¿Vox constitucionalista? Todos los puntos de la Constitución que quiere demoler
Moverse entre contradicciones nunca ha sido un problema para Vox, incluso si se habla de algo tan serio como la Constitución. Vox se infiltra en las manifestaciones de los agricultores al mismo tiempo que vota sistemáticamente en contra de las medidas para garantizar que no se venda por debajo de costes en el campo. Acusan al gobierno de traer la ruina a los españoles a la vez que se oponen a toda medida social para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la crisis energética. Prometen el fin de todos los chiringuitos cuando su líder, Santiago Abascal, estuvo cobrando 82.491 euros anuales en uno montado por el Partido Popular (PP), hecho que él mismo reconoció.
Aunque la formación de ultraderecha ha perdido algo de fuelle en los últimos meses, con un sonado declive electoral en las elecciones andaluzas y con encuestas cada vez menos favorables, está siendo capaz de salir indemne de todas estas incoherencias y capear el temporal para mantener una considerable representación en todos los parlamentos autonómicos de los que tanto reniega.
En ello juega un papel fundamental los medios de comunicación que, lejos de señalar estas contradicciones, se limitan muchas veces a reproducir el discurso de Vox de forma aséptica y equidistante, compartiendo su agenda comunicativa día tras día en tertulias e informativos, e incluso concediéndoles entrevistas.
Así una de las principales contradicciones de Vox que se pasa por es la referida a la Constitución y su declaración de «constitucionalista» cuando la respeta poco. La formación verde se ha disputado el significante de ser uno de los ‘’partidos más constitucionalistas’’ principalmente con el PP, tras el abandono prematuro de la partida de la Ciudadanos
Sin embargo, la realidad es que muchas de las propuestas políticas de Vox son contrarias al texto y espíritu de la Carta Magna. A continuación se expondrán cuáles son los principales desencuentros de la formación de extrema derecha con la Constitución Española y que chocan frontalmente con esa etiqueta de constitucionalistas que se arrogan a sí mismos.
Los derechos fundamentales protegidos por la Constitución
La Constitución Española consta de un preámbulo seguido de 169 artículos que se reparten entre el título preliminar y otros diez títulos. Ya en el título preliminar, los redactores del texto constitucional plasmaron la voluntad del pueblo español de constituirse en un ‘’Estado social y democrático de derecho’’. Pero, ¿qué supone esto?¿Son solo unas cuantas palabras para quedar bien o esconden un significado más importante?
El estado de derecho por su parte es aquel que garantiza la primacía del derecho sobre los poderes públicos y los ciudadanos. Se desarrolla durante el siglo XIX al calor del auge del liberalismo y conlleva en última instancia el sometimiento de todo actor político a una serie de normas legales, en oposición a los regímenes autocráticos.
Siguiendo, el estado democrático, bajo los parámetros liberales, conlleva la elección de los representantes políticos por parte del pueblo, depositario de la soberanía popular. Es uno de los principios más repetidos en los estados occidentales modernos.
Finalmente, el estado social, originario de la Alemania de Otto Von Bismarck, se complementa con los dos anteriores asegurando además la realización personal de todos sus ciudadanos a través del ejercicio de sus derechos sociales y económicos.
Para la consecución, ya no de un estado democrático y social, sino simplemente de un estado de derecho, es básico que haya unos derechos fundamentales de los que gocen todos los ciudadanos, no solo los autóctonos, que reconozcan unas libertades básicas entre las que habitualmente figuran la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad ideológica o la libertad de asociación, entre otras libertades civiles básicas.
Así pues, el compromiso de muchos de los partidos del arco parlamentario con los derechos sociales y económicos es cuestionable cuanto menos, todos ellos a remolque de una ideología neoliberal que persigue neutralizar toda medida social y redistributiva; pero el compromiso de Vox con los derechos fundamentales y su convicción en las libertades políticas pueden ser puestos en entredicho a raíz de algunas de sus propuestas.
Su repetida voluntad de ilegalizar a los partidos nacionalistas de los pueblos periféricos solamente por su ideología atentaría de forma directa contra estos derechos fundamentales. Asimismo, Vox ha apostado en sus programas electorales por la eliminación de derechos básicos como la seguridad social o el salario para los presos condenados por terrorismo o por la eliminación de la cobertura sanitaria para las personas migrantes.
El espíritu de la ‘’reinserción social’’ que propugna el artículo 25 de la Constitución se opone a la cadena perpetua y al punitivismo que promueven desde las filas de la formación de ultraderecha. El Estado social y democrático de derecho, base sobre la que se erige toda la Carta Magna, quedaría en papel mojado si se materializasen muchas de las propuestas de Vox. De hecho, es probable que incluso pudieran ser impedidas con una denuncia al Tribunal Constitucional.
La organización sindical
La redacción de la Constitución Española tiene lugar en un momento de auge del movimiento obrero, posiblemente el más intenso de los últimos ochenta años. En consecuencia, aunque la transición a la democracia representativa liberal estuviera capitaneada por las élites franquistas, estas no podían desoír las reivindicaciones de la clase obrera. Fue precisamente por su incapacidad para controlar el movimiento obrero por lo que Carlos Arias Navarro, el primer sucesor del dictador Francisco Franco, tuvo que ceder su silla a un aspirante más joven y carismático: Adolfo Suárez.
Es en este contexto en el que las organizaciones sindicales obreras irrumpen el texto constitucional hasta en seis artículos (8, 27, 103, 127, 131 y 159). Como resultado, la Constitución dota a todos los trabajadores y trabajadoras del derecho a organizarse colectivamente y reconoce a los sindicatos como un actor político fundamental del Estado social y democrático de derecho.
Los ataques de Vox hacia la organización obrera son de sobra conocidos. Sus miembros se han manifestado sistemáticamente en contra de toda movilización por derechos laborales que no pudiesen capitalizar, desde la huelga del sector metalúrgico en Cádiz hasta las recientes movilizaciones por la salud pública y por las condiciones laborales del personal sanitario. En su programa económico se han mostrado partidarios de limitar el derecho de huelga, reconocido por la Constitución, y de permitir a los empresarios ofrecer salarios menores a los pactados con los sindicatos en los convenios colectivos.
La contradicción en la que entran los ultraderechistas con el texto constitucional al realizar estas propuestas les fue recordada desde la tribuna del Congreso por la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz. ‘’Usted tiene un problema con la Constitución’’ le espetaba Díaz a la ex de Vox Macarena Olona, cuando esta hacía gala de su faceta más radical desde la Tribuna de Oradores criticando las movilizaciones sindicales gaditanas.
El modelo sindical de Vox se opone al modelo sindical de clase, que reconoce un conflicto de intereses entre empresarios y trabajadores, para buscar nuevas enemistades en las personas migrantes o en los propios sindicatos de clase. Como resultado, montaron su propio sindicato, Solidaridad, con una inexistente implantación o apoyo en los centros de trabajo de la geografía española y con una organización centralista y jerárquica, con un secretario general con enormes poderes, que entroncarían con el ‘’funcionamiento democrático’’ que propugna la Constitución para las organizaciones sindicales.
La organización territorial del Estado
El centralismo de Vox no se remite solamente a su organización interna y a la de sus satélites como Solidaridad, el secretario general de la cual, Rodrigo Alonso, es diputado y portavoz de Vox en el parlamento andaluz. Su centralismo y jerarquía se extienden también a su visión sobre la organización territorial del Estado. Desde su nacimiento, Vox ha manifestado su animadversión por el sistema autonómico español y su voluntad de centralizarlo, eliminando el llamado Estado de las Autonomías.
Para tratar de convencer a la ciudadanía de este impopular proyecto, ya que tan solo un 20% de la población española es favorable a acabar con las autonomías, la formación de ultraderecha ha intentado difundir la visión de que estas suponen un gasto innecesario que podría ahorrarse tan solo con centralizar todas las competencias. Además, desde Vox lo señalan como uno de los principales problemas del país, aunque para los españoles los principales problemas son otros: la crisis económica (34,1%), el paro (31,4%) o la sanidad (26,6%) según el barómetro del CIS de noviembre de 2022.
No obstante, a menos que Vox quisiera acabar con la sanidad pública, con la educación pública o con las políticas de empleo, la desaparición de las comunidades autónomas no supondría un ahorro significativo para las arcas públicas, sino que simplemente centralizaría estas partidas que ahora gestionan y distribuyen las administraciones más próximas. La animadversión de Vox por el estado autonómico no se debe a cuestiones económicas, sino que responde a su particular ultranacionalismo que no reconoce la existencia de diferentes nacionalidades en el estado español.
Este centralismo de carácter nacionalista es contrario al espíritu constitucional. La Carta Magna ya manifiesta en su preámbulo su intención de ‘’proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones’’ . A continuación, en su artículo 2 garantiza el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas’’, y en su artículo 3 establece la cooficialidad de las diferentes lenguas del Estado español y las declara ‘’objeto de especial respeto y protección’’.
Sin embargo, la formación verde proclama su constitucionalismo al tiempo que desprecia a los diferentes pueblos de España y su cultura y lengua. El vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, dice que quiere centralizar la Educación, la Sanidad y la Justicia para luego derogar el Título VIII de la Constitución por completo, que establece la organización territorial no solo en comunidades autónomas sino también en provincias y ayuntamientos, mientras cobra casi 100.000 euros anuales de la Junta de Castilla y León que, dice, pretende hacer desaparecer.
Esto no viene de ahora: la extrema derecha española se ha opuesto históricamente a la descentralización de los territorios del Estado español, al reconocimiento de nacionalidades diferentes dentro del propio Estado y a la protección de las diferentes culturas y lenguas que existen en el territorio, lo que se desprende de los continuos ataques a cualquier medida política que profundice en estas cuestiones, especialmente en País Vasco y Cataluña.
La libertad religiosa
Uno de los principales derechos fundamentales que garantiza la Constitución es el derecho a la libertad religiosa. El artículo 14 garantiza la no discriminación por razones religiosas (entre otras razones) y el artículo 16 garantiza la libertad religiosa sin más limitación en su manifestación que la referida al mantenimiento del orden público. En consecuencia, la Constitución establece que ‘’ninguna religión tendrá carácter estatal’’ y llama a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española para establecer relaciones de cooperación con las instituciones eclesiásticas de cada una.
A pesar de que la sociedad española está comenzando a cuestionar cada vez más a la religión y a las instituciones eclesiásticas, sigue habiendo una considerable cifra de creyentes. Alrededor del 40% de la población española se manifiesta católica, de los cuales tan solo un 10% es practicante, y en torno a un 6% se declara creyente de otras religiones, como el islam, el judaísmo, el protestantismo o el cristianismo ortodoxo.
A pesar de ello, Vox establece en sus propuestas un cerco al islam prohibiendo su enseñanza en las escuelas y la supresión de las subvenciones a las asociaciones islámicas, pero no para el resto de religiones evidenciando su doble vara de medir discriminatoria y racista.
Esto entraría en clara contradicción con el artículo 14 de la Constitución y también con el 27.3 que establece que ‘’los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones’’.
La Constitución como arma arrojadiza
Ha quedado patente que el constitucionalismo de Vox es tan solo impostado. Las propuestas de Vox en materia de libertades políticas, de libertad sindical, de libertad religiosa o de organización territorial entre otras son contrarias a la Carta Magna. Los ultraderechistas señalan a ‘’la izquierda y los separatistas’’ por supuestamente atacar la Constitución y se oponen a actualizarla por ejemplo retirando términos a día de hoy discriminatorios como ‘’disminuido’’, al mismo tiempo que pretenden derogar títulos enteros de la misma.
Es más, hay que tener presente que la extrema derecha tan solo respeta la legalidad mientras esta le permite llevar a cabo su proyecto político. En cuanto las normas legales se vuelven en su contra se apresuran a modificar las reglas del juego incluso si son las reglas constitucionales. Así lo ha intentado recientemente Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, que ha pedido la rescisión de la Constitución estadounidense para revocar su fracaso electoral de 2020.
También los poderes económicos se parapetan detrás de la propiedad privada y la libertad empresarial garantizadas en la Constitución hasta que esta no les sirve para seguir agrandando sus cuentas lo suficiente. Esto mismo ocurrió con la reforma del artículo 135 de la Constitución llevada a cabo con nocturnidad y alevosía por el PP y el PSOE en 2011, que conminó a los poderes públicos a que tuviesen como prioridad absoluta el pago de la deuda pública, en un momento en el que algunos países pedían a los mercados renegociar su deuda.
Desde Vox se perfilan como el partido más constitucionalista, pero siguiendo la estela trumpista y de sus socios de ultraderecha en cuanto tengan el apoyo parlamentario necesario para retirar todos aquellos artículos que les impiden llevar a cabo sus políticas autoritarias y neoliberales, viendo cómo han actuado sus principales aliados tanto en Europa como en América, es previsible que lo hagan.
Así lo están deslizando en sus intervenciones públicas, manifestando que la nación española es ‘’superior a la Constitución’’, cuando esta es precisamente la máxima expresión de la soberanía popular.
La formación de ultraderecha no ve en la Constitución una voluntad popular de la sociedad española de darse unos derechos y libertades comunes que le permitan vivir en democracia. En cambio, Vox ve en la Constitución un arma arrojadiza con la que persistir en su retórica bélica según la cual España está siempre a punto de desintegrarse.
Articulista. Apasionado por la Sociología y la Ciencia Política. Periodismo como forma de activismo. En mis artículos veréis a la extrema derecha Al Descubierto, pero también a mí.
