Las contradicciones e incoherencias de Vox
Vox, la principal formación de extrema derecha española, se ha jactado siempre de tener unos principios inamovibles, a la vez que de “defender las mismas ideas en todos los lugares de España” y de acusar a sus rivales políticos de mentir y manipular ante el mínimo cambio de sus declaraciones de un momento a otro, señalando cualquier contradicción por nimia, absurda e incluso justificada que pueda llegar a estar.
La realidad, sin embargo, es que Vox ha tenido momentos de sonadas incoherencias, errores y contradicciones, además de considerable envergadura. Estas siempre han sido escondidas mediante el uso de un mensaje triunfalista, de lo que se llama posverdad (es decir, negando la realidad), las fake news o, como última arma, mediante la omisión del tema, pasando a otro asunto. Pero prácticamente imposible recoger un momento donde la formación reconociera un error propio o admitiese una contradicción.
Esta técnica, de defender una supuesta actitud coherente aunque no lo sea es muy utilizada por la nueva derecha radical y fue una de las piedras angulares del mandato de Donald Trump en Estados Unidos, si bien es una estrategia heredada del fascismo tradicional de los años 20 y 30 donde lo importante es el relato y el discurso que se construye y no tanto el fondo o la acción política.
Por poner un ejemplo, según un estudio del The Washington Post, Donald Trump pronunció 20.000 mentiras durante su corto mandato de 4 años (12 al día). Cuando se le recordaban o la prensa las recogía, el presidente y sus allegados utilizaban el discurso para intentar volverlo a su favor, la posverdad para convencer de que aquello no pasó o fue malinterpretado o la simple negación, acusando a sus rivales de ser los que propagan las fake news.
Estas contradicciones no parece que pasaran mucha factura al magnate estadounidense, que aumentó en seis millones de votos sus resultados de 2016 pese a perder contra su rival Joe Biden.
De la misma manera, las contradicciones de Vox apenas parece que hagan mella en la formación, quedando sus contradicciones e incoherencias rápidamente olvidadas, al menos en comparación a otras fuerzas políticas. Conviene, pues, recordar cuáles son dichas contradicciones y dejarlas al descubierto, pues algunas de ellas son de extrema gravedad.
La pandemia de COVID19
Vox mostró varias y profundas contradicciones durante los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por la COVID19, contradicciones que van desde su postura con respecto a las medidas para frenar sus consecuencias a su opinión sobre otras cuestiones relacionadas.
Los primeros en apoyar el estado de alarma que nunca apoyaron
El día 14 de julio de 2021, Vox sacaba pecho por la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal el primer Estado de alarma después de que la formación llevo a los tribunales en una polémica decisión que se tomó por un estrecho margen de 6 votos a 5 y que ha puesto en tela de juicio las instituciones judiciales en medio de continuos conflictos entre PP y el Gobierno de Pedro Sánchez por el bloqueo a la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte de los populares y que ha llevado a Bruselas a intervenir.
Vox anunció que este era un instrumento “totalitario” y que su formación fue «la única que se opuso a un Gobierno que vulneró la Constitución», añadiendo que solo Vox había votado en contra de la aprobación del estado de alarma. Pero, ¿fue eso lo que pasó?
A partir del día 10 de marzo de 2020, Vox atacó al gobierno, exigiendo medidas restrictivas contra el COVID19. Esos mismos días, solicitó que se implantara el estado de alarma y se adoptaran diferentes medidas higiénico-sanitarias para frenar los contagios del virus. Fue la misma época en la que se criticó al Gobierno de coalición por haber permitido la manifestación del 8 de marzo, declarando que se debería haber prohibido todo acto multitudinario mucho antes.
El día 14 del mismo mes, Vox declaró su total apoyo a la asunción de medidas drásticas contra el coronavirus, votando a favor del estado de alarma.
El día 16, dos días después, vino el primer derrape de la formación, incluyendo medidas para flexibilizar las restricciones en los comercios, copiando a Trump y Bolsonaro en la estrategia de «priorizar la economía», siendo hoy EEUU y Brasil los países en podio de muerte. El día 18, el discurso de Vox se volvía mas hostil hacia el ejecutivo.
Para el día 31, con toda la oposición pidiendo medidas más restrictivas, el partido liderado por Santiago Abascal pedía no poner más trabas a la economía.
El 6 de abril, la formación anunció que no volvería a apoyar más prórrogas de las medidas de cuarentena. A partir del 9 de abril, solo tres semanas después de pedir el estado de alarma, Vox votaría en contra de cada estado de alarma, cuyo debate y votación se celebraban cada 15 días.
Hoy, pese a que la hemeroteca y sus acciones dicen lo contrario, Vox se jacta de su oposición total al estado de alarma.
Nosotros hemos sido el único partido que nos hemos opuesto siempre al estado de alarma, porque el estado de alarma es un estado de excepción
Rocío Monasterio
A favor de la OMS, en contra de la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es merecedora de críticas por su respuesta tibia ante la pandemia, de eso no cabe la menor duda. Si bien dio varias recomendaciones a los países a partir del 25 de enero para gestionar la crisis sanitaria, para febrero muchas cuestiones no estaban del todo claras, como la limitación de los viajes, el uso de mascarillas u otras.
Esto condicionó la respuesta de muchos gobiernos, entre ellos el de España. Por ejemplo, desde la OMS se recomendó no hacer acopio de material sanitario si no se presentaban casos para no condicionar la demanda de otros países que lo necesitaran más; o no suspender eventos multitudinarios. De hecho, cuestionó la suspensión del Mobile World Congress el 13 de febrero.
No obstante, ni la OMS ni ningún gobierno del mundo se esperaban una pandemia como esta, la peor desde la gripe española de 1918, además con un virus desconocido, especialmente después de haber pasado por otras potenciales crisis sanitarias como la gripe aviar (2004-2006), la gripe porcina (209-2010), el SARS (2003) o el MERS (2012) que, finalmente, quedaron en un susto.
Pese a todo, la OMS ha ido siendo con el paso de las semanas progresivamente más tajante y firme en sus recomendaciones, especialmente a partir del 11 de marzo cuando el nuevo coronavirus fue declarado pandemia mundial.
Vox criticó desde el principio que el gobierno no siguiera las recomendaciones de esta organización, incluso a pesar de que, según los propios estándares establecidos, España no tenía por qué seguir dichos dictados. Estas críticas fueron un pilar básico del argumentario de Vox hasta el 9 de abril, cuando aseguró que “la dictadura china también ha comprado la OMS”.
Casualmente, justo tres días antes, un representante de la OMS había alabado el trabajo y esfuerzo realizado en España en la gestión de la crisis sanitaria. Pero, además, esta nueva postura coincidía en tiempo y forma con la esgrimida desde la administración de Donald Trump, que acusaba a la organización de mala praxis, opacidad y un sinfín más de despropósitos.
A partir de este punto, a medida que Trump se alineaba en contra de la organización, la postura de Vox seguía la misma estela. El 14 de abril, Estados Unidos suspendió su financiación a la OMS y, el 25 de ese mismo mes, Vox pidió que España hiciera lo mismo. El 19 de mayo, su grupo parlamentario europeo pidió una investigación sobre la entidad. El 29 de mayo, Estados Unidos la abandonó.
Es decir, en apenas un mes, Vox pasó de alabar a la OMS a condenarla, afín a sus alineaciones políticas internacionales y a sus intereses políticos. No existe actualmente ninguna prueba, más allá de teorías de la conspiración, que sostenga que la organización esté controlada o gobernada por China. De hecho, el país asiático aportaba 10 veces menos recursos económicos que Estados Unidos.
Sin embargo, la más que reprobable gestión de Donald Trump por reducir al mínimo las medidas de confinamiento social y que ha convertido a Estados Unidos en el epicentro del coronavirus le ha hecho granjearse las críticas de la OMS, lo que podría explicar este enfrentamiento, lo que le ha valido la condena de internacional.
No al cierre de la educación especial si no la cerramos nosotros
La modificación de la nueva ley de educación, la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE), también llamada Ley Celáa, trajo multitud de protestas e indignación por parte de la derecha, que cargó contra ella.
La ley, aprobada el 19 de noviembre de 2020, ha sufrido duros ataques de distintos cargos de la extrema derecha como Iván Espinosa o Carla Toscano, asegurando que el gobierno quiere suprimir los centros de educación especial e incluso evitar que nazcan estos niños con educación especial al no proveer los cuidados necesarios y participando en las manifestaciones contra
Lo curioso de esto, es que Vox, en sus programas políticos de 2015 y 2016, pedía el cierre de los centros de educación especial para “una educación verdaderamente inclusiva”. Con esto Vox argumentaba pretender cerrar los centros de educación especial para avanzar hacia un modelo auténticamente inclusivo (al igual que en el caso de Ciudadanos, que también se ha opuesto a ley).
Tras descubrirse esto, Vox procedió a borrar de su web el programa de 2016 para que no se pudiera acceder a él.
Después de esto, Jorge Buxadé, portavoz político de la formación ultraderechista, declaró que es “un error tipográfico” y desafío a la prensa a buscar declaraciones de sus líderes políticos siguiendo esa postura que, según él, jamás ha defendido Vox.
Pero esas declaraciones sí existen. En diciembre de 2015, se recogía una nota de prensa de la formación pidiendo “un plan de integración para discapacitados […] que fomente una educación inclusiva”. Posteriormente la nota seguía y dejaba meridianamente claro la opinión de Vox: “Asimismo, el líder de VOX se ha mostrado preocupado por implantar una educación verdaderamente inclusiva que disponga de apoyos y acabe con la educación especial”.
El “partido de los trabajadores” y sus propuestas contra los trabajadores
En 2019, Vox parecía un partido ultraliberal más, apostando por medidas para reducir el papel de lo público en la economía comprando la receta que había seguido hasta entonces el PP: recortes presupuestarios, reducciones impositivas, privatizaciones, etc.
Esto hizo que Vox sacará un buen resultado en las zonas de barrios ricos, pero un pobre resultado en las zonas obreras. Pero si la extrema derecha se diferencia en algo con la derecha clásica es que, si la segunda en general busca el apoyo de las élites y basa su existencia en un pacto con ellas, la extrema derecha busca también las alianzas con las clases populares. Esto, por supuesto, se explicita a partir de los discursos, hasta el punto de que el discurso centrado en el obrero medio puede llegar a ser muy parecido al de la izquierda en este punto, mientras que la derecha tradicional prefiere hablar de control de gasto público, ahorro económico, facilidades fiscales, etc., si bien hay que decir que cada partido y cada país es distinto.
Así, en 2020, Vox empezó su propio proceso de lepenización (apelativo extraído de la estrategia de Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional en Francia que se caracteriza por una potente implantación en barrios obreros a partir de un discurso con tintes izquierdistas) buscando al trabajador medio y empezando a ser una constante en sus discursos, publicaciones y actos y que se ha plasmado también, por ejemplo, en la creación del sindicato Solidaridad.
Sin embargo, ¿es este discurso real?
Vox contra el SMI y el derecho huelga
La formación de Abascal se ha mostrado en todo momento contraria tanto al SMI como a su aumento. En 2019, Vox declaraba estar en contra del SMI, argumentando que es el “principal obstáculo para la inserción de los jóvenes” y que resultaba injusto. En su lugar, proponía una propuesta única: un salario de inserción para jóvenes menores de 24 años.
Este salario estaría ausente de cargas sociales para las empresas, con el consecuente ahorro para el empresario y disminución de ingresos para el estado… y sin ningún beneficio aparente para la persona contratada, más allá del contrato en sí mismo.
Además, la formación no ha votado a favor de ninguna subida del SMI, absteniéndose hasta la fecha. De hecho, algunos de sus representantes políticos criticaron duramente este momento, como el eurodiputado y siempre polémico Hermann Tertsch, que cargó contra Garamendi.
De la misma manera, Vox está a favor de limitar el derecho a la huelga. En su programa de 2019, la formación pedía la modificación de la Ley de Huelga limitándola, ya que «el régimen legal vigente ha mostrado su inadecuación para que el ejercicio de ese derecho colectivo se realice sin lesionar los derechos y libertades del resto de ciudadanos.”
En diciembre de 2020, el Congreso tumbaba una enmienda a la totalidad planteada por PP y Vox para mantener el artículo 315.3 del Código Penal, dedicado a los piquetes de huelga con penas de cárcel específicas. Vox planteaba aumentar estas penas.
Reducir la sanidad pública y las pensiones
Pero el ataque contra los obreros de Vox no acaba ahí. La formación también se ha mostrado en contra de dos pilares de las clases medias y bajas, la sanidad pública y las pensiones.
Los grupos sociales con menores ingresos y en situación de vulnerabilidad son las que acuden principalmente a la sanidad pública y las que necesitan las pensiones para subsistir durante la vejez, mientras las clases más altas suelen utilizar la sanidad privada y, aunque tengan pensiones, estas les son totalmente innecesarias para vivir. Es decir, los datos indican que la sanidad privada es, mayoritariamente, un lujo para la inmensa mayoría, y que esta aumenta en función de la capacidad adquisitiva de las personas.
Sin embargo, el partido ultraderechista ha apostado por la mano dura con la sanidad pública, tratándola todo el tiempo desde un punto de vista explícitamente económico. Por un lado, optan por recentralizar el Servicio Nacional de Salud (SNS), quitando competencias (y medios) a las autonomías, reducir la cantidad de servicios ofertados y añadir el copago.
Algunos miembros de Vox se han mostrado abiertamente en contra de ambas, como el gurú económico de Vox y coordinador del área económica del partido, el ultraliberal Rubén Manso: “No es función del estado proveer de ningún bien y ningún servicio”, oponiéndose por ende a la sanidad pública.
El diputado Ignacio Garriga también ha declarado: “La sanidad pública y universal es una lacra”.
Vox además opta por permitir el “descuelgue de la sanidad pública” con deducciones al IRPF para los que no la usen, obviando que los precios bajos de la mayoría de seguros lo son por la amplia cobertura pública, amén de que estos supuestos bajos precios no suelen cubrir muchos servicios o solo lo hacen hasta una determinada edad, o nombrar personal de autoridad a los sanitarios privados.
En el campo de las pensiones, la formación propone desguazar el actual sistema. Lo considera insostenible y opta por un sistema mixto, donde la mitad vaya a parar a las cotizaciones (generando un mínimo) y la otra mitad a fondos de pensiones privados que aumenten el beneficio.
Además, temporalmente opta por retrasar la edad de jubilación, introducir incentivos a la prolongación de la vida laboral y un aumento de los años cotizados para obtener una pensión.
Pero no en su sindicato
Pero las contradicciones de Vox con las personas trabajadoras no acaban ahí, sino que también siguen en otros puntos relacionados con el discurso en favor del obrero medio y en el programa de Vox.
Para completar este giro discursivo y atraer este nicho de voto, Vox fundó su propio sindicato, Solidaridad, un “sindicato no de clase, que buscar aunar a empresarios y obreros” sospechosamente parecido a los sindicatos verticales del franquismo, basados a su vez en el corporativismo propio del fascismo y bastante común en la mayoría de gobiernos autoritarios de la extrema derecha.
Solidaridad es el sindicato unido a Vox. Aunque el partido dice que es un sindicato independiente, Solidaridad está dirigido por el representante de Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso Fernández, y ha sido fundado por cargos políticos de Vox. Además, comparte colores e iconografía con la formación y casi la totalidad del programa. Casi.
Sorprendentemente, Solidaridad se encuentra a favor de las actuales subidas del SMI e incluso, de seguir subiéndolo. Eso sí, haciéndose cargo el estado de los posteriores gastos.
Toda una contradicción bastante relevante sabiendo que es difícil separar la acción de Vox de la del sindicato Solidaridad.
Las paguitas y los chiringuitos
Vox ha difundido con éxito el lenguaje de “las paguitas” y “los chiringuitos”, usando ambos términos para señalar todo lo que no conviene a su ideario político. Con el primero señala principalmente las ayudas a las personas en riesgo de exclusión social, extendiendo el término ahora a la mayoría del gasto político o incluso funcionarial.
Por chiringuitos se refiere a la mayoría de asociaciones, ONG o entidades públicas que realizan un trabajo generalmente en materia social (y con un componente científico, basándose en los estudios en sociología, psicología y de género), pese a que los informes de la mayoría de organismos internacionales de prestigio hablan de la necesidad de luchar en el ámbito social y combatir las desigualdades.
Es importante decir que, aunque es obvio que las redes clientelares existen y que, seguramente, existan asociaciones o entidades que no realicen adecuadamente su trabajo o que estén recibiendo subvenciones públicas por puro interés particular, lo curioso de esto es que Vox no incluye a los propios organismos, asociaciones y grupos que extienden el ideario conservador (y que en general obvian la ciencia y son meramente ideológicos).
Es decir, centra sus críticas en organizaciones que entienden que atentan contra sus propias ideas. Además, no proponen, por ejemplo, una mejora en la transparencia en la concesión de subvenciones, una auditoría de estas entidades o una mejora en los criterios de evaluación, sino directamente eliminar los servicios públicos que realizan.
Por eso Vox en Andalucía y Madrid exigió la retirada de ayudas a entidades que apoyan la inmigración, los derechos LGTB y la igualdad entre hombres y mujeres mientras a su vez, consiguió financiación pública para entidades antiabortistas.
Así, en Andalucía, Vox consiguió en 2020 un millón de euros para financiar estas entidades. Esto también se consiguió en Madrid con el apoyo del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, y donde se retiraron ayudas a organizaciones LGTB históricas que luchan contra los crímenes de odio, algo común en distintos puntos donde Vox gobierna en coalición con PP, como en El Puerto, donde se han dado 100.000€ para la organización antiabortista Municipio por la vida.
Además, este tema es especialmente sangrante recordando los antecedentes de Santiago Abascal: el líder de la formación ultraderechista cobró casi un millón de euros en distintos organismos sin ninguna función y donde el líder de Vox era el director (y casi único trabajador, con solo un ayudante) cobrando 82.491 euros por su actividad en la Fundación Mecenazgo y Patrocinio Social (DENAES).
Dos noticias se entienden mejor que una
A menudo, la hemeroteca es la mejor forma de exponer contradicciones, contraponiendo titular sobre titular.
Iglesias es el culpable de la gestión de las residencias, pero…
Vox ha culpabilizado a Pablo Iglesias de la gestión de las residencias de mayores durante los peores momentos de la pandemia, más concretamente en los mees de marzo, abril y mayo. Tanto la formación ultraderechista como el Partido Popular intentaron que el Congreso de los Diputados reprobara al entonces vicepresidente segundo por su gestión de las mismas.
Ambos partidos han defendido en todo momento que la gestión de las residencias era competencia del exvicepresidente, acusándole de convertir las residencias en “casas de los horrores”, entre otras lindezas, como tildar su gestión de «gerontocidio». Por supuesto, también incluyendo a Madrid, donde tanto Rocio Monasterio como Isabel Díaz Ayuso han defendido que eran competencias de Iglesias, pese a las pruebas de que esta era una gestión autonómica. Durante meses, tanto PP como Vox y prácticamente todos los medios y entidades afines a la derecha, sostuvieron el relato del «mando único», es decir, que aunque las competencias en materia de residencias fueran autonómicas, las directrices del estado de alarma habían supuesto de facto que Pablo Iglesias había centralizado su gestión.
Prácticamente un año después de aquellas acusaciones, la izquierda madrileña pidió una comisión que aclarase lo que había ocurrido en las residencias, que se convirtió en uno de los epicentros del contagio del virus llegando a un saldo de 8.000 muertes totales.
Indudablemente, si la pésima gestión de las residencias era de Pablo Iglesias, tanto el PP como Vox debieron votar a favor para atacar a su adversario político.
La realidad es que el voto de las derechas se unió para tumbar esta comisión de investigación, mostrando que la derecha ha hecho lo posible por esconder la gran cantidad de muertes en las residencias de Madrid y cómo la gestión era una competencia de la Comunidad de Madrid en todo momento. De hecho, lo que había hecho Pablo Iglesias es, precisamente, reforzar las competencias autonómicas en materia de sanidad.
Personas non gratas es un término deshumanizador, pero…
El pasado viernes 23 de julio, Santiago Abascal era declarado «persona non grata» por la Asamblea de Ceuta. Esto fue posible gracias al voto afirmativo del resto de partidos y la abstención del PP, que permitió esta reprobación hacia Santiago Abascal, causando la ira de los ultraderechistas.
En los posteriores días, Vox ha declarado a través de sus distintos representantes políticos que el hecho de declarar a gente “personas non grata” es un término deshumanizador y que demoniza a su objetivo. Por ello Vox, ha dicho que siempre se opondrá a este tipo de propuestas, que atentan contra la democracia y la libertad, bajo su propio punto de vista.
Pero este uso parecía no atentar contra la democracia y la libertad en 2020, cuando el 27 de febrero, José Ángel Antelo, presidente de Vox Murcia y concejal en la ciudad, presentó una moción para declarar «persona non grata” a la entonces ministra de Educación Isabel Celaá.
Una muestra más que las declaraciones políticas de “persona non grata” son utilizables y utilizadas por Vox y que su condena solo está motivada porque es su formación la que más puede recibir estas condenas por el uso de los discursos de odio, no porque su formación no quiera usar este elemento político.
Contradicciones que no pesan
Todos estas contradicciones y errores no son exclusivos de la extrema derecha per se. Realmente, la mayoría de formaciones políticas caen en estas y otras contradicciones, no solo de discurso, sino también de práctica e idea política, especialmente los dos grandes partidos tradicionales en España y en la mayoría de países del mundo.
Lo que es llamativo es el efecto político que estas incoherencias o auténticos cambios de posición en días producen en los partidos de extrema derecha, y en cómo se reacciona a las mismas, negando la mayor y modificando la realidad sobre la marcha.
Esta ideología circunscribe altos niveles de apoyo y fidelidad electoral que se mantienen estables en el tiempo. Además, es muy extraño percibir criticas a estas contradicciones desde las propias filas e incluso desde las ajenas, cayendo estas contradicciones en el olvido, mientras que en especial las de la izquierda política, se mantienen en boga todo el tiempo.
Un ejemplo es cuando Pablo Iglesias se compró un chalet de 600.000 euros en Galapagar años después de que criticara que la clase política tradicional viviera en casas lujosas mientras él vivía en un piso de Vallecas, o cuando se vio a Ramón Espinar, senador de Podemos, comprarse una Coca Cola después de haber secundado la huelga contra la multinacional. Fueron contradicciones que, además de haber sido repetidas hasta la saciedad, fueron respondidas desde Podemos sin negar los hechos y ofreciendo explicaciones. Incluso Pablo Iglesias llegó a poner su cargo a disposición del partido con una consulta a la militancia por la compra del «casoplón».
Desentrañar el porqué de esto no es objetivo de este artículo, pero quizás se puedan señalar varias razones: la polarización quizás sea de las más relevantes, al dividir a la sociedad en bandos y al obligar en cierto modo a tener que posicionarse.
Otra de estas podría ser la fe que tienen los votantes de estas formaciones en sus representantes políticos y lo poco que confían en las informaciones ajenas, aunque sean de medios relativamente neutrales, informándose además en la nutrida red de medios de la extrema derecha que apenas nombra estas incoherencias.
El señalamiento en el discurso es algo también a remarcar. Mientras la extrema derecha (y también en menor medida la derecha clásica) señala a sus rivales políticos con cualquier defecto que tengan (aunque la misma extrema derecha lo tenga) el resto de corrientes ideológicas es menos dada a señalamientos personales ajenos a la actividad política o las causas delictivas. Esto quizás haga mas visible su discurso por medio de las repeticiones y el efecto de la posverdad.
Además, por supuesto, las enormes redes con las que cuenta la extrema derecha y la gran coordinación entre todas ellas, facilita la difusión de un determinado mensaje una y otra vez: medios afines, cuentas falsas, uso de bots, y un largo etcétera, recursos con los cuales no cuentan organizaciones de izquierdas. No en vano, desde la Unión Europea se ha advertido en sucesivos informes del peligro que supone que la extrema derecha inunde las redes con fake news.
Sin poder entrar científicamente a entender qué causa este efecto y visto el proceso político en la mayoría de países de la nueva derecha radical, se puede concluir que las contradicciones resultan poco importantes a su electorado y tienen un bajo coste electoral.
Director de Al Descubierto. Estudiante de Ciencias Políticas y máster en Política Mediática. Apasionado del estudio y análisis del hecho político, con especial interés en el fenómeno de la extrema derecha, sobre la que llevo formándome desde 2012. Firme defensor de que en política no todo es opinable y los datos, fuentes y teorías de la ciencia social y política deben acompañar cualquier análisis.
