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Desmontando las mentiras de Roberto Vaquero y la ultraderecha sobre inmigración

La semana pasada se viralizaron en redes sociales extractos de un vídeo donde una conocida personalidad del mundo de Internet esgrimía un discurso que terminaba desembocando en una conclusión final: “El enemigo ahora mismo es quien defiende las fronteras abiertas y el globalismo”, afirmaba con rotundidad.

Por otro lado, justo esta misma semana hemos sido testigos de un trágico atentado de aspiraciones yihadistas contra una iglesia católica en Algeciras, donde un hombre con antecedentes psiquiátricos asesinaba a un sacristán mientras gritaba consignas fundamentalistas religiosas. Como era de esperar y, a pesar del unánime mensaje de los miembros de la iglesia afectada y de la comunidad musulmana del municipio quiénes exigían que no se politizara el suceso, muchas personas, incluyendo esta conocida personalidad, no tardaron en instrumentalizar el suceso para estigmatizar a la religión musulmana, a las personas de origen árabe y al fenómeno de la migración en general.

Si pidiéramos a la primera persona que encontráramos por la calle que visualizara el anterior vídeo y nos comentase que ideología cree que procesa el autor, con casi total seguridad apostaría por algún tipo de extremismo de derecha (quizás lo identificaría con el perfil de votante de Vox o bien creería que es militante de alguna organización más radical y no tan necesitadas de guardar un mínimo de apariencia democrática).

Lo curioso es que la lógica ideológica falla en esta ocasión, ya que el protagonista del vídeo se autodenomina comunista y es el máximo dirigente de una formación que durante mucho tiempo ha asegurado ser «la auténtica izquierda» y ha dirigido sus esfuerzos a captar a jóvenes de este espacio ideológico: el Frente Obrero, una organización nacida en 2018 (registrada como partido político en 2022) a partir del Partido Marxista-Leninista (Reconstrucción Comunista) junto a otros grupos.

El autor de los vídeos no es otro que Roberto Vaquero, quien ejerce como líder del partido y secretario general del PML (RC). Vaquero cuenta en su haber con una curiosa trayectoria política, pasando en el lapso de unos cinco años de ser condenado por la Audiencia Nacional a prisión (tras haber presuntamente enviado a militantes de su partido a combatir junto al Partido de los Trabajadores del Kurdistán contra el DAESH en Siria e Iraq) a convertirse en una suerte de influencer en Youtube, Twitter y Twich, plataformas donde genera contenido políticamente ideológico focalizado principalmente en críticas a partidos políticos, organizaciones, movimientos sociales y líderes del espectro de la izquierda.

Criticar al progresismo y a la izquierda hegemónica no es algo negativo per se, ya que es bien sabido que para el buen desarrollo de toda organización y/o movimiento social es siempre fundamental la existencia de críticas constructivas (tanto internas como externas). Las alarmas comienzan a sonar cuando advertimos que estos comentarios tienen en todos los casos una carga ideológica prácticamente indistinguible de posturas reaccionarias, cuando no directamente protofascistas.

En sus vídeos y directos, Roberto Vaquero lanza sin cesar comentarios sobre la inmigración que podrían ser perfectamente planteados (o que ya lo han sido) por personajes de la derecha más radical, como Richard B. Spencer o Renaud Camus: “Las nacionalidades en España se regalan, tienen unos requisitos que son una basura”; “Yo he ido por ciudades de Francia y no he visto ningún francés”, “Van a destruir nuestra cultura”, “Este tipo de gente sobra en nuestro país”, entre otros. En resumen, odas y odas audiovisuales en contra de la inmigración (tanto legal como ilegal, ya que como él se ha encargado de remarcar, es contrario a ambas) y en defensa de posturas nativistas y xenófobas, llegando al punto de defender la teoría de la conspiración neonazi conocida como El Gran Reemplazo, defendida también por partidos como Vox en España o personalidades como Eric Zemmour en Francia.

Es decir, este discurso por supuesto ha sido recogido por la extrema derecha mediática y sus distintos altavoces, que no dudan en compartir también el discurso de Roberto Vaquero, invitarlo a sus canales y medios, como 7NN, la cadena de la Fundación Francisco Franco, Vox y la secta El Yunque. Algo muy extraño de movimientos que se autodenominan como anticomunistas y que libran una «guerra cultural» contra la izquierda, tachando hasta a los movimientos de izquierda moderados de radicales o comunistas.

Por ese motivo, este artículo pretende ofrecer datos y argumentos que desmontan todas las afirmaciones y falacias pregonadas por Roberto Vaquero y el Frente Obrero en sus últimos vídeos y que, de paso, sirven totalmente para hacer lo propio con el argumentario habitual de la ultraderecha, puesto que se defienden líneas similares.

Roberto Vaquero o las mentiras sobre la realidad de los procesos de nacionalización en España

Una de las afirmaciones más polémicas que Roberto Vaquero hace en el primer vídeo es la que tiene que ver con los procesos de nacionalización: afirma tajantemente que en España “la nacionalidad se regala” y que los “requisitos son una basura”. Revisando las cifras de nacionalizaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) comienza a indignarse, lanzando un despectivo “42.000 marroquíes” (intuimos que dentro de su lógica antimigratoria establece subcategorías de tolerancia en base al origen o etnia de las personas migrantes, algo que según él no sería un razonamiento racista), planteando la necesidad de reconsiderar el concepto de nacionalidad y los requisitos que deberían exigirse. 

Bien, pues como no puede ser de otra forma, veamos a través de los datos si Roberto Vaquero lleva razón o si por el contrario simplemente busca generar un aura de miedo e indignación entre sus oyentes a través de datos sesgados y malinterpretados.

Comencemos por los fundamentos: el supuesto general para poder solicitar la nacionalidad española es a razón de residencia, exigiéndose acreditar un total de diez años de residencia legal y continuada en territorio nacional, computables previa presentación de la solicitud de reconocimiento. Los plazos administrativos que el Código Civil establece varían enormemente dependiendo de la nacionalidad de la persona solicitante y de su situación personal, hecho que provoca inseguridad y condiciona los planes de vida a corto, medio y largo plazo de las personas migrantes que la solicitan.

Así pues, se establecen tres excepciones a la regla general: supuestos donde la persona migrante presente el estatus de refugiado, donde el plazo se reduce hasta los cinco años; casos donde el país de origen del solicitante entrañe una determinada relación histórica con España (como ocurre con Latinoamérica, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o los sefardíes), donde el plazo se reduce a dos años; y casos donde exista matrimonio con consorte español, donde los plazos de tramitación establecidos son solo de un año. Todos estos datos pueden consultarse en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia.

Como apunte, estas excepciones han sido criticadas por ONGs antirracismo y expertos académicos, ya que institucionalizan diferencias en la distribución de derechos por motivo del origen de la persona migrante o su estatus personal, hecho que además va perdiendo sentido en un mundo cada vez más globalizado, y en el que las diferencias culturales y sociales no son tan estrictas como en generaciones pasadas. Es decir, se argumenta que toda persona extranjera debería tener el mismo derecho a obtener la nacionalidad independientemente de su procedencia.

La nacionalización por razón de matrimonio con consorte español es una manifestación del principio fundamental de las normas de acceso a la nacionalidad en España: el ius sanguinis, que viene a significar son españoles todos los hijos españoles. Este principio prima en España respecto a otros, como, por ejemplo, el ius solis, o “derecho de suelo”, que resta valor a cuestiones de descendencia biológica en pro del derecho de decisión y libertad de todos los individuos.

El ius sanguinis habilita otras modalidades de acceso a la ciudadanía, como pueden ser: el nacimiento en territorio español, con independencia de la nacionalidad e los padres, y tras un año de estancia del niño en territorio nacional; a los niños nacidos en España, cuyos países de origen de los padres les prohíben la nacionalidad por haber dado a luz en el extranjero; los hijos de padres que nacieron en España, aunque no tuvieran la nacionalidad española; o la descendencia de abuelos y abuelas españoles, nacidos en España.

Por otro lado, una vía alternativa de reconocimiento de la nacionalidad es acreditar un “suficiente grado de integración en la sociedad española”. Hace años el proceso consistía en una entrevista personal por los funcionarios de los Registros civiles, los cuáles debían valorar el cumplimiento de ciertos criterios mínimos en el interesado. Actualmente es necesario realizar un examen sobre conocimientos constitucionales y socioculturales, nombrada como Prueba CCSE que organiza el Instituto Cervantes.

Resumiendo: en España existen requisitos más que extensivos para poder obtener la nacionalidad y, sumado a ello, de ellos se desprende un marcado componente de filiación histórica y cultural con el país (cuestión que Roberto Vaquero niega de manera indirecta a lo largo de sus vídeos), inexistente en otros países desarrollados.

Si el anterior argumento no nos convence, siempre podemos acudir a la clasificación que realiza el informe anual de 2020 (el último publicado) del Migrant Integration Policy Index, quien sitúa a España a la cola de los países desarrollados en materia de acceso a la nacionalidad, otorgándole una puntación de treinta sobre cien y posicionándola dentro de la categoría de “ligeramente desfavorables”.

Informe Anual de acceso a la nacionalidad 2020. Fuente: Migrant Integration Policy Index

Por otro lado, otro de los argumentos que utiliza Roberto Vaquero para afirmar la teórica “facilidad” a la hora de obtener la nacionalidad es que a lo largo del pasado 2021 fueron aprobados 202.336 expedientes de concesión de ciudadanía (lo cual es para empezar incorrecto, ya que el número correcto es 187.481, según datos procedentes del Ministerio de Justicia). Además, añade, que en los últimos quince años se les ha concedido a 1.513.662 personas en total, dato que en esta ocasión sí es correcto.

El argumento peca en sí mismo de falaz por un sencillo motivo: el número total de concesiones en bruto no demuestra nada (entra dentro de la normalidad que siendo España un país receptor prioritario de migración, tanto de África, por su situación geográfica, como de Latinoamérica, por el componente lingüístico, cultural e histórico, el volumen de expedientes totales sea elevado), ya que la rigurosidad del proceso se desprende de sus requisitos (previamente explicados) y del tiempo de espera medio del proceso.

En este sentido, la media de tiempo que tuvieron que esperar las personas que obtuvieron su nacionalidad en 2021 fue de catorce años, siendo la moda incluso mayor al tener que esperar un 30% del total más de 15 años. Es decir, todas esas concesiones se deben en buena medida a una acumulación progresiva.

En la misma línea de opinión de Roberto Vaquero se sitúan propuestas legislativas como la del partido de ultraderecha Vox, quién en reiteradas ocasiones ha defendido aumentar el plazo general de los actuales diez años hasta quince años, curiosamente manteniendo intacto el plazo particular para personas provenientes de determinados países.

Esto afectaría principalmente a las personas migrantes de origen magrebí, árabe y subsahariano, quienes son el blanco principal de la retórica xenófoba (e islamófoba) y ultranacionalista (centrada en el relato de la reconquista cristiana) de la derecha radical española, donde se argumenta que las personas que proceden de estos países defienden valores que chocan con los occidentales y que, por lo tanto, su intento integración social se traduce en criminalidad y otro tipo de problemas sociales.

La ley de extranjería española: ¿Es tan laxa como Roberto Vaquero afirma?

Otro aspecto que tanto Roberto Vaquero como las posturas ultraderechistas comúnmente critican es la poca dureza de la Ley de Extranjería española. Para ellos, debería endurecerse aún más e incluso acabar con la posibilidad de que personas migrantes en situación irregular puedan llegar en algún momento a regularizar su situación.

La primera Ley de Extranjería que se aprobó en el Estado español data de julio de 1985, y su tramitación fue consecuencia de la entrada a la Comunidad Económica Europea. España se convirtió en la frontera sur del proyecto de integración europeo. Como tal, necesitaba una legislación de los flujos migratorios acorde a las exigencias supranacionales, ya que la legislación estatal era más bien escasa y se encontraba dispersa en diferentes normas.

El efecto directo de la entrada en vigor de la que sería conocido como Ley Orgánica 7/1985 fue condenar a la irregularidad a miles de personas migrantes que residían en territorio español. La norma era altamente restrictiva y convertía a las personas migrantes en meros instrumentos de las necesidades estatales, algo contrario al espíritu humanista e internacionalista.

Así, por ejemplo, se instauraron dos grandes requisitos para que los residentes migrantes con residencia pudieran obtener o renovar su permiso de trabajo: primero, que no hubieran “trabajadores españoles en paro en la actividad que se proponga desempeñar”; y segundo, que no existiera “insuficiencia o escasez de mano de obra española en la actividad o profesión y zona geográfica”.

Además, la Ley 7/1985 habilitaba la “detención del extranjero con carácter preventivo o cautelar”, dando luz verde a internamientos que podrían alargarse hasta los cuarenta días. Este precepto legal fue el germen del nacimiento de los más que conocidos Centros de Internamiento de Extranjeros o CIEs.

CIE de la Zona Franca. Autor: Medol, 12/06/2021. Fuente: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
CIE de la Zona Franca. Autor: Medol, 12/06/2021. Fuente: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Los abusos y violaciones de derechos que se producen dentro de los muros CIEs han sido documentos exhaustivamente por periodistas, organismos internacionales y asociaciones civiles, llegando incluso a exigir la ONU en 2011 el cierre inmediato de los ocho centros de los que España dispone, y en los que cada año se ven internados en régimen cuasi penitenciario hasta 8.000 personas que carecen incluso de servicios sanitarios mínimos. 

En resumen, la cuestión fundamental con respecto a esta ley es la diferenciación que introducía (y que a día de hoy se mantiene vigente) entre personas migrantes en situación regular o irregular, ya que disponía que los derechos fundamentales quedaban reservados exclusivamente a las personas que se “hallaran legalmente en territorio español”. Así pues, a los inmigrantes en situación irregular se les prohibía derechos laborales como la huelga o afiliación, derechos civiles como el de asociación o incluso el derecho “a la educación y la libertad de enseñanza”.

Fue tan extremo el carácter restrictivo de esta ley que el Defensor del Pueblo se vio forzado un recurso de constitucionalidad contra cuatro de sus artículos, declarando el Tribunal Constitucional inconstitucionales tres de ellos (argumentando que ciertos derechos son inherentes a la dignidad de las personas, independientemente de su nacionalidad), pero dando permisibilidad al internamiento máximo preventivo de cuarenta días.

Trece años después, bajo gobierno de José María Aznar, el Partido Popular aprobaría una nueva legislación, la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, que traería de vuelta el espíritu de la norma de 1985, condicionando el ejercicio de los derechos de asociación, reunión, huelga y manifestación a la existencia de una residencia legal en territorio español.   

Tras recursos socialistas y críticas de la sociedad civil, el Tribunal Supremo anularía en 2003 varios artículos del nuevo reglamento aprobado para dar desarrollo a la ley. La respuesta del Gobierno de Aznar fue promulgar y aprobar una nueva ley orgánica, la 14/2003, de 20 de noviembre, que introdujo nuevos preceptos que limitaban aún más el estatus legal de las personas migrantes.

Además de reformar preceptos del Código Penal, la Ley de Bases de Régimen Local o la legislación administrativa, hizo desaparecer la figura del representante del extranjero en el país de origen, lo cuál obligaba a las personas migrantes que quisieran renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo a regresar a su país de origen. Esto suponía dos grandes problemas: primero, que el proceso podía demorarse hasta un año; y segundo, que las personas migrantes que no pudieran pagarse el viaje de vuelta a su país de origen acababan incurriendo en situación de irregularidad.

En la actualidad, tras la aprobación de numerosos reglamentos, y la STC 236/2007 (que puso un poco de cordura al restituir los derechos fundamentales perdidos en el año 2000), la Ley de Extranjería española ampara prácticas como las “devoluciones en caliente”, contrarias al derecho internacional y criticadas por organizaciones pro derechos humanos internacionales.

Por otro lado, para conseguir las autorizaciones o permisos de residencia y trabajo temporales la legislación introduce la figura del “arraigo”. El arraigo se concibe legalmente como arraigo social, laboral o familiar, exigiéndose para la obtención de cada uno de ellos una serie de requisitos que suponen a su vez una serie de obstáculos (muchas veces insuperables) para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social, y que a su vez desconocen la legislación, los procedimientos nacionales y en muchas ocasiones hasta el propio idioma.

Para lograr el “arraigo social” es necesario al menos permanecer en territorio español un mínimo de tres años, contar con un contrato de trabajo a jornada completa y no inferior a un año de duración, percibir como mínimo el SMI o acreditar relaciones familiares o informe de arraigo (normalmente expedido por los servicios sociales locales). No parece descabellado concebir que no es tarea fácil lograr demostrar documentalmente su estancia prolongada en el país (ya que se encuentra en situación irregular) o conseguir un contrato a tiempo completo, algo que en la actualidad parece incluso una quimera para personas autóctonas del propio país.

Podría pensarse que otra solución más fácil sería conseguir el “arraigo laboral” ya que, como sabemos, un porcentaje bastante elevado de las personas migrantes trabajan en nuestro país diariamente y el requisito necesario para conseguir el arraigo laboral es demostrar relación laboral no inferior a seis meses. El problema viene al darnos cuenta de que el grueso de ellas trabaja en régimen irregular, por lo que para poder acreditar su situación laboral sería necesaria una resolución judicial o administrativa confirmatoria, solo posible en caso de demanda contra el empleador.

A pesar de que a Roberto Vaquero la Ley de Extranjería española le parece un “chiste” por su teórica “permisibilidad” (llega en su vídeo incluso a ridiculizar las voces críticas que la acusan de ser extremadamente segregativa y restrictiva), la realidad es que establece supuestos altamente restrictivos para las personas migrantes que quieren regularizar su situación y ha sido señalado por vulnerar derechos fundamentales de las personas migrantes en situación irregular, tal y como se ha demostrado.

Migraciones y la cuestión demográfica: ¿La población blanca va a ser sustituida?

En España se está produciendo efectivamente un proceso de transformación demográfica. El aumento exponencial de la esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad entre la población nativa (fruto de la situación de la situación de crisis y los efectos de la modernidad líquida) llevan años advirtiendo de que las sociedades occidentales van camino de un envejecimiento estructural. Esto significa que en España hay ya más muertes que nacimientos, cada vez más personas ancianas que jóvenes, y que la sostenibilidad del sistema de trabajo y de seguridad social queda puesto en duda.

Por otro lado, diferentes factores contextuales, donde encontramos razones sociopolíticas (guerras, persecuciones, golpes de Estado…), razones demográficas y económicas (crecimiento exponencial de la población y desarrollo estancado, por ejemplo) o, en los últimos años, razones medioambientales (como consecuencia de las alteraciones fruto del cambio climático), han provocado un aumento de los procesos migratorios hacia países desarrollados.

Los flujos migratorios son un fenómeno humano histórico: se han producido a la largo de la historia de la humanidad desde que se tiene constancia de la misma, y su influencia en España está siendo positiva en materia demográfica, ya que ha frenado la pérdida de población a la que España se estaba viendo avocada y está ayudando a revertir la situación de envejecimiento estructural. Sin los migrantes, la población española habría menguado en está década.

Según cifras actualizadas a enero de 2022, en España habitaban un total de 47.432.805 personas: 42.014.922 se encontraban nacionalizadas, siendo las personas españolas nacidas en el extranjero 2.546.563 (un 5% del total de nacionalizados), mientras que la cifra de extranjeros ascendía a 4.820.014 personas (un 10,16% del total de la población del país). Es decir, en España, alrededor de un 15% de la población es extranjera. En 10 años, ha aumentado apenas un 2%.

En sus vídeos, Roberto Vaquero afirma que estos datos son un “drama” una “distopía”, y deberían “preocuparnos”, ya que a su parecer el “trágico” proceso de transformación demográfica que España está sufriendo va a acabar suprimiendo a la cultura española y al país como entidad en si misma (“nos vamos a convertir en un barrio de Nueva York”, llega a afirmar) en unos cincuenta años si no se le pone freno.

Su argumento es el siguiente: la población nativa española va a seguir reduciéndose como resultado de la baja natalidad y su mayor envejecimiento y la población de origen extranjero acabará superándola, o al menos igualándola, en cuanto a volumen por sus mayores tasas de natalidad y juventud.

Desconocemos la formación teórica que Roberto Vaquero tiene más allá del marxismo ortodoxo, pero es evidente que su razonamiento, y aún más importe, la consideración casi apocalíptica de la que dé él se desprende, casa a la perfección con teorías de la conspiración ultraderechistas como El Gran Reemplazo o el Plan Kalergi, que sostienen los mismos argumentos y criterios valorativos que Vaquero: que es real la paulatina sustitución de la población nativa por la población extranjera, y que esto es un grave problema.

Los orígenes de esta teoría extremista datan de la Francia de los años 70, momento en el que se publica una novela titulada El campamento de los Santos, también conocida como El Desembarco. Esta obra cuenta una historia ficticia en la que una llegada masiva de inmigrantes de países empobrecidos desembarca en tierras europeas, produciéndose con el paso de los años un reemplazo de la población autóctona y la desaparición de la cultura y civilización occidental.

El impacto de la obra ha sido fundamental para muchos pensadores y militantes de la ultraderecha, quienes alrededor de todo el mundo han ido publicando obras políticas inspiradas en la novela, pero adaptadas a la realidad social de sus países. Algunas de ellas son El Gran Reemplazo de Renauld Camus (2012), The Unprooting of European Identity, del supremacista y altavoz de «derecha alternativa» Richard B. Spencer (2016) o The Great Erasure, de Alex Kurtagic (2012).

En el plano más político, personalidades ultraderechistas como Marine Le Pen, Donald Trump, Eric Zemmour o el propio Vox, como se ha comentado anteriormente, han agitado el fantasma de la teoría de El Gran Reemplazo, la cual ha llegado a inspirar atentados terroristas como los de Brenton Tarrant (2019), Anders Breivik (2011), Charlottesville (2017), Buffalo (2022) o Christchurch (2019).

Sin entrar a cuestionar su argumentación moral o cultural, existen datos que desmontan su argumento en términos estadísticos.

En primer lugar, y la cuestión más evidente a abordar, es el hecho de que la abismal diferencia de natalidad entre los países denominados “desarrollados” y los “no desarrollados” no va a mantenerse constante a lo largo del tiempo.

Los índices de natalidad guardan una profunda relación de dependencia con respecto a las dinámicas de desarrollo internas, motivo por el cual regiones actualmente envueltas en profundos procesos desarrollistas, como África o Asia, tienen índices de natalidad más elevados, mientras que regiones estancadas como Europa o Norte América, que han alcanzado ya unos altos niveles de desarrollo económico y social, tienen tasas de natalidad reducidas.

La natalidad comenzará a decaer necesariamente en las primeras (en países como China, India o Corea del Sur la tendencia comienza a percibirse), por lo que su crecimiento no será exponencial por muchos más años.

En segundo lugar, y derivado de lo anterior, la premisa de que los habitantes de países no occidentales vendrán en masa hacia los países occidentales de manera constante tampoco parece sostenerse, ya que los flujos migratorios (salvo situaciones críticas, como la Guerra de Siria en 2015) suelen darse hacia países limítrofes. En el caso concreto del continente africano, la intensidad de flujos migratorios dependerá de su capacidad de erradicar la pobreza y conseguir unos niveles mínimos de desarrollo, cuestión ante la cual occidente tiene una enorme responsabilidad, y se trata de abordar a través de la Agenda 2030 (tan criticada por Roberto Vaquero, grupos conspiracionistas y extrema derecha en general). Es más, la población extranjera se redujo entre 2010 y 2015 en España cerca de un 1%.

Y, en tercer lugar, el argumento de Roberto Vaquero plantea necesariamente (de hecho, lo menciona explícitamente en sus vídeos) que la tasa de natalidad de las personas de origen extranjero nacionalizadas españolas, o en situación irregular, se mantendrán constante a lo largo del tiempo, lo cual es un futurible sin respaldo científico.

Los denominados como “inmigrantes de segunda generación”, es decir, los hijos de personas migrantes nacidos en territorio español, presentan unas pautas de fecundidad muy similares a las de la población nativa (González-Ferrer et al¸ 2015), y es así, porque se asemejan en prácticamente todos los sentidos a los hijos de familias de origen español, tanto en autoidentificación como en aspiraciones y perspectivas vitales (Hacerse Adulto: la integración de los hijos de los inmigrantes, Portes y Aparicio, 2013).

Delincuencia e inmigración: uno de los mayores mitos del racismo

El último aspecto en el que Roberto Vaquero incide en sus vídeos es de nuevo una de las bazas habituales de la ultraderecha contra la inmigración: la delincuencia. Reiteradamente lanza afirmaciones como las siguientes: “Que haya barrios donde la gente no puede ir en determinadas horas de la noche es un problema, y hay que atajarlo”; “Sólo va a haber bandas, islamistas, pobreza…”; “(hablando de la inmigración en Londres y Paris) luego que si bandas, que si mafias, es lo que hay allí”, etc.

Su objetivo es claro: argumentar que existe una equivalencia entre inmigración y delincuencia, uno de los pilares más clásicos y tradicionales del discurso de extrema derecha, si bien ha sido utilizado y apropiado por personalidades y grupos de todo el espectro político, normalmente con fines populistas o ideológicos.

Sin embargo, esta equivalencia es falsa.

De inicio es completamente falso que España tenga un problema reseñable de delincuencia, tanto si la achacamos a causas migratorias como a cualquier otra causa. No existe una alarma social en cuestión de seguridad pública en 2022 y no parece que la vaya a haber a corto o medio plazo, a pesar evidentemente, que como en cualquier sociedad existan ciertos focos donde la criminalidad sea superior a la media.

Según el Global Peace Index de 2022, elaborado por el Institute of Economics & Peace, España es uno de los 30 países más seguros del mundo, obteniendo una puntuación de 1,603 puntos sobre 5 (que sería el máximo de inseguridad), y mejorando tres posiciones con respecto a 2021. Se sitúa a la cola en cuanto a tasa de homicidios intencionales, agresiones, robos y atracos y violencia sexual, en comparación con el resto de países europeos.

Si analizamos la relación concreta entre delincuencia y nacionalidad en España obtenemos los siguientes datos: el total de delitos que tuvieron lugar en territorio español a lo largo del 2021 fueron 410.842, siendo provocados 308.969 por personas con nacionalidad española (en torno al 75,20%) y 101.873 por personas de otra nacionalidad (24,79%). 

A pesar de que la gran mayoría de los delitos en España son causados por personas de nacionalidad española, sí es cierto que existe una sobrerrepresentación de las personas de nacionalidad no española: un 15,8% de la población extranjera son causantes del 24,79% de los delitos totales. El porcentaje es elevado, pero lejos de los bulos y alarma social que Roberto Vaquero y la ultraderecha (que en ocasiones ha llegado a aumentar la cifra en hasta 20 puntos porcentuales).

Además, atendiendo a los datos en perspectiva histórica, los datos echan por tierra cualquier relación positiva que se quiera establecer entre aumento de la inmigración e incremento de la criminalidad. Desde el año 2000 hasta el año 2014 el porcentaje de población en España creció exponencialmente (pasando del 4,08% hasta los niveles actuales), hecho que no se ha traducido en un aumento de la tasa de criminalidad (Elisa García, 2019).

Fuera de territorio español, diferentes estudios se han encargado de desmentir la relación inmigración/delincuencia, como demuestran Roumbaur y Erwing, en 2017, quienes a través de datos oficiales de EEUU prueban como la delincuencia se redujo a nivel nacional, como a nivel regional y local, a lo largo del periodo de 1980 a 2016, donde el país alcanzó máximos históricos de inmigración regular e irregular

Mismo fenómeno ocurre en otros países como Chile, uno de los países americanos con mayor crecimiento de población migrante, donde su porcentaje de inmigración aumentó en un 200% desde 1980 a 2018, y también donde la delincuencia disminuyó en un 17,8% a lo largo del periodo de estudio.

La sobrerrepresentación estadística de la población extranjera en materia de delincuencia puede explicarse con una sencilla razón: el 40,3% de las personas extranjeras provenientes de países de la UE viven en riesgo de pobreza o exclusión social (casi 1 de cada 2), por el 23,6% de nacionalidad española (1 de cada 4); el porcentaje aumenta hasta el 65,2% para las personas extranjeras que no proceden de países de la UE

Numerosos estudios han confirmado la correlación entre el nivel socioeconómico de los individuos y los delitos violentos (Pratt y Cullen, 2005; Sampson y Lauritsen, 1994; Bailey, 1984; o Lee, 2000), y de igual forma, otros muchos estudios académicos también señalan la reciprocidad entre ambas: no solo la pobreza genera crimen, sino que el crimen genera pobreza, formando un circulo vicioso que se extiende a las siguientes generaciones.

Existe consenso con respecto a la anterior cuestión, pero otros muchos estudios también afirman que la desigualdad en sí misma genera anomia o anomia institucional, es decir la incapacidad de la sociedad de ofrecer a grupos de individuos la capacidad para que desarrollen sus metas (Messner y Rosenfeld, 1997; Savolainen, 2000), que los hombres son más proclives a delinquir que las mujeres (Rodriguez, 2009; Acale, 2017) o que la discusión sobre la existencia de un perfil sociológico de criminal sigue abierta (Bartol, 1991; Hollin, 1999).

Lo anterior no supone negar radicalmente que las particularidades culturales tienen influencia en la concepción sobre el orden público, moral, social y político de las personas (lo cual es en parte cierto), pero lo que queda claro es que nunca es la única causa explicativa. La criminalidad es una cuestión multifactorial, y, por ende, vincularla directamente a cuestiones culturales o raciales es una práctica xenófoba o racista.

Es más, a menudo, el racismo estructural, esto es, los valores interiorizados de las sociedades occidentales que tienden a la discriminación de las personas racializadas, también contribuye a explicar que exista una mayor atención de las autoridades policiales a este tipo de personas. Es decir, existe una mayor tendencia en los países occidentales a detener o acusar de delitos a personas pertenecientes a minorías étnicas por un sesgo racista, hecho también demostrado en numerosos estudios y que incluso se refleja en los algoritmos de los sistemas informáticos.

En resumen, las premisas y argumentos que lanza Roberto Vaquero en sus vídeos, directos y entrevistas, y que se entiende que son asumidos por el Frente Obrero, no solo coinciden en buena medida con el discurso de la extrema derecha, sino que son totalmente falsos.

Desmontando las mentiras de Roberto Vaquero y la ultraderecha sobre inmigración

Valentín Pozo

Articulista. Estudiante de cuarto de Ciencias Políticas y apasionado de la investigación. Experiencia en movimientos estudiantiles y sociales. En mis artículos intento ofrecer un enfoque analítico más orientado a las ideologías y teoría política.

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