Acusación final contra Keiko Fujimori pide 30 años de cárcel por financiación ilegal y organización criminal

Este martes 19 de julio, cumpliendo el último día de plazo, la fiscalía peruana ha presentado un informe de 4.600 páginas acusando a Keiko Fujimori de distintos graves delitos. La acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez, dirigente del Equipo Especial Java Lato, acusa a Fujimori y decenas de sus colaboradores de un entramado criminal dentro del llamado “caso cócteles”.

Exactamente se les acusa de financiación ilegal de millones de dólares en las campañas electorales de 2011 y 2016 además de dirigir una organización criminal, acusando por lo tanto también a su partido, Fuerza Popular.

Este extenso informe ha sido corregido en numerosas ocasiones para añadir subsanaciones y precisiones por parte de las personas demandadas. Así, contiene especificaciones de los abogados de los más de 40 investigados. Entre estos se encuentran importantes mandatarios de la cúpula de Fuerza Popular como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y José Chlimper.

También se encuentra como acusado su marido, Mark Vito, con el que Fujimori se casó en 2004 y del que anunció su divorcio hace tan solo unas semanas.

Pese a los intentos de desacreditar al fiscal, dilatar el caso y oponerse en los tribunales, el fujimorismo ha sido incapaz de detener el informe final. Esto supone un enorme mazado para Keiko Fujimori, que se enfrenta a una petición de la fiscalía de 30 años de cárcel y 10 meses.

¿Qué se investiga?

El “caso cócteles” y las investigaciones del Equipo Especial Java Lato acusan a Fujimori y el entorno de Fuerza Popular de «crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo”.

Por un lado se investigan las potentes donaciones de grandes empresas, millonarios y narcotraficantes que financiaron ilegalmente a Keiko Fujimori. El dinero se depositaba a través de paraísos fiscales y bancos en el extranjero del país, llegando posteriormente a la formación mediante el lavado de activos.

Algunos de los casos más llamativos fueron el de la constructora brasileña Odebrecht, que depositó al menos 1 millón de dólares; las aportaciones del banquero Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos de Perú, por un importe de 3,65 millones de dólares; o los 15.000 dólares de Luis Calle Quirós, llamativos por ser un narcotraficante buscado por los Estados Unidos. Todas estas aportaciones se diluían haciéndose pasar por donaciones anónimas de pequeñas cantidades.

Estos procesos tenían como objetivo impedir la victoria de líderes de la izquierda como Ollanta Humala y conseguir beneficios de un teórico gobierno de Fujimori. Además, Fuerza Popular también celebraba cócteles con un elevado coste para asistir: entre 250, 350 y 500 dólares (el SMI en Perú en aquella época estaba en 252 dólares aproximadamente).

Estos cócteles servían para financiar las campañas electorales y utilizaban también el sistema mencionado anteriormente.

Solo en 2016, el partido organizó seis de estas actividades, recogiendo 4.606.218 soles peruanos, casi 1.400.000 dólares al cambio.

Keiko Fujimori, entre la evasión penal y la frustración

El rumbo de Keiko Fujimori podría haber cambiado totalmente en 2022 con las últimas elecciones naciones de Perú.

Allí la líder de Fuerza Popular se enfrentó al actual presidente, Pedro Castillo,  manteniendo unas amplías aspiraciones y objetivos.

Una victoria significaba la paralización de todas las causas que investigaban a la lideresa además de la posibilidad de indultar a su padre, el autócrata Alberto Fujimori, responsable de una de las páginas más tétricas de Perú.

Además, Alberto Fujimori está siendo investigado en estos años por crímenes de lesa humanidad y casos cruentos como las esterilizaciones forzosas.

Todas estas investigaciones tienen al líder del clan Fujimori entrando y saliendo de la cárcel gracias a su avanzada edad y delicado estado de salud.

La victoria por parte de Pedro Castillo puso fin a estas aspiraciones, siguiendo el ciclo de derrotas de los líderes de la extrema derecha americana y marcó la continuación de sus causas ante la justicia, ahora entre la espada y la pared.

Sus abogados ya consiguieron que saliera de la cárcel, en la que estuvo presa 16 meses, hasta que fue puesta en libertad en 2020 durante la pandemia con el impedimento de viajar fuera de Perú. La fiscalía peruana intentó que volviera a la cárcel de manera provisional, pero los jueces desestimaron el caso y permitieron a Fujimori seguir libre.

Con la presentación de este último informe, el tiempo de gracia se acaba para Keiko Fujimori, quién ya ha anunciado que no se presentará a las elecciones en el país andino en el caso de que se celebren pronto.