El movimiento obrero en la Transición: de la revolución al pacto social

El imaginario colectivo sobre la Transición Española se articula, como en cualquier relato histórico, a través de figuras destacadas que, según se dice, marcaron su rumbo y trajeron la democracia. Juan Carlos de Borbón, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, Felipe González o Santiago Carrillo son algunos de esos nombres que aparecen de forma automática en la memoria de la gente cuando se les pregunta por la Transición, el periodo en el cual España pasó de la dictadura de Francisco Franco a la monarquía constitucional a finales de los años 70 y a lo largo de los 80.

Esto se debe esencialmente a una concepción de lo histórico, pero también de lo presente, promocionada desde lo que Althusser llamaba aparatos ideológicos de Estado (escuelas, medios de comunicación, instituciones religiosas, etc.), que comprende el devenir histórico como resultado de los antojos de sus élites. Esta visión perpetúa una imagen de lo social como inamovible por la acción popular, a merced exclusivamente de quienes gobiernan y dominan el mundo, llegando casi a la naturalización y esencialización de la historia.

Es decir, existe una tendencia a la hora de describir el desarrollo de la Historia a través de personalidades destacadas cuando en realidad es consecuencia de otras muchas variables sociales, políticas, culturales, económicas… sin quitar importancia a dichas personalidades, por supuesto.

Para comprender la riqueza de matices que conforman los fenómenos históricos es necesario desplazar la perspectiva intencionalmente ubicada en los procesos individuales y elitistas hacia los colectivos, hacia las grandes masas y clases sociales. Frente a las visiones cerradas de lo histórico, en las siguientes líneas trataremos de ensanchar la mirada sobre la Transición y sobre los actores que tuvieron un papel determinante en la misma.

Si hay un actor responsable de ensanchar los límites de la Transición es el movimiento obrero como principal, aunque no único, propulsor de la acción colectiva y de la conflictividad social durante aquellos años. Junto al movimiento vecinal o estudiantil entre otros, la clase obrera haría de estos años un hervidero social que, como defiende el historiador Ferrán Gallego, con autonomía respecto a los partidos políticos de la oposición modificó el panorama que se habían planteado quienes pretendían capitanear el proceso de transición.

Es imperante, por lo tanto, revelar por qué el movimiento obrero alcanzó tal fuerza en los últimos años de la dictadura franquista y mostrar cuáles fueron las causas de su posterior desmovilización durante sus primeros pasos en democracia.

La fuerza de una «mancha de aceite»

La represión que siguió a la victoria del bando sublevado en la Guerra Civil dejó un movimiento obrero aturdido y desmembrado, que más allá de algunos connatos de movilización en la metalurgia vizcaína y asturiana y en el siempre combativo movimiento obrero barcelonés, no tuvo actividad reseñable en los años siguientes a la contienda.

Su mirada, la de quienes aún conservaban fuerzas como para dirigirla a algún lado, estaba más bien puesta en derrocar al régimen mediante experimentos guerrilleros infructuosos que no en huelgas o demandas laborales. La protesta obrera seguía observándose a través de las gafas de la Guerra Civil.

Como señala el historiador Sebastian Balfour, no será hasta finales de los años 40 cuando se producirá un cambio de estrategia y comenzará a plantearse la utilización de la huelga general como herramienta para el derrumbamiento del régimen, secundada por el resto de movimientos populares y coordinada por la oposición.

Sin embargo, el movimiento obrero contaba con serias dificultades para organizarse y movilizarse. El Estado franquista, como en todo aparato estatal de inspiración fascista, tenía entre sus objetivos políticos integrar para sí a la clase obrera, erigiéndose como su máximo y único defensor a través del hegemónico Sindicato Vertical, pero negándole así su capacidad de organizarse de forma autónoma y, por ende, su condición de sujeto.

De esta forma, aunque el franquismo no consiguió acabar con la clase obrera, sí logró incidir en su desmovilización. La destrucción de los sindicatos de clase, a partir de los cuales la gente trabajadora se había organizado en las pasadas décadas, borró la tradición de organización previa y obligó a repensar las prácticas de acción colectiva a una nueva generación que no conocían la España anterior al franquismo, por su corta edad o por su condición de inmigrantes, teniendo como único ejemplo de actividad sindical al Sindicato Vertical.

Por eso mismo, la ultraderecha en su conjunto y Vox en concreto tienen entre sus principales enemigos y objetivos abatir a los sindicatos de clase. Sin estructuras organizativas de masas, sean sindicatos, asambleas o cualquier otra forma de organización colectiva, las clases populares son más débiles y se ven obligadas a claudicar ante los designios de los patrones.

Por otro lado, un movimiento obrero como el español, que en su constante tensión entre su vertiente política y su vertiente puramente sindical se caracterizaba por decantarse por la sindical, por las demandas concretas, se desmovilizaba cuando la coyuntura económica era propicia. No debe sorprender, en consecuencia, que las dos épocas de mayor conflictividad laboral durante la dictadura hayan sido a finales de los 50 y principios de los 60, y a mediados de los 70, coincidiendo con la agonía del modelo autárquico y con las crisis del petróleo, respectivamente.

Junto al fraccionamiento del movimiento, que se organizaba por oficio, industria y geografía y que requería de secretismo, de no confiar en demasiada gente, para sobrevivir a la represión, estos factores marcaron la debilidad de la clase obrera en las primeras décadas de la dictadura franquista. Aun así, estas desventajas o lastres no consiguieron sobreponerse al movimiento obrero.

Desde inicios de los años 70, este experimentaría un crecimiento exponencial, haciendo patente la incapacidad de la dictadura para lidiar con la oposición, con un marcado auge en los años de la Transición donde se llegó a un pico de casi 19.000 jornadas no trabajadas por huelgas en 1979, diez veces superior a la cifra 5 años anterior. Ante ello, cabe preguntarse cómo consiguió una clase obrera atomizada en comisiones incomunicadas, sin proyecto político concreto y huérfana de tradición sindical elevar hasta semejantes umbrales la conflictividad social.

Una primera respuesta, puede partir de lo que se conoce como «la mancha de aceite». Esta metáfora, obviamente atravesada por el imaginario industrial imperante en la época, describe un patrón común de organización solidaria obrera que se extendió por el Estado español tras el triunfo de la puesta en práctica de la misma en la huelga de los mineros y mineras asturianos de 1962.

A raíz de la huelga motivada por los despidos de varios mineros del Pozo Nicolasa que se manifestaban en contra de sus deplorables condiciones laborales, la movilización se extendió, como si de una mancha de aceite se tratase, más allá de sus límites sectoriales y geográficos.

Lo que comenzó como una mera protesta laboral en un pozo minero acabó contagiando a 23 provincias y evidenció el poder de negociación que tenían los trabajadores cuando se organizaban de forma solidaria, consiguiendo que un ministro franquista se sentase a negociar y cediese ante las reivindicaciones obreras.

Además, aunque no suele contarse, las mujeres tuvieron un papel protagonista en la ya popularmente conocida como «la Huelgona», no solo sosteniendo esas acciones solidarias cuidando de sus hijos en casa y de sus maridos en la cárcel, sino también directamente desde la mina en la que trabajaban desde el siglo XIX y donde por aquel entonces cobraban la mitad que un hombre por el mismo trabajo.

Fueron estas prácticas solidarias entre mineros, mineras, albañiles, agricultoras, asturianas, valencianos, barcelonesas y un larguísimo etcétera las que dotaron de fuerza al movimiento obrero durante el franquismo tardío y la Transición, sacudiendo los cimientos del Estado franquista y adelantando su futura caída.

Las disputas partidistas por controlar el movimiento

Otro relato, otro de tantos, extendido sobre la Transición responsabiliza a los partidos de la oposición de su creciente organización en los 70 atribuyéndoles el papel de guías o vanguardia de las masas. Como hemos visto, la clase obrera contaba con sus propios objetivos y agenda, que no siempre conseguían ser articulados coherentemente en un proyecto político de rango superior.

La sociología obrera de la Transición reflejaba un sujeto político consciente en grandes capas de su condición de clase y de la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar sus condiciones laborales y de vida, pero que no iba más allá de algunas nociones anticapitalistas en su propuesta política.

Como apunta el historiador Emmanuel Rodríguez en su obra Por qué fracasó la democracia en España, los lemas de la época, que apelaban a la «centralidad obrera» y a «todo el poder para la asamblea», señalan el para quién pero se quedan muy lejos de concretar el para qué. Algo, por otro lado, bastante habitual en los movimientos sociales.

Ello no fue óbice para que los partidos políticos (prohibidos) tratasen de politizar y aglutinar al movimiento obrero. La disputa principal durante la dictadura tuvo lugar en el seno del recién nacido sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que se postuló como la herramienta para ganar la hegemonía en la izquierda. Esta organización asamblearia de trabajadores fue impulsada por comunistas, católicos y obreros de otras corrientes ideológicas para oponerse a unas estructuras sindicales que no respondían a sus necesidades.

Pronto CCOO se convirtió para el Partido Comunista de España (PCE) en un vehículo para desgastar al régimen y los católicos fueron desplazados progresivamente, culminando con el abandono del sindicato por parte de la central católica Unión Sindical Obrera (USO) en 1967. Será a partir de los años 60 cuando, ante la palpable moderación del PCE, proliferarán las organizaciones de talante más radical con diversas adscripciones: trotskistas, maoístas, guevaristas… conformando una galaxia obrera diversa y fragmentada.

El episodio más negro en relación con la división sindical se dio con motivo de la huelga madrileña de enero de 1976. Este conflicto, bautizado por los medios del régimen como la «huelga salvaje», arrancó con el parón de los trabajadores del metro y acabó extendiéndose al resto de sectores hasta aglutinar a cerca de 400.000 trabajadores en huelga, la mayor de la historia en la capital hasta la fecha.

Sin embargo, esta no había sido convocada por los sindicatos ni por los partidos que se encontraban en un momento político delicado. El dictador Francisco Franco había muerto pocas meses antes y el PCE necesitaba mostrarse como una oposición civilizada al tiempo que los restos del régimen se desmoronaban, válida para el diálogo, para legitimarse de cara al proceso de Transición a la democracia liberal.

Así pues, el PCE se propuso acabar con la huelga y demostrar su capacidad de control sobre las masas. De esta forma, se mostró favorable a dar una tregua al gobierno provisional y, cuando se quedó en inferioridad numérica en el comité organizador de la huelga (80 frente a 140), viéndose incapaz de imponer su visión, sorprendentemente, o no tanto, el resto de miembros fueron detenidos por la policía en una reunión secreta en la que los delegados del sector de Carrillo alegaron ‘’haberse retrasado’’. Con ello, el conflicto quedó descabezado y los comunistas consiguieron imponerse en el comité para fomentar la vuelta al trabajo.

Aun así, el movimiento obrero consiguió sobreponerse también a estos conflictos. Al fin y al cabo, como explica Rodríguez, la propia estructura disfuncional del sindicalismo, en la que las coordinadoras no representaban muchas veces la voluntad de los trabajadores, minimizaba los efectos de las peleas internas.

Más o menos politizada, la clase obrera y sus órganos de representación compartían un sentir contrario al régimen franquista que les hacía subordinar sus objetivos en última instancia a un proyecto democrático común. Una variable que afectaba a la práctica totalidad de organizaciones y movimientos políticos que ansiaban un cambio tras 40 años de dictadura.

Una perspectiva distinta la aporta el politólogo Robert Fishman quien señala cómo, dirigiendo la mirada más allá de conflictos puntuales como el relatado con anterioridad, la mayoría de representantes sindicales (principalmente los de CCOO, pero también en menor medida los de UGT) manifestaban a inicios de los 80 su deseo de que sus compañeros de trabajo tuviesen una mayor determinación a la hora de iniciar y sostener los conflictos laborales.

Si bien las desavenencias y encontronazos en la vanguardia sindicalista no desmovilizaron a la clase obrera en los primeros años de la Transición, esta se acabaría desvaneciendo con o sin su ayuda.

De la chispa de Vitoria a la reconversión industrial

Sucediendo a la huelga madrileña, desde la ciudad de Vitoria protagonizaron la última mancha de aceite. Según las crónicas periodísticas de la época, unos 4.500 huelguistas mantuvieron el pulso durante dos meses, entre enero y marzo de 1976, reivindicando salarios dignos. Ante este panorama, miles de personas se solidarizaron poniéndose asimismo en huelga hasta alcanzar la cifra de unas 18.000 personas.

Todo ello sería contestado con dureza por el régimen, que ya tenía fecha de caducidad sin su caudillo, pero cuya represión no cesaba.

La organización de la clase obrera en los 70 se había traducido en sucesivas conquistas. De un 46,3% de peso de los salarios sobre el PIB en 1971, se alcanzó un 52,2% en 1978, el valor máximo entre 1970 y 2020. Por primera vez desde los años 30, las rentas del capital se estaban viendo recortadas por la lucha obrera y la revuelta de los salarios, que había dejado una inflación superior al 20% para 1974, estaba haciendo fallar al gobierno franquista en el único ámbito donde no podía hacerlo: el económico.

Ello llevó al recién investido presidente Carlos Arias Navarro a decretar una congelación salarial y reprimir con toda la artillería cualquier movilización sindical que amenazase con no doblegarse.

En Vitoria, unas 4.000 personas se reunieron en la Iglesia de San Francisco de Asís el 3 de marzo para debatir la hoja de ruta de la huelga. La policía rodeaba el edificio. Les había dejado entrar, pero no les iba a poner fácil salir. Los antidisturbios, haciendo gala de su capacidad para generar los disturbios contra los que se supone que actúan, lanzaron gases lacrimógenos y recibieron con golpes y balas de plomo a los huelguistas a la salida. 5 muertos y más de 100 heridos. Una de las mayores matanzas de la Transición.

Los «sucesos de Vitoria» supusieron un efímero éxito para el ejecutivo de Arias Navarro en tanto que los huelguistas regresaron al trabajo de forma paulatina, pero la brutalidad policial generó una ola de solidaridad y cuatro meses después el rey Juan Carlos retiró su confianza al ejecutivo ante su incapacidad de liderar la transformación institucional, sustituyéndolo por un hombre más comprometido con cambios de fondo en el sistema político, Adolfo Suárez.

Se puede defender, por lo tanto, que el movimiento obrero fue capaz de acabar con el primer intento de continuismo que se pretendía imponer tras la muerte de Franco. O, al menos, hay bastantes argumentos para sostener que tuvieron un rol importante en la construcción del nuevo sistema.

Sería la administración de Suárez la encargada de llevar a cabo la necesaria transición sindical para apuntalar el sistema político del 78. CCOO, ahora central sindical copada por militantes del PCE; y UGT, impulsada por la popularidad del PSOE, se consolidaron como los dos sindicatos mayoritarios, con el permiso del histórico sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Ambos participaron de los Pactos de la Moncloa, legitimando el sistema político y económico viniente, posición a la que se opuso la CNT, pero a la que las divisiones internas sí que lastraron de modo que fue incapaz de organizar en su seno a la izquierda disidente de los «consensos».

Estos consensos consiguieron reducir la conflictividad laboral durante los 80, al tiempo que los pactos de rentas, que de tan reciente actualidad están ahora con la guerra de Ucrania, empobrecieron a la clase trabajadora.

Esto se tradujo en una pérdida de afiliación en estos sindicatos, pero el nuevo modelo sindical con subvenciones estatales y liberados sindicales les permitía mantener su actividad sin problemas, un sistema de funcionamiento que perdura hasta el día de hoy sin apenas cambios.

De forma paralela, por diferentes motivos que darían para varios artículos, se produjo una desindustrialización que originó un repunte de la conflictividad laboral en ciertos enclaves geográficos. Ahora bien, lo más relevante es hasta qué punto esta desindustrialización coincide con la transformación de la composición sociológica del movimiento obrero.

El modelo de asambleas de fábrica sobre el que se había sustentado el auge de la acción colectiva en la segunda mitad de la dictadura se esfumaba como el humo de las chimeneas ante el desmantelamiento de los centros de trabajo, reduciéndose considerablemente el tamaño de las empresas industriales a medida que cogía fuerza el sector servicios en toda la geografía española.

Esta tendencia marcaría las siguientes décadas de la mano del ideario neoliberal y atomizaría las relaciones laborales hasta puntos insospechados por entonces.

Ya no es necesario intervenir los centros de trabajo, pues empresas como Amazon directamente gozan del poder suficiente para impedir la organización de sus trabajadores. Se está dando una uberización de la economía (término derivado de la aplicación Uber), donde las plataformas digitales y aplicaciones móviles cobran un inusitado protagonismo a fin de facilitar transacciones entre clientes y proveedores de un servicio, a menudo sin pasar por el papel de planificación centralizada de las grandes empresas.

Este modelo de negocio tiene diferentes costos operativos en comparación con un negocio tradicional en la que se niega la relación entre patrón y asalariado de forma que no se reconoce conflicto de intereses alguno y las relaciones laborales se limitan a una legitimación de la extracción de plusvalor.

Un cambio radical en las relaciones de producción que ha atravesado al sindicalismo de forma decisiva.

Más allá de la Transición

Sin duda, el panorama actual en cuanto al movimiento obrero es muy diferente. Si bien su papel en la Transición fue definitiva, actualmente los sindicatos han perdido buena parte de su fuerza, son denostados por parte de la población y cada vez menos gente se identifica con la etiqueta de «clase trabajadora» o similares, prefiriendo etiquetas más atomizadoras que dificultan la conciencia de clase y, por ende, la aparición de movimientos consolidados. Al mismo tiempo, España tiene una de las tasas de sindicación más bajas de Europa y la más baja de toda su historia.

Así, el activismo social y político, quitando de momentos como el Movimiento 15-M, también permanece atomizado, aunque muchas de las ideas progresistas y de reivindicación de derechos laborales continúan. Además, en distintos puntos, como Cádiz o Asturias, se han dado verdaderos ejemplos de lucha sindical que conviene recordar y reivindicar.

Una de las pruebas del potencial aglutinador de la causa obrera es el intento de la extrema derecha por apropiarse de la defensa de los derechos laborales y de muchos de los problemas que azotan a las personas trabajadoras. Para ello, Vox creó el sindicato Solidaridad, organización que recuerda al Sindicato Vertical del franquismo y que busca aumentar el techo electoral del partido a costa de la implantación en barrios humildes y personas de clase baja.

Debería ser objetivo de las organizaciones democráticas y de los sindicatos de clase recuperar el abanderamiento de los principales problemas de las clases populares y que el movimiento obrero recupere el papel que una vez tuvo en la Transición.