Vox cesa al secretario del grupo municipal de València tras la desaparición de 17.000 euros de su cuenta bancaria

El pasado viernes 16 de febrero, la Junta del Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha recibido la propuesta de cesar como secretario general a Jerome Garris Suárez, secretario del grupo municipal de Vox en el consistorio, dirigida directamente de Juan Manuel Badenas, portavoz de dicho grupo y a su vez Coordinador del Área de Empleo, Formación y Emprendimiento.

Su puesto será cubierto por Fernando Beltrán Esteban, antiguo asesor de Vicente Barrera, vicepresidente del gobierno valenciano, y ex empleado de Disenso, el think tank del partido ultraderechista, mientras que Garris pasará a ser asesor del grupo parlamento de Les Corts. Al menos así lo ha contado elDiario.es, que ha tenido acceso a dicho texto.

Y es que uno de los muchos escándalos que ha salpicado a Vox en València tiene que ver con la desaparición de 17.000 euros de la cuenta bancaria adscrita al grupo municipal del partido liderado por Santiago Abascal. Desde la Intervención del Ayuntamiento de València advirtieron de que esta cantidad de dinero había sido retirada y que, por lo tanto, tenía que ser justificada, tal y como se desprende del reglamento municipal. Sin embargo, esta justificación nunca llegó: el partido tuvo que reponer este dinero sin que se supiera qué había sido de este dinero.

Hay que recordar que la cuenta bancaria del grupo municipal únicamente debe utilizarse para el ingreso del llamado fondo de grupo, esto es, una suerte de subvención pública de carácter municipal que muchos ayuntamientos ofrecen y cuyo destino está limitado a los gastos de funcionamiento del grupo municipal como material fungible o gastos de asesoría. Así, todo gasto debe de ser justificado aportando las facturas a Intervención y, si no se justifican, deben de ser reingresados.

Vicente Montañez, el ex concejal de València que ya denunció al partido ante Fiscalía el 26 de mayo de 2023 por los presuntos delitos de financiación ilegal de los partidos políticos, falsedad documental, prevaricación, malversación, coacciones y organización criminal, y que señaló acoso y extorsión por estos hechos, ya señaló en su momento a Garris. A su juicio, Garris había sido designado por la dirección central de Vox e impuesto por la Vicesecretaría Nacional de Organización para controlar y supervisar dicha cuenta bancaria.

Estas acusaciones de la denuncia se remiten a 2019, cuando Vox trató de desviar al propio partido las aportaciones económicas que reciben los grupos parlamentarios y municipales por parte de diferentes ayuntamientos y cámaras autonómicas. La dirección central de Vox hizo llegar a los grupos municipales, tanto de València como del resto de los ayuntamientos, una circular en la que se especificaba cómo transferir el dinero a la formación y mediante la que se citó a los diputados y concejales para hacer una reunión online en diciembre de 2020.

Según Montañez, “el grupo municipal recibía los pagos del Ayuntamiento por una única cuenta y nunca existió una caja”, y añadió que “para los pequeños gastos se disponía de una tarjeta recarga que tenía Jerome Garris, secretario del grupo municipal, por orden expresa de la dirección de Vox en Madrid”.

De hecho, tal y como avanzó elDiario.es, desde el 15 de diciembre de 2021 constan cargos en la cuenta bancaria para una tarjeta prepago, es decir, que existía una tarjeta en la que se metía dinero del grupo municipal a modo de tarjeta monedero, sin que hasta ahora se haya hecho público este modus operandi ni tampoco lo que se ha abonado con esa tarjeta. En 2022, además, constan cargos con la mencionada tarjeta en la cuenta del grupo por valor de 5.389 euros y entre enero y junio de 2023, periodo en el que se encuadra el informe de la Intervención, 6.042,71 euros.

Finalmente, no se ha sabido dónde fue a parar ese dinero.

El modus operandi de Vox, no sólo en València

Si bien es cierto que el mismo diario publicaba en octubre del año pasado que la dirección del partido recibió más de 8.000 euros desde el grupo municipal de València por “servicios que no habían sido ni solicitados, ni prestados, ni presupuestados en ningún momento”, según la denuncia, también lo es que la demanda recoge otro ejemplo de este mecanismo de financiación en Alzira.

En este caso se señala que los compañeros parlamentarios facilitaron a Montañez documentación que en los grupos municipales “se estaba malversando para el pago de sedes del partido, bajo la amenaza a los concejales de no contar con aquellos que no participaran en la financiación de las sedes”.

Otro presunto caso de extorsión y en los que se acusa de que “Vox es un chiringuito” fue en Orihuela, donde los ediles de Vox se dieron de baja con fuertes críticas hacia el partido. Entre ellos Asunción Aniorte, exclamando que tras negarse a transferir dinero del grupo a la formación recibió amenazas.

A este caso se suman las múltiples polémicas que envuelven al partido como por ejemplo, la reciente y viral detención de una concejala de Vox en Parla, Ana González Martínez, tras ser acusada de liderar una red de tráfico y venta de cocaína.

Múltiples polémicas que, sumadas a las crisis internas y territoriales, parecen estar pasando factura a Vox: el último CIS apunta a una intención de voto del 7.9%, todavía más baja que la del anterior barómetro, que le otorgaba un 8.3%. De celebrarse hoy las elecciones generales, el partido de ultraderecha podría perder la mitad de sus escaños.