Desmontando a Jorge Buxadé sobre la subida del precio de la luz

La subida del precio de la luz en España lleva tiempo siendo un problema que preocupa a mucha gente. Tanto así, que se ha convertido en objeto de debate continuo, de protestas sociales y de arma arrojadiza. Vox, el principal partido de extrema derecha en España, no se ha quedado atrás, intentando capitalizar el problema y llamando a manifestarse, especialmente a través de su sindicato, Solidaridad. Así, Jorge Buxadé, el vicepresidente de Acción Política de Vox y diputado en el Parlamento Europeo por la misma formación ubicada dentro del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), escribió un artículo para La Gaceta de la Iberosfera, diario digital español generalista que pertenece a la Fundación Disenso, una fundación privada fundada, entre ellos, por Santiago Abascal, líder del partido.

El artículo, titulado “Soberanía energética: la guerra climática de la UE contra las economías de Europa”, trata de destapar los detonantes de la subida de precio de la luz, poniendo el foco en la crisis energética europea, enfatizando en que el culpable de la inflación es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sumarse al Pacto Verde Europeo. Jorge Buxadé presenta los datos en torno a la idea de que el acuerdo ecológico comunitario es “la causa real de los precios de la electricidad”.

Los criterios empleados para la verificación de la información aquí presentada serán, en primer lugar, la observación de la autoría y el medio de comunicación, la accesibilidad (visibilidad en motores de búsqueda), la distribución en redes sociales (interacción, aprovechamiento de la dimensión hipermultimediática…) y la usabilidad (derechos de uso); en segundo lugar, tras la contextualización vislumbrada a partir de las variables anteriores, las siguientes categorías de análisis se centrarán en el contenido, midiendo, la objetividad (género periodístico), la exactitud, la coherencia, la documentación (calidad de las referencias y recurso) y el lenguaje empleado. 

Autoría y medio de comunicación

Partiendo de que el artículo está elaborado por un miembro activo de Vox y que La Gaceta de la Iberosfera es un diario digital con función de altavoz del partido (al ser propiedad de Disenso), se puede partir de la tesis de que la información presentada está sesgada y enfocada hacia el ideario de la formación.

Es decir, se aleja de la exposición aséptica e imparcial clásica de la profesión periodística y se proyecta hacia la crítica al actual Gobierno de España con un claro tinte euroescéptico y antiecologista como eje argumental habitual de la ultraderecha. 

Accesibilidad y redes sociales

Mediante la aplicación online Accessibility Checker, se revela que la web goza de una muy buena accesibilidad, presentando cero problemas urgentes y tan solo 22 secundarios relacionados con las limitaciones del código y los widgets (vid. Anexo 1). Además, en el motor de búsqueda de Google la noticia aparece entre los primeros enlaces. Sin embargo, son las cuentas de Twitter vinculadas con Vox que se hacen eco de la pieza las que tienen mejor posicionamiento orgánico. 

Asimismo, aparece una pieza similar antes del artículo analizado en la propia página web de Vox bajo el titular “Jorge Buxadé exige que se elimine la ideología climática de la factura y advierte del engaño: ‘El precio de la electricidad ya está intervenido’”. No obstante, en este caso, se presenta en formato nota de prensa, poniendo de forma explícita las declaraciones de Jorge Buxadé como forma de alimentar la distribución de los comentarios del eurodiputado. 

El principal canal de autorreferencialidad de la ultraderecha son las redes sociales. Dentro del panorama político nacional, según la comunidad académica, la extrema derecha ha sabido “leer antes y mejor que los demás el funcionamiento de las redes sociales”, aprovechando todo su potencial para la difusión de su ideario, generando comunidad y llegando a un umbral de engagement que consolida la interacción constante de sus usuarios dentro del ecosistema de redes. 

Acerca de la pieza estudiada se refleja, primeramente, una redirección a los perfiles oficiales del medio en Twitter y Facebook. También se ha publicado en las cuentas oficiales del medio. En su publicación en la cuenta de Twitter cuenta con 125 retuits, 1 cita, 187 likes y 6 comentarios, los cuales todos arremeten contra Europa, la presidenta de la Comisión Ursula Von der Leyen y los impuestos, ensalzando el argumentario de Vox como, por ejemplo, acabar con la Agenda 2030.

A continuación, el mismo tuit es retuiteado por el autor, por Hermann Tertsch y por la cuenta oficial de Vox Europa, alimentando su alcance. Además, tras observar los retuits se corrobora el apoyo de los usuarios, ya que todos presentan rasgos de afinidad en sus perfiles con el ideario de la formación (corazón verde, bandera de España o incluso el nombre del partido).

Además, el artículo tiene continuidad. La Gaceta de la Iberosfera ha continuado cubriendo el tema con Jorge Buxadé como autor. Un día después, se publicó “Soberanía energética (II): el precio de la Agenda 2030” y el 25 de marzo “Soberanía energética (III): una ley contra la prosperidad de los españoles”. En ambas se refuerzan las ideas expuestas en la primera noticia de la que, en el siguiente apartado, se va a analizar el contenido. 

Análisis del contenido

Monitoreando el artículo se puede observar que no está dentro de la sección de opinión del medio. El artículo de Jorge Buxadé se presenta como una como un análisis riguroso de la situación sin subjetividad opinativa.

La tesis principal ya se adelante en el primer párrafo: “El fanatismo climático que se ha apoderado de la política comunitaria europea y nacional es el causante real del incremento exponencial de los precios de la electricidad y de su efecto brutal en la inflación, vaciando sin piedad los bolsillos de las familias, trabajadores, autónomos y empresas de España”. Este formato de presentación afín al método hipotético-deductivo garantiza un juicio inicial por parte del lector y una confirmación de ese razonamiento a lo largo del texto, reforzando la conclusión. 

En este sentido, se puede corroborar la tendencia persuasiva de la pieza donde acto seguido a la entradilla, arremete contra la presidencia del gobierno diciendo que “miente”. A lo largo de los párrafos, se presentan una serie de argumentos respaldados en los antecedentes al actual Pacto Verde Europeo y datos oficiales extraídos a partir de fuentes documentales, los cuales aprovecha para dar rigor a las valoraciones en torno a la tesis: La causa real de la inflación del precio de la luz es Pedro Sánchez y Europa, no la guerra de Ucrania. 

Desmontando los argumentos de Jorge Buxadé

La objetividad se pierde entre una vorágine de ataques y opiniones enmarcadas en valoraciones personales del autor. No hay fuentes directas, pero hay cierta objetividad en el manejo de fechas y datos concretos. Por ejemplo, cuando entre los primeros párrafos Jorge Buxadé refiere a que entre 2020 y 2021 la luz ha subido progresivamente, alcanzando los “récords históricos”, pero pierde la veracidad cuando, acto seguido escribe: “sin que (1) el gobierno adoptara medida alguna efectiva dirigida a resolver el problema en origen: (2) permanente crecimiento del precio del gas e (3) incremento del precio de los derechos de emisión de CO2; (4) con su impacto directo en los sectores primario e industrial”.

Y es que tras alcanzar hasta 545 euros por megavatio hora, una cantidad desorbitada y difícil de afrontar para los hogares más vulnerables, el Gobierno ha llevado un paquete de medidas a Europa para bajar el precio de la luz (1). Entre ellas y en contra del argumentario de Jorge Buxadé, se ha propuesto desvincular el precio del gas de la factura de la luz (2).

Asimismo, el Ejecutivo planteó a Europa un límite de 180 euros el megavatio en el mercado nacional, lo que supondría una reducción de hasta 40 euros en las facturas de la luz. Por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica ha manifestado que se está trabajando en opciones mejores, más sencillas y con más posibilidades de éxito en el ámbito europeo. 

Acerca de los derechos de emisión de CO2 de las eléctricas (3), si bien es cierto que hay unos límites fijados en el ámbito europeo, existe un modelo de subasta pública de derechos de contaminación de las empresas de luz que garantiza la transparencia de movimientos, dejando fuera del régimen de comercio de los derechos de emisión y su entrega a todas aquellas eléctricas que no cumplan con unos requisitos establecidos por la normativa reguladora nacional.

Todo ello se recoge en el Real Decreto-ley 17/2021 firmado durante la crisis sanitaria de la pandemia y en vistas de aplicabilidad hasta marzo de 2022. Este Decreto revela unas herramientas para “corregir” y “amortiguar la brusca escalada de precios de la electricidad” o tratar de “frenar de manera inmediata el efecto que el incremento del precio de la electricidad está teniendo en el resto de sectores de la economía”.

Además de la “venta de activos de generación” como garantía de uso del mecanismo de subasta (apartado IV), se establece un mecanismo de minoración del “exceso de retribución” en que se señala la “cuantía proporcional al mayor ingreso”, relacionada con la “incorporación a los precios de la electricidad” el coste del “gas natural”.

Es decir, se refiere al “sobreprecio” resultante de la diferencia del del gas natural y el de funcionamiento energético en el año en curso que, a su vez, está condicionado por el nivel de internalización del mismo coste del gas natural. Aquí, establece un “ajuste” para que no se produzcan bruscas oscilaciones en las facturas que pagan las familias estableciendo una proporcionalidad del 10% del total “del precio del mercado diario”.

También recoge una prórroga trimestral de los impuestos de las eléctricas para paliar las afecciones tanto en los productores (ya que, así, tienen más margen para ofrecer precios más competitivos) y, por ende, en las propias facturas de los ciudadanos. En esta línea, se busca la actualización a la baja de los ingresos adicionales del propio sistema eléctrico, los vinculados con el gas y las emisiones de CO2. 

A nivel europeo, para ceñirse a las ratificaciones ecológicas comunitarias como el Pacto Verde Europeo, en esta ley se añade el aumento del dinero público para financiar costes del sistema eléctrico y potenciar las energías renovables, destinado de 900 millones hasta 2.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado a la transición ecológica y hacer frente a los gastos de los derechos de emisión de CO2. 

En este sentido se explicita la progresiva reducción del Impuesto Especial sobre la electricidad (marcado por la Directiva 2003/69 del Consejo Europeo e incluido en la Ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden social) con el objetivo de establecer los niveles mínimos del precio (entre 0,5 y 1 euro el megavatio por hora dependiendo del sector) y garantizar los ingresos necesarios para compensar los costes energéticos, teniendo en cuenta además, la reducción del IVA para los consumidores del 21% al 10%.

Así pues, esto se complementa con el paquete de medidas sociales también incluidas en la misma ley como garantía de protección de los colectivos más vulnerables y que presentan más dificultades para hacer frente a las facturas. Entre estas disposiciones se encuentra el “suministro mínimo vital” con el “bono social”, donde entraría el contrato del precio voluntario para el pequeño consumidor y sus acotaciones y la limitación transitoria del aumento máximo del coste de la materia prima (donde se incluye la tarifa del gas natural, que presenta un límite de oscilación fijado en el 15%).

En definitiva, con respecto a este argumento, sí que hay medidas en el marco normativo nacional que han sido actualizadas en 2022 y sí que se incluyen a los sectores primarios e industriales (4). Estas abarcan los bonos sociales (eléctrico y térmico), la transparencia, la prórroga del escudo social, la reducción de cargos, la rebaja del impuesto eléctrico, la reducción del IVA, la ampliación del suministro mínimo vital y otras medidas. 

Además de la referencia a la falta de medidas para paliar la inflación de las facturas de la luz de los ciudadanos, Jorge Buxadé también manifiesta que los acuerdos internacionales vinculados con la transición ecológica suponen un coste elevado que al final recae sobre las familias: “Sólo VOX rechazaba esa planificación y transferencia coactiva, forzosa de miles de millones de euros de las clases medias y populares”.

No obstante, los gastos están sujetos, por un lado, a las propias empresas de energía y, por otro, como se ha reflejado con la destinación presupuestal general, es responsabilidad del Estado por medio del tesoro público hacer frente a los costes de transición hacia la energía más verde. La única vinculación en el bolsillo de los consumidores sería la transmisión de los costes tributarios de las eléctricas a las facturas de los ciudadanos en el caso de que no se regulara a tiempo o no se aplicaran limitaciones a las empresas privadas como garantía de derechos sociales mínimos como el de la energía (está ocurriendo). 

Sobre la “maquinaria fiscal a velocidad punta” que supone la Agenda 2030 y la inversión adicional de 260.000 millones de euros (de los Fondos Europeos), mediante el Decreto-ley previamente expuesto, se detecta que existe una regulación fiscal en materia de lo que el autor llama “impuestos verdes” a las proveedoras energéticas, nacionalmente, ya en 2021 el Consejo de Ministros ya redujo el IVA del 21 al 10% y se pusieron en marcha medidas para paliar la escalada de precios, suspendiendo el mismo tributo durante el cuarto trimestre del año del 5,1% al 0,5%, llegando al mínimo tipificado por la propia normativa anterior.

De hecho, el propio Pedro Sánchez declaró que estimaba la reducción del ingreso público de hasta 1.400 millones de euros por esta medida con el objetivo de dar un respiro a las familias. 

En el contexto de la guerra de Ucrania, en el plano europeo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha recomendado incrementar los impuestos de las eléctricas para compensar, con el incremento de beneficios de las mismas por la inflación de los precios, la subida de la factura de los ciudadanos.

Es decir, trasladar la carga a las ricas eléctricas en vez de a los hogares, el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, reveló a la Agencia EFE: “hay capacidad para aumentar el nivel de impuestos que están pagando las empresas de este sector y redirigir parte de ese dinero a medidas que amortigüen el impacto», ya que según sus estimaciones, las eléctricas podrían llegar a incrementar en 200.000 millones de euros sus beneficios económicos como resultado de la crisis energética vinculada con la guerra.

Con el fin de reducir las facturas, sería “una medida más que justificada”, subrayó. En el caso de que no se coarte la “manga ancha” de las privadas con respecto a su transmisión de costes a las facturas de los ciudadanos, sí que se podría hablar de una hiperinflación desmedida y una mala gestión pública. 

Por último, en relación con el argumento de la “destrucción de nuestra capacidad de producción energética” en referencia a la dependencia de terceros países, sí y no. Es cierto que, actualmente, España depende energéticamente de otras potencias.

Sin embargo, como parece sugerir, a nivel estatal e incluso europeo España no puede explotar gasoductos por el gran impacto medioambiental que supondría. Asimismo, el horizonte que se mira por medio del Pacto Verde Europeo no es ni más ni menos que (además de reducir dicho impacto ambiental mediante la acelerada descarbonización del sector energético, el cargo de los costes de emisión a las propias empresas eléctricas y las subastas públicas que garantizan la transparencia de derechos de contaminación) proyectar a medio-largo plazo unas disposiciones energéticas europeas limpias con múltiples beneficios.

Es decir, tener energías renovables que, por un lado, permitan reducir la dependencia energética a terceros países al contar con mayor capacidad energética propia y, por otro, garantizar la supervivencia del planeta, reduciendo al menos un 55% las emisiones de hasta 2030 y, por tanto, la calidad de vida de los ciudadanos. 

“Todo ello es la causa real de la hiperinflación de los precios de la electricidad”.  Este argumento se cae por su propio peso ya que, como se ha podido observar, la multifactorialidad caracteriza al precio de la luz.

Las facturas estás sujetas a más de uno o dos condicionantes, tal y como Jorge Buxadé está refiriendo a lo largo de su artículo. La simplificación de la problemática enfocada en la búsqueda de culpables, deriva a que frente a un tema de tan compleja comprensión como es el de los recursos energéticos, los lectores que busquen comprender el porqué se puedan llegar a encasillar en un argumento falaz, repleto de informaciones poco concretas a nivel documental e incoherentes con respecto a la realidad multifactorial a la que está sujeta la oscilación de la factura de la luz. 

Análisis del lenguaje

El lenguaje se aleja de un análisis sin juicios de valor. Se puede constatar que se trata de una pieza redactada bajo el paraguas de Vox (ya no solo por la autoría y el medio), pues se refiere a su operativa e ideología como arma arrojadiza frente a quienes presenta como enemigos y causantes del problema: Europa y el Gobierno.

De hecho, al principio del artículo se trata a la formación política en tercera persona para dar una percepción de la equidistancia clásica de la buena práctica periodística. No obstante, a mitad del artículo a Jorge Buxadé se le escapa una primera persona del plural: “Sólo VOX rechazaba esa planificación y transferencia coactiva […] solo recibimos acusaciones de negacionistas y antieuropeos”.

Asimismo, el uso de léxico cargado de valoraciones distancia bastante la pieza de la objetividad y la presentación imparcial de las causas de la subida del precio de la luz. Algunas expresiones como “fanatismo climático”, “secta climática”, “moribundo plantea”, “tragedia”, etc. 

También se utilizan frases para captar al lector y reforzar sus creencias, apelando a la emoción bajo la clásica caja de herramientas cercanas al populismo de la extrema derecha. Algunas de ellas son: “vaciando sin piedad los bolsillos de las familias, trabajadores, autónomos y empresas de España”; “la respuesta de la calle ha sido la respuesta del sentido común: ultras del pan de nuestros hijos”; “colapso de las economías familiares y de las pequeñas y medianas empresas” o incluso, nuevamente, llega a mentir apelando a emoción cuando señala: “Úrsula elaboraba una planificación total de las economías europeas, sin que ningún ciudadano de ninguna nación europea fuera informado de ello en las elecciones que se habían celebrado en mayo de 2019”, cuando sí que se informó. 

Todo ello, tiene como objetivo despertar los sentimientos negativos del lector (rabia, miedo, desesperación, enfado, tristeza…) que se intensifican con el gancho de la actualidad candente de nuestros días (la guerra) y que ayudan a reforzar su tesis: “La crisis de precios en la electricidad no la provoca la guerra en Ucrania, sino la guerra que la secta climática ha planteado a las economías de Europa”.

Conclusiones

Mediante la observación de los criterios aplicados para la verificación del artículo de Jorge Buxadé en La Gaceta se revela, en la primera parte del análisis, que a nivel técnico (usabilidad y accesibilidad) están explotando las potencialidades de la página web del medio, así como la de las redes sociales como principal vía de autorreferencialidad a los contenidos y expansión del ideario ultraderechista de Vox. Sin embargo, el medio (referido a sí mismo como diario) no es afín a la deontología periodística, puesto que la pieza no está en la sección de opinión, por lo que se puede clasificar como un género interpretativo: el análisis. 

No obstante, lejos de los criterios de categorización como análisis riguroso, ya que el intrusismo de los juicios de valor y los argumentos falaces como herramienta para potenciar la tesis se enmarca más en el género opinativo que en el interpretativo.

De igual forma, si un lector informado se enfrenta a este texto conoce quién es el autor, el medio y quién hay detrás del diario (la Fundación Disenso) sabría a priori que la información presentada está enmarcada bajo los sesgos del partido de extrema derecha. Aunque, partiendo de que una de sus principales estrategias de atracción de ciudadanos son las redes sociales, en muchas ocasiones, se trata de jóvenes con poco conocimiento tanto del diario como, sobre todo, del tema que se trata en el artículo se podría llegar a alimentar una tesis que hay que coger con pinzas. 

En esta línea, detrás de la energía existen múltiples factores influyentes en su precio que el eurodiputado omite, siendo un campo de compleja comprensión por el ciudadano medio. A los hogares la información que les llega con respecto al tema es que la factura de la luz no deja de subir y automáticamente si se buscan las causas, lo sencillo es buscar culpables, perdiéndose de vista que la inflación suele ser multifactorial.

Por ello, Jorge Buxadé se enfoca en dos detonantes y a partir de ahí desarrolla su pieza, arremetiendo contra la transición ecológica y contra Europa y el Gobierno a quiénes acusa además de falta de actuación para solventar el problema. 

Y es que es bastante más complejo de lo que el autor lo expone, si las claves de la subida de la luz son, grosso modo los derechos de emisión de CO2 y los precios crecientes del gas natural, a nivel europeo, la OCDE ya ha propuesto una medida para paliar la situación y está trabajando en lograr una “soberanía energética” que permita controlar los precios del consumidor como forma de proteger una garantía mínima social como es la luz.

Mientras, nacionalmente, las herramientas de regulación llevan aplicándose desde 2021 y, de hecho, en relación al conflicto ya se ha llevado a Europa una serie de propuestas como desvincular el precio del gas de la energía, pues las intervenciones estatales están limitadas al ser una materia comunitaria e internacional que oscila de forma tan brusca. 

Es cierto que la subida de la luz afecta a los consumidores (empresas y familias, especialmente las que contratan una tarifa indexada y no fija, ya que está sujeta a las variaciones de las condiciones del mercado eléctrico), pero a lo largo del texto se obvia que también a las compañías de luz e incluso a los propios gobiernos.

Así quizás la solución más allá de ataques entre unos bandos y otros como parece presentar el autor, sería concienciar de la necesidad del Pacto Verde Europeo por sus garantías a medio-lago plazo y la concienciación social de pasar a compañías de energía verde cuya fuente principal es renovable y están presentes tras la liberalización del mercado eléctrico español en 2009. 

Por otro lado, el argumentario euroescéptico, antigobierno y sobre todo, en contra de las energías renovables, eclipsan las posibles soluciones con una carga emocional negativa y tremendamente partidista que abruma durante la lectura.

No, la causa real del problema de la inestabilidad en las facturas de luz de los hogares no es únicamente la búsqueda de una energía más responsable con el planeta, ni la falta de operatividad de los “enemigos” (Europa y Gobierno) para solventar las desviaciones, ni que Vox no se haya salido con la verdad absoluta en este tema. 

La causa real es que la luz es una garantía mínima que debería estar garantizada por los países. En pleno siglo XXI, nadie puede vivir con normalidad sin acceso a la electricidad, por tanto, la garantía del bienestar debería estar amparada por lo público, no por lo privado. Si hay algo que requiere una regulación tremenda (que deja mucho que desear) es una pista de que ese algo que no funciona tal y como está planteado.

Enlaces, fuentes y bibliografía:

– Foto de portada: Jorge Buxadé. Autor: Vox España, 25/10/2021. Fuente: Flickr (Domino Público).

Melisa Higueras

Articulista y editora. Periodista internacional y friki de las redes sociales. Apasionada de la comunicación en todas sus formas y vertientes. Desmontando y criticando injusticias sociales desde que tengo uso de razón.