«No leéis lo que votáis”: Vox asume su error en la votación que conmuta penas y sus seguidores reaccionan con fuertes críticas en redes
El grupo parlamentario de Vox ha reconocido su error al apoyar una reforma legislativa en el Congreso que podría reducir las penas de presos que ya hayan cumplido años de pena en otros países, lo que podría afectar a presos de ETA. Esto ha provocado una fuerte reacción en redes sociales entre los seguidores de la formación ultranacionalista.
Y es que, durante la tramitación de la ley sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea (una transposición de una directiva europea) Sumar añadió una enmienda apoyada sin reparo por Vox y el Partido Popular. Tras hacerse público el alcance de esta votación, Vox pidió disculpas por lo sucedido, argumentando que no habrían podido frenar la aprobación aunque hubieran votado en contra, debido al apoyo mayoritario que la propuesta tenía.
Sin embargo, la indignación en su electorado no se ha hecho esperar, con críticas de todo tipo hacia la formación ultraderechista.
Una de esta criticas va a la raíz de como Vox, que cuenta con 33 diputados y multitud de asesores, votó a favor de esto. Así muchos de sus seguidores opinan que ni siquiera leen lo que votan.
Otros en esta línea señalaban además la gran cantidad de dinero público que se embolsan los diputados de Vox por su supuesta labor y que aquí no habrían cumplido.
La realidad es que esto ha supuesto un duro golpe para muchos votantes de la formación, que incluso han anunciado su baja.
Otros muchos han sido más duros con el partido ultra, pidiendo dimisiones.
Vox asume el «error»
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, fue la encargada de asumir públicamente el error cometido por su partido tras la polémica votación. En una rueda de prensa ofrecida en la Cámara Baja, Millán pidió disculpas a los votantes y a la sociedad, particularmente a las víctimas del terrorismo, quienes se sintieron traicionadas por lo ocurrido. Afirmó que el partido está realizando una revisión exhaustiva del proceso de votación para evitar que se repitan errores de esta magnitud en el futuro. A pesar de la asunción de responsabilidades, Millán insistió en que la votación de Vox no habría cambiado el desenlace, ya que la reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso, con el apoyo de otros grupos parlamentarios, lo que significa que, incluso si hubieran votado en contra, la medida habría salido adelante.
Esto explicación no ha gustado a muchos de sus seguidores, que consideran que es «echar balones fuera».
Vox ha reiterado que el error fue involuntario y que no se percataron del impacto de la enmienda en el momento de la votación. En un intento por calmar las críticas, Millán destacó que Vox se ha comprometido a tomar las medidas necesarias para revertir la situación, y ha hecho un llamado a la unidad en el Congreso para frenar cualquier avance de la ley antes de que esta entre en vigor. A pesar de esto, las redes sociales se inundaron de los mensajes de sus seguidores de Vox expresando su decepción, e incluso acusaciones de «falta de atención» y «traición».
La reforma de la ley y la posición del PP
La reforma legislativa que desencadenó la polémica tiene como objetivo adaptar la ley española de intercambio de antecedentes penales a los requisitos establecidos por la Unión Europea. En principio, se trataba de una medida técnica que no generaba gran controversia. Sin embargo, la inclusión de una enmienda por parte de Sumar modificó una parte. Esta enmienda, que afecta al primer párrafo de la Ley Orgánica 7/2014, permite la conmutación de penas para los presos, lo que podría permitir la reducción de condenas para un grupo significativo de presos encarcelados en otros países con el objetivo de que los presos no cumplan penas doblemente por el mismo delito, lo que podría afectar a presos de ETA encarcelados en Francia.
El Partido Popular, que también votó a favor de la reforma en el Congreso, ha intentado explicar lo sucedido argumentando que el alcance de la enmienda no fue lo suficientemente claro durante el debate parlamentario. Según han señalado fuentes del PP, la medida fue presentada como un ajuste técnico para cumplir con las normativas europeas, y no se discutieron sus posibles efectos colaterales. Esta falta de atención ha provocado un fuerte malestar en las filas del partido, sobre todo después de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo denunciara públicamente las consecuencias de la votación. Además se ha revelado un vídeo del Partido Popular respecto a la aprobación de la ley donde el PP tildaba la ley de sencilla y donde había exigido que tendría que haberse aprobado antes.
El electorado del PP también ha reaccionado con indignación, exigiendo explicaciones y responsabilizando a la dirección del partido por no haber sido más cautelosa en la revisión de la ley. En este contexto, el PP ha hecho un llamado al Gobierno para que retire la reforma antes de que llegue al Senado, argumentando que esta medida no solo beneficia a presos de ETA, sino que también erosiona la confianza en el sistema judicial. Borja Sémper, portavoz del PP, ha insistido en que el partido buscará todas las vías legales para impedir que la ley entre en vigor tal como está redactada, y que lucharán para evitar cualquier concesión a los condenados por terrorismo.
El Partido Popular ha señalado además que la reforma cuenta con el apoyo de formaciones como Bildu, lo que refuerza las sospechas de que la medida tiene un trasfondo político para beneficiar a los antiguos miembros de ETA, aunque Bildu no participó directamente en la elaboración de las enmiendas.
Vox y el PP intentan revertir la situación, con poca posibilidad de éxito
Tras reconocer su error, tanto Vox como el Partido Popular están movilizándose para intentar revertir la aprobación de la reforma antes de que esta sea ratificada en el Senado. El PP, que cuenta con mayoría en la Cámara Alta, ha solicitado retrasar la votación y explorar vías alternativas para frenar la aplicación de la ley. Una de las principales herramientas que tienen a su disposición es la posibilidad de modificar el orden del día de las sesiones del Senado, lo que permitiría aplazar indefinidamente la votación. No obstante, este procedimiento requiere el consenso de los grupos parlamentarios, algo que parece difícil de conseguir dada la mayoría que sostiene al Gobierno en la Cámara Baja.
Vox, por su parte, ha apelado a la responsabilidad del Gobierno, exigiendo que se retire la ley antes de que sea aprobada de manera definitiva. La formación liderada por Santiago Abascal ha sugerido que se podría aplicar el artículo 127 del Reglamento del Senado, el cual permite al Ejecutivo retirar un proyecto de ley en cualquier momento antes de su aprobación final. Aunque esta opción ha sido considerada por algunos analistas como una salida viable, el Gobierno no ha mostrado señales de querer retroceder en la aprobación de la reforma. Ante esta situación, tanto Vox como el PP están evaluando otras alternativas legales que les permitan bloquear la ley o modificarla antes de que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.
El plazo para la votación en el Senado expira el 14 de octubre, lo que significa que ambos partidos tienen un margen de tiempo muy reducido para encontrar una solución. De no conseguir detener la aprobación de la ley, esta entraría en vigor automáticamente.
Director de Al Descubierto. Estudiante de Ciencias Políticas y máster en Política Mediática. Apasionado del estudio y análisis del hecho político, con especial interés en el fenómeno de la extrema derecha, sobre la que llevo formándome desde 2012. Firme defensor de que en política no todo es opinable y los datos, fuentes y teorías de la ciencia social y política deben acompañar cualquier análisis.
