Ruido de sables ¿permitió el Ejército brasileño el intento de golpe de Estado?
El nuevo mando del Ejército brasileño nombrado por el ex mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, apenas unos días antes de perder su cargo de presidente ha tenido un papel más que cuestionable en la sucesión de acontecimientos que han rodeado el intento de golpe de estado contra Lula.
La democracia brasileña vuelve a revivir sus peores fantasmas. En los últimos días, se han presenciado escenas que se tenían por superadas de subversión militar en la alta jerarquía de las fuerzas armadas entre la discreción mediática y la confusión general. La relativa novedad de los hechos hace complejo diferenciar la realidad de la fantasía en la reconstrucción de los sucesos. En este momento los acontecimientos que sí se pueden afirmar son los siguientes.
Un nuevo mando militar cuestionable para el Ejército brasileño
La confianza en el respeto a los resultados electorales que dieron como ganador a Lula d Silva en la contienda de finales de 2022 venía resquebrajada desde unos comicios donde se observaron intentos desesperados de evitar el derecho a sufragio de los votantes de Lula y varias declaraciones de Bolsonaro y su entorno, que denunciaba un fraude electoral en las elecciones que el propio ya expresidente brasileño convocó.
En pleno proceso sucesorio, Bolsonaro (contando con la aprobación del equipo de Lula) nombró a Julio César de Arruda nuevo General apenas unas horas antes de abandonar el cargo y el país, hecho que analistas políticos brasileños interpretaron como un desplante de la cúspide de la jerarquía militar hacia el nuevo presidente electo.
Arruda disponía hasta poco después del golpe de una cuenta de Twitter a su nombre que seguía e interactuaba asertivamente con perfiles que negaban la legitimidad de Lula, supuestamente falsa, que fue suspendida por suplantación de identidad el 10 de enero. Ha trascendido en medios del país el enfado que Lula ha trasladado a este y otros mandos del ejército sin conocerse aún el destino del general.
El fantasma de 1964 y las manifestaciones golpistas
Esta intentona golpista no es la primera vez que la derecha brasileña busca tomar el poder de forma violenta. Si ha quedado judicialmente acreditado que la última destitución de Lula se realizó ya mediante un golpe blando a través de lawfare, en 1964 tras el nombramiento del expresidente Goulard, las Fuerzas Armadas de Brasil con el apoyo de la operación Brother Sam de los Estados Unidos derrocó el gobierno liberal e instauró una dictadura militar que duró hasta 1985 torturando, reprimiendo y asesinando a miles de brasileños.
Realmente, excepto por los períodos de paz social, jamás ha existido en Brasil un abandono de la ultraderecha de la legitimación de la toma del poder por las armas y otros medios ilegítimos. Esta concepción del poder militar ha evolucionado en diferentes formas como un elemento de la cultura política.
Por esto, no sorprende que a lo largo de las últimas semanas manifestantes fascistas y de ultraderecha partidarios de Bolsonaro hayan salido a las calles para exigir evitar la toma de posesión por parte de Lula, pidiendo la intervención del Ejército con este fin en réplica del golpe del 64.
La crispación latente de la derecha brasileña viene estando presente en su discurso incluso antes de ser desalojado Lula del poder, ha ido creciendo durante un mandato marcado por asesinatos de activistas y explotó en la pasada jornada electoral en la que la diputada bolsonarista Carla Zambelli amenazó con una pistola a un periodista frente al Congreso, poco después que su aliado Roberto Jefferson disparase y lanzase granadas contra la policía para evitar su detención.
Incluso se trató de diversas maneras de bloquear las carreteras para evitar el derecho al sufragio de los partidarios de Lula da Silva durante los comicios.
Y es que el discurso de Jair Bolsonaro, en la línea con la ruta de la extrema derecha en general, se ha enfocado en el ataque verbal tanto a sus rivales políticos como a las propias instituciones, incluyendo las teorías de la conspiración acerca de un supuesto fraude electoral, tal y como hizo Donald Trump en las elecciones de 2020 y que han replicado otros líderes ultraderechistas como Keiko Fujimori en Perú.
Una hoja de ruta que, acompañada de bulos y de «fake news», ha incentivado la crispación en sus seguidores.
El papel del Ejército brasileño en el golpe
Tras la derrota electoral, los seguidores bolsonaristas comenzaron a cortar las carreteras aprovechando el paro relativo a los precios del carburante que protagonizaban los transportistas, relacionados sindicalmente con sectores de ultraderecha.
Tras perder fuelle esta propuesta, comenzaron a dirigirse a oficinas militares exigiendo a las fuerzas armadas un papel activo contra Lula, planteando como argumentos una desordenada lista de noticias falsas y acusaciones rocambolescas de corrupción, diversos crímenes y fraude electoral. Alimentadas por el entorno mediático de la derecha y el propio presidente saliente que mientras mantenía esta retórica de ilegitimidad de su adversario completaba un proceso casi impecable de traspaso de poderes.
Estas pequeñas concentraciones se volvieron masivas y en poco tiempo se transformaron en campamentos urbanos alrededor de las dependencias militares y del Cuartel General del Ejército brasileño, siendo no solo consentidas por la armada sino incluso atendidas y respaldadas.
Todavía se encuentra en proceso la identificación de los promotores económicos del golpe. El Washington Post apunta a sectores de la burguesía agroindustrial. Fuere quien fuere, existió una organización a gran escala de servicios de transporte público de alquiler hasta Brasilia desde todo el país para unirse a este campamento ya de 70 días con pocos centenares de personas, sumándose la mañana del 7 de enero cerca de 5.000.
Aquel día el Gobernador regional del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, partido del denominado centrão, formaciones de centro que históricamente han condicionado todos los gobiernos del país) ignoró las advertencias del propio gobierno de Lula y aseguró que la situación estaba bajo control por lo que no era necesaria una dotación especial de efectivos, hecho que le ha colocado como sospechoso de pertenencia a esta trama golpista y le ha valido ser apartado del cargo por la corte suprema.
En la mañana del día 8, los acampados marcharon hacia la plaza de los Tres Poderes para tomar por asalto la sede de ejecutivo, legislativo y judicial. Mientras el New York Times afirma que una tímida dotación de la armada ahí presente trató de dispersar con dos helicópteros a la muchedumbre, el Washington Post señala la pasividad con la que los oficiales trataron esta grave crisis institucional y de orden público mientras se estaba produciendo. Forzó al presidente Da Silva a decretar la intervención directa del poder ejecutivo relegando a Rocha del mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El asalto fue finalmente reprimido por la policía produciendo miles de arrestados una vez fueron disueltos tras asaltar varios espacios institucionales históricos de los poderes públicos, robando un original de la Constitución de 1988, el escudo de armas de la república, municiones, documentación de seguridad y dañando valiosas obras de arte. El gobierno ordenó entonces desmantelar todo grupo de resistencia incluido el principal en el campamento del Cuartel General a quienes calificó de terroristas.
Llegada la noche del 8, la policía federal acudió a cumplir la orden de desmantelar el campamento, sin embargo reinó la confusión en algún momento de la noche en el que el Ejército brasileño formó una barrera de protección entre manifestantes y efectivos policiales para impedir la actuación policial mandatada, fuentes militares apuntaron a un origen procedimental de esta manera de actuar por parte de las fuerzas armadas protegiendo de los antidisturbios unos terrenos de jurisdicción militar.
Sin embargo, estas mismas fuentes también señalaron la presencia de familiares de soldados entre los acampados como detonante de esta actitud.
Algunos analistas como David Torres deducen de esto la protección directa de militares de los insurgentes. En cualquiera de los casos, sí que se pudo apreciar una clara connivencia y mutuo afecto durante los más de dos meses que duraron las acampadas en diversos cuarteles militares brasileños además de la sede.
‘Si fuesen manifestantes de izquierda, el ejército les dispersaría rápidamente’
Finalmente el mismo poder judicial que condenó injustamente a Lula hace años aupando a Bolsonaro a la presidencia fue el que zanjó esta insurrección militar resolviendo la orden inmediata al Ejército brasileño de desmantelar el campamento en 24 horas y colaborar en las detenciones. Orden judicial innecesaria tal y como recriminó con dureza el magistrado Alexandre de Moraes en el escrito, acusando a ejército y autoridades civiles de connivencia con los insurgentes, expresando que «nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución» y amenazando con responsabilizar de la situación a los mandos militares.
Algunas incógnitas siguen quedando pendientes como hasta qué punto esta connivencia obedecía a una estructura sediciosa integrada en el poder militar del estado o si sencillamente existen conexiones ideológicas y familiares entre ambos entornos.
En cualquier caso el mandato de Lula arranca con una crisis institucional de primera magnitud en la que el papel del Ejército brasileño será un debate muy presente y polémico a lo largo de su presidencia, en la que medios como El Periódico de España albergan dudas del margen de maniobra del gobierno para limpiar adecuadamente esta institución.
El propio Lula al parecer habría lamentado además de la cuestionable actuación durante el desarrollo de los acontecimientos la ausencia de mandos del ejército desmarcándose de las acampadas y sus reclamaciones golpistas a este. Pues la armada promovió el calentamiento de estas propuestas de forma activa, como plataforma activista y logística, y de forma pasiva no reprimiéndoles.
Como explicó a mediados de noviembre al diario La Razón el catedrático de Ciencias Políticas André Kaysel “Si fuesen manifestantes del Movimiento por la Tierra u otras movilizaciones de izquierda, el ejército les dispersaría rápidamente y con violencia de las puertas de los cuarteles”.
Articulista. Estudiante de Ciencias Políticas. Activista y cofundador en varias organizaciones sociales y sindicales de izquierda valencianista. Primer coordinador de BEA en la UMH y ex-rider sindicado. Analizar al adversario es la única forma de no perder la perspectiva de lo que se hace y es un deber moral cuando de ello dependen las vidas de las personas más vulnerables.