Vox rechaza el Código Ético del Congreso y sus diputados no darán información sobre regalos y actividades

El grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados rechazó ayer martes ofrecer detalles sobre los obsequios recibidos los cinco años previos a la asunción del cargo, así como las actividades económicas realizadas que puedan «condicionar» el ejercicio de la política o le hayan «proporcionado ingresos económicos» y las fundaciones en las que hayan participado. Este requerimiento entraba en vigor este año tras la aplicación de un Código Ético el pasado 1 de octubre destinado a mejorar la transparencia de la cámara, si bien se dio de tiempo a los miembros de la cámara hasta el 15 de febrero para ponerse al día.

El nuevo Código Ético se aprobó debido a la necesidad de armonizar tanto el Congreso como el Senado. El Congreso tenía ya uno aprobado desde 2019, pero no el Senado, por lo que se ha optado por redactar uno nuevo que sea de aplicación para ambas cámaras, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).

Además de las indicaciones más arriba señaladas, el nuevo Código Ético prohíbe a los diputados y a su entorno familiar inmediato aceptar regalos, favores o servicios que les ofrezcan por su cargo o que generen un conflicto de intereses. Y, en caso de que los regalos no supongan una influencia directa en su actividad parlamentaria, deberán registrarse y no superar en ningún caso los 150 euros de valor.

Otro aspecto novedoso del Código Ético es la obligación de hacer pública la agenda de los diputados. Y, específicamente, que las reuniones con representantes de grupos de interés o lobbies, sean públicas.

El rechazo de Vox al Código Ético del Congreso

Vox fue el único partido político del Congreso que votó en contra de la aprobación del Código Ético, al que tildó de «código de sospecha» y que «socava la presunción de honorabilidad de los miembros de las cámaras”.

Estas y otras discrepancias han llevado al partido de extrema derecha a eludir dentro de lo posible sus nuevas obligaciones en materia de transparencia. Así, donde deberían haber plasmado la nueva información, los 52 diputados han declarado en el apartado de «actividades desarrolladas» de la declaración de intereses económicos, que se hicieron públicas el martes, que su actividad está siempre al servicio del «interés superior de España» y que eso no se ve condicionado por cuestiones ajenas.

El alegato completo de cada uno de los diputados de la formación ultraderechista con respecto a las actividades económicas, es la siguiente: “Ninguna de las actividades desarrolladas por mí durante los cinco años anteriores a la obtención del mandato parlamentario podrá condicionar mi actividad política en tanto en cuanto esta se desarrollará siempre al servicio del interés superior de España y de los españoles con lealtad a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vigente tal y como juré en la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados”.

En segundo lugar, en cuanto a la información sobre las entidades con las que colaboran, tampoco han ofrecido información, indicando que durante los cinco años previos a la obtención del escaño, han realizado “pequeñas aportaciones y tareas de voluntariado a entidades benéficas, de ayuda social y promoción cultural y educativa”.

Para todo lo demás, se remiten a las declaraciones de bienes que todo cargo electo debe rellenar al tomar posesión del acta, la misma que Santiago Abascal, líder de la formación, tardo meses en actualizar cuando se compró un chalet por 736.000 euros.

Por último, respecto a los regalos, los 52 diputados de Vox han plasmado no haber recibido ninguno “de especial consideración y valor”, solo “exclusivamente” los obsequios propios de la “relación familiar, amistosa o social sin alcance material relevante” e insisten en que “ningún regalo es susceptible de condicionar su práctica parlamentaria”.