Javier Milei y la fracasada revolución libertaria
Javier Milei asumió el cargo de presidente de la República Argentina el pasado 10 de diciembre y, si bien es muy reciente poder determinar los alcances de sus políticas, en tan solo un mes ya ha dado bastante de qué hablar.
Y es que, empezando por la constitución de su gabinete de gobierno, pasando por varias de sus decisiones en materia de seguridad ciudadana y llegando hasta sus propuestas económicas, el paleolibertario no ha dejado indiferente a nadie.
La promesa de acabar con la «casta»
En primer lugar, cabe señalar que los nombramientos de Javier Milei para su ejecutivo ha distado mucho de su promesa de acabar con lo que denomina «casta política» y donde hacía referencia tanto al peronismo como a otras corrientes políticas tradicionales en Argentina como el radicalismo, señalando directamente tanto al peronista Sergio Massa como a la conservadora Patricia Bullrich.
Ya tras la primera vuelta de las elecciones en Argentina, en la que Sergio Massa quedó en primer lugar seguido de Milei, éste último lanzó un órdago a Bullrich, que había bajado al tercer puesto, llegando incluso a poner un meme en Twitter de un león abrazando a un pato, muy a pesar de haberla insultado en campaña electoral. Poco después, Bullrich apoyaría a Milei para la segunda vuelta.
Tras su victoria, Javier Milei sorprendió no solo nombrando a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, sino también colocando a Luis Caputo frente a la cartera de Economía. Caputo fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central en la Administración de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 y había sido criticado duramente por Milei hasta el punto de llamarle «timbero». A destacar está también Luis Petri, del radicalismo, que lleva en política desde 2006 cuando fue nombrado diputado y que ha pasado a ocupar el Ministerio de Defensa.
Los nombramientos de puestos relevantes a políticos venidos del macrismo provocaron un descontento no solo entre los votantes de Milei sino también entre su propia plataforma política, La Libertad Avanza (LLA). Así, se dieron varias deserciones, entre ellas, la de Carlos Rodríguez, jefe de asesores, o la diputada Liliana Salinas, que se desligó argumentando que «este va a ser el segundo Gobierno de Mauricio Macri».
A destacar también el nombramiento de Karina Milei, su hermana, en la Secretaría General. Para poder llevar a cabo este nombramiento, Milei tuvo que derogar el decreto número 93/2018, aprobado durante la administración de Macri y que establecía la prohibición de que los miembros del gobierno de la nación, incluyendo presidencia, vicepresidencia, jefe de gabinete y ministros, así como funcionariado de rango equiparable, puedan designar cargos en todo el ámbito público a personas que tengan algún tipo de vínculo de parentesco. Una medida encaminada a favorecer la transparencia y poner coto a la corrupción y al nepotismo cuya derogación parece entrar también en conflicto con la línea defendida por Milei.
Javier Milei y el regreso a la economía neoliberal
La siguiente consideración es que, desde el momento de la asunción, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas de corte neoliberal ortodoxo para evitar la hiperinflación. Anunció que Argentina enfrentaría durante 2024 un proceso de estancamiento recesivo con el objetivo de sanear las cuentas públicas, las metas fiscales y enfrentar los pagos de deuda externa. Famosa se hizo la frase de Milei al anunciar que «no hay plata», justificando el plan de ajuste posterior de manos del ministro macrista.
Este ensayo de ajuste en lo fiscal y monetario no difiere de otros tantos ensayados en distintos momentos de la historia económica. El primer ajuste ortodoxo que se realizó en Argentina fue en 1975 ante la llegada de Celestino Rodríguez como ministro de Economía, en plena crisis del petróleo y en un momento de inestabilidad general bajo la administración de Isabel Perón.
Así, anunció una medida que provocó una feroz devaluación de la moneda en un 61% en relación al valor del dólar, aumentó en promedio de un 100% en todos los servicios públicos y de transporte; alzas de hasta un 180% en combustibles y 75% en tarifas eléctricas. El desempleo había aumentado un 2,2%, llevando la pobreza a niveles de 12 veces mayor a la existente en ese momento. Esta medida fue conocida como el «Rodrigazo» y terminó con su dimisión a los siete meses al mando de la cartera.
Más adelante, durante el golpe militar de 1976, Martínez de Hoz estructuró por completo la economía de Argentina: modificó el patrón de acumulación de riqueza existente rompiendo con todo el aparato productivo y liberalizando el comercio de importaciones y financieros, tomando deuda externas públicas y privadas.
Pero el tiro de gracia lo dio Carlos Menem en los años 90, privatizando por completo todas las empresas estatales, agigantando la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), liberalizando el comercio exterior y con una pobreza que alcanzó para fines de los años 90 un 62%. Todo ese modelo que comenzó en 1975 y tuvo ciclos de profundizaciones culminó en 2001 durante el gobierno de Fernando De la Rúa, llevando al país a la crisis más profunda de su historia, con saqueos a comercios y movilizaciones populares en todo el país. En diciembre de 2001 el presidente renunció dos años antes de finalizar su mandato.
En 2015, luego de casi diez años de crecimiento sostenido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que habían logrado bajar la pobreza del 66% al 27% y sin deuda externa, llegó el gobierno de Mauricio Macri, regresando a las políticas económicas neoliberales (criticadas por el propio Javier Milei) de la mano de Luis Caputo, dejando el gobierno en 2019 con una pobreza del 53% y una inflación del 47% empujado por el ajuste en tarifas y devaluaciones permanentes de la moneda y acompañado por la deuda externa más grande de la historia Argentina, 54 mil millones de dólares a pagar en cien años.
Por lo tanto, la gestión del presidente Milei no es más que una continuidad de los fracasos anteriores. E incluso, en este punto, ha ido en contra de sus propias decisiones, por ejemplo, anunciando la subida de varios impuestos: el de inmobiliario y patrimonio en un 300% negociado con los gobernadores, el de importaciones que pasa de un 7.5% a un 17.5%, el de las exportaciones en un 15%, la reforma del impuesto de ganancias o la reposición del pago de tributo a los bienes y servicios.
Todo ello junto a la polémica medida de devaluar el peso argentino en un 50% junto al anuncio de fuertes recortes presupuestarios. Así, el tipo de cambio oficial pasará de 400 a 800 pesos por dólar, al tiempo que se propusieron recortes en ayudas sociales al transporte y a la energía, lo que redunda en un costo que pagarán los trabajadores, jubilados, pensionistas, comerciantes, profesionales independientes, las Economías Regionales y el Sector Industrial en general.
Según relevamientos realizados en 20 barrios populares, una familia de cuatro personas entre dos adultos y dos menores, en el mes de noviembre necesitaba para adquirir alimentos de primera necesidad 182.905 pesos argentinos mientras que en diciembre necesitó 271.575, es decir, un 48% más en 30 días. Y es posible que en febrero se vuelva a devaluar la moneda, algo que indefectiblemente llevará a un nuevo aumento de la cesta básica de alimentos.
A esto se suma el aumento del 27% del combustible y la tarifa del transporte pasando de 45 a 76 pesos para un tramo de 3 a 6 km (el dato no es menor ya que muchas personas realizan en un día más de un viaje en autobús) y si el tramo es mayor a 27 km la tarifa costara 105.45 pesos. La gasolina llegó a subir un 37% en tan solo un día dejando varios puntos de abastecimiento sin posibilidad de operar. Esto se ha traducido en largas colas para la adquisición de gas que se han viralizado en redes sociales.
Esto sumando a la polémica “ley ómnibus”, que se está debatiendo en el Congreso de la Nación. Se trata de un proyecto que consta de 183 páginas y 664 artículos firmados por el presidente para declarar la “emergencia pública” en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa nacional, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Su aplicación propone, entre otras cuestiones, reformular la actualización jubilatoria, es decir, congelar el aumento de los salarios en jubilaciones; la privatización de más de 40 empresas estatales y la autorización para aplicar sanciones a las manifestaciones públicas.
Por otro lado, contempla la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros sin residencia, la eliminación de retenciones a la importaciones, promoción del “gatillo fácil” y la “autodefensa” por parte de civiles en portación de armas, promoción del libre comercio energético, beneficios fiscales extraordinarios para grandes inversores, menor financiación de las obras sociales (dejando de ser obligatorio el aporte de los trabajadores a su sistema de salud) emisión de deuda por parte del gobierno sin consulta previa al Congreso de la Nación o el retiro del pago de indemnización por despidos laborales.
Además propone un blanqueo al que se denomina “Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social”, que tiene como fin “lograr el pago voluntario de las obligaciones” y prevé “la posibilidad de que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen, obteniendo distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren». Esto puede suponer una suerte de amnistía fiscal y una relajación de control de las obligaciones impositivas, facilitando la evasión de impuestos a las grandes fortunas.
Otra de las polémicas medidas económicas de esta ley es la posibilidad del pago del salario en carne, leche o criptomonedas.
Todo ello mientras se le ha visto, por ejemplo, con un desmesurado despliegue policial para acudir a ver a Fátima Flórez al teatro Roxy de Mar de Plata el pasado 29 de diciembre.
Al carajo la libertad: el autoritarismo de Milei
En medio de la aplicación de este paquete de medidas de ajuste económico, el Gobierno de Javier Milei anunció el 17 de diciembre un controvertido protocolo de seguridad, generando reacciones mixtas y críticas, especialmente por parte de sectores de izquierda. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó las medidas en una conferencia de prensa, destacando la necesidad de mantener el orden público y garantizar la libre circulación, unas medidas que se han conocido como «protocolo Bullrich».
El protocolo, de jurisdicción federal, fue respaldado por el portavoz de la Presidencia, Manuel Adorni, quien argumentó que buscaba proteger los derechos de aquellos afectados por bloqueos del tráfico en sus rutinas diarias. Sin embargo, voces críticas sostuvieron que estas medidas, resumidas en 14 puntos, son percibidas como «ilegales y anticonstitucionales», marcando una clara línea coercitiva que podría restringir libertades fundamentales. Esto parece contradictorio para presidente cuya máxima fue la «reducción del Estado» y la «libertad».
Los puntos de lo que se ha llamado «protocolo Bullrich» habilitan a las cuatro fuerzas federales y al servicio penitenciario federal a reprimir protestas, sean estas parciales o totales, no permitir que una vía sea cortada bajo ningún concepto aunque existan alternativas de circulación, la habilitación del empleo de la fuerza para esta cuestión, la identificación de las autores e instigadores de estas protestas y la remisión de sus datos a las autoridades o la creación de un registro de organizaciones que participen en protestas donde se corte una vía.
El objetivo es, además de facilitar la represión de las protestas, es la retirada de las ayudas sociales a aquellas personas que participen de alguna forma en este tipo de protestas, bajo el lema «el que corta, no cobra».
A pesar de que estas medidas podrían tener un difícil encaje constitucional, se llegaron a anunciar en estaciones de tren a través de altavoces, escenificando un panorama propio de una dictadura.
Sin embargo, el autoritarismo de Javier Milei y de su gobierno no acaban ahí. La propia «ley ómnibus» citada anteriormente, bajo esa declaración de «emergencia pública» hasta diciembre de 2025, que además podrá prorrogarse por dos años más a decisión del propio gobierno, se otorga al presidente de la Nación una más que importante concentración de poder durante todo su mandato, asumiendo competencias que le corresponden al parlamento, como la capacidad de rescindir contratos o de privatizar sectores estratégicos. De hecho, por este motivo, se ha tildado de «ley habilitante», recordando a la norma legal aprobada por Adolf Hitler en Alemania en 1933 y que le permitió transformar la República de Weimar en un régimen totalitario.
También con este argumento, la «ley ómnibus» busca controlar las protestas sociales que ya han comenzado a sucederse en Argentina ante las medidas llevadas a cabo por Javier Milei y su gobierno. Así, se pretende aprobar la prisión preventiva para quienes corten las calles y organicen piquetes para protestar, modificando además el Código Penal para castigar con penas de prisión «de uno a tres años y seis meses”, tal y como se especifica en el artículo 326. En caso de ser organizador o responsable de dichas acciones, la pena será de dos a cinco años.
En este sentido, también se agravan las penas relacionadas con la resistencia y el atentado a la autoridad, y se modifica la ley que regula el derecho a la legítima defensa. También se buscará justificar acciones policiales con el fin de que no se interrumpa la actividad económica, lo que afecta de facto al derecho a la huelga.
Parece pues que, quien agitó la bandera de la libertad durante su campaña, busca aprobar medidas de fuerte carácter autoritario y destinadas a poner coto a las protestas sociales que desencadenarán sus medidas económicas y sus decisiones políticas. Aunque no es de extrañar para un negacionista de los crímenes de la dictadura argentina.
El fenómeno de los arrepentidos de Milei
Javier Milei consolidó políticamente su pensamiento sobre la base de enfrentar a la casta política y autodenominarse anarcocapitalista o libertario, siguiendo el pensamiento y las ideas de economistas como Ludwig von Mises o Murray Rothbard, o de influencers como Agustín Laje.
Así, entre su matriz de pensamiento ideológico y lo realizado hasta ahora parecería que asistimos a una revolución anarcocapitalista nonata. Y, al mismo tiempo, se suma el malestar social.
En este sentido hay dos cuestiones que están sucediendo: por un lado, las manifestaciones en contra de sus políticas regresivas. Cuando Milei anunció por cadena nacional la implementación del Decreto de Necesidad y Urgencia, en varios sectores de Buenos Aires la gente comenzó a manifestarse en contra con golpes de cacerolas en las esquinas de los barrios; también hubo marchas en reclamo y pedido por ayuda y asistencia social, como la marcha del 20 de diciembre, y está prevista una huelga general para el 24 de enero convocado por la central de trabajadores.
Y, por otro lado, hay una manifestación encubierta de personas que han votado y apoyado a Milei pero empiezan a sentirse desencantadas por las medidas tomadas por su gobierno, básicamente porque entienden que el ajuste no le llega a la «casta» sino directamente al sus propios bolsillos, amén de todas las contradicciones anteriormente señaladas.
Destacar, respecto a esta cuestión, que Milei acumuló un importante voto protesta contra los partidos y las corrientes políticas tradicionales cuya convicción no era tan fanatizada de base y que rápidamente se han desilusionado viendo cómo ha resultado ser un calco del macrismo.
La gran pregunta a partir de aquí es si hay vida política después de este gran ajuste. La pregunta no tiene respuesta. Por el momento, las encuestas reflejan que, efectivamente, Javier Milei ha descendido la popularidad del mandatario argentino: al menos el 53% desaprueba su gestión a pesar de que ganó las elecciones con casi el 56% de los votos, lo que implicaría una bajada de 9 puntos. Otros sondeos son más benévolos y dan al presidente ultraliberal un 51% de aprobación.
Así, parece obvio que Milei se juega en estos cuatro meses la fortuna de sus cuatro años de gobierno.
Autor: Ezequiel Rojas
