5 casos recientes de terrorismo de extrema derecha en España
El ataque con un artefacto explosivo a la sede de Podemos de Cartagena en Murcia levantó un considerable revuelto durante la primera semana de abril. Por un lado, sectores más progresistas e incluso moderados calificaron el acto de condenable y de terrorismo. Por otro lado, los más cercanos a la derecha y a la extrema derecha o bien guardaron silencio, o bien le quitaron peso, o bien directamente organizaron una campaña para tratar de difundir bulos acerca del suceso, defendiendo que había sido provocado por el propio partido.
No en vano, el concepto de terrorismo copa portadas de periódicos y análisis sociales y políticos durante prácticamente las últimas décadas, muy especialmente a partir de los años 60 y sobre todo en los 80 y los 90.
Entendiendo el terrorismo como los actos y tácticas organizadas para perseguir determinados fines políticos mediante el terror, lo que incluye amenazas, atentados, violencia verbal y física… ha sido protagonista en numerosas ocasiones dado las fuertes connotaciones sociales, políticas y psicológicas que produce en la población.
Sin embargo, diferentes medios y analistas han denunciado que, dada la ambigüedad que supone un término fácil de manipular por intereses políticos, una cuestión incluso denunciada por las propias víctimas de terrorismo, diferentes tipos de terrorismo son más perseguidos y/o publicitados que otros en función de los actores implicados y la naturaleza del mismo.
Por ejemplo, se señaló el hecho que, durante los atentados de Christchurch en Nueva Zelanda a dos mezquitas en 2019, muchos medios y personalidades públicas se resistieran a denominarlo un acto de terrorismo.
La Fundación Rosa Luxemburgo, en un informe sobre los movimientos de ultraderecha, ha señalado que en España, a pesar de que se han producido más de 30 personas han sido condenadas por actos de violencia ideológica de corte ultraderechista en los últimos años, ninguna ha sido calificada como acto de terrorismo.
Otro ejemplo se puede ver cuando Donald Trump anunció que ilegalizaría “Antifa” por sus crímenes, cuando en realidad ninguna organización antifascista ni sus miembros cargan con delitos a sus espaldas, mientras que la extrema derecha ha protagonizado más de 300 desde 1994. Es más, solo en 2020, en Estados Unidos la ultraderecha había protagonizado el 70% de los atentados violentos.
En Europa, solo en 2018, la extrema derecha cometió 1.156 delitos violentos, con un total de 838. En el conjunto de América del Norte, Europa y Oceanía, el aumento de los ataques de naturaleza ultraderechista es de un 320%. Son datos oficiales ofrecidos por los países.
Sin embargo, los gobiernos de prácticamente todos los países, especialmente en Europa y en América, ponen énfasis en el terrorismo de extrema izquierda y en el terrorismo yihadista. Seis atentados reivindicados por el DAESH en 2016 en toda Europa justificaron una alarma que llevó a España a unirse a un Pacto Antierrorista internacional.
Por otro lado, una pelea en un bar donde se vieron implicados guardia civiles de paisano en 2017 en la localidad de Alsasua, País Vasco, llevó a juzgarles por un delito de terrorismo, una cuestión denunciada por asociaciones en favor de los derechos humanos, como Amnistía Internacional. Finalmente, la sentencia excluyó este delito, pero llegaron a pasar en prisión más de tres años.
En este sentido, en España se ha utilizado el delito de apología al terrorismo para casos que han suscitado mucha controversia, como la denuncia a la tuitera Cassandra Vera por hacer chistes sobre la muerte de Carrero Blanco en 2016. O, sin ir más lejos, el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel por varios delitos, entre ellos el de apología al terrorismo. A esta lista podríamos sumar todavía más casos.
La diferencia entre unos casos y otros es evidente: la ideología y/o la procedencia de quien ejecuta el acto en sí. Al tenor de los casos expuestos, parece más que evidente que el foco está puesto sobre el terrorismo de naturaleza islámica y sobre el (supuesto) terrorismo de izquierda o de extrema izquierda.
Sin embargo, existen casos que perfectamente podrían calificarse de terrorismo ultraderechista pero, por algún motivo, terminan ignorándose o no se juzgan como tal, incluyendo el atentado de la sede de Podemos de Cartagena. O un poco de ambas.
¿Qué es terrorismo?
La definición de terrorismo, aunque se use hoy en día con relativa facilidad, en realidad es relativamente moderna. Data de la época de la Revolución Francesa para describir los actos de “terror” llevados a cabo por el gobierno jacobino de Robespierre contra la población. Más tarde, se usaría para describir las acciones violentas organizadas contra el absolutismo de los zares de Rusia durante el siglo XIX.
Incluso hoy en día, el concepto de terrorismo es controvertido y está en continuo debate. La Real Academia Española (RAE) establece hasta tres acepciones:
- Dominación por el terror.
- Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.
- Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.
Se distingue de los actos o crímenes de guerra en que se producen en ausencia de conflicto armado, lo que precisamente dificulta la definición. Por ejemplo, para el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya extinto, no eran una organización terrorista, sino que se encontraban en guerra contra el gobierno colombiano.
Lo mismo argumentan desde el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), considerado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea a petición de Turquía en 2004.
Es decir, la imprecisión radica en el hecho de que los poderes establecidos tienden a tildar de terrorismo todo aquello que desafía su poder, independientemente de las acciones y las causas.
Nadie llama terrorismo a la Resistencia Francesa contra la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial décadas después, o a las guerrillas que llevaban a cabo la lucha por la independencia en las colonias españolas en América Latina durante el siglo XIX.
A veces incluso se señala como terroristas a organizaciones o a personas que no basan su acción social y política en actos terroristas, como sucede en España con EH Bildu, especialmente por parte de la extrema derecha, aunque también desde la derecha y ciertos sectores de la población en principio no adscritas a ninguna ideología.
Otro caso que fue controvertido fue el del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), el brazo armado del Partido Comunista de España (marxista-leninista) (PCE (m-l)), que en los años 70 luchó contra la dictadura de Francisco Franco y que saltó a las portadas porque, supuestamente, el padre del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, perteneció a dicho grupo. ¿Es una organización terrorista o un grupo que intenta acabar con el franquismo mediante la lucha armada? Es más, de ser considerado terrorista, ¿existe un terrorismo justificable?
Es por esto que, desde un punto de vista académico, se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes sin especular sobre los motivos ni juzgar a los autores. Incluso algunos medios, como la británica BBC, sugieren en sus guías de estilo de redacción evitar el término y emplear descripciones más exhaustivas.
Ajustada la definición de terrorismo evitando todo lo posible 048c8bs sesgos ideológicos y aceptando la duda razonable en función del caso, se exponen 5 casos de terrorismo ultraderechista, o de posible terrorismo ultraderechista, que evidencian este sesgo ideológico.
1. Los supremacistas blancos de Lleida.
A finales de 2019, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra colaboraron en una investigación conjunta en varios canales de Telegram donde se difundía contenido racista, destinado a discriminar a diferentes colectivos por motivos de raza, origen, creencias, manifestaciones políticas, género u orientación sexual.
Llegaron a estos canales a su vez a raíz de una especie de guía programática o manifiesto titulado Iron Pill y un proyecto de vida heroico subido al portal burbuja.info en 2018, que compartía elementos con otros escritos realizados por terroristas vinculados a la supremacía caucásica.
En estos canales, por ejemplo, se enaltecía a distintos terroristas abanderados de la supremacía blanca: Brenton Tarrant, autor del asesinato racista que terminó con la vida de 51 musulmanes en Nueva Zelanda, en el año 2019; o Anders Behring Breivik, que asesinó a 77 personas en Oslo y Utoya en el año 2011. Además, se animaba a llevar a cabo las mismas acciones de terrorismo en España.
Así, investigando a los dos administradores de estos grupos, llegaron hasta la Pobla de Cérvoles, un municipio de la provincia de Lleida, de apenas 200 habitantes, y a Campello, en Alicante, donde buscaban crear “comunidades blancas” y prepararse para desarrollar una “guerra racial”.
Además de hallar navajas, hachas, cuchillos, un arma de fuego antigua y un revólver en los registros policiales, los Mossos encontraron ejemplares de Raza y destino, atribuido a Hitler; o El supremacismo judío. El poder judío en la sombra, del fundador de una rama del Ku Klux Klan, David Duke.
Las fuerzas de seguridad, una vez detuvieron a estas dos personas, aseguran que, en las fechas más recientes, las muestras de que pretendían pasar a la acción eran cada vez más constantes. De hecho, uno de ellos había iniciado trámites para adquirir armas de fuego.
Acusados de delitos de odio, tráfico de drogas y tentativa de delito contra la libertad sexual, ya que uno de ellos planeaba violar a una mujer con sustancias inhibidoras de la voluntad, finalmente se desestimaron los delitos de enaltecimiento al terrorismo en septiembre de 2020.
2. Los neonazis que traficaban con drogas para financiar una ‘guerra racial’
A raíz de la investigación llevada a cabo en los canales de Telegram donde se detuvieron a los supremacistas blancos de Lleida, en diciembre de 2020 se detuvieron a dos neonazis pertenecientes a un movimiento supremacista blanco en los municipios de Pamplona (Navarra) y Ronda (Málaga).
Ambos pretendían organizar una operación de tráfico de drogas con la cual financiar a grupos armados en zonas rurales para librar una “guerra racial”. Un registro minucioso de sus domicilios permitió comprobar que los detenidos, al parecer, tenían la intención de cultivar y vender sus propias sustancias psicoactivas para financiar y crear comunidades blancas armadas y prepararlas para esa “guerra racial”, un objetivo similar al de los supremacistas blancos detenidos en septiembre.
En su domicilio, además, se encontraron numerosos volúmenes de ideología neonazi y fascista, banderas y cartelería de simbología nazi, armas blancas y estupefacientes.
La ideología del grupo, descrita en un documento encontrado, esgrimía que la “raza blanca” era superior y que los políticos actuales perjudicaban a la gente blanca al permitir la entrada de personas inmigrantes en el país, especifíciamente la inmigración irregular.
Además, justificaban en todo momento el uso de la violencia física contra personas extranjeras o de minorías étnicas.
Tanto en las detenciones de septiembre como en las que se han producido este domingo, tras pasar a disposición judicial, todos los implicados han quedado en libertad con cargos, teniendo que comparecer en el juzgado periódicamente, pero sin aplicar ningún tipo de medida ni detención cautelar.
3. El francotirador que planeó matar a Pedro Sánchez
Manuel Murillo Sánchez, un vigilante de seguridad y tirador de 63 años, fue detenido en noviembre de 2018 en Terrasa (Barcelona) por planear el asesinato de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, como venganza por exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Murillo era un tirador experto que entrenaba desde hacía años en el club de tiro olímpico del Vallés y tenía un conocimiento profundo de las armas, incluyendo cómo hacerlas y, por supuesto, cómo usarlas. Debido a esto, poseía una licencia de armas.
Además, pertenecía al partido neofascista Recuperemos España – Frente Nacional Identitario (REFNI), el participando activamente en reuniones de dicho partido y reuniéndose con sus miembros. Este partido más tarde se fusionó con el Partido Nacional Socialista Obrero Español (PNSOE) para formar el FNI-PNSOE, el grupo neonazi que se manifestó con Vox en el Día de la Constitución en Barcelona en 2020.
También se publicó que era el hijo del último alcalde franquista del municipio de Rubí.
Además, en febrero de 2018, recibió una condecoración de la Asociación de Amigos de la Guardia Civil.
Como vigilante de seguridad en el Centre de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CTTI de Catalunya donde se hacían los seguimientos electorales de las elecciones catalanas, se le abrió expediente por acceder a información confidencial.
Para planear el atentado a Pedro Sánchez, abrió un grupo de Whatsapp de conocidos y allegados donde comenzó a armar el plan, incluyendo intentar localizar al presidente y políticos cercanos para poder trazarlo. Una persona del grupo lo delató, lo que llevó a su detención.
En su domicilio, se le incautaron 16 armas de fuego.
Fiscalía lo acusó de un delito de homicidio en grado de proposición además de delitos de depósito de armas y municiones de guerra, de tenencia de armas prohibidas, de depósito de municiones no autorizadas y de tenencia de explosivos, con el agravante de discriminación ideológica. Por todo ello, le pedían 18 años de prisión.
Sin embargo, descartaron el delito de terrorismo por considerar que actuó solo, muy a pesar de su pertenencia a un grupo político y de haberse organizado en un grupo de Whatsapp.
4. Antas Klan.
En 2015, en el municipio de Antas, provincia de Almería, de poco más de 3.000 habitantes, se fundó el grupo neonazi Antas Klan formado sobre todo por jóvenes de entre 18 y 28 años del propio municipio aunque también de la localidad vecina, Garrucha.
Durante esos años, provocaron diversos actos vandálicos, entre los cuales se incluía daños al mobiliario urbano, pintadas con simbología neonazi y ataques físicos y verbales a miembros de la comunidad islámica.
Sus acciones más visibles fueron, en primer lugar, la organización de patrullas callejeras y persecuciones a personas musulmanas donde se les amenazaba y agredía; y, en segundo lugar, empapelar las calles de carteles con mensajes xenófobos y racistas culpando a la comunidad musulmana de todos los problemas y de la inseguridad de la localidad, con lemas que copiaban a los movimientos identitarios europeos como “Defend Europe”.
Llegaron también a difundir un «comunicado oficial» en el que proclamaban haber «tomado el control» del municipio acusando a las autoridades de no haber actuado ante «más de 50 robos» y otros delitos que “estaba asolando Antas” y por los que acusaban a los musulmanes.
La cantidad de actos violentos llevaron finalmente a las autoridades a actuar. En la llamada Operación Malaquita, detuvieron a nueve integrantes del grupo de extrema derecha, incluyendo su cabecilla, desintegrando la organización.
Además, en el local donde solían reunirse, se encontraron 232 gramos de marihuana, 108 pastillas y una báscula de precisión, lo que llevó a las autoridades a deducir que el grupo se financiaba mediante el tráfico de estupefacientes.
Se les detuvo finalmente por delitos de tráfico de drogas, integración en grupo criminal, asociación ilícita, incitación al odio y violencia contra minorías por razones racistas, xenófobas e islamófobas, de los cuales seis ya tenían antecedentes. De nuevo, no se consideró hablar de terrorismo.
5. El Frente Anti Sistema (FAS) y la Operación Panzer
Entre 2003 y 2005, el Frente Anti Sistema, una organización neonazi creada en Valencia, se dedicó, de manera sistemática, a realizar “cacerías humanas” contra militantes de izquierdas (especialmente comunistas y anarquistas), contra personas inmigrantes y también contra minorías étnicas en general, como gitanos y subsaharianos.
Además, divulgaban todo tipo de propaganda xenófoba, racista, homófoba y neonazi, sobre todo a través de Internet.
Para financiarse, recurrían a todo tipo de delitos, como el robo a mano armada a sucursales bancarias y pequeños negocios, así como la venta ilegal de armas de fuego provenientes de las Fuerzas Armadas de España.
El FAS formaba parte de la extensa y compleja red de la extrema derecha valenciana y también de toda España. Compartían sede con el partido neofascista Alianza Nacional (AN) y se considera que surgieron a raíz de la disolución de la banda neonazi Hermandad Nacional Socialista Armagedón.
También guardaban relación con el partido neofascista España 2000, creado por José Luis Roberto Navarro, apodado “El Cojo”, una de las figuras más relevantes del panorama político ultraderechista valenciano.
Llegaron a tener pisos francos donde almacenaban armas por más de diez municipios de la provincia de Valencia e implicados en multitud de altercados violentos.
Uno de sus militantes más conocidos fue Pedro Cuevas, uno de los asesinos de Guillem Agulló i Salvador, activista antifascista valenciano asesinado en 1993 en la localidad de Montanejos, Castellón, cuyo juicio se convirtió en polémico por varias irregularidades e injusticias manifiestas que dejaron al descubierto hasta dónde llegaba la influencia de la ultraderecha en España.
Tras una denuncia interpuesta contra el grupo por Acción Popular Contra La Impunidad, se llegaron a detener hasta 22 integrantes en 2005, incluyendo a dos militares, el concejal de España 2000 del municipio de Silla y al propio Pedro Cuevas. Se incautaron armas de fuego militares, armas blancas y diversa parafernalia neonazi (pistolas, carabinas, rifles, lanzagranadas, machetes y diversas medallas).
El peso de las pruebas se apoyó en horas y horas de conversaciones telefónicas donde se escucharon frases como “¡Vamos a cazar moros y guarros!”, por las cuales Fiscalía consideró que se trataba de actuaciones “próximas al terrorismo”. Finalmente, nueve años después y un juicio muy largo, el juez decidió desestimar las grabaciones y absolvió a todo el grupo, condenando al pago de costas del juicio a Acción Popular, unos 42.000 euros.
Casualmente, el mismo juez que ordenó la absolución del FAS, también desestimó las pruebas aportadas en otro juicio a la Hermandad Nacional Socialista Armagedón en el año 2000, declarando ilícitas las pruebas incriminatorias.
Por si esto no fuera poco, en 2017, el Consejo General del Poder Judicial ordenó que se indemnizara a uno de los detenidos con 16.531 euros por su arsenal destruido en 2013 por un “error judicial”, que incluía lanzagranadas, revólveres y rifles.
Pedro Cuevas también solicitó la devolución de sus material, que incluía un hacha de doble hoja, un busto metálico del dictador Adolf Hitler y varios libros de ideología neonazi.
En este caso, no solo no hubo acusación por terrorismo, sino que no hubo ningún tipo de sentencia condenatoria. A pesar de que la detención y la incautación del arsenal supuso la desintegración de facto del FAS, hubo una completa absolución de los detenidos.
La Operación Panzer es habitualmente señalada como una de las injusticias más claras acerca de este sesgo ideológico hacia el terrorismo de extrema derecha.
Conclusiones
Estos cinco casos presentados de terrorismo de extrema derecha son solo unos pocos escogidos de entre los últimos años, pero todavía podrían exponerse más.
Y, si se revisa la historia de España durante la Transición y los últimos años del régimen franquista (años 60, 70 y 80), se puede observar incluso que el terrorismo de este estilo no solo estaba a la orden del día, sino que se apoyaba de algún modo en los poderes del Estado.
De hecho, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), grupos terroristas que operaron en la clandestinidad pagados por el Estado para hacer frente al terrorismo de ETA, se nutrieron precisamente de antiguos grupúsculos ultraderechistas que habían ejercido múltiples delitos, como el Batallón Vasco Español (BVE), culpable del asesinato de la activista Yolanda González, o Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A).
Indudablemente, el terrorismo yihadista es una amenaza considerable a nivel internacional que se ha cobrado muchísimas víctimas, la inmensa mayoría fuera de las fronteras de los llamados países del Primer Mundo, de hecho. Y el terrosimo de ETA, en su momento, se cobró la vida de 829 personas.
La cuestión no es desmerecer a estas víctimas ni cuestionar este tipo de terrorismo. La cuestión sería plantear por qué se da este sesgo ideológico a la hora de hacer frente a los casos de terrorismo. Por qué se percibe y se investiga como terrorismo una pelea en un bar, pero no organizar cacerías de inmigrantes o tirar una bomba a una sede.
Por qué es enaltecimiento al terrorismo escribir unas canciones de rap, pero no lo es disparar contra imágenes de miembros del Gobierno.
Por qué es terrorismo atropellar con un coche a unos viandantes, pero no lo es el asesinar a sangre fría con armas de fuego a los asistentes de una mezquita.
Y es que, si buena parte de los poderes fácticos de un país como España han decidido alinearse, desde hace décadas, con regímenes autoritarios y en discursos de extrema derecha y de derecha para preservar sus privilegios y sus intereses, no es de extrañar que el foco sea considerablemente mayor cuando se trata de ideologías y de discursos que atentan contra el statu quo.
Si sucede en prácticamente todos los ámbitos, como en los medios de comunicación o en los bulos que se difunden, o en las concentraciones o actos públicos que se celebran, como cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso permite protestas de corte fascista pero no permite las del 8 de marzo, o prohíbe la charla de la ministra de Igualdad en un instituto pero no dice nada ante otra organizada por Javier Ortega Smith, el secretario general de Vox, parece razonable pensar que también el propio concepto de terrorismo se verá afectado.
Si de verdad a los sectores más ultraconservadores les interesara acabar con el terrorismo, no se enfocarían únicamente en un tipo de terrorismo, sino que se manifestarían abiertamente contra todo tipo de violencia.
Sin embargo, como con la apropiación de la palabra “libertad” o los continuos ataques a la población inmigrantes como la culpable de todos los males, todo forma parte de una estrategia comunicativa para implantar una determinada agenda política que favorezca los intereses de unos pocos frente a los de muchos.
Una agenda política que hay que dejar Al Descubierto.
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
