Policías se manifiestan contra la reforma de la «Ley Mordaza» tras la convocatoria de Jusapol, plataforma afín a Vox

El pasado sábado se celebró en Madrid una manifestación de miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como “Ley Mordaza”, que prepara el ejecutivo de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos y presidido por Pedro Sánchez. El convocante de la manifestación, Jusapol, asociación que engloba a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, se ha mostrado satisfecha por el éxito de convocatoria de la manifestación.

Según datos de la propia asociación, reunió a 150.000 personas; datos que pone en duda la Delegación del Gobierno, que sitúa la cifra en 20.000.

La manifestación arrancó a las 11:30h de la mañana desde la Puerta del Sol y recorrió el centro de Madrid hasta llegar a la sede del Ministerio del Interior, donde esperaba una plataforma con altavoces.

La marcha fue secundada por otras asociaciones policiales, acudiendo a ella miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policías autonómicas y Policías locales. Durante el trascurso de la misma pudieron escucharse constantes gritos a favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en contra del gobierno estatal y sus miembros, principalmente contra el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Una manifestación absorbida por la ultraderecha

A la manifestación acudieron diferentes representantes políticos estatales, pero todos ellos fueron de partidos derechistas.

Los más reconocidos por parte del PP fueron Pablo Casado y José Luis Almeida, el alcalde de Madrid, mientras que por Ciudadanos acudieron su líder, Inés Arrimadas, su portavoz en el Congreso, Edmundo Bal, y el diputado Miguel Gutiérrez.

Pero sin duda, los asistentes más laureados durante la manifestación fueron los del partido ultraderechista Vox (acudieron Santiago Abascal, Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio y José Antonio Ortega Lara) y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; aunque cabe señalar que esta evitó asistir al completo de la manifestación y se dejó ver únicamente durante un par de minutos.

Los miembros de Vox fueron recibidos entre vítores, y su líder, Santiago Abascal, recibió en diferentes momentos gritos de “presidente, presidente”.

Este hecho demuestra el marcado carácter político de la manifestación, la cuál en principio se presentaba neutral respecto a adscripciones políticas o partidistas; hecho deseable en una democracia al tratarse de una convocatoria de las autoridades policiales, la cual, en principio, debería mostrarse neutral en cuanto a cuestiones políticas o partidistas.

Por otro lado, la convocante Jusapol es una asociación que mantiene una clara y evidente relación con Vox, existiendo lazos comunes entre ambos desde al menos 2018.

Durante el trascurso de la manifestación, además, se lanzaron constantes cánticos ultranacionalistas, los cuáles se sumaron a la presencia de algunos elementos catalogados por la propia policía como símbolos de odio, por ejemplo, la Cruz de Borgoña, y de cartelería de corte radical y/o que buscaba la ridiculización de personas y sectores sociales.

Finalmente, y de manera aislada, también sucedieron algunos incidentes violentos entre los manifestantes y algunos grupos contra manifestantes, los cuáles defendían la derogación de la “Ley Mordaza”.

La «Ley Mordaza» y su necesaria derogación

La Ley Integral de Seguridad Ciudadana fue aprobada en el año 2015 por el ejecutivo del por entonces presidente del gobierno Mariano Rajoy.

Esta ley fue aprobada en un contexto de fuerte movilización social y de constantes manifestaciones contra los recortes y la desigualdad fruto de la crisis del 2008. La conocida como “Ley Mordaza” fue aprobada de manera unilateral por el gobierno popular ante las criticas de numerosos sectores de la población, organizaciones pro derechos humanos y organismos internacionales.

Reconocidas ONGs como Amnistía Internacional han denunciado durante años el retroceso en materia de derechos civiles que la aprobación de la ley supuso, e instituciones de la relevancia del Consejo de Europa, a través de su órgano consultivo, la Comisión de Venecia, han pedido la derogación o modificación de dicha ley.

De hecho, el último dictamen de este órgano señaló el “potencial represivo” de la ley y los “abusos en la práctica” que posibilita; de esta manera solicitó a España una “revisión” de la norma y la implementación de instrumentos que garanticen un seguimiento interno de la policía.

En esta línea se sitúa la propuesta de reforma del Gobierno de coalición de PSOE y UP, la cual modifica algunos aspectos cruciales como la presunción de veracidad de las declaraciones policiales (introduciendo únicamente la necesidad de que sean “coherentes, lógicas y razonables”), las grabaciones de actuaciones de la policía, las sanciones contra la convocatoria de manifestaciones no comunicadas, o el uso de material antidisturbios, que deberán priorizar los «menos lesivos»

La realidad es que las asociaciones pro derechos civiles y humanos han criticado dicha reforma del ejecutivo al entender que se queda “corta” de los cambios necesarios, mientras que las asociaciones policiales han mantenido una lógica de malinterpretación y difusión de bulos sobre el proyecto de reforma y los cambios que supone.

Valentín Pozo

Articulista. Estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y apasionado de la investigación. Experiencia en movimientos estudiantiles y sociales. En mis artículos intento ofrecer un enfoque analítico más orientado a las ideologías y teoría política.

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