PP y Vox se repartirán 23 asesores en Orihuela con un coste de 804.500€ anuales

En Orihuela (Alicante), la conformación del gobierno entre el PP y Vox ha generado medidas polémicas que incluyen subidas de salarios y colocación en puestos de confianza. Uno de los aspectos que destaca es la distribución de 23 asesores, con un coste salarial anual de 804.500 euros brutos. Esta cifra se acerca al límite legal estipulado de 840.000 euros.

Según informaciones de diarios como Información o Alicante Plaza, el reparto de los 23 asesores se ha hecho entre el PP con 18 asesores y Vox con 5. Entre los asesores destacados se encuentra el exconcejal del Partido Popular, Dámaso Aparicio; Raúl Fernández, número 11 por Vegara del PP; y Chechu Herrero, del comité provincial de ciudadanos en Alicante y personal de confianza del propio Maestre. Los asesores serán asignados a diferentes áreas: Servicios Generales (7 asesores), área administrativa (4 asesores), Servicios Básicos (7 asesores), Sectores Productivos (2 asesores) y Servicios a la Ciudadanía (3 asesores).

En el pleno de organización celebrado el pasado 13 de Julio, el alcalde actual, Pepe Vegara, aumentó su salario en 6.000 euros, llegando a los 64.000 euros. También se incrementaron las indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones para los concejales en un 50% y el sueldo de los asesores municipales.

El acuerdo de gobierno en Orihuela y la sombra de la corrupción

Tras las elecciones municipales, el PP logró 10 ediles, a uno solo de la mayoría absoluta en el pleno, mientras que Vox obtuvo 4 concejales. Ambos partidos han decidido unirse y firmar un acuerdo de gobierno para alcanzar la mayoría suficiente de 14 concejales y garantizar así la investidura del futuro alcalde, José Vegara.

Sin embargo, este acuerdo ha despertado inquietudes debido a las imputaciones por corrupción que pesan sobre algunos de sus miembros. José Vegara, el futuro alcalde propuesto por el PP, se encuentra procesado por presuntos delitos contra la hacienda pública y fraude del IVA.

Además, el anterior gobierno de Orihuela, liderado por el PP y Ciudadanos, también estuvo marcado por la sombra de la corrupción. Emilio Bascuñana, el anterior alcalde popular, fue imputado por malversación, acusado de cobrar como asesor de la sanidad pública sin acudir a trabajar. Estas acusaciones llevaron a una moción de censura pactada entre los socialistas y Ciudadanos, que rompió su alianza con el PP y optó por unirse a la oposición para derribar al alcalde. Este ejecutivo tuvo una vigencia moderada, empezando en 2022 y durando apenas un año.

Esto explica en parte porque el PP ha optado por formar un pacto de gobierno con la extrema derecha de Vox, a pesar de contar con otras opciones políticas disponibles, como Ciudadanos con 2 escaños. Su líder además dice que “no me preocupa la imputación”. Parece que a la población tampoco, obteniendo el Partido Popular azuzado por la corrupción un escaño más que en las anteriores elecciones.

Promesas incumplidas de PP y Vox

Resulta destacable que tanto el PP como Vox realizaron llamamientos electorales para reducir gastos innecesarios y el gasto político, pero estas promesas chocan con la realidad tras la conformación de gobierno en muchos municipios. Huelga decir que el pasado Gobierno del PSOE y Ciudadanos, liderado por Carolina García, también contaba con 23 asesores y un gasto salarial de 783.200 euros brutos al año, que las formaciones de la derecha querían reducir. En su lugar lo han mantenido y han aumentado los salarios.

El mantenimiento de un elevado número de asesores o su aumento ha sido generalizado, pudiéndose encontrar en multitud de gobiernos de la derecha en diferentes localidades, como Aljaraque (Huelva), Llucmajor (Baleares) y Piélagos (Cantabria).

Además también estamos asistiendo a una subida masiva y generalizada de los sueldos, algo que choca con los mensajes de austeridad y acabar con el “despilfarro político”. A pesar de las promesas de reducir gastos, los aumentos salariales y el incremento de asesores son evidencia de un cambio de rumbo en las políticas municipales que es un síntoma generalizado allí donde gobiernan.