Fiscalía denuncia a Cristina Seguí por difundir imágenes de menores víctimas de violencia sexual en València
La fiscalía provincial de València denuncia ante los juzgados a Cristina Seguí, cofundadora de Vox y líder de la asociación Gobiérnate, por difundir un vídeo de dos menores presuntamente violadas en el municipio de Burjassot.
Las menores, de 12 años de edad, se citaron vía Instagram con dos jóvenes locales en una casa abandonada situada entre los municipios de Godella y Burjassot. Según sus testimonios, en dicho lugar aparecieron hasta tres jóvenes más (todos ellos de alrededor 15 a 17 años de edad) y presuntamente violaron grupalmente a una de las jóvenes.
La otra menor lograría escapar tras se presuntamente ser víctima de una violación individual por parte de uno de los varones, consiguiendo avisar a una tercera amiga (que tenía constancia del encuentro) de lo ocurrido de regreso a su domicilio. Esta tercera menor fue la responsable de alertar a los familiares, quienes contactaron rápidamente con la policía para iniciar la búsqueda y rescate.
En un primer momento, las menores trataron de negar los hechos, pero tras desoírlas, los padres acudieron a un centro médico junto a ellas para solicitar un examen profesional, el cuál probaría la existencia de signos de agresión sexual en ambas chicas.
Cristina Seguí: «la NO violación de Burjassot»
Tras lo sucedido, Cristina Seguí orquestó una campaña de descrédito en torno a las menores en sus redes sociales, difundiendo incluso un extracto de un directo realizado por las mismas en su Instagram personal. En dicho directo, puede verse a ambas menores y a una tercera charlando con los usuarios del chat de la red social sobre la situación del caso, afirmando que habían salido en televisión y que una de ellas tendría que ir a declarar, por lo que se harían famosas.
A través de un hilo en Twitter (eliminado actualmente), Seguí titulaba el caso como “la NO violación de Burjassot”, afirmando que las jóvenes presuntamente violadas “mantuvieron sexo consentido con un grupo de menores en Burjassot, Valencia”, y que “fueron instadas por parte de la izquierda para denunciar falsamente y salir en TV”.
Posteriormente, Seguí continuó poniendo en duda la veracidad de la denuncia de las menores, denunciando “las leyes feminazis” y la “desprotección que sufren los hombres en España”, mientras que continuaba difundiendo recortes interesados de extractos de directos realizados por las menores en sus redes sociales.
La fiscal delegada de delitos de odio, Susana Gisbert, propuso la denuncia a la fiscalía, acusando a Seguí por hechos constitutivos de un presunto delito contra la intimidad y/o delito de odio.
La campaña de Seguí contra las menores valencianas pudo llegar a tener consecuencias físicas y emocionales sobre las menores, las cuáles se encuentran en situación de vulnerabilidad tras haber sido forzadas a cambiar de instituto, y una de ellas incluso de domicilio junto a su familia.
Los padres de una de las menores denuncian la terrible situación de su hija desde la presunta violación, la cuál llegó a perder hasta 15 kilos en dos meses: “Al principio, la niña estuvo 15 días en shock como si no le hubiera pasado a ella, pero a partir de ahí empezó con cambios brutales que según especialistas forenses es lo habitual en niños que han sufrido agresión o abusos sexuales”, relataban al portal Nius, “(…) dejó de comer, de dormir y abandonó absolutamente su higiene personal (…), todavía hoy se encierra en su habitación sin motivo aparente”, puntualizaba su madre.
Además, los familiares de las víctimas denuncian “maltrato institucional” por parte de los juzgados contra sus hijas, ya que la menor víctima de la presunta violación grupal aún no ha podido recibir atención psicológica por parte de profesionales (“la declaración se puede contaminar”, aconsejaron los forenses a los padres) y su declaración ante la Cámara Gesell ha sido suspendida hasta en dos ocasiones, consecuencia de las “triquiñuelas” de la defensa, según denuncian los padres.
Cristina Seguí y su historial de denuncias por vulneración de datos personales
La denuncia de la fiscalía no es la única lanzada contra Seguí, ya que tras la publicación de hilo negacionista en mayo, FACUA-Consumidores en Acción, asociación presidida por Rubén Sánchez, denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Seguí por la difusión del video de las menores.
El reglamento general de protección de datos de la Unión Europea especifica que es necesario un previo consentimiento para el tratamiento de datos personales, incluyendo la imagen, nombre y apellidos, o la voz de la persona afectada. Por otro lado, la Ley Orgánica de Protección de Datos dispone que las personas menores de 14 años no pueden ofrecer el comentado consentimiento, recayendo sobre los padres o tutores legales.
Lo anterior se agrava tras considera el hecho de que la difusión de los videos está vinculados a un episodio de agresiones sexuales.
Tras la denuncia presentada por FACUA, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió una resolución donde estimaba que existían indicios racionales de vulneración del reglamento general de protección de datos, adoptando por tanto medidas provisionales contra Seguí: se le pidió retirara los tuits y los mensajes publicados en Telegram. Seguí aceptó las medidas impuestas por la AEPD, pero posteriormente continuó publicando imágenes y videos de las menores, por lo que FACUA amplió su denuncia, encontrándose en caso aún abierto.
Este no es el único caso abierto contra Seguí en la actualidad, ya que la propia FACUA denunció a Seguí por hechos similares ocurridos en el año 2019, cuando la personalidad ultraderechista difundió audios de una menor víctima de un delito de abusos sexuales por parte de exjugadores del Arandina Club de Fútbol.
Articulista. Estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y apasionado de la investigación. Experiencia en movimientos estudiantiles y sociales. En mis artículos intento ofrecer un enfoque analítico más orientado a las ideologías y teoría política.
Esa es la protección que ofrece la ultraderecha rancia española a los menores. Menos mal que no han sido inmigrantes los violadores, que sino cambiaría el discurso. Que gentuza más miserable.