentar al máximo esta brecha, ya sea mediante legislaciones que minaban los derechos de la población (prohibir las huelgas, no permitir el voto de las mujeres…) o mediante la manipulación de la información (usando “fake news”, comprando o creando periódicos afines a intereses, mintiendo…).

Y, también por una cuestión lógica, el discurso de la antipolítica ha sido agitado, apropiado y utilizado por la derecha y por la extrema derecha para atacar a sus rivales políticos. Por ejemplo, si la gente cree que todos los políticos son iguales, no tendrá motivos para votar a partidos alternativos. Si la gente piensa que todas las ideologías son malas, no apoyará aquellas que le son favorables. Si, en resumen, la gente no quiere saber nada de política, será más fácil mentir.

Es entendible por lo tanto que el discurso antifeminista, xenófobo o negacionista a menudo forme parte de la antipolítica. Y es por eso que la nueva derecha radical o la alt-right utiliza muchos aspectos de este discurso para obtener rédito político. No se definen por sus propuestas, no quieren construir nada, ni establecer un debate ni un intercambio de ideas. Vienen a señalar a sus enemigos, a destruir todo lo que consideren que atenta con su particular visión del mundo.

Un gran ejemplo de todo lo anterior puede verse en el ataque continuo al vicepresidente segundo del gobierno de España y líder de Podemos Pablo Iglesias por haberse comprado una casa por 600.000 euros (al que denominan despectivamente “casoplón”). El objetivo de estos ataques que se repiten una y otra vez desde hace más de dos años en realidad no tiene que ver con que tenga o no una casa grande o cara puesto que es, de hecho, la más barata de todos los portavoces de los grupos políticos.

Más allá de que pueda ser o no una incoherencia adquirir dicho inmueble, el objetivo de la derecha y la ultraderecha en realidad es vender la idea de que Pablo Iglesias es un político más, que no es una alternativa a nada y que, por lo tanto, es igual de corrupto, privilegiado y “casta” que el resto, al tiempo que se evade el debate político serio. Y, ya de paso, caer en el clásico error clasista de que, si eres de izquierdas, no puedes tener dinero.

El discurso antipolítico ha sido el predecesor de muy malas decisiones. Y es que, en el fondo, si la gente pierde la fe en sus representantes, en sus instituciones y en sus gobernantes, y esta fe no se traduce en propuestas constructivas de mejora sino en desidia, rechazo, apatía e incluso odio, cimientos que tanto han costado de construir pueden venirse abajo. Y si no, mientras tanto, se contribuye a evitar hablar de los verdaderos problemas que azotan a las personas que menos tienen y a los colectivos más vulnerables.

En conclusión, reducir diputados, eliminar ministerios, eliminar parlamentos regionales, ilegalizar partidos políticos, eliminar ayuntamientos y municipios, reducir los derechos de reunión, huelga y manifestación… casi todo apunta a una misma dirección. Una dirección que no ahorra prácticamente dinero, que no soluciona ningún problema, que erosiona la capacidad de las instituciones públicas y que afecta seriamente a la calidad democrática de un país.

No es más que el discurso fácil y populista de siempre, que se aprovecha del descontento generalizado (y más que justificado) que la gente siente hacia sus gobernantes, cargos electos y formaciones políticas para implantar un pensamiento y una agenda política desfavorable para la mayoría de la sociedad.

Enlaces, fuentes y bibliografía:

– Foto destacada: Una de los dos estatuas de leones de bronce en el exterior del Palacio de las Cortes de España (Madrid). Autor: Juan J. Martínez, 16/12/2017. Fuente: Flickr. (CC BY-SA 2.0.).

Adrián Juste

Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.