Las claves de la guerra energética que asola España

Tensión. Mucha tensión desde que ese 24 de febrero los ojos de todo el mundo miraban hacia el Este de Europa. No solo se ha germinado el miedo de los europeos por una nueva guerra mundial, también la incertidumbre. Y es que las familias de Europa han tenido que sobrevivir a una guerra donde las armas no tienen cabida. Una guerra de impotencia en la que no se puede hacer nada desde los hogares más que apagar un interruptor. Una guerra de la que depende la calidad de vida de pequeños y mayores: la guerra energética.

La dependencia energética europea de Rusia siempre ha sido un problema. Cuando Putin se enfadaba, cerraba el grifo y eso se traducía en pagar más. Pero no a las empresas eléctricas, sino a las familias. Más allá de Rusia, a España se le suma la situación geopolítica del Magreb y la falta de combustibles fósiles, con una inflación interanual del 8% que se nota en las carteras de los hogares. 

En esta línea, mientras la extrema derecha pretende vender que las facturas no dejan de crecer en el seno familiar por la transición energética verde y la descarbonización del sector en la Unión Europea (UE), la realidad es otra: la subordinación estatal a las empresas privadas en lugar de a los intereses sociales se acaba traduciendo en que los bolsillos de los dueños de las eléctricas se llenen a costa de ciudadanos que tienen que pagar más por un suministro básico en la sociedad contemporánea como es la energía.

Guerra energética: Regulación, presión, compensación y… ¿más regulación?

El principal proveedor de gas de España no es directamente el Kremlin, pero sí que es el de Europa. La regulación de los costes siempre ha estado sujeta a las directrices comunitarias hasta que, hace bien poco, Pedro Sánchez se aventuró a poner los puntos sobre las íes y presentó el acuerdo de Portugal y España con la Comisión Europea para topar a 50 euros el precio del gas en el mercado mayorista.

Bruselas da luz verde a la declaración de “isla energética” a la Península por doce meses y ahora es cuestión de negociaciones y coordinación el acabar de coger las riendas de la inflación que estaba afectando a hogares y a pequeñas y medianas empresas. Desde entonces, el megavatio por hora ha pasado, en cuestión de meses, de máximos a mínimos históricos. 

Sin embargo, cabe destacar que la escalada de precios ha llevado incluso a universidades nacionales a apagar calefacciones, limitar horarios de acceso a estudiantes e incluso cerrar las puertas del campus, pero mientras las compañías de electricidad recibían un ingreso extraordinario.

Algo de lo que Mathias Cormann, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya alentó a todos los países miembros, refiriendo a que las compañías eléctricas se estaban beneficiando de la subida de precios recomendó a los estados que, como medida “más que justificada”, subieran los impuestos a las eléctricas para reajustar la situación ya que podría ayudar a contrarrestar los efectos en colectivos vulnerables que tenían que enfrentarse a pagos desorbitados para tener una garantía mínima como es la luz.

Y así ha sido. El Ministerio de Hacienda y Función Pública puso en marcha y pactó con las eléctricas una subida fiscal verde con el objetivo de recaudar entre 5.941 millones y 15.023 millones más para ayudar a las familias, se publicó en marzo. 

El horizonte verde al que se mira desde el Ejecutivo como forma de lograr autonomía y sostenibilidad energética es un hecho. Actualmente, según datos de Red Eléctrica de España (REE), casi el 47% de la energía de España en 2021 fue de origen renovable (eólica, solar e hidroeléctrica), mientras que 2007, este porcentaje solo suponía el 20%.

Los siete reactores nucleares del parque español, produjeron un 21% del suministro total de la energía consumida. El tercio restante se generó con gas y petróleo importado: el primero es comprado principalmente a Argelia, Estados Unidos y Rusia. El segundo, comprado mayoritariamente a Nigeria, México y Libia, según informa El Salto. 

Asimismo, desde Moncloa se ha anunciado que se trabaja en diversos frentes para una transición verde en la que se sustente un modelo energético más sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. «El compromiso del Gobierno es avanzar y no retroceder un solo milímetro y no utilizar esta crisis energética para volver a modelos energéticos del pasado”, señala Sánchez.

Para ello, apostar por el hidrógeno verde es un “pilar fundamental”, enfatiza. Algo para lo que cuenta con el apoyo de fondos europeos: “Los fondos europeos suponen una extraordinaria oportunidad para la recuperación económica y, en particular, para el cumplimiento de los objetivos de transición energética que nos hemos marcado como país”, expone el socio de PwC Óscar Barrero. 

De hecho, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) establece las previsiones de inversión privada para incorporarse a la Red Eléctrica y las condiciones climáticas de la península marcando como objetivo instalar, como mínimo, unos 60 gigavatios (GW) en energías renovables para 2030.

El Salto publica un artículo desarrollando la capacidad de España de convertirse en la Arabia Saudí europea con la inversión en fotovoltaica y cómo su apuesta puede, además, beneficiar a las facturas. “Cuando hay sol y viento, el precio baja y cuando no lo hay, sube porque se consumen más combustibles fósiles (petróleo y gas). Con el doble de instalación eólica y el triple de solar que seguramente se alcanzará, no necesitaríamos gas. Y para conseguir 60 GW más sólo se requiere utilizar el 1% del territorio”, señala el PNIEC.

La encrucijada de los hilos corporativos 

Aunque hay algunas limitaciones al respecto y algo más detrás de este punto de mira idílico que se pretende alcanzar y que parece ser una solución. Y es que hay unos hilos corporativos que limitan un marco operativo realmente efectivo a corto y medio plazo en todos los sentidos. 

En esta línea, ya en abril los lobbies hicieron lo suyo. Eléctricas (especialmente Iberdrola y Endesa), bancos asociados (Santander o BBVA) y otros grupos de presión se movieron a Bruselas en privado para entorpecer la “excepción ibérica” y limitar ese esfuerzo fiscal de las compañías en beneficio del ciudadano.

Sin ir más lejos, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se posicionó contra el plan de Sánchez y señaló que la verdadera senda es modificar la tarifa regulada de electricidad, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), para “automáticamente bajar un 30 o un 40% el precio de la electricidad”, haciendo énfasis en que España tiene la misma situación que el resto de europeos, pero con el “elemento diferencial” de esta tarifa “única en Europa”, incide. A lo que añade, arremetiendo contra el planteamiento de “isla energética” de Sánchez, que no hay que cambiar “las reglas del juego europeas”, básicamente porque benefician los bolsillos de los magnates eléctricos.

Ante este tira y afloja, el Ejecutivo, con las manos atadas sugirió introducir en las facturas de todos los consumidores un nuevo cargo para compensar a las eléctricas del tope al precio del gas y el coste de los ciclos combinados donde las centrales queman gas para generar electricidad. Lo que ha recibido bastantes críticas ya que Sánchez no ha tenido en cuenta que, nuevamente, esta medida sale de igual forma de las carteras de los hogares, no de las compañías que se están beneficiando.

Al final la conclusión es la siguiente: la toma de acción en favor de la sociedad está paralizada porque “las negociaciones” son complicadas, pero los intereses cruzados, tanto económicos como políticos, también.

El Gobierno ya ha intentado alguna que otra vez abaratar el precio de la luz, pero las eléctricas siempre se cabrean porque se recortan sus amplísimos márgenes de ganancias. ¿Su enfadadas respuestas? Amenazas públicas como el cierre de nucleares y la limitación de suministro energético, entre otras presuntas y supuestas presiones en los despachos que nunca se han hecho públicas, pero que podrían tener que ver con las famosas puertas giratorias de los cargos públicos.

Ya en 2021 Diario Público difundió una lista de políticos del Partido Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE) que han ocupado puestos en los consejos de administración de las eléctricas como los expresidentes del Gobierno José María Aznar (PP) o Felipe González (PSOE).

También ministros con fuertes vínculos como Miguel Boyer (PSOE), Luis de Guindos (PP), Rodrigo Rato (PP), Pedro Solbes (PSOE) y Elena Salgado (PSOE). Asimismo, Fernando García Sánchez el que fue Jefe de Estado Mayor de la Defensa propuesto en 2011 por el expresidente Mariano Rajoy (PP) es el actual presidente de la Fundación Iberdrola. 

En definitiva, esta linealidad enturbiada y algo inútil basada en la regulación por la sociedad (aumento de precios a las familias) – presión por los intereses económicos (menos beneficios para las eléctricas) – compensación por los intereses políticos (puertas giratorias) no deja de repetirse en el sector. Algo que ha llevado a representantes más progresistas a plantearse la siguiente cuestión: ¿y si se nacionalizan las eléctricas?

Dos alternativas, ¿se puede hacer pública la energía en España?

Se plantean dos alternativas: por un lado, continuar moldeando y actualizando la regulación eléctrica una y otra vez para asegurar unos mínimos a los ciudadanos, pero sin dejar de compensar y beneficiar a las compañías eléctricas y, por otro, derribar parcialmente lo construido hasta ahora e implantar un sistema público de energía (o parcialmente público) para que las empresas dejen de atar de pies y manos a los dirigentes políticos y, así, detener el beneficio privado a costa de una garantía mínima social como es la luz, facilitándose (total o parcialmente) por el propio Estado a un coste mucho más reducido que el actual.

Como se está reflejando, si continúa bajo un marco operativo regulador sujeto a presiones, seguir con la primera de ellas es sinónimo de inestabilidad, aumento de la brecha económica y pobreza energética. Y es que cuando algo requiere excesiva regulación constante… ¿no es una pista de que no está bien planteado?

Con respecto a la segunda, la OCDE ya afirmó en un informe de 2018 que las empresas eléctricas públicas o semipúblicas pueden desempeñar un papel importante en la descarbonización del sector ya que “pueden influir directamente en la combinación eléctrica, invirtiendo más en renovables y menos en tecnologías de combustibles fósiles”. Y es que si dependiera de los Estados, los esfuerzos de la compañía no estarían exclusivamente en la rentabilidad económica, sino en la garantía del suministro con facturas asimilables y la conservación del empleo.

El mismo organismo ha documentado que 33 de las 51 empresas más grandes del mundo tienen una gestión pública o semipública. Existen empresas públicas de electricidad en todo el mundo. En la UE, surgieron para resolver ciertas fallas en el sector que las privadas no podían solventar.

A día de hoy, las compañías eléctricas públicas se postulan como una herramienta para resolver eventuales problemas de escasez, falta de inversiones o descontrol de los precios. Asimismo, se presentan como fundamentales para “velar por que las inversiones en infraestructuras sean coherentes con el objetivo de mejorar la resiliencia en los impactos económicos y climáticos, y también para estimular, mediante la creación de condiciones favorables, la inversión del sector privado en adaptación”, según un estudio sobre el clima y el crecimiento de la OCDE. 

En España, el socio de Gobierno, Unidas Podemos, el 22 de febrero ya propuso la creación de una empresa pública de energía llamada “Producción Eléctrica Española”, asumiendo las futuras concesiones caducadas de las centrales hidroeléctricas como respuesta a la escalada del precio de la luz, poniendo la transición ecológica como su eje vertebrador. Pero se rechazó. Los únicos votos a favor fueron del propio partido morado, Esquerra Republicana, EH-Bildu, Compromís, Teruel Existe y el BNG. 

A pesar de la negativa, se reabrió un latente debate sobre la nacionalización de las eléctricas. Mirando al pasado, Endesa fue pública. La privatización de la gran proveedora eléctrica nacional comenzó en 1988 por el PSOE, manteniendo una estructura pública en su mayoría y más tarde fue vendida por el PP en 1998 y finalmente, la compañía pública italiana Enel se hizo con la compañía. Es un ejemplo de que, nuevamente, esta garantía fue devorada por el capital. 

Asimismo, en el resto de países europeos hay modelos públicos e híbridos muy exitosos. En primer lugar, por ejemplo, Suecia tiene un mercado eléctrico público casi al 100%, según se revela en un informe del Ministerio de Medio Ambiente y Energía, cuentan con participación de pequeñas empresas privadas, pero la compañía propietaria de la red (Svenska Kraftnät) y el principal productor de energía (Vattenfall) son estatales.

En el lado opuesto se puede citar a Alemania, donde las fuentes de energía son privadas. Con la privatización del sector y la fusión de dos sociedades estatales surgió E.ON, una de las 50 compañías que más electricidad produce en el mundo. Sin embargo, varias ciudades se han desvinculado de los proveedores privados abogando por la creación de firmas propias como se revela en el estudio de Energy Cities sobre energías locales propias en Europa. Además, el informe del Consejo Europeo de Reguladores de Energía (CEER) ratifica que algunas de ellas proveen suficiente electricidad a municipios e incluso ciudades empleando como fuente principal las renovables. 

Aunque el punto al que miraba Unidas Podemos con su propuesta es Francia: su sistema eléctrico es público, pero está abierto a inversores privados. Esto se traduce en que el 80% de su energía es estatal, mientras que el 16% restante se divide entre accionistas tanto individuales, como institucionales.

La Ley francesa recoge que el Estado debe poseer, como mínimo, el 70% del capital y los derechos de voto en la compañía para evitar deficiencias. Esto se traduce en que, con la energía accesible facilitada por el Gobierno, se rebaja el megavatio por hora en el mercado mayorista, repercutiendo en la factura de la luz del consumidor. 

Pero es que en España es diferente. La participación del Estado se limita al 20% en la empresa que gestiona las infraestructuras de transporte de energía, la Red Eléctrica de España, por medio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Por ello, no incide de manera directa en el precio de la luz, porque no se dedica a la generación ni a la comercialización energética. Por tanto, según el economista fundador de Ecooo Energía Ciudadana y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Mario Sánchez-Herrer, el primer paso para la posible nacionalización es alejarse de los “principios de funcionamiento de las entidades privadas”, ya que «si se compite en plano de igualdad el Estado no tendría ninguna herramienta que permita abaratar el coste. Se requeriría de una empresa que de soporte de forma puntual al propio mercado».

Los actuales precios de la luz tienen un coste de producción de 3 euros el megavatio hora y esto se debe a que las grandes empresas energéticas son propietarias de otras fuentes energéticas sustituibles, explica Sánchez-Herrer. «Lo ideal sería que una hipotética empresa pública entrase en el mercado cuando se necesite abaratar el mercado eléctrico para los consumidores, con un mandato más concreto», indica el experto a La Información.

Al no depender de las oscilaciones de las energías renovables, las compañías privadas determinan el precio del mercado, siendo la propuesta de la “hipotética empresa pública” una buena herramienta para “favorecer la penetración de las renovables”. 

«Lo ideal sería que una hipotética empresa pública entrase en el mercado cuando se necesite abaratar el mercado eléctrico para los consumidores. Además, la hipotética empresa pública favorecería la penetración de las renovables»

Mario Sánchez-Herrer

En la línea de las renovables, la propuesta de los morados tenía otro foco puesto en el decrecimiento y la reducción del impacto medioambiental, como bien respalda el ministro y exlíder de Izquierda Unida, Alberto Garzón. “En un mundo con recursos naturales finitos, y con los combustibles fósiles alcanzando o sobrepasando sus picos respectivos, la encrucijada ante la que nos encontramos no debe subestimarse”, escribe Garzón en la Revista de Cultura y Pensamiento.

Y es que aunque el sistema eléctrico nacional ya roza el 50% de producción renovable es poco en relación a la energía total que se consume en España. “Necesitaríamos multiplicar por ocho la cuenta, sería así de fácil”, explica a El Salto, el investigador en renovables y la captura de carbono y revisor experto del IPCC Eloy Sanz.

La escasez de recursos es un llamamiento a la vitalidad de, no solo un cambio en el modus operandi nacional e internacional en materia energética, sino “un cambio cultural que requiere décadas”, declara el doctor en Física Teórica, Antonio Turiel, a El Salto.

Turiel busca convencer de la necesidad de una transformación en este sentido ya que, a su juicio, el mayor problema es que “no tenemos décadas” por la salud del planeta. El experto remarca la idea de que “el modelo actual, oligopólico, es el que no se puede mantener” y que “de cara al futuro sólo podemos contar con las energías renovables” variando en función del contexto. “Hay que ir caminando también a un tema que apenas se plantea, el aprovechamiento no eléctrico de la energía renovable. Más eficiente y más simple. Un aprovechamiento local”, incide. 

“El modelo actual oligopólico es el que no se puede mantener. De cara al futuro sólo podemos contar con renovables”

Antonio Turiel

Así pues, en España el consumo energético es elevado y la mayor parte de él proviene de fuentes contaminantes ya que la inversión en alternativas más ecofriendly está coja todavía.

Por ello, la propuesta de Unidas Podemos pretendía atajar los problemas derivados de la dependencia energética fósil del exterior y sus fuertes oscilaciones derivadas de intereses económicos y políticos mediante la creación de una entidad pública que agrupe las concesiones vencidas de las centrales hidroeléctricas, garantizando a la sociedad energía estable a un coste reducido y sobre todo, mucho más sostenible.

Sin embargo, es una utopía pensar que todo esto se resolvería a corto plazo y la cruda realidad es que las facturas de la luz necesitan acción ya. 

“Las concesiones de centrales hidroeléctricas, en su práctica totalidad, vencen a partir del año 2030. No permitirían actuar con la inmediatez que requiere la situación actual. Por tanto, el debate sobre esta gestión pública de las hidroeléctricas debería separarse del actual debate sobre las medidas para amortiguar la escalada de precios”, explica el consultor en proyectos relacionados con la transición ecológica, Ramón Mateo, a El País. 

Si bien es cierto que puede llegar a ser un buen horizonte en base al que actuar a nivel nacional, requiere de años para ser efectiva. “Quien diga que hay una sola medida que nos puede permitir cambiar las cosas de un día para otro en el BOE no tiene ni idea de lo que está diciendo o está haciendo demagogia barata”, afirmó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en 2021 en La Sexta.

Respondía al portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien afirmó que si hubiera voluntad el problema podría solucionarse “mañana” con un decreto ley que limitara el precio del megavatio/hora. Lo cual es falso. 

“Las concesiones de centrales hidroeléctricas, en su práctica totalidad, vencen a partir del año 2030. No permitirían actuar con la inmediatez que requiere la situación actual”

Ramón Mateo

Lo que es verdadero es que, alejándonos de acusaciones indocumentadas de figuras de Vox, PP que acusan la nacionalización total o parcial de plagio venezolano, es que hacer públicas las hidroeléctricas en España podría ayudar al cambio de precios y podría mejorar la incansable regulación actual.

Especialmente en el caso de la extrema derecha, el ataque a un modelo alternativo de producción de energía es constante, señalando las políticas de transición energética como las culpables del aumento de la inflación, ignorando las variables que han llevado a la aparición de la guerra energética y no ofreciendo ninguna solución encaminada a resolver el problema, más allá de reducir impuestos y redundar en el beneficio de las eléctricas.

Desmontando las mentiras de la ultraderecha sobre el cambio climático

Además, por supuesto, negando la terrible realidad del cambio climático y que va a obligar sí o sí a poner freno al margen de beneficios de las grandes empresas generadoras de energía y a apostar por la producción de energías alternativas. No en vano, la extrema derecha, así como PP y Ciudadanos, no han demostrado representar los intereses de los consumidores, sino de proteger sus propios intereses y los del capital privado.

No obstante, yendo más allá, según los expertos, el éxito de la centralización de la energía va más allá del debate público-privado. También en los países con un mercado eléctrico público funcional y exitoso. Todo depende del contexto y las circunstancias de cada región. El precedente de los nórdicos es la fuerza de la producción hidroeléctrica y en Francia su apuesta nuclear porque el trasfondo es la evidencia científica de que en el mundo hay escasez de recursos actualmente legítimos para proveer energía como es el gas. 

Más allá de lo público-privado: complementariedad y renovables

En definitiva, si la crisis energética europea viene por la dependencia fósil y la falta de alternativas sostenibles y con menos oscilaciones, en España no es distinto. Nacionalmente, existe un arduo debate que únicamente se centra en el enfrentamiento entre el mercado y el Estado, es decir, entre lo público y lo privado, entre la izquierda y la derecha. Como siempre. Sin embargo, en materia energética y en vista a la situación actual todo va más allá de esta dicotomía que banaliza la posible respuesta rápida a la subida de las facturas de la luz.

Lo que está claro es que el horizonte al que mirar es el incremento de alternativas energéticas sostenibles como las energías renovables que deriven en la simultánea reducción de fuentes de energía fósiles contaminantes (por la salud del planeta, por su escasez, por sus variaciones en costes, por las presiones económicas, políticas e incluso internacionales que vienen con ellas y un largo etcétera). 

También, se ha clarificado que hay cierta parte de la energía que debe ser garantizada por el Estado (como bien mínimo para subsistencia social) a un precio asequible y sin oscilaciones desmedidas.

Adquirir parte de las hidroeléctricas o crear una entidad nacional concreta para todo ello es una buena idea que los expertos auguran como efectiva. Así como optar por la energía fotovoltaica, pues desde 2015 se ha demostrado que es la más barata de producir (30€ el megavatio), casi la mitad  que la eólica marina y similar a la eólica en tierra.

De hecho, el economista especializado en energía y profesor de la Universidad de Alcalá José Carlos Díez opinó para El Salto: “Si la regulación del Gobierno está bien diseñada para bajar los precios a los consumidores, se apunta a desarrollar industria con energía barata y se facilita que las inversiones sean rentables, soy optimista, se puede aprovechar la oportunidad. Que España sea la Arabia Saudí de la UE puede ser real y factible y va a suceder si no nos equivocamos”.

Pero lo que está más claro todavía, es que todo esto son posibilidades con efectos notables a medio o incluso largo plazo y que es falso lo que dijo en su día Echenique. El problema con las facturas de la luz no se va a solucionar de un día para otro por el mero hecho de nacionalizar las eléctricas. Para poder garantizar, complementar y solucionar ya, muy a mi pesar y muy a pesar de los más progresistas, se debería plantear complementariedad entre lo público y lo privado al menos de manera temporal como primer paso a una generación que pudiera ser totalmente pública.

Por otro lado, el discurso de las derechas y de la ultraderecha no ayudan en absoluto a que este debate se desarrolle de forma educada y útil. Mientras expertos en la materia intentan ofrecer estudios, informes y valoraciones para avanzar en una mejor dirección, partidos como Vox apuestan por un gran recopilatorio de falacias argumentales, «fake news» y teorías de la conspiración sin sentido para arrastrar el debate al fango y que nada cambie.

Lo ideal sería que gran parte de la energía garantizada por el Estado fuera renovable y una pequeña parte fósil solo por el momento (sin apartar la mirada del objetivo de acabar con ella al completo). Todo ello, claro, con organismos que velen por la seguridad energética de los ciudadanos y de las empresas. 

Para que esto sea realmente efectivo y para poder implementarlo, el primer paso es quitarle poder a quienes mueven el mercado de las fósiles y de los que dependen sus precios. No hay que olvidar que los intereses económicos o políticos, jamás tienen que apartar los sociales. Debería ser el primer mandamiento de cualquier democracia. Derechos por encima de dinero o poder. Derechos y garantías sociales por encima de todo.