Vox pedirá prohibir en ayuntamientos las consultas populares sobre la monarquía

La formación de Santiago Abascal ha avanzado su iniciativa de pedir la prohibición de las consultas populares sobre la monarquía en ayuntamientos. Desde Vox, se pretende hacer esto presentando un recurso en todos los ayuntamientos donde tiene representación y frente a la Subdelegación de Gobierno, la principal instancia con capacidad de permitir o no acciones colectivas a pie de calle con arreglo a la legalidad vigente.

El objetivo de este recurso en concreto es prohibir cualquier cesión a la “Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República”. Esta plataforma organiza para el próximo 14 de mayo una consulta no vinculante con cientos de mesas de votación para “decidir sobre el modelo de estado” y que cuenta con el apoyo de formaciones políticas como Izquierda Unida o Podemos.

Por su parte, la formación de Abascal sostiene que estas consultas son manifestaciones ilegales, ya que la Constitución asegura que la forma de Estado de España es la Monarquía Parlamentaria, basándose en los artículos 1.3 y 56 a 65 de la Constitución Española. Además, Vox amenaza intentando señalar a estas votaciones como referéndums de carácter inconstitucional. Desde el partido argumentan que las consultas populares son competencia del Estado y que su realización sería un “simulacro ilegal de referéndum”.

Además, añade que para realizar estos referéndums se requeriría la “expresa autorización del Gobierno de la Nación”, citando el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/1980. Junto a esto, Vox intenta amenazar a las corporaciones locales sobre estas consultas populares sobre la monarquía, ya que pueden o no ceder espacios para tal fin.

Así, les advierte de manera poco sutil de cumplir una ilegalidad, citando el artículo 82 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales:  “cuando alguna persona o entidad, por propia iniciativa, pretendiere una ocupación privativa y normal de dominio público, deberá́ presentar una Memoria explicativa de la utilización y de sus fines, así como justificativa de la conveniencia y de la normalidad de aquellos respecto del destino del dominio que hubiere de utilizarse, y que la Corporación examinará la petición y teniendo presente el interés público y la legalidad de la misma, la admitirá́ a trámite o la rechazará”.

El lawfare intimidatorio como arma de la extrema derecha

El lawfare o guerra judicial es un arma ampliamente utilizada por la derecha política alrededor del mundo. Consiste en el uso abusivo de la ley para judicializar toda la acción política del oponente, intentando entorpecerla, bloquearla, impidiendo mandatos políticos, desprestigiando al rival, etc. apoyándose en el poder judicial y de cierta ventaja en materia de recursos económicos y humanos.

No tiene que ver con un uso legítimo para denunciar la corrupción o una u otra ilegalidad, si no con utilizar la ley para impedir la acción política. Además, usa las conexiones de la derecha con la Justicia en España, donde este sector ideológico suele tener más peso.

Esta estrategia ha sido especialmente utilizada en América Latina desde mitad del siglo XX, consiguiendo eliminar a rivales políticos que habían ganado de forma legítima. En la segunda década del siglo XXI, esta manera de retorcer la justicia fue ampliamente utilizada contra los gobiernos progresistas de la región, muchas veces siendo la antesala de un golpe blando.

Uno de los ejemplos paradigmáticos fue el de Lula da Silva, el candidato favorito en las elecciones de 2018 que fue inhabilitado por multitud de causas contra él. Solo dos años después de las elecciones, fue encontrado inocente de todos los cargos y se demostró con pruebas una conspiración judicial para inhabilitarlo como candidato.

En el caso español, Vox ha utilizado ampliamente esta táctica judicial, lanzando cientos de denuncias ante los tribunales por casi cualquier acción política de sus rivales. La gran mayoría no prosperan, pero si alguna lo hace, le otorga amplios réditos políticos.

Además, no la usa exclusivamente contra políticos, si no contra cualquier rival, incluyendo periodistas, influencers y medios. Esto fue denunciado por Reporteros Sin Fronteras, una de las entidades más prestigiosas del periodismo español

Con ello persigue la intimidación de estas personas, que corren el riesgo de enfrentarse a un largo proceso judicial y la amenaza del desprestigio, incluso aunque consigan ganar el juicio. Con esta amenaza de impedir las consultas populares sobre la monarquía, Vox usa una vez más el lawfare de manera intimidatoria, intentando disuadir a cualquier personas, organización o corporación municipal de colaborar en este proceso.

Consulta populares sobre la monarquía: 14 de mayo

Esta amenaza de la formación ultraderechista no ha disuadido a la Plataforma Consulta Popular Estatal, que sigue planteando las distintas consultas populares para este próximo sábado 14. Esta organización, que cuenta con el apoyo de organizaciones como Podemos, Izquierda Unida, Anticapitalistas, PCE y otras pequeñas formaciones, desplegará 670 mesas, quizás llegando a las 700.

Desde la plataforma el objetivo inicial era montar 500 mesas, por lo que consideran estos números todo un éxito.

El objetivo de la votación es hacer visible el “sentido republicano o monárquico de la ciudadanía” según los portavoces del colectivo José Manuel García y Elena Torres.

Los puntos de votación estarán abiertos desde las 10 hasta las 15 horas, pudiendo ampliarse hasta las 19 horas. Sobre los participantes se recogerá exclusivamente su código postal, edad y género, ya que la Ley de Protección de Datos impide coger más datos. El recuento empezará a las 20 horas, donde se volcarán los datos a una herramienta web.

Pese a su carácter no vinculante y no institucional, la plataforma ha ideado diversos medios para otorgar transparencia y vigilancia a estas consultas populares sobre la monarquía. Por zonas, Andalucía será la comunidad con mas puntos de voto, con 138 mesas de votación, seguida de Madrid con 101 y después la Comunidad Valenciana con 56 puntos.

Sorprendentemente, también se podrá votar desde el exterior, para que voten los españoles residentes en otros países, con puntos en Francia, Reino Unido o Argentina.