¿Es Vox un partido político legal?

Desde que Vox entró oficialmente como fuerza política en 2018 en las elecciones andaluzas con 12 escaños, y posteriormente en 2019 con 24 y 52, los debates académicos, políticos y sociales han girando en torno a su ideología y a sus polémicas intervenciones en prensa, medios y en el Congreso.

Sin embargo, es interesante conocer en profundidad cómo funciona este partido desde su organización interna. Todo aquel que desee formar un partido político debe primero cumplir con los preceptos de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. De hecho, si un partido no cumple con estas prerrogativas, no puede conformarse como tal, y de hecho, Vox ya encontró su quimera en 2013 cuando trataron de registrarse como partido político legal ante el Ministerio del Interior pero se les denegó la posibilidad ya que no cumplían con la democracia interna que exige la ley orgánica.

Tuvieron que realizar una modificación de los estatutos, especialmente en lo referente al funcionamiento de la Asamblea General, tras lo cual finalmente fue aceptado su registro como partido político.

Para este artículo se toma de referencia el artículo Vox Spain: The organizational Challenges of a New Radical Right Party de Astrid Barrio, Sonia Alonso Sáenx de Oger y Bonnie N. Field. Las investigadoras han analizado la estructura interna de Vox especialmente a partir de 2019, cuando el partido cambia su estructura interna coincidiendo con su crecimiento en financiación y votos, lo que pone en cuestionamiento el cumplimiento de los preceptos legales básicos que debe cumplir todo partido en España.

La pregunta es: ¿es Vox un partido político legal?

Estructura interna previa a 2019

La penetración territorial de Vox es sensiblemente diferente a la del resto de partidos. Vox propone un sistema completamente centralizado donde no existan las “diferencias” autonómicas. Las distintas comunidades autónomas en España crean una identidad, apego y una cultura compartida a la que Vox se opone promoviendo los intereses regionales, provinciales, en detrimento de los autonómicos.

La estrategia territorial de Vox hay que entenderla en los movimientos ciudadanos de Cataluña de 2017, con el conflicto territorial derivado en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y el uso de la violencia policial contra la población catalana.

Esto puede verse también en el propio programa político de la formación, sus famosos 100 puntos, donde proponen la disolución de las comunidades autónomas y la centralización de todas las competencias. «Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España», reza en el punto número 6 del programa. «Supresión de las policías autonómicas», señala en el punto 5. La intencionalidad de Vox es clara y se refleja en su estructura interna, pasado y presente.

Por lo demás, hasta 2019, la estructura del partido respondía a la de una organización política más, con su propia idiosincrasia. Existían tres estamentos básicos: las delegaciones provinciales, el Comité Nacional Ejecutivo y la Asamblea General. Las delegaciones provinciales de Vox solo tenían derecho a nominar a sus propios lideres si tenían 500 afiliados y al menos un 10% de la financiación de los miembros del partido. La alta dirección de Vox se encontraba en el Comité Nacional Ejecutivo. Por último, estaría la Asamblea General que comprendería el cuerpo más alto del partido donde estarían todos los miembros del partido, con una capacidad de decisión considerable.

¿Cómo recluta Vox a sus futuros miembros?

Como casi todos los nuevos partidos, Vox comenzó ofreciendo participación interna en las decisiones a todos los miembros, en particular en la selección de oficinas internas y candidatos, a través de herramientas en los principales estamentos, tanto en las delegaciones provinciales como en la Asamblea General. Sin embargo, el aumento de miembros y el acceso a las instituciones marcarían un cisma en el funcionamiento interno.

El ascenso de Vox en miembros no puede entenderse sin eventos específicos que ayudaron a que este partido ganara militantes. En 2016, Vox presentaba 3.000 miembros, pero tras el estallido del conflicto en Cataluña en 2017, la cifra se elevó. Tras la moción de censura contra el Partido Popular (PP), el partido presentaba 20.000 miembros. Tras las elecciones de Andalucía la cifra se elevó a 36.000 miembros, llegando a 52.000 tras las elecciones generales de 2019.

Tras la fracasada moción de censura de Vox contra el actual Gobierno de España, el partido afirmó que habían conseguido más de 60.000 nuevos afiliados. Desde el principio, los voluntarios del partido se encargaban de todas las funciones de este. Los miembros del partido ocupaban diferentes cargos organizativos simultáneamente y aportaban los fondos para cubrir la organización de los actos de la organización.

Sin embargo, cuando se produjo el gran salto electoral de 2018 y 2019, los miembros del partido añadieron a otros cargos electivos que contribuyeron a la concentración de poder en torno a algunos individuos en los diferentes niveles organizativos. La necesidad de reclutar miembros provenía de la ayuda de financiación para las operaciones del partido ya que, hasta entonces, Vox no tenía acceso a fondos públicos.

El partido recibió 4.146.056 euros de financiación pública en 2019 y 9.865.450 en 2020 a través de subvenciones públicas a partidos y sindicatos. La proporción de financiación pública se incrementó un 61% en 2018 a 66% en 2020. También se incrementó considerablemente la financiación privada: en 2019, Vox recibió 1.564.800 euros en aportaciones privadas, tres veces más que en 2018 y más que la suma de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC, PdCat y PNV juntos.

Las modificaciones en la estructura interna

A partir de 2019, la estructura interna de Vox fue modificada. Ahora, se establecía un periodo de nueve meses durante los que los nuevos miembros del partido tendrían derechos limitados para votar en procesos internos. El Comité Nacional Ejecutivo ahora puede denegar la adhesión completa a los individuos si tienen menos de nueve meses de antigüedad. El partido, además, introdujo el estatus de simpatizante, que es aquel que colabora con las actividades o con la financiación del partido pero no en las decisiones internas de este.

Esto ha sido denunciado por ser una excusa para realizar purgas internas. Así le sucedió a Francisco Jurado, expulsado cuatro días después de ganar las primarias al Parlamento andaluz por Almería el 25 de octubre de 2019, acusado de doble militancia en el PP, a pesar de demostrar que se dio de baja tres semanas antes de pedir el ingreso en Vox.

El poder dentro del partido se centralizó aún más. Los miembros provinciales o municipales antes de 2019 podían presentarse como candidatos si tenían 500 miembros y el 10% de financiación como se ha indicado anteriormente. Ahora, los candidatos necesitan la aprobación de la mayoría simple de todos los miembros del partido, además de la aprobación del liderazgo nacional, eliminando todo proceso de primarias. El Comité Nacional Ejecutivo puede enviar instrucciones certificadas para otros cuerpos y organizaciones subnacionales que pueden disolverse con el acuerdo de dos tercios del Comité Nacional, que cuenta con sólo doce miembros.

La selección de candidatos para puestos públicos depende de las ejecutivas subnacionales quienes son responsables de brindar sus propuestas al liderazgo nacional para su aprobación. En este sentido, el liderazgo nacional elige a los candidatos que liderarán los diferentes puestos de autoridad y sólo necesitará consultar con los miembros de la propia dirección nacional.

Otro de los cambios significativos del partido fue en referencia a la financiación, que pasó a ser totalmente centralizada por el liderazgo nacional dejando a los lideres provinciales sin autonomía financiera, lo que empujó a estos a crear cuentas paralelas, una práctica que ha sido cuestionada por su legalidad. Estos cambios trajeron grandes disputas internas dentro del partido por la falta de transparencia y democracia interna dentro del partido.

Desde el año 2019 se han sucedido al menos quince crisis en diferentes provincias y municipios, que han llevado a denuncias públicas o privadas, acusaciones de autoritarismo, fugas masivas de militancia y hasta cuatro escisiones, la más reciente el mes pasado en Castellón.

Las elecciones internas del partido han sido otro foco de conflicto. Los procedimientos irregulares han conllevado a la formación de una plataforma crítica con la organización del partido con el objetivo de denunciar las irregularidades internas del mismo llamada VoxHabla y que llegó a plantear recurrir la elección de Santiago Abascal como líder de la organización, si bien finalmente anunciaron que no.

Uno de los conflictos más sonados es que la actual dirección nacional no ha sido votada por las bases. El pasado 7 de marzo de 2020 Abascal renovó el cargo por cuatro años más sin ser refrendado por los afiliados. El Comité Electoral aseguró que la candidatura alternativa no había obtenido los avales necesarios para presentarse y dio por ganadora a la lista de Abascal, obviando el trámite de someterla a votación. Aquel proceso estuvo rodeado también de múltiples irregularidades: no se hizo público el número de avales obtenido por cada candidatura y un miembro de la lista de Abascal, la responsable jurídica Marta Castro, formaba parte del Comité Electoral.

¿Es Vox un partido legal?

Las decisiones anteriores han provocado numerosas críticas a Vox por ser autoritario en cuanto a su disciplina y sus decisiones internas. Sin embargo, ¿es esta forma de proceder acorde a la legalidad vigente en materia de organizaciones políticas? Para poder comprobarlo, solo hay que acudir a las leyes que regulan la actividad de los partidos políticos en España.

En Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, en el Capitulo 2 la ley afirma:

Artículo 6. Principio democrático y de legalidad. Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad a los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes. Los partidos políticos tienen libertad organizativa para establecer su estructura, organización y funcionamiento, con los únicos límites establecidos en el ordenamiento jurídico.

Sin embargo, la ley matiza:

Artículo 7. Organización y funcionamiento.

1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos, estableciendo, en todo caso, fórmulas de participación directa de los afiliados en los términos que recojan sus Estatutos, especialmente en los procesos de elección de órgano superior de gobierno del partido.

2. Sin perjuicio de su capacidad organizativa interna, los partidos deberán tener una asamblea general del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios, y a la que corresponderá, en todo caso, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, incluida su disolución.

3. Los órganos directivos de los partidos se determinarán en los estatutos y deberán ser provistos mediante sufragio libre y secreto. (…)

5. Los estatutos deberán prever, asimismo, procedimientos de control democrático de los dirigentes elegidos.

En cuanto a los estatutos, en los derechos de afiliados, la ley, en su Artículo 8, afirma que los afiliados tendrán derecho a:

a) A participar en las actividades del partido y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea general, de acuerdo con los estatutos.

b) A ser electores y elegibles para los cargos del mismo.

c) A ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica.

d) A impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.

Por último, es interesante el Artículo 9 de la ley sobre actividad de los partidos que expresa que

1. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.

2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante alguna de las siguientes conductas:

a) Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual.

b) Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas.

Al tenor de lo dispuesto en la legalidad, comparando con el funcionamiento de su estructura interna, parece claro que las personas afiliadas no gozan de los mínimos democráticos ni de transparencia que cabría esperar de un partido político, más allá de las acusaciones de presuntas actividades ilícitas promovidas por algunos líderes como la creación de cuentas bancarias paralelas.

De hecho, en todo momento, las decisiones están en manos de la dirección estatal. Además, numerosos militantes han denunciado que el Comité de Garantías, un órgano supuestamente creado (y presente en muchos partidos) para responder ante conflictos internos, no funciona correctamente, o directamente no funciona. Además, desde El País se denunció que la composición de estos miembros, cinco según Estatutos, no ha sido publicada por Vox, lo que contraviene el Artículo 3 de la citada Ley de Partidos:

3. Los partidos deberán comunicar al Registro cualquier modificación de sus estatutos y de la composición de sus órganos de gobierno y representación en el plazo máximo de tres meses desde dicha modificación y, en todo caso, durante el primer trimestre de cada año. Deberán además, publicarlos en su página web

Sin embargo, para que estas acciones puedan ser punibles y que el partido sea declarado como ilegal, la ley solo acota a que los partidos apoyen expresamente el terrorismo o acciones terroristas o acompañen la acción de la violencia con programas y actuaciones que “fomentan una cultura de enfrentamiento y confrontación civil ligada a actividades terroristas, o que persiguen intimidar, hacer desistir neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haciéndoles vivir cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades y, en particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democráticamente en los asuntos públicos”.

Por lo tanto, existe todo un dilema por delante. Todo indica que la falta de democracia interna, de transparencia, de imposibilidad plenamente en las decisiones del partido por parte de los afiliados y la dificultad de los miembros de presentarse a comicios electorales, sin que pase por la discrecionalidad de la dirección estatal, hace pensar que, si esta estructura se hubiera presentado antes de convertirse en el partido político que es hoy, probablemente no habría sido aprobada su legalización inicial.

A esto se le suman otras cuestiones, como la financiación externa recibida por un grupo terrorista en 2014 y que le posibilitó poder presentarse a las elecciones europeas, admitida por el propio partido.

Sin embargo, no parece existir un procedimiento legal acerca de qué sucede si un partido ya legalizado cambia la estructura interna de modo que pase a contravenir la propia legislación. Dentro de las conductas que pueden ser susceptibles a la ilegalización del partido, tal y como describe el Artículo 9, se encuentra el fomento de la violencia y la vulneración de los derechos humanos, pero la ley expresamente hace hincapié en que debe estar recogido en su programa o en la financiación de actividades terroristas que expresamente acompañen la acción violenta.

Así, una vez el partido político tiene luz verde y empieza a funcionar, resulta muy difícil ilegalizarlo, pues la ley se circunscribe a unas faltas muy determinadas. Una suerte de limbo que la formación de extrema derecha ha sabido aprovechar para hacer y deshacer a su antojo sin consecuencias legales. Ahora bien, esto no implica que Vox no pueda recibir denuncias por incumplimientos de estatutos y otras actividades, como en cualquier otra organización, lo que podría conllevar numerosas consecuencias de perder estos hipotéticos recursos judiciales, pero en modo alguno podría llevar a su ilegalización.

El mes pasado, anunciaron que harían una nueva remodelación de la estructura interna encaminada a «prepararse para gobernar». ¿Estará este cambio destinado a mejorar la transparencia y la democracia interna o, por lo contrario, transformará al partido en una autoritaria máquina de propaganda electoral que contravenga cualquier principio democrático?

En 2020, Santiago Abascal lanzó la idea de que los liderazgos internos del partido no obedezcan a elecciones internas, sino que sean designados a dedo para evitar el aluvión de denuncias por fraude que llegaban de todas partes. Según sus declaraciones, esto no incumpliría la Ley de Partidos, pero no parece tan claro. Toda una declaración de intenciones que hace pensar que la dirección al respecto está meridianamente clara.

Enlaces, fuentes y bibliografía:

VOX Spain: The Organisational Challenges of a New Radical Right Party | Article | Politics and Governance (cogitatiopress.com)

Tatiana Fernández

Articulista. Socióloga mediocre y Politóloga de mercadillo. Doctoranda en la Universidad de la Calle y azote de la academia universitaria. Como trabajadora precaria he sufrido a tu cuñado, a tu prima la moderna del pueblo y a tu colega que pasaba el tiempo en 4Chan y hoy hace guiños a la ultraderecha.

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