Asesinatos fascistas en España que no debemos olvidar

La Historia de España del último siglo está salpicada de sangre, dolor, sufrimiento y represión. No se trata únicamente de una terrible Guerra Civil, ni siquiera de una dictadura de casi cuatro décadas. Las sombras de los valores que representa el fascismo se expanden por todos los rincones de la geografía española, impregnan cada institución y pesan como una losa sobre cualquier intento de progreso o de avance. Una losa que para muchas personas significó la persecución, el exilio, la marginalidad e incluso la muerte.

No se trata de ningún alegato ideológico. Solo entre 1977 y 1983, murieron 591 personas bajo el yugo del terrorismo ultraderechista, también denominado por historiadores como terrorismo tardofranquista, a menudo auspiciado bajo la llamada «guerra sucia» contra la banda terrorista ETA y que desencadenó en casos de terrorismo de Estado por parte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuyas filas eran engrosadas por nostálgicos de la figura de Francisco Franco.

Más allá de eso, que la Transición fue un periodo violento que los medios, de entonces y posteriores, trataron de vender como modélico, pacífico y ejemplar, en realidad estuvo salpicado de poderosos conflictos políticos, sociales y, por supuesto, violentos. Una violencia que, además, no se limitó a militantes de partidos o sindicatos. En muchos casos, la extrema derecha persiguió y asesinó con extrema brutalidad (valga la redundancia) a personas inmigrantes, homosexuales e incluso a personas sin techo, unos hechos que recuerdan tristemente a algunos acontecimientos recientes.

Por supuesto, tampoco se limitó a esos años, sino que se expandió más allá. Los años 90 también fueron especialmente violentos, y también fue la década donde el sensacionalismo se convirtió en el pan nuestro de cada día. No en vano, acogió el nacimiento de las cadenas y conglomerados privados que hoy copan el panorama mediático. Por desgracia, no existen cifras oficiales, y muchos de los casos tuvieron una resolución en la cual no se reconoció el móvil político. O que incluso no tuvieron resolución. La década posterior tampoco estuvo exenta de problemas, por supuesto.

A pesar de que cada año se recuerdan en mayor o menor medida, merece la pena hacer un atento repaso a estos horribles sucesos y los detalles que lo rodearon

Carlos Palomino, joven antifascista

Carlos Javier Palomino Muñoz tenía 16 años cuando fue asesinado el 11 de noviembre de 2007 a manos de Josué Estébanez de la Hija, de 23 años, apuñalándole con una navaja en el lado izquierdo del tórax y atravesándole el corazón. El suceso tuvo lugar en el interior de la parada de metro de Legazpi, en Madrid.

Los hechos fueron los siguientes. El 11 de noviembre, por la mañana, el partido neofascista Democracia Nacional había convocado una manifestación contra la inmigración, comunicada a Delegación de Gobierno, que no puso impedimento alguno. Hay que recordar que el lugar donde se convocó, el barrio de Usera de Madrid, como sucede por ejemplo con Lavapiés, tiene un porcentaje de personas migrantes importante.

Dada la polémica por esta convocatoria, colectivos antifascistas y de izquierdas habían convocado una contramanifestación en el mismo lugar para mostrar su oposición a la presencia de Democracia Nacional en el lugar. El lema de la concentración del partido neonazi no daba lugar a equivocaciones: Contra el racismo antiespañol, contra la inmigración.

Las cámaras del metro grabaron cómo decenas de activistas antifascistas (de 20 a 30 aproximadamente), entre los cuales se encontraba Carlos Palomino, subieron a un convoy para dirigirse a dicha convocatoria, donde se encontraba Josué, el cual portaba una camiseta con simbología skinhead neonazi, concretamente de la marca Three Stroke. Josué, joven de 24 años y militar de profesión, se levantó al parecer para cederle el asiento a una pareja de ancianos, momento en el cual entró en el campo de visión de los jóvenes antifascistas.

En las grabaciones se puede observar cómo Josué saca una navaja de 25 centímetros y la oculta abierta sobre su espalda, un hecho que Palomino no detectó. Josué preguntó al grupo «¿Qué miráis?», lo que llevó a Palomino a recriminarle acerca de la camiseta, probablemente sospechando que era un miembro de Democracia Nacional que acudía a la cita.

En ese momento, Josué asestó la mortal puñalada, que provocó la huida de los pasajeros del metro. Un guardia de seguridad y algunos compañeros de Palomino trataron de detenerle sin éxito, lo que provocó una herida grave a uno de los antifascistas y un corte en el dedo a otro. Ya en el exterior, trató de huir, deshaciéndose del arma, pero fue interceptado por los compañeros que acompañaban a Palomino en el metro, que le dieron una paliza. No tardó en ser detenido por agentes de seguridad del metro y por agentes de la policía nacional y puesto a disposición judicial más tarde.

Carlos Palomino murió minutos después a pesar de los intentos del personal sanitario del Samur por salvar su vida, en el Paseo de las Delicias número 145, lugar donde se montó un improvisado hospital de campaña de unos 200 metros que cortaba toda la calle. Su compañero, víctima también del neonazi, tuvo que ser operado y tardó tres meses en recuperarse, si bien esa misma noche los servicios médicos confirmaron que su vida no corría peligro, afortunadamente.

Fuera, los altercados continuaron, pues se estaba celebrando, como estaba previsto, la manifestación de Democracia Nacional. Aproximadamente 300 activistas antifascistas según fuentes policiales se acercaron con actitudes hostiles y las autoridades intervinieron para evitar altercados. Afortunadamente, no pasó a mayores, solo hubo que lamentar las heridas leves de un agente y los daños de un vehículo policial por el efecto de un cóctel molotov. Se detuvieron a cuatro personas: un asistente a la convocatoria racista y tres antifascistas.

Esa misma tarde, se convocó una concentración a la que acudieron centenares de personas en Puerta del Sol en repulsa por el asesinato de Palomino, que sería la primera de muchas. «Madrid será la tumba del fascismo» fue uno de los lemas que se corearon, en referencia a la denuncia del asesinato como un altercado político. Hubo también fuertes críticas a Delegación de Gobierno por autorizar la concentración.

Durante el polémico juicio, el asesino de Carlos Palomino intentó defender que se dirigía a Villaverde a almorzar con unos amigos, pero nunca lo pudo demostrar. También trató de desasociarse políticamente de movimientos ultraderechistas diciendo que «le salió el instinto» al entrarle miedo. Sin embargo, la simbología y estética clara que portaba, el hecho de que hiciera el saludo nazi gritando «Sieg Heil» grabado por hasta siete cámaras de seguridad o que varios colectivos neofascistas y de extrema derecha como Brotherhood o Tropas SS le brindaron abiertamente su apoyo, bastaron para que no le saliera bien esta estrategia.

En total, la defensa había planteado hasta tres principales atenuantes: legítima defensa, «miedo insuperable» y «estado de necesidad». Sin embargo, el Ministerio Fiscal concluyó que no pudo ser legítima defensa al no existir una agresión por parte de Palomino; que no hubo ningún «miedo insuperable » porque, de hecho, se enfrentó a los activistas y no intentó huir en ningún momento; y que tampoco existió «estado de necesidad» porque fue precisamente Josué el actor principal de todo lo sucedido.

Tras un largo proceso judicial que duró dos años y donde la defensa intentó varias estrategias, incluyendo alegar enajenación mental y brote psicótico (desmontado por la psicóloga encargada de las pruebas periciales), finalmente optó por pedir perdón por los hechos. Finalmente, de los 37 años de prisión que pedía la acusación familiar y los 30 demandados por la acusación popular (representada por la asociación de vecinos Alto del Arenal y Movimiento contra la Intolerancia), la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Josué Estébanez a 26 años de prisión: 19 por el delito de asesinato con el agravante de odio ideológico y 7 por tentativa de homicidio,​ y una indemnización de 150.000 euros. La condena fue firme el 22 de abril de 2010.

El asesinato de Carlos Palomino, a pesar de ser el más reciente de la lista, sentó un importante precedente. Fue, de lejos, el más mediático y más seguido en España de aquella década y fue el primer caso judicial en el que se aplicaron agravantes por motivos ideológicos.

Las repercusiones de aquello duran hasta el día de hoy. La madre de Carlos Palomino, Mavi Muñoz, fundó una asociación, Asociación de Víctimas de la Violencia Fascista, Racista y Homófoba, desde donde hace campañas para la ilegalización de los grupos neonazis. Cada año se hacen homenajes y manifestaciones en recuerdo del antifascista, donde es habitual teñir fuentes emblemáticas de las ciudades de color rojo. En el número 145 del Paseo de las Delicias, lugar donde finalmente murió, se puso una placa conmemorativa en 2016.

Por otro lado, Josué se convirtió en un mártir neonazi. «Josué libertad» ha sido un cántico habitual para los grupos ultraderechistas que han solicitado su puesta en libertad. Melisa Domínguez, la líder del grupo neonazi Hogar Social Madrid, saltó a la fama cuando se celebraba uno de sus juicios. Acompañada de otra neonazi, aparecieron durante el proceso judicial lanzando panfletos y gritando «Josué libertad». La joven se llevó un puñetazo por parte de uno de los compañeros de Palomino y fue desalojada por la agentes policiales. Se sabe que Josué recibía cartas de admiradores con simbología neonazi hasta que le aplicaron el régimen FIES. La placa en su honor ha sido vandalizada varias veces.

También se han organizado numerosos conciertos con el fin de recaudar dinero para pagar los miles de euros de indemnización que Josué y su familia deben pagar a los familiares de Palomino. Su familia también vende números de lotería para intentar cubrir los gastos de la operación a la que se tuvo que someter debido a la paliza que recibió tras asesinar al joven antifascista.

Sin duda, un desagradable asesinato que trajo muchas consecuencias que perduran hasta el día de hoy.

Guillem Agulló, independentista y antirracista

Guillem Agulló i Salvador era un chico de 18 años que residía en Burjassot, un municipio de Valencia, con su familia, sus padres y dos hermanas. Conocido por ser un gran deportista, pertenecía al movimiento red skin, de ideología antifascista y antirracista, frecuentando lugares como el Kasal Popular. También era conocido su activismo independentista y nacionalista valenciano, afín a grupos como Maulets.

Un 11 de abril de 1993, Guillem y sus amigos fueron a Montanejos, provincia de Castellón, de acampada, una actividad de la que solía disfrutar de manera habitual. Allí, la versión sostenida por sus amistades y la que mantuvieron a lo largo del juicio posterior fue que cinco jóvenes salieron de un bar, le rodearon y uno de ellos, Pedro Cuevas, le propinó una puñalada en el pecho que acabó con su vida. Tras esto, se marcharon haciendo el saludo fascista y cantando el Cara al Sol, himno de la Falange Española y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS), partido político que sostenía el régimen franquista entre 1939 y 1975 y, por lo tanto, canción muy asociada al franquismo y a la extrema derecha española. 

A partir de momento, el caso se convirtió en una dura y aborrecible pugna por parte de la acusación popular de demostrar que el asesinato había tenido motivaciones políticas y de la defensa de sostener que se había tratado de una mera pelea entre bandas juveniles. Los medios de comunicación catapultaron el suceso de tal forma que dejó de ser una cuestión personal a ser social y política.

Desde la acusación, entre ellos, el letrado Virgilio Latorre, pasando por la propia familia, hasta asociaciones y organizaciones antifascistas que apoyaban a la víctima, denunciaron una constante campaña de acoso y de manipulación donde buscaban presentar a Guillem Agulló como un joven conflictivo que, de alguna manera, se había buscado su fatal destino, ignorando las implicaciones políticas de un momento muy delicado en la Historia de España, con la Transición todavía muy reciente y con múltiples conflictos sociopolíticos. También se denunciaron numerosas irregularidades a lo largo del juicio, como la aparición de un testigo sorpresa que se saltó todos los procedimientos.

Sin embargo, tanto a Pedro Cuevas como a sus compañeros se les relacionaron con colectivos neonazis como «Los Marxalenos». En todo momento, los padres de Guillem Agulló defendieron la existencia de un entramado ultraderechista protegido por los aparatos del Estado en un intento de que no trascendiera el suceso como un conflicto político.

Finalmente, Pedro Cuevas fue condenado a 14 años de prisión por homicidio y absolvió al resto del grupo. El asesino de Guillem Agulló solo cumpliría 4 años de prisión. Posteriormente, tanto él como el resto siguieron muy vinculados a la escena ultraderechista valenciana. En 2005, fue detenido nuevamente en el marco de la Operación Panzer, donde se desmanteló una red neonazi amparada en el grupo Frente Anti Sistema (FAS). La Guardia Civil incautó en su casa 40 brazaletes con esvásticas, una daga nazi, puños americanos y moldes para producir hebillas con las siglas SS.

La Operación Panzer ha sido utilizada como ejemplo de hasta qué punto ese entramado ultraderechista tenía visos de realidad. Por ejemplo, uno de los detenidos fue defendido por el abogado Manuel Salazar Aguado, socio del equipo jurídico al que pertenece José Luis Roberto Navarro, conocido ultraderechista dueño de Levantina de Seguridad, que fundó en 2001 el partido neofascista España 2000 y se convertiría en un líder de referencia de la extrema derecha valenciana. José Luis Roberto, durante los años había estado publicando en varios periódicos valencianos como El Levante o Las Provincias artículos con un marcado corte ultraconservador.

En el proceso se detuvieron a 17 personas más, entre ellos: Juan Manuel Soria, uno de los principales dirigentes del partido neofascista Alianza Nacional; Alejandro Serrador, entonces concejal de Silla por España 2000; y dos militares. Diez años después, la Guardia Civil tuvo que devolver todo lo incautado a sus legítimos dueños y no se emitió condena alguna.

En 2007, Pedro Cuevas se presentó a las elecciones municipales del municipio de Chiva en cuarta posición en la lista electoral de Alianza Nacional, lo que fue todo un escándalo en aquel momento. La violencia de la extrema derecha continuó en tierras valencianas. Entre 2007 y 2013 se llegaron a poner hasta 20 artefactos explosivos en locales culturales o de partidos de izquierdas.

Desde el juicio y hasta prácticamente el día de hoy, la familia de Guillem Agulló ha seguido recibiendo acoso por parte de la extrema derecha. Por ejemplo, cada aniversario del asesinato, la familia recibe llamadas anónimas. También han padecido pintadas fascistas o rezando «Guillem, jódete» en los alrededores de la vivienda en Burjassot. Hasta la fecha, nunca se ha detenido a nadie por estos hechos.

Por otro lado, el asesinato de Guillem Agulló fue un hito en la Historia reciente de España y, concretamente, de Valencia. En medio de una batalla ideológica, identitaria, cultural, política y social en un país que aún padecía (y padece) las consecuencias de 40 años de dictadura, tanto los sucesos aquel 11 de abril de 1993 en Montanejos como el juicio y el tratamiento que los medios hicieron del caso fueron precisamente el reflejo de que el sistema, que presumía de normalidad democrática, seguía podrido por dentro.

Los grupos antifascistas, la izquierda nacionalista y también buena parte de la izquierda en general, se unieron más que nunca en repulsa por estos hechos, exigiendo justicia, denunciando lo ocurrido y reclamando la lucha antifascista. Así, cada 11 de abril, se sigue recordando la memoria de Guillem Agulló con diferentes actos organizados por la Associació Cultural Bassot en su ciudad natal, Burjassot.

Su nombre todavía resuena en las manifestaciones antifascistas de España, tiene varios homenajes en murales, grupos de música han hecho varias canciones inspiradas en él y se le ha puesto su nombre a varias calles.

En 2013 hubo un intento de hacer una declaración institucional en homenaje a Guillem Agulló en el Les Corts Valencianes (parlamento valenciano) por el 20 aniversario, pero el PP lo impidió. Finalmente, se aprobó en 2016 la creación de los Premios Guillem Agulló, pensados para reconocer a personas y entidades por su lucha contra el racismo, xenofobia y delitos de odio.

En 2019, el Senado de España aprobó la creación del Fondo Guillem Agulló para indemnizar a las víctimas de delitos de odio.

Ese mismo año, se inició la campaña La lluita continua (La lucha continúa), un ambicioso proyecto de iniciativa ciudadana para fomentar la movilización social, política y de recuperación de la memoria democrática que tomó como punto de partida la figura del joven antifascista e independentista.

Siguiendo las previsiones, la campaña organizó a lo largo del 2020 un concierto de homenaje en València y otro en el Auditorio de Barcelona; un ciclo de debates y conferencias a las dos ciudades; la actualización del web Crímenesdeodio.info; la publicación de la novela La mort de Guillem, de Nuria Cadenas, sobre el acoso que sufrió la familia de Agulló; y la película “La mort de Guillem”. Además, la familia ha concedido numerosas entrevistas y audiencias para defender el nombre y la causa de su hijo y tratar de reivindicar su memoria.

Yolanda González, sindicalista víctima de la «guerra sucia»

Yolanda González Martín nació en 1961 en el barrio de Deusto, en la que por aquel entonces era la capital industrial de Euskadi, Bilbao. Procedía de una familia burgalesa que en pleno éxodo económico habría emigrado al País Vasco en busca de una vida mejor y más estable. Muy pronto, con 16 años, inició su militancia en la facción Izquierda Socialista, de sesgo trotskista, dentro de las Juventudes Socialistas de España.

En plena transición democrática se trasladó a la capital de España en 1979 para cursar estudios de electrónica en un centro de formación profesional del barrio de Vallecas. Con el tiempo, pasó a ser elegida representante estudiantil en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media de Madrid, una organización que se opuso frontalmente a las reformas educativas del gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) que gobernó entre 1977 y 1982, coalición moderada presidida por Adolfo Suárez.

Además de las anteriormente mencionadas militancias estudiantiles, nada más llegar a Madrid, se afilió a la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), desengañada como estaba de las políticas neoliberales y pactistas del PSOE de Felipe González. Unas semanas más tarde y junto a otros compañeros de lucha, crearon una nueva formación política a la que llamaron Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Paralelamente a su militancia revolucionaria, y para poder costear su estancia en la capital, iba encadenando diversos trabajos como empleada de hogar y canguro, residiendo en el popular barrio de Aluche.

La mañana del 1 de febrero de 1980 transcurrió con absoluta normalidad. Se fue al trabajo y ya por la tarde acudió a la sede del partido para participar en una asamblea que se había convocado con el fin de analizar todos los datos e incidencias sobre la huelga de la enseñanza, habiéndose cumplido ya el quinto día de los siete de lucha convocados.

Al finalizar la asamblea informativa, se entretuvo paseando y tomando algo con una de sus más entrañables amigas, Rosa Torres. Se despidieron y se marchó de vuelta a su casa. En las inmediaciones de su domicilio la esperaban agazapados los integrantes del Grupo 41, una organización ultraderechista de carácter paramilitar y con fuertes vínculos al partido político de Fuerza Nueva, liderado en aquel momento por Blas Piñar, quien llegó a ser diputado mediante una coalición de partidos ultraderechistas en 1979 llamada Alianza 18 de julio.

Dos de los miembros del comando, Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad, subieron hasta el domicilio situado en el cuarto piso del número 101 de la calle Tembleque, permaneciendo el resto en los alrededores, en labores de vigilancia. Llamaron a la puerta y Yolanda les abrió no sin cierta desconfianza, identificándose estos como miembros de la policía y propinándole un fuerte empujón que la derribó.

Acto seguido procedieron a un superficial registro del piso buscando alguna prueba que la pudiera vincular con la banda terrorista ETA y a punta de pistola la obligaron a acompañarlos hasta su coche. Durante el trayecto se produjeron varios forcejeos y la sometieron a un interrogatorio, preguntando insistentemente sobre su presunta pertenencia a la banda terrorista ETA, pero ella lo negó una y otra vez. Durante el trayecto, fue maltratada con contundencia.

Finalmente llegaron a un descampado próximo a San Martín de Valdeiglesias, donde detuvieron el coche y la obligaron a bajar. Son unos minutos en los que, según el testimonio del propio Hellín, intercambiaron algunas palabras sin determinar, hasta que, apunta con una pistola P-38 Walther del calibre 9 mm Parabellum a la cabeza de Yolanda, disparó hasta dos veces, asesinándola. Es entonces cuando su cómplice, Ignacio Abad, le exhorta a que realice un tercer disparo a modo de tiro de gracia, disparando éste un tercer fogonazo con el cuerpo ya tendido.

El cadáver fue hallado a la mañana siguiente por dos trabajadores que casualmente pasaban por allí, no siendo identificado hasta el mediodía del 2 de febrero.

Durante ese mismo día, Emilio Hellín ya se había encargado de reivindicar el acto criminal, mediante un comunicado telex enviado a la Agencia EFE, en nombre del Grupo 41 del Batallón Vasco Español (BVE), una organización terrorista parapolicial identificada en ocasiones con la Alianza Apostólica Anticomunista, también conocida como la Triple A.

Ni que decir tiene la gran consternación que este nuevo crimen de la extrema derecha provocó en toda la sociedad española, en el partido al que pertenecía Yolanda y en su entorno más inmediato. En el funeral se pudieron oír gritos de «¡UCD, UCD, la pistola se te ve!«, en alusión a la inoperancia del Gobierno de entonces.

Así mismo, el diputado socialista Juan Barranco haría unas declaraciones cuando menos de indirecta acusación hacia los resortes y estructuras de un Estado que todavía no se había desprendido de la inercia represiva de la dictadura en lo que más tarde diferentes organizaciones de izquierdas denominarían «guerra sucia»:

¿Cómo los autores de la muerte de Yolanda González obtuvieron en el mercado las armas y los aparatos electrónicos que poseían? ¿Con qué organizaciones, incluso extranjeras […], tenían relaciones los implicados? ¿Qué información tiene el Gobierno sobre el denominado Batallón Vasco Español? [Este asesinato] se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona con instituciones del Estado

Cinco días después del asesinato, el policía nacional Juan Carlos Rodas (anteriormente de la Policía Armada, cuerpo represor del franquismo), asustado por el desarrollo de los hechos y sus posibles consecuencias, decidió delatar a los componentes del Grupo 41 que habían participado en el terrible crimen. Emilio Hellín e Ignacio Abad fueron inmediatamente detenidos. Sin embargo, Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto se dieron a la fuga manteniéndose en paradero desconocido durante varias semanas antes de presentarse ante el juez instructor del caso.

Una vez detenidos y puestos a disposición judicial todos los participantes en el asesinato, la Audiencia Nacional procesó a Emilio Hellín Moro, Ignacio Abad Velázquez, José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero, Juan Carlos Rodas y David Martínez Loza y los condenó a diversas penas según su grado de implicación en los hechos.

Emilio Hellín Moro fue condenado a algo más de 43 años de prisión por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto.

Ignacio Abad Velázquez fue sentenciado algo más de 28 años de condena por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto recibieron unos 6 años de condena por allanamiento de morada, detención ilegal y tenencia ilícita de armas (tenencia ilícita de explosivos en el caso de Prieto).

David Martínez Loza fue condenado a unos 6 años de cárcel por inducción de allanamiento de morada y detención ilegal. Era en el momento de la comisión del delito Jefe Nacional de Seguridad de Fuerza Nueva y, por tanto, con vínculo directo con el entonces líder de esta formación, Blas Piñar.

Juan Carlos Rodas fue sentenciado a 3 meses de prisión por allanamiento de morada y detención ilegal. La levedad de la condena se debe a su necesaria y voluntaria colaboración con la justicia. Según su propio testimonio, pensaba que a Yolanda González se le haría un interrogatorio para averiguar si pertenecía a ETA, pero no que se le fuera a secuestras y/o a asesinar.

En 1987, el principal encausado y autor material del asesinato, Emilio Hellín, se dio a la fuga tras recibir de forma inexplicable un permiso en la cárcel de Zamora, en la cual había permanecido desde prácticamente el inicio de su condena. Aprovechó la coyuntura para huir a Paraguay donde se instaló llevando una vida aparentemente normal ya que gozaba de la protección del dictador militar Alfredo Stroessner, con el que Fuerza Nueva mantenía unas inmejorables relaciones, y que, de hecho, se sabe que daba cobijo a otros militantes de la extrema derecha española, como es el caso de los Guerrilleros de Cristo Rey, así como a nazis de la talla de Josef Mengele.

Tras la caída de Stroessner, las autoridades españolas consiguieron su extradicción, que se produjo en el mes de septiembre de 1989 a manos de la Interpol. En julio de 1995 fue clasificado en tercer grado penitenciario y un año después consiguió la libertad condicional. De los 43 años a los que inicialmente fuera condenado solo llegó a cumplir 14 .

En 2013, el periodista José María Irujo, del diario El País, tras varias y fructíferas pesquisas, descubrió que el autor material de la muerte de Yolanda, Emilio Hellín, había colaborado con el Ministerio del Interior como asesor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011, años en los que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y después Mariano Rajoy (PP). Unos servicios de asesoría en materia criminal por los que habría cobrado la nada desdeñable cantidad de 140.000 euros.

Las investigaciones periodísticas no terminaron ahí, ya que se desveló que en su currículum personal, Hellín aseguraba ser docente en la Escuela de Policía de la Comunidad de Madrid, instructor directo de varios funcionarios del Ministerio de Defensa y asesor de magistrados y fiscales en labores de peritaje judicial, habiendo intervenido en casos tan importantes como el «caso Faisán» o el también conocido como «caso Bretón«.

Hay que destacar, por otra parte, que estos servicios de peritaje los desarrollaba a través de las empresas de su propiedad, Net Forensics S.L. y New Tecnology.

Cuando el Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy fue interpelado en el Congreso de los Diputados con el fin de que diera una explicación sobre los contactos y el trato de privilegio del que había gozado el ultraderechista Hellín, su entonces Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz no ofreció ninguna respuesta clarificadora y mucho menos razonada, ya que se limitó a decir que, durante el tiempo en el que Hellín trabajó para Interior gobernaba el PSOE. Ni un solo dato, ni un solo argumento, ni una disculpa, nada de nada.

Recientemente, ya en el 2021, ha salido a la luz que el entramado empresarial de Emilio Hellín habría firmado diferentes contratos con diferentes cuerpos policiales, instituciones judiciales y prestigiosos bufetes de abogados, entre los que estaría el que defiende a la expresidenta de la Comunidad de Madrid en el «caso de la falsificación del acta del Máster«, Cristina Cifuentes, del Partido Popular.

Todos los hechos referidos, demuestran, una vez más, que durante la mal llamada transición española, la impunidad de la extrema derecha ha sido una constante, que su blanqueamiento mediático y judicial son realidades objetivas y que el supuesto modélico tránsito de la dictadura más cruel del sur de Europa a una democracia liberal, resulta más que discutible.

La familia de Yolanda González sigue reclamando que sea considerada como una víctima del terrorismo, pero esto le ha sido negado a pesar de que su asesinato fue reivindicado por el Batallón Vasco Español que, en palabras del periodista Carlos Fonseca, «es un poco el precedente de los GAL«.

Por otro, se consiguió, tras años de lucha, que en junio de 2015 el Ayuntamiento de Madrid pusiera el nombre de Yolanda a unos jardines de la ciudad y en noviembre de 2018 se instaló gracias a la Junta de Distrito de Latina del Ayuntamiento de Madrid una placa en recuerdo de la joven explicando la lucha de González y el modo en el que fue asesinada.

Sin embargo, la placa ha sido vandalizada hasta en cuatro ocasiones. Una mañana amaneció con una esvástica; otra, completamente borrada con pintura; mientras que en otras dos ocasiones fue arrancada literalmente. «Día tras día, sus compañeros y vecinos del barrio luchan para que esa canalla fascista, compañeros de viaje de sus asesinos, no ensucien con sus pintadas la placa del parque que lleva su nombre», escribe Jacobo Bermejo en la obra Los amigos de Yolanda, un libro escrito por amistades que fueron cercanas a la activista.

Lucrecia Pérez, inmigrante dominicana

Lucrecia Pérez Matos era una mujer dominicana nacida el 15 de diciembre de 1959. Fue asesinada un 13 de noviembre de 1992, apenas un mes de haber emigrado a España. Los hechos ocurrieron en la antigua discoteca Four Roses, un local que en otros tiempos había sido centro de diversión de jóvenes de clase acomodada, situado en la carretera de La Coruña, en el distrito de Aravaca.

La noche del viernes 13, cuatro personas de negro con la cara tapada irrumpieron y dispararon contra la multitud, personas también migrantes de origen dominicano. Los disparos hirieron gravemente a Augusto César Vargas y alcanzaron en el corazón a Lucrecia, que llegó al hospital ya muerta.

La plaza-parque de Aravaca llevaba siendo mucho tiempo un centro de tensión en el barrio, ya que allí se reunían personas migrantes ante la falta de espacios públicos, lo que había provocado varios conflictos por parte de sectores que atribuían las reuniones de estas personas como un centro de tráfico de drogas y de prostitución. Se llegaron a organizar actos de protesta para expulsar a unas personas que se defendían alegando su derecho de reunión en un sitio público. Un panfleto anónimo que circuló por el barrio llamaba a la acción directa para echar de allí a inmigrantes.

De hecho, el 1 de noviembre de ese mismo año, días antes, hubo un altercado cuando la policía municipal intentó acceder con un coche a la plaza para detener a una persona migrante en situación irregular. Cerca de dos centenares de mujeres dominicanas respondieron a pedradas para evitarlo, hiriendo a varios agentes y dañando varios vehículos. En posteriores declaraciones, ellas denunciaron violencia y abuso por parte de las autoridades.

Respecto al asesinato de Lucrecia, la Guardia Civil y desde Delegación de Gobierno, al tenor del tipo de arma empleada (de origen policial y militar), relacionaron el crimen con grupos de extrema derecha desde un primer momento. Además, en los días previos al suceso, Aravaca amanecía con varios carteles y pintadas xenófobas como “INMIGRACIÓN STOP. Primero los españoles» (Juntas Españolas), “Defenderse contra la invasión” (Grupo Covadonga) o “Fuera Negros. N.J.” (Nación Joven).

Por su parte, grupos políticos de ultraderecha negaron su relación con los hechos y condenaron verbalmente el asesinato, introduciendo en la opinión pública la hipótesis de que se trataba de algún tipo de ajuste de cuentas.

Hasta cuatro organizaciones dominicanas firmaron un comunicado donde responsabilizaban de la situación a la negligencia e incluso instigación de las autoridades policiales y a las protestas y acciones iniciadas por las asociaciones vecinales contra las personas dominicanas.

El 27 de noviembre se detuvo a los responsables. El principal autor material del crimen fue el guardia civil Luis Merino Pérez, de 25 años, quien fue acompañado de tres menores: Javier Quílez Martínez, Felipe Carlos Martín Bravo y Víctor Flores Reviejo. Ante las pruebas irrefutables, ya que Merino utilizó su arma reglamentaria, todos confesaron el crimen.

Al parecer, momentos antes, se encontraban en la Plaza de los Cubos bebiendo junto a otros miembros de grupos ultraderechistas y a uno le pareció buena idea «dar un escarmiento a los negros». Aseguran que, tras los disparos, Merino dijo «Les he dado tres plomos, que se los repartan como puedan. Ha sido como tirar a dos chuletas de cordero”. Cuando huyeron del escenario del crimen, regresaron a la plaza, donde alardeó de lo sucedido.

El agente de la Guardia Civil Luis Merino tenía acumulados nueve correctivos por comportamientos irregulares, fundamentalmente actitudes violentas, en cinco años de servicio. Felipe, por su lado, pertenecía a una familia desestructurada conocida por su ideología fascista y por provocar continuos altercados en el vecindario.

El 11 de diciembre, el juicio dictó sentencia: 54 años de cárcel para Luis Merino (30 por el delito de asesinato de Lucrecia Pérez y 24 por el de asesinato frustrado de Augusto César Vargas, así como a la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la pena) y en 24 años de reclusión a los menores (15 años por el delito de asesinato y nueve por el de asesinato frustrado).​

Los cuatro fueron asimismo condenados a indemnizar a la hija de Lucrecia Pérez, Kenia, con 20 millones de pesetas; y a su compatriota Augusto César Vargas con un millón de pesetas. También se le exigió al ministro del Interior en calidad de responsable civil subsidiario (dada la condición de miembro del Cuerpo de Seguridad de Luis Merino) la indemnización de 20 millones de pesetas a la hija de Lucrecia Pérez y de otros dos millones a Augusto César Vargas.

En 2001, los menores de edad salieron en libertad tras cumplir los 8 años de internamiento, el máximo permitido legalmente.

El asesinato de Lucrecia Pérez tuvo grandes repercusiones en España. Se desencadenaron numerosas protestas contra el racismo, las más grandes que se recuerdan en el país, así como numerosas declaraciones de organizaciones sociales y políticas. Todos los partidos políticos importantes cerraron filas contra el racismo, aprobándose un comunicado de repulsa en la Asamblea de Madrid.

Así, se convirtió en un símbolo del antirracismo y de la discriminación a las personas migrantes.

Arturo Ruiz, la Matanza de Atocha y «la semana trágica»

Arturo Ruiz García era un militante de izquierdas, conocido por su actividad sindicalista en Comisiones Obreras (CCOO) y por su afición al deporte, concretamente el alpinismo. Desde muy joven ya había militado políticamente, formando parte de las juventudes del Partido del Trabajo de España, por ejemplo. Nació en Granada, si bien su padre era de Almería. Tenía hasta siete hermanos y hermanas.

Nacido en 1957, su activismo se centró en una época de convulsión en España. En los inicios de la Transición, parte de las movilizaciones sindicales se centraron en la aprobación de leyes de amnistía para los presos políticos y represaliados de la dictadura de Francisco Franco. Como tal, se produjeron grandes y multitudinarias manifestaciones entre 1976 y 1977. Uno de los lemas más repetidos de aquella época era, de hecho, «Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía».

El 23 de enero de 1977 había convocada una de estas manifestaciones en la conocida Gran Vía de Madrid, manifestación no autorizada por el Gobierno Civil de Madrid ante las posibilidades de que se desencadenara violencia. Arturo Ruiz se reunió con un grupo de activistas entre las calles Estrella y Silva sobre las doce y media de la tarde.

En aquella época, era habitual que grupos ultraderechistas afines a la dictadura acudiera a este tipo de concentraciones para utilizar la violencia contra los manifestantes, en ocasiones incluso apoyando a las fuerzas policiales que buscaban reprimirlas (especialmente en los últimos estertores del franquismo). Grupos como Triple A o Guerrilleros de Cristo Rey eran habituales, muchos de sus miembros de hecho estaban ligados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como se ha podido ver en el caso del asesinato de Yolanda González. Y normalmente acudían armados, ya fuera con armas de fuego o con cuchillos, cadenas, etc.

Por supuesto, este caso no fue una excepción. En un momento dado, uno de los muchos activistas presentes avisaron a los compañeros de Arturo Ruiz se acerca de la presencia de estos grupos ultraderechistas, un aviso que fue escuchado por José Ignacio Fernández Guaza, miembro de la Guardia Civil de 29 años y militante en los Guerrilleros de Cristo Rey.

Guaza se adelantó hacia los manifestantes al mismo tiempo que profería varios insultos contra ellos y los amenazaba con un guantelete que portaba y gritando que iba armado con una pistola, haciendo ademán de sacarla. Por su lado, Arturo Ruiz le salió al paso, desarmado, reprochando su actitud y recriminando que sin un arma no se comportaría así.

Ante esto, inicialmente, Guaza se retiró y se reunió con Jorge Cesarsky Goldstein, argentino de 50 años ligado a la Dirección General de Seguridad y militante de Fuerza Nueva. Allí, le pidió que sacara su arma. Tras esto, Cesarsky empuñó su pistola y disparó contra los manifestantes, que consiguieron huir. No se sabe bien si entonces Guaza le pidió el arma a su compañero o se la quitó, pero el caso es que se hizo con ella y persiguió a los activistas, apuntó a Arturo Ruiz y lo asesinó de dos disparos.

El asesinato de Arturo Ruiz provocó la conocida como «semana trágica» en Madrid, una serie de incidentes violentos como consecuencia de la represión de las protestas que se sucedieron por parte de grupos izquierdistas hartos de la violencia y la falta de libertades. De hecho, justo al día siguiente, moriría Mari Luz Nájera, una chica que había ido a manifestarse, por el impacto de un bote de humo en la cabeza.

Solo unas horas después, se sucedieron los hechos de la Matanza de Atocha, donde un grupo ultraderechista vinculado a Falange Española irrumpió en un despacho de abogados laboristas del Partido Comunista de España (PCE) y de CCOO y asesinó a cinco personas:  Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y  Ángel Rodríguez Leal. Además, en el atentado fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González Ruiz.

Por los hechos de la Matanza de Atocha se detuvieron a personas vinculadas al Sindicato Vertical del gobierno franquista como Francisco Albadalejo Corredera, excombatientes de la División Azul (voluntarios que fueron a luchar del lado de Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial) como Leocadio Jiménez Caravaca y Simón Ramón Fernández Palacios.

En cuanto a los asesinos de Arturo Ruiz, Guaza huyó al extranjero y se le perdió la pista, mientras que Cesarsky fue condenado a 6 años, de los cuales no llegó ni a cumplir un año debido a la Ley de Amnistía de 1977.

Los hechos desencadenaron las mayores protestas de sectores izquierdistas que se recordaban en aquel momento, con el PCE todavía ilegalizado y con el aparato represor del franquismo todavía funcionando. Por aquel entonces, la recién creada Audiencia Nacional y las autoridades policiales se negaron a investigar demasiado el asunto, lo que fue denunciado posteriormente por diversas instancias. En 1990, un informe italiano concluyó que detrás de estos atentados estaba la llamada «red Gladio», una operación a semejanza del Plan Cóndor pero en Europa sostenido por los servicios secretos estadounidenses para frenar el avance de la izquierda.

En 2015, Manuel, uno de los hermanos de Arturo Ruiz, sumó el caso a la famosa querella argentina contra los crímenes del franquismo, que no pueden ser juzgados en España por la Ley de Amnistía, denunciando a Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación en ese momento. El abogado Carlos Slepoy estima que existen evidencias suficientes de que las fuerzas del orden público ayudaron a los asesinos de Ruiz. Sin embargo, la pandemia del COVID19 ha paralizado el proceso por el momento.

En conjunto, los hechos de la «semana trágica» marcaron la Transición y evidenciaron las reminiscencias del franquismo que todavía provocarían oleadas de violencia.

Por supuesto, hay muchísimos nombres que sumar a esta lista: Juan José Rescalvo, Hassan Al Yahami, Susana Ruiz, José Herrería, David Furones, Emiliano López Prada… cada uno merecería su propio artículo y su propio homenaje. Por todas las víctimas del terrorismo de extrema derecha, tan tristemente olvidado por los medios de comunicación, merece la pena recordarles y dejar los hechos que rodearon a sus asesinatos Al Descubierto.

Enlaces, fuentes y bibliografía:

– Foto de portada: Mural en honor de Arturo Ruiz. Autor: Ana La Comuna, 14/01/2020. Fuente: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) / Portada La Verdad Socialista de 1980 hablando del asesinato de Yolanda. Autor: La Verdad Socialista, 12/02/1980. Fuente: XavierCasal / Cartel en favor de Carlos Palomino. Autor: Emilio, 11/11/2017. Fuente: Flickr (CC BY-SA 2.0) / Fotografía de Guillem Agulló

Adrián Juste

Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.