Von der Leyen quiere copiar los centros de inmigrantes fuera de la UE de Meloni. Su coste es astronómico

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto una medida que ha generado polémica: la creación de centros de inmigrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea (UE), tomando como referencia el modelo implementado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Esta propuesta, presentada en una carta dirigida a los líderes de los países de la UE, surge en un contexto de crecientes presiones para endurecer la política migratoria europea y acelerar las deportaciones de migrantes en situación irregular.

Von der Leyen sostiene que es necesario «explorar nuevas vías» para gestionar la inmigración ilegal y propone la externalización de los centros de retorno, esto es la cración de centros de inmigrantes fuera de la UE, siguiendo el ejemplo del reciente acuerdo entre Italia y Albania. Este acuerdo, impulsado por Meloni, prevé que los migrantes rescatados en el mar Mediterráneo sean enviados a centros de internamiento en Albania, donde se decidirá su destino. Este plan busca reducir los flujos migratorios hacia Europa desviándolos a terceros países.

El plan de la presidenta de la Comisión Europea también incluye la colaboración con otros países fuera de la UE, como Turquía, Túnez, Libia y Egipto, con quienes la Unión ya ha firmado acuerdos para frenar los flujos migratorios. Desde 2016, la UE ha destinado miles de millones de euros a estos países en concepto de control migratorio, pero las críticas se han centrado en las vulneraciones de derechos humanos en los centros de detención que gestionan. Este enfoque ha sido calificado por organizaciones como Amnistía Internacional de «devastador» para los derechos de los migrantes.

Los centro de inmigrantes fuera de la UE de Meloni: un coste económico estratosférico

Uno de los aspectos más controvertidos de los centros de inmigrantes fuera de la UE propuestos por Von der Leyen es el elevado coste económico que conlleva. El modelo italiano ya ha demostrado ser caro. Por ejemplo, la construcción de los centros en Albania, financiada por el gobierno italiano, ha supuesto un gasto estimado de entre 600 y 700 millones de euros. A esto hay que sumarle el coste de los viajes de deportación. Según medios italianos, el primer traslado de migrantes desde Italia a Albania costó alrededor de 250.000 euros, lo que equivale a 18.000 euros por persona deportada. Estas cifras han generado críticas en Italia, donde la oposición considera que la nueva política migratoria es ineficiente y extremadamente costosa, especialmente en un contexto de crisis financiera en el país.

El acuerdo entre Italia y Albania, que ahora Von der Leyen quiere replicar a nivel europeo, también ha sido duramente criticado por su impacto en los derechos humanos. Los centros de internamiento en Albania han sido descritos como «cárceles» por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, debido a las condiciones restrictivas en las que viven las personas retenidas. Las críticas se han intensificado tras el primer envío de migrantes, ya que muchos de ellos provienen de países que no son considerados seguros por la justicia europea, lo que podría complicar aún más las deportaciones.

A pesar de las críticas, Von der Leyen defiende su propuesta como una solución «innovadora» para afrontar la inmigración irregular. Según la presidenta de la Comisión, la medida no solo permitiría reducir la presión migratoria en las fronteras europeas, sino también garantizar una mayor eficacia en el proceso de deportación de aquellos migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas.

Falta de acuerdo pese a una política migratoria cada vez más hostil

La propuesta de Von der Leyen ha recibido el apoyo de varios países europeos, especialmente aquellos que llevan tiempo exigiendo una política migratoria más estricta. Francia, Alemania, Dinamarca y Países Bajos son algunos de los países que han instado a la Comisión Europea a explorar «soluciones innovadoras» para gestionar la inmigración, entre las que se incluyen los centros de inmigrantes fuera de la UE. Estos países argumentan que la actual política migratoria de la UE es insuficiente para hacer frente al aumento de los flujos migratorios y a la presión que esto genera en sus sistemas de asilo.

Sin embargo, otros estados miembros, como España, han expresado su oposición a esta medida. El gobierno español ha rechazado públicamente la propuesta de externalizar la gestión de los migrantes, argumentando que esta política va en contra de los derechos humanos y podría empeorar la situación de los migrantes. La portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría, afirmó que España «seguirá defendiendo vías de migración seguras» y se posicionó en contra de las «devoluciones forzosas» a terceros países.

Además, organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido sobre los peligros de esta política. Amnistía Internacional, por ejemplo, ha señalado que la externalización de las fronteras conlleva un riesgo elevado de violaciones de derechos humanos, como ya ha ocurrido en otros países que han adoptado políticas similares, como el Reino Unido con Ruanda o Australia con sus centros en islas remotas.

En este contexto, la propuesta de Von der Leyen marca un giro en la política migratoria de la UE, alineándose con los países más conservadores y endureciendo el enfoque hacia la gestión de los flujos migratorios, muy alejado del generoso modelo alemán de 2016. Pese a la oposición de ciertos países, la petición de una política antimigrante es cada vez mayor fruto de las presiones desde la extrema derecha y las victorias conservadoras. Una opción que pretende tapar los problemas de la globalización y el extractivismo capitalista en uno de los grupos más débiles de la sociedad.