¿Qué pasaría si hubiera un asalto al Congreso de los Diputados?
El pasado 6 de enero, el mundo entero se paralizó por lo acontecido en Estados Unidos. La primera potencia mundial y una de las democracias representativas más consolidadas del mundo asistió a cómo los seguidores del presidente saliente, Donald Trump, sostenidos por una ideología ultraderechista y por absurdas teorías de la conspiración, asaltaban el Capitolio por la fuerza, incluso con la connivencia de parte de las fuerzas policiales, el equivalente al Congreso de los Diputados en España.
Minutos antes, Donald Trump culminaba su relato de odio, conspiracionista y antidemocrático en un mitin que le ha costado un “impeachment” en la propia Cámara de Representantes en un debate salpicado de descripciones del horror sufrido por muchos de los congresistas ante la invasión de la turba ultraderechista, incluyendo del propio Partido Republicano. No en vano, parte de la bancada republicana optó por votar a favor de la impugnación del presidente.
Se cierra una etapa abrupta y extraña a partes iguales en Estados Unidos y se abre una gran incógnita. Ante los intentos de la extrema derecha por asaltar edificios públicos por la fuerza, como sucedió en Alemania o en Países Bajos hace no demasiado tiempo, o como podría suceder en Brasil ante el declive de Jair Bolsonaro, y teniendo en cuenta los acontecimientos históricos, ¿podría pasar algo así en España?¿Podría la ultraderecha, representada institucionalmente en Vox, organizar un intento de insurrección como este?
Es el año 2023. Son elecciones generales en España y en casi todas las comunidades autónomas a excepción de Cataluña, Andalucía y Galicia. Tras un periodo de crisis económica provocada por la pandemia, el Gobierno actual, conformado por PSOE y Unidas Podemos, ha conseguido capear el temporal y, aunque a duras penas, reconducir el país. No obstante, los comicios serán inciertos y ajustados.
Tiempos de crispación y polarización política
Este tipo de especulaciones reciben el nombre de “política ficción” y suelen fomentar el análisis y la reflexión para poder anticipar posibles resultados y acciones presentes. Aunque es evidente que nadie tiene una bola de cristal para poder ver el futuro, se puede partir de una hipótesis más o menos factible a partir del establecimiento de analogías con hechos similares, con el discurso de los partidos y mediante un análisis del contexto social y político.
Por lo tanto, todo lo descrito a continuación es un relato de ficción, una hipótesis, presentado como si fuera real, pero no lo es, incluyendo las imágenes, textos, gráficos y demás, de qué sucedería ante un hipotético asalto al Congreso de los Diputados.
El año 2023 es un año complicado. La pandemia de coronavirus dinamitó los cimientos de la economía de España en 2020 y 2021, viéndose por fin la luz al final del túnel en el año 2022 tras una intensa e irregular campaña de vacunación y la aprobación de varias medidas importantes.
Sin embargo, la recuperación económica y la vuelta a la normalidad están siendo muy irregulares. Mientras hay zonas por las que parece que no haya pasado nada, la crisis sanitaria ha dejado al descubierto las grandes desigualdades sociales y las deficiencias económicas de la actividad productiva de España. Eso por no hablar de los problemas que arrastra el sistema sanitario, todavía muy saturado.
La guerra en Ucrania también ha provocado acalorados debates en el Congreso, pues el choque entre Estados Unidos, Europa y la OTAN contra Rusia, unido a las sanciones económicas al país de Putin, ha contribuido a disparar la inflación y los costes de productos básicos.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina y con el coronavirus casi convertido en un hecho del pasado, las exigencias de la oposición y de los socios de Gobierno se han disparado. Partidos como ERC, PNV o EH Bildu vuelven a sus reivindicaciones históricas, amenazando la estabilidad del ejecutivo; Unidas Podemos, con Yolanda Díaz como cabeza visible, trata de meter en la agenda todo aquello que considera una línea roja en el pacto de gobierno con PSOE.
El Partido Popular (PP) habla de incompetencia, de inestabilidad y de poca eficiencia.
Las encuestas del CIS, Sigma-Dos y Metroscopia, a principios de 2023 revelan unos resultados muy igualados. El PSOE sigue ganando pero le dan entre 102 y 103 escaños; el PP obtendría entre 84 y 87; Vox le sigue de muy cerca entre 69 y 74 escaños; después Unidas Podemos que se quedaría casi igual entre 33 y 36 asientos; y Ciudadanos subiría hasta los 12 y 14. Se augura un Congreso muy peculiar e histórico.
Así, las posibilidades de que PP, Vox y Ciudadanos sumen para conforman una mayoría de derechas es cada vez más probable. Medios afines a la derecha radical, como OkDiario, publican encuestas de intención de voto donde la mayoría es mucho más clara. La encuesta de Hamalgama Métrica otorga al partido liderado por Santiago Abascal casi 80 diputados. La Gaceta de la Iberosfera amplía la horquilla hasta los 82.
A esto se le suma que las fuerzas de derechas podrían ganar las autonomías de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla-La Mancha, además de mantener las que tienen.
Los ataques de la extrema derecha en redes sociales y con Vox como altavoz, se recrudecen cada vez más, retomando sus viejas acusaciones de gobierno “ilegítimo” y de no hacer frente a “lo que de verdad le importa a los españoles”.
Las redes sociales se llenan de recopilaciones de trozos de la hemeroteca donde se pone el énfasis tanto en la falta de promesas cumplidas como en decisiones que la extrema derecha considera superfluas, como las cuestiones de igualdad. A esto se le suma una dosis cada vez más creciente de bulos y “fake news”.
En un discurso ampliamente difundido en el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal carga duramente contra la gestión del Gobierno haciendo un recopilatorio interesado de la legislatura y sacando a relucir las malas cifras del país y los conflictos internos en el seno del Gobierno, que está teniendo muchas dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2023.
No obstante, a dicho discurso añade una pieza más que configura un nuevo relato. Dedica ataques no solo al CIS, sino también a las encuestas de intención de voto de los grandes medios de comunicación que, al parecer, están confabulados para mantener la “dictadura progre”: intentan vender una mentira porque, aprovechando sus puestos de poder, planean amañar las elecciones, que al parecer se decidirán por un puñado de votos.
El ataque al sistema electoral y a las instituciones públicas
Este nuevo relato no tarda en ser comprado por todas las redes de la extrema derecha. El Gobierno «socialcomunista», o «socialcomunistarra», tras cuatro años en el poder, ha comprado de alguna forma a los grandes medios para inflar las encuestas a su favor y que así no se note el fraude electoral que se prepara.
Desde Vox también se recuperan las críticas a un sistema electoral que consideran injusto, ya que premia a la “izquierda progre”, a la “derechita cobarde” y a los “golpistas, terroristas y separatistas” con más escaños. Así, la ultraderecha se apoya en esto para seguir ahondando en la premisa de que el Gobierno es ilegítimo y que lo que se ve reflejado en el Congreso no es lo que quieren la mayoría de los españoles.
Así, para abril, la extrema derecha hace su primer llamamiento de protestas callejeras. Si bien el apoyo es agridulce, se reparte por igual en todo el Estado. Una nueva carta firmada por ex militares y varias declaraciones de miembros aislados de las Fuerzas Armadas dan su apoyo. “Confío en Vox para que el Frente Popular no termine por destruir España como en el 36”, dice Pedro García, antiguo teniente coronel retirado.
Vox también se reapropia de las reivindicaciones contra la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. “Tanto que prometieron que la iban a derogar y, sin embargo ahora se apoyan en ella sus mentiras y sus descalificaciones. El objetivo es claro: secuestrar las instituciones para justificar su dictadura”, asegura Abascal ante los medios en la gran concentración producida en Madrid.
En algunos puntos del país, como en Valencia, Barcelona o Bilbao, hay enfrentamientos callejeros entre antifascistas y manifestantes que se saldan con cargas policiales. “El Gobierno envía a sus perros a hacer el trabajo sucio. Aquí estoy yo. No les tengo miedo. El miedo va a cambiar de bando, señores del Gobierno socialcomunista”, añadió.
En mayo, tras dos convocatorias de protestas y en este contexto, el Gobierno decide poner en marcha una de sus promesas electorales: reformar el voto rogado y el voto por correo, lo que ayudará a que españoles y españolas puedan votar desde el extranjero e incluso presentarse a las elecciones mediante circunscripciones extraordinarias, una reivindicación histórica desde que se reformó la Ley Electoral en 2011.
Por supuesto, esto enciende a la extrema derecha. Las acusaciones de fraude o de posible manipulación se recrudecen y se pone en tela de juicio el voto extranjero y el voto por correo, que tradicionalmente benefician al PSOE y al voto progresista en general.
Las redes se llenan de testimonios hablando de cómo, en pasadas elecciones, el conteo del voto por correo es “un cachondeo”: que si llega tarde, que si lo trae el funcionario de turno, que si no se sabe lo que hay dentro… y, aunque se intenta explicar el funcionamiento, los bulos acerca de que PSOE ha usado este voto para afianzarse en el poder y que por eso ahora aprueba esa reforma electoral se expanden como la pólvora.
“El Frente Popular ya ganó aprovechándose de un sistema hecho a su medida”, asegura un periodista en una tertulia de La Sexta Noche. “No es que yo apoye o no los golpes de Estado, que no lo hago, pero está claro que parte de la sociedad se sintió legitimada cuando pasó lo que pasó”.
Esta vez, hasta el PP critica la reforma por carecer de “consenso” y “debate parlamentario”, acusando al PSOE de dejarse arrastrar por “los elementos más radicales y antisistema de su Gobierno frankenstein”.
Finalmente, la reforma es aprobada en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de PSOE, Unidas Podemos, Compromís, Más País, PNV, ERC, EH Bildu y Teruel Existe. Ciudadanos, a última hora, decide apoyar la propuesta, por lo que sale adelante con mayoría holgada.
Casi al instante, Vox la lleva al Tribunal Constitucional, con el apoyo del PP. Será la primera de varias denuncias. Además de, por supuesto, los ataques a Ciudadanos por «traición a la patria«.
Una precampaña orquestada y organizada
El Gobierno fija la fecha de las elecciones generales y autonómicas para el 19 de noviembre de 2023. Así, a partir de julio, los partidos políticos empiezan a perfilar sus propuestas y sus discursos.
La precampaña ahonda en la división del ejecutivo. Unidas Podemos se distancia del PSOE y llama a su electorado haciendo una recopilación de sus logros. “Si con 35 escaños en el Congreso hemos conseguido esto, imagina con 120”, dice uno de sus muchos eslóganes.
El PSOE, por su parte, hace un llamamiento a la moderación, a la estabilidad y a la concordia. “Este Gobierno se ha enfrentado a una de las mayores crisis en cien años y, aunque con dificultades y errores, hemos salido adelante. Sigamos adelante”, asegura Pedro Sánchez en una de sus muchas intervenciones.
El PP, por su parte, termina dejándose arrastrar en parte por el discurso de la ultraderecha, centrándose en la incompetencia del Gobierno, en las malas decisiones y cifras y cuestionando las últimas reformas electorales. “Este es el Gobierno del decretazo, de la división y del fin de los consensos. Este es el Gobierno del separatismo, del radicalismo y de la inoperancia”, recalca Alberto Núñez Feijóo ante los medios.
Por su parte, Vox lo tiene claro. Acusa al PSOE, Unidas Podemos y los partidos soberanistas de preparar un fraude electoral con la connivencia de los grandes medios y la nueva reforma electoral para evitar que la “voluntad de los españoles” se refleje en el Congreso y en las instituciones. “No debería sorprendernos. El comunismo ha destrozado la democracia y la libertad allá donde se ha asentado. En nuestras manos está decidir si lo impedimos o no”, declara Abascal en la presentación de su candidato en Castilla-La Mancha.
En septiembre, con el apoyo de Unidas Podemos y otros partidos progresistas, la sociedad civil convoca una protesta antifascista, recordando lo que pasó con Trump en 2021 y el aumento de las expresiones violentas de la ultraderecha. Las calles se llenan de carteles insultando a Vox y se suceden algunos ataques a sus sedes.
Ese mismo mes, el Tribunal Constitucional da parcialmente la razón a Vox (y a PP): la creación de circunscripciones electorales en el extranjero requiere de un cambio en la Constitución. Sin embargo, la eliminación del voto rogado y la reforma del voto por correo pueden hacerse sin problemas.
Las redes de la ultraderecha se hacen eco de ambos sucesos, aprovechándolos en su favor. “Incluso con las instituciones tomadas por el comunismo, nos han dado la razón. Vox ha ganado esta batalla. Ahora toca ganar la guerra”.
Poco después, el Gobierno decide, como en las elecciones de 2019, no permitir los sondeos a pie de urna, provocando nuevamente la indignación de la oposición derechista.
Así, la extrema derecha convoca nuevas manifestaciones, esta vez aprovechando un día convenientemente señalado: el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Se hacen nuevas alusiones a la “Reconquista”, a las Cruzadas y a relatos heroicos sobre cómo Vox conseguirá salvar el país y volver a unir a España, como en su momento hicieron los Reyes Católicos.
Al mismo tiempo, las redes se llenan, como es costumbre, del desprecio al Día de la Hispanidad por parte de la izquierda por sus connotaciones supremacistas.
Sin embargo, la manifestación es todo un éxito: las calles se tiñen de banderas rojigualdas y de proclamas a favor de la libertad y contra el fraude electoral que se prepara, además de aplausos a las Fuerzas Armadas. Así, comienza la campaña electoral.
Campaña electoral: la violencia velada
En los días previos a la campaña, el CIS y los medios habituales dejan patente lo que ya parecía obvio: en muy pocos meses, la situación se ha polarizado como nunca antes. Vox parece que aumenta sus apoyos y las posibilidades de que dé el sorpasso al PP son cada vez más probables, robando asientos a Ciudadanos. Por su parte, Unidas Podemos roba algunos escaños al PSOE.
Estos cambios igualan todavía más la situación. Al mismo tiempo, los medios más afines a Vox le dan hasta 90 escaños, poniéndolo casi al nivel del PSOE.
Con estos datos en la mano, Vox comienza a vender la idea de que ya son los ganadores, al menos moralmente. Y que si las encuestas no reflejan del todo esto es, o bien por la manipulación de las mismas, o bien porque mucha gente todavía no se atreve a decir que vota a Vox. Sus portavoces insisten: Vox siempre da la sorpresa en el último momento precisamente por todo eso y sería mucha casualidad que, precisamente cuando se aprueban las reformas electorales y “anticonstitucionales” del Gobierno, no la dé.
En general, las propuestas de Vox para la campaña electoral se tiñen de ambigüedad. Se centran en “arreglar y volver a unir a España”, liberar al país secuestrado por el separatismo, el terrorismo y el comunismo y en “volver a recuperar la gloria de España”.
En menor medida, asume un discurso centrado en las necesidades de los trabajadores. “Las prioridades de un gobierno con Vox serán el trabajo, la economía y la corrupción, además de poner fin a la inmigración y a los privilegios basados en la ideología de género”, asegura el partido en sus mítines.
De pronto, en medio de incontables enfrentamientos dialécticos y campañas en redes sociales, un nuevo filtrado de mensajes de miembros de las Fuerzas Armadas hablan de la necesidad de hacer un golpe de Estado. La investigación, llevada a cabo por elDiario.es, recopila mensajes de Whatsapp y Telegram donde se observa que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de grupos de extrema derecha, hablan de un levantamiento si hay fraude electoral y de un asalto al Congreso. Entre estos mensajes, hay ensalzamientos a Vox.
Iván Espinosa de los Monteros, en medio de una entrevista, es preguntado por este asunto. Su respuesta es clara al respecto. Asegura que desde Vox respetarán siempre las instituciones, la democracia y la voluntad de los españoles, pero que entienden que el descontento y la indignación a veces provocan consecuencias que no siempre pueden evitarse.
Sin embargo, las fuerzas de izquierdas lo tienen claro: lo que busca Vox con su discurso de odio es un nuevo 23-F que le dé el poder.
El debate electoral
Finalmente, llega el esperado día en el cual se sucede el famoso debate electoral a cuatro bandas que bate récords de audiencia.
Llega en un momento de especial crispación. El CIS publica que la confianza en las instituciones ha descendido al 20%, superando el punto más bajo de los últimos 20 años.
Además, encuestas reflejan que, al menos el 23% de la gente considera que habrá fraude electoral, mientras que el 26% lo ve “posible” o “muy posible”. Solo el 19% considera que no habrá fraude y que esto no sucederá. Vox vende esto asegurando que “el 81% de los españoles considera que puede haber fraude”.
Pese a todo, el debate no augura nuevas sorpresas. El PSOE se mantiene en su discurso de siempre, abogando por la moderación y el sentido común, mientras que tanto PP como Ciudadanos prefieren centrarse en la típica batalla de propuestas y datos, tratando de distanciarse de Vox. Por su parte, Unidas Podemos opta por no confrontar a PSOE y señalar el discurso de odio de Vox, comparándolo con Trump y explicando sus propuestas.
Por último, Vox hace un alegato emocional, señalando la desconfianza en las instituciones, la situación del país, el plan entre PSOE y Unidas Podemos para impedir un Gobierno de Vox y en la necesidad de un cambio histórico que “devuelva España a los españoles”.
En los minutos finales del debate, Vox asegura que “harán lo que sea necesario para rescatar a España de las manos del socialcomunismo y de la ruina” y que “entienden el descontento y las salidas de tono de mucha gente”. “Esperad”, declara Abascal.
Como durante toda la precampaña y la campaña, los medios de derecha más radical coinciden: Abascal ha ganado el debate y se perfila como el favorito. Los medios tradicionales se debaten entre Feijóo y Pablo Iglesias, o entre Pablo Iglesias y Abascal.
En general, analistas coinciden en que el discurso de Abascal ha destacado por encima del resto, pero que ha renunciado a hablar de propuestas y se ha centrado más en atacar al Gobierno. Además, Abascal ha protagonizado la mayoría de las interrupciones y salidas de tono.
El día de las elecciones: cascada en las redes sociales
En los días previos a las elecciones, desde Vox se hace una campaña de reclutación de apoderados bajo el nombre “Cruzada Contra El Fraude”. El objetivo es organizar a la suficiente gente como para evitar un supuesto fraude. Al tiempo, se difunden imágenes con cierta época sobre este “ejército de la libertad” que busca “asegurar la democracia” en “tiempos de ruptura”.
Otros grupos de extrema derecha se suman a las filas de Vox en este sentido y se organizan entre todos para estar presentes en todos los colegios electorales, asegurando que documentarán todo al máximo para evitar el supuesto fraude. La campaña es un éxito y se consigue movilizar a un gran número de personas.
Los grupos neonazis y neofascistas ya preparan convocatorias para el 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, donde asumen que celebrarán el fin del Gobierno “socialcomunista” por todo lo alto.
“La victoria es clara”, aseguran desde Vox. “Ahora solo falta que los españoles aseguren el resultado”.
La jornada comienza y, pronto, las redes sociales comienzan a llenarse de fotografías y vídeos de supuestas manipulaciones de votos. Los apoderados de Vox provocan conflictos en más de un colegio electoral y en algunos barrios y municipios de Madrid y de Castilla y León se ha de parar la votación.
Expertos, periodistas y militantes de otros partidos intentan desmentir este material. Algunos vídeos incluso no se corresponden con España, pero desde Vox comienza a publicar mensajes asegurando que todo son pruebas del robo electoral. “Están nerviosos porque saben que vamos a ganar”, declara un apoderado de Vox en Alcalá de Henares.
A mitad de la tarde, los medios ponen el foco en un colegio electoral de Barcelona donde un grupo de ultraderecha ha destrozado varias urnas al grito de “¡Abajo el fraude electoral!”, lo que ha obligado a la policía a cerrar dicho colegio.
También se dan varias declaraciones donde apoderados de Unidas Podemos se han sentido amenazados o acosados por militantes de Vox. “Nunca me había pasado esto en todas las elecciones que llevo de apoderado”, asegura uno de los afectados. “El ambiente en otras elecciones siempre ha sido muy bueno, a pesar de las rivalidades”.
Vox, por su parte, culpa a la izquierda de estos hechos, asegurando que son, o bien mentiras, o bien infiltrados pagados por el Gobierno para desacreditar al partido.
Poco antes del cierre de los colegios y el conteo del voto extranjero y por correo, se filtra una supuesta encuesta a pie de urna llevada a cabo por un medio independiente de escaso recorrido. El sondeo a pie de urna indica que Vox obtendría 90 diputados, muy cerca del PSOE, que obtendría 98, lo que posibilitaría un gobierno presidido por el partido y apoyado por otras fuerzas de derecha en el Congreso.
Aunque pronto es desacreditado por personas expertas, en redes sociales la derecha radical celebra esto como una victoria y se comparten memes de todo tipo.
Pese a todo lo anterior, el escrutinio es lo más duro. Las acusaciones de fraude se multiplican por toda España supuestamente documentada en fotografías y vídeos e incluso algún audio. Vox anuncia que sus abogados están preparando denuncias y que “llegarán hasta donde haga falta para averiguar la verdad”.
Tras algún altercado aislado más, finalmente el resultado provisional es claro: las elecciones las ha ganado el PSOE con 107 diputados, seguido del PP con 87, Vox con 69, Unidas Podemos con 35 y Ciudadanos con 10. Por poco, los analistas coinciden: los números dan para reeditar un nuevo gobierno de coalición de corte progresista, aunque esta vez la ecuación esté más ajustada y sea más inestable.
Además, aunque la derecha ha conseguido ganar en Castilla-La Mancha y habrá un gobierno de coalición entre PP y Vox, no ha conseguido mayoría suficiente en Extremadura y en la Comunidad Valenciana.
La batalla judicial
El relato de Vox no se hace esperar: les han robado las elecciones. Argumentan que todas las encuestas son manipuladas por el Gobierno, los sondeos hechos por medios independientes les daban la victoria y que el descontento popular es amplio. Hacen referencia una y otra vez a la famosa encuesta a pie de urna y al resto de sondeos. «Han desaparecido, por lo menos, medio millón de votos», aseguran desde la formación ultraderechista.
“Como siempre, la dictadura se impone. Ha llegado el momento de actuar”, anunció Abascal, sin aceptar su derrota.
Por su lado, Feijóo dice que aceptará los resultados “siempre y cuando se constate de manera clara y transparente”, dando a entrever ciertas dudas sobre el proceso electoral, aunque sin adoptar del todo la postura de la extrema derecha.
A pesar de que, en palabras de Vox, el poder judicial está copado por el “socialcomunismo” a raíz de la reforma del Consejo General (CGPJ) en 2020, las evidencias son “tan claras” que seguramente les darán la razón. “Las elecciones no han sido libres ni justas”, declaran desde el partido. «El Congreso resultante no representa la voluntad de los españoles».
Al día siguiente de las elecciones, se realizan las concentraciones de grupos neofranquistas, desde las cuales se hace un llamamiento a la lucha contra el fraude, comprando el discurso de Vox.
Y, durante las siguientes semanas, Vox presenta hasta 13 denuncias por fraude electoral que son rápidamente desechadas. Pese a eso, las sospechas poco fundadas de dicho fraude se convierten en el centro del debate político en todas las cadenas, con expertos y analistas puestos de igual a igual, unos diciendo que pudo haberlo y otros que no.
Además, desde la extrema derecha se argumenta que las denuncias han sido desechadas porque los tribunales son partidarios del Gobierno. Comienzan a dar voz a supuestos expertos en materia electoral y a algún juez aislado que confirma que pudo haber algún tipo de fraude, clavo al que se agarra la extrema derecha para poner en tela de juicio todo el sistema.
Paralelamente, comienzan a surgir las primeras voces disidentes en la derecha política. Ciudadanos acepta, en general, los resultados. Barones del PP se alejan de la retórica de la ultraderecha y, aunque Feijóo insiste en que se aclaren las “supuestas dudas”, afirma que aceptará los resultados una vez se confirmen, en un intento por no perder el liderazgo dentro de su propio partido, ya mermado por unos pobres resultados electorales. Un concejal de Vox del País Vasco es rápidamente destituido cuando asegura que “el fraude electoral no se sostiene, en modo alguno”.
Desde la Unión Europea, avalan los resultados, momento que aprovecha Vox para sacar a relucir su antieuropeísmo. “Qué podemos esperar de organismos globalistas y corruptos que atacan a la institución de la familia y fomentan la pederastia”, se dice.
Finalmente, aunque se corrigen varios votos durante los días posteriores a las elecciones, nada cambia: los resultados provisionales se confirman. El lunes 14 de diciembre tomarán posesión los cargos electos en el Congreso y, si todo continúa como está previsto, se procederá a la sesión de investidura.
Entonces, sucede lo que mucha gente temía: empieza a circular la convocatoria de manifestaciones por todo el país ese mismo día.
El asalto al Congreso de los Diputados
Los debates para el pacto de gobierno no se han prolongado mucho. Unidas Podemos obtendrá el Ministerio de Investigación y Ciencia, además de los que ya obtuvo en la legislatura anterior, y se realizará una revisión del pacto que se firmó entonces. Se han recogido nuevas peticiones de los partidos soberanistas para tratar de no repetir los mismos errores y el PSOE ha decidido ceder en algunas cuestiones, destituyendo a Nadia Calviño.
Esto da todavía más alas a las pretensiones de la oposición. A través de redes sociales, se difunde una convocatoria, en un principio, pacífica, a la que pronto se suman Vox, PP y Ciudadanos, entre otros partidos de derecha y ultraderecha, además de gente sin adscripción política concreta.
La protesta parece tener cierta acogida en redes sociales ya que recoge el descontento de la población hacia las instituciones y hacia los errores cometidos por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, ciertamente desgastado.
Sin embargo, el sector más radical suma a estas demandas la denuncia del fraude electoral y el teórico plan orquestado para secuestrar las instituciones democráticas que “hay que devolver a la gente” tras ser “secuestradas”, repitiendo el discurso de Vox.
Cada día, más plataformas y colectivos se suman: Hazte Oír, Abogados Cristianos, Hogar Social, Jusapol, Resiste España, Salvemos España y otros grupos de ultraderecha. Ciertas personalidades, como youtubers, tuiteros, influencers y periodistas, dan alas a estas reivindicaciones y aseguran que irán.
Pronto, se organizan autobuses para ir a Madrid. El lugar elegido es la Plaza de Neptuno, cercana al Congreso de los Diputados, donde “los políticos puedan oír nuestras proclamas de libertad”. La protesta se difunde bajo el hastag #RecuperemosEspaña y #BatallaPorLaLibertad.
Se difunde un vídeo de un militante de ultraderecha con armas de fuego en casa asegurando que las llevará a la protesta, por lo que es rápidamente detenido. La noticia es cubierta y olvidada, a pesar de lo obvio. “Nuestro objetivo está amparado por el derecho a reunión. Si la izquierda puede rodear el Congreso sin consecuencias, nosotros también”, aclaran desde Vox.
Por su parte, partidos como PSOE o Unidas Podemos alertan de las ínfulas de violencia de muchas de las personas que convocan la reunión. La red social Twitter censura varias cuentas y se empiezan a producir las primeras detenciones, lo que contribuye a crispar el ambiente bajo acusaciones de censura y falta de libertad de expresión.
Días antes, Ciudadanos decide desmarcarse de la protesta por su rápida radicalización. Su líder, Inés Arrimadas, en redes sociales, asegura en un tuit: “No volveré a compartir espacio con populistas salvo que la causa así lo merezca. Y esta no lo merece. Apelo al sentido común y la democracia”.
Justo el día antes, Santiago Abascal sube un vídeo que corre como la pólvora. En él, se reafirma en la tesis del fraude electoral y argumenta que, cuando las instituciones fallan, las calles deben responder, y que la ética y la moral les amparan. “Ha llegado el momento que estábamos esperando. Debemos actuar y recuperar España. Es ahora o nunca”.
Si bien en el discurso, que dura cerca de 10 minutos, no se alude directamente a la violencia, la mayoría de analistas políticos coinciden en que está animando a los manifestantes a actuar contra las instituciones del Estado, principalmente contra el Congreso. No son pocas las personas que, de nuevo, recuerdan el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump y otros incidentes similares.
Pese a ello, el vídeo se hace viral y recibe numerosos apoyos desde diferentes sectores.
Sin embargo, para no levantar alarmas innecesarias, el Gobierno en funciones decide activar el protocolo de seguridad habitual en casos de manifestación y Delegación opta por permitirla, en un intento de no avivar las llamas del descontento.
Finalmente, el día llega. A las 18 horas de la tarde, comienzan a llegar las primeras personas y, en apenas una hora, miles de personas se congregan en las principales ciudades del país agitando banderas rojigualdas y proclamas contra el Gobierno. Las principales personalidades de los partidos políticos se encuentran en el Congreso, por lo que apenas hay líderes políticos entre los manifestantes.
Poco a poco, los manifestantes se agolpan contra las vallas protectoras que impiden el acceso al Congreso. La vanguardia de la protesta está conformada por los grupos más ultraderechistas, que cubren su cara con máscaras de Guy Fawkes, lanzan bengalas y elaboran extrañas perfomances reivindicativas. No obstante, el ambiente parece controlado.
En el interior del Congreso, los cargos ya se han jurado o prometido y comienza el debate de investidura. En el turno de la bancada de Vox, que ocupa una quinta parte de la cámara, Santiago Abascal hace una intervención totalmente incendiaria, como pocas se recuerdan, que es aplaudida incluso por parte de los diputados del PP. De entre sus lapidarias afirmaciones, llega a decir que “la verdadera representación de la indignación y del pueblo está ahí fuera” y no “en un Congreso fruto del fraude y del engaño”.
Además, por primera vez en mucho tiempo, aludió de nuevo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Llamamos a las fuerzas del orden a que intervengan para poner fin a esta farsa”, dice al tiempo que las redes sociales se llenan de mensajes de apoyo. “Su misión es proteger la soberanía. Actúen pues y protejan a España de sus enemigos. Actúen antes de…”.
Justo antes de acabar el discurso, el Congreso se cubrió de un gran alboroto y la presidenta de la Cámara optó por cerrarle el micrófono. Acto seguido, el interior del edificio se convirtió en un intercambio indiscriminado de exabruptos que terminó con la expulsión de Abascal y la salida de los diputados de ERC, EH Bildu, PNV y las CUP como protesta.
En ese momento, los ánimos se trasladaron al exterior del Congreso, donde el aparente control transitó en gritos, insultos y movimientos que terminaron por tirar las vallas al suelo. Poco a poco, los manifestantes, agitando palos, banderas, pancartas y botellas, comienzan a abrirse paso mientras que las UIP y el cordón de seguridad deciden trasladarse a los alrededores inmediatos del Congreso, tratando de contener la marabunta que avanza desde Neptuno a Plaza de las Cortes.
Llega la noticia entonces de que varios grupos neofascistas se han congregado en la Plaza de Canalejas y en Cibeles y se están desplazando hacia el edificio desde el oeste y desde el norte, donde el dispositivo de seguridad es mínimo. Los furgones policiales se intentan desplazar pero no pueden pasar y no tardan en retirarse ante las primeras muestras de violencia. Las críticas hacia la poca contundencia policial no se hacen de esperar.
El PP, a través de redes sociales, opta por llamar a la calma y pide a su militancia y a sus partidarios que no empleen la violencia y se retiren de la marcha. Sin embargo, afines a Vox dicen todo lo contrario: “La Batalla por la Libertad se libra hoy”, tuitea un ferviente seguidor con una antorcha.
Finalmente, alrededor de las 21:00 horas, se establece un cordón policial en los alrededores del edificio, desde donde lanzan pelotas de goma parapetados tras unos pocos furgones y las vallas que han podido rescatar. No obstante, el Comisario de la Policía Nacional en Madrid hace una rápida llamada telefónica al personal de seguridad del interior del Congreso, quien irrumpe momentos después en medio del debate para hablar con la presidenta de la Cámara ante el silencio atónito de los presentes.
“Señores diputados y señoras diputadas de la Cámara. Me trasladan desde la Comisaría de la Policía Nacional de Madrid que, aunque la situación está bajo control, por su seguridad, abandonen el edificio de manera ordenada”, anuncia la presidenta con la voz entrecortada.
La orden cruza la sala como una flecha, dejando a todo el mundo helado. Algunos diputados se niegan, por una cuestión de principios. Vox rápidamente echa la culpa a la izquierda de la situación, argumentando que “el pueblo se levanta contra los tiranos”, mientras que el Gobierno culpa a la ultraderecha, por su “discurso incendiario y de odio que lleva perpetuando desde hace meses”.
Finalmente, casi todos los diputados y funcionarios son desalojados, recibiendo todo tipo de insultos siendo blanco de objetos arrojados y otro tipo de ataques durante la huida. Durante las dos horas siguientes, los manifestantes rompen el cordón policial, rodean el edificio y varios consiguen entrar, provocando un destrozo serio en el mobiliario.
Al mismo tiempo, el suceso se replica en parlamentos autonómicos y locales, donde la policía esta vez interviene con mayor éxito.
No obstante, los refuerzos policiales no tardan en llegar y, tras horas de esfuerzo, la situación se consigue controlar a costa de más de 300 heridos, pérdidas económicas, material confiscado y una investidura pospuesta.
Los días siguientes al asalto al Congreso
Desde el primer momento, Vox culpa a “la izquierda progre” de provocar este intento de insurrección y que, aunque no comparte las formas violentas, entiende la indignación que está sufriendo la gente y que el estado actual de división del país ha sido provocado por el Gobierno.
No obstante, las imágenes de los diputados abandonando el edificio y de la identificación de los instigadores como simpatizantes de Vox y otros grupos ultraderechistas son demasiado evidentes. Se emiten diversas denuncias contra el partido y varias personalidades por instigar a la violencia y por las falsas acusaciones de fraude electoral, de las cuales ninguna ha prosperado.
Las investigaciones policiales indican, no obstante, que lo sucedido lleva preparándose desde hace semanas en canales de Telegram y en redes sociales como Gab, y encuentran a mandos de las Fuerzas Armadas, retirados y en activo, además de algún mando de la Guardia Civil, tras los principales organizadores. Se suceden numerosas detenciones que implican a los sectores de la derecha radical e incluso a algunos del PP y medios de comunicación.
Sin embargo, aunque Vox opta por moderar un poco su discurso y acepta parcialmente los resultados, sigue sosteniendo la “ilegitimidad” del gobierno.
De momento, todo parece estar bajo control, pero no se sabe qué puede suceder de aquí a la investidura…
¿Política ficción?
Lo descrito en este artículo no es cierto, en absoluto. Es, como se ha avanzado al inicio del mismo, “política ficción”, un relato ficticio de los hechos que podrían rodear a un hipotético asalto al Congreso, sobre el contexto que lo podría hacer posible y qué tendría que suceder para que ocurriera.
Estados Unidos y España son países muy diferentes. Por ejemplo, en España no es habitual llevar armas, mientras que en Estados Unidos es mucho más probable. Por otro lado, la confianza institucional en el país americano es mayor que la de España, más dada a la desconfianza y a los golpes de Estado, al menos históricamente.
También hay que tener en cuenta que la situación misma es diferente: Donald Trump estaba era el presidente y controlaba los poderes del Estado, por lo que pudo controlar en cierto modo la seguridad del hemiciclo, por poner un ejemplo. Además, Trump pertenece a uno de los dos grandes partidos del país, lo que le asegura ciertos recursos. Esto no sucede con Vox que, aunque con amplias redes a su favor, no deja de ser la tercera fuerza y contar con unos apoyos todavía muy limitados.
No obstante, sí que hay amplías similitudes que podrían replicar esto. El nivel de polarización social ha ido en aumento en ambos países, siendo Estados Unidos un pionero en Occidente, pero replicándose estos efectos en el resto de Europa.
Por otro lado, las similitudes discursivas entre Trump y Vox son obvias, y esto no es una casualidad, ya que el partido verde tiene en Trump un referente y su marcha representa una gran perdida y ha copiado del magnate las formas y propuestas. De hecho, muchas de las frases del texto, son similares a algunas pronunciadas por Abascal o Trump anteriormente. Muchos enlaces y referencias del texto que hablan sobre acciones posibles de Vox llevan a esos hechos, pero perpetrados por Trump. Y tanto las frases como los hechos suenan aceptablemente verosímiles.
Por último, sí que hay un hecho preocupante que podría dar un impulso a un evento como el del asalto al Congreso. Donald Trump cuenta con un fuerte apoyo de la policía. Y eso que es posible que este sea menor que con el que cuenta Vox aquí. No hay que olvidar que el sindicato más grande de esta, Jusapol, ha mostrado infinidad de veces su afinidad con Vox.
Pero en EEUU hay un elemento que ha impedido postergarse a Trump: el ejército. En el país americano, las fuerzas armadas estadounidenses tienen una larga tradición de neutralidad interna y de no intervenir en política interior. De hecho, Trump hizo distintos intentos de intervención del ejército, recibiendo una negativa incluso pública de los altos mandos, recordando la neutralidad del ejército y servicio a la Constitución.
En España, el caso es bien diferente. El ejército español tiene un largo historial de intervención en la política española. Y lo que es peor, una clara predilección por la derecha y extrema derecha, que Vox ha alentado desde que accedió a las instituciones y que no parece que vaya a ser reversible.
Así pues, en un evento de estas magnitudes, la respuesta del ejército y en sí de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, sería algo que finalmente podría decantar la balanza. Pese a que hablar de una intervención directa del ejército es todavía una hipótesis muy poco probable, no debería ser del todo descartable, si bien es cierto que tal vez el apoyo popular hacia Vox y su líder debería ser todavía mayor y el descontento hacia el resto de fuerzas políticas más amplio.
Hoy esto puede parecer ficción. También hace unos meses el asalto al Capitolio hubiera sido visto como un chiste. La extrema derecha tiene un largo historial de asaltar parlamentos y tomar el poder por la fuerza. No parece tan extraño que, en el contexto adecuado, pudiera suceder lo mismo en el Congreso de España.
Aparte de los eventos más modernos que se han nombrado con anterioridad, se puede viajar a la marcha sobre Roma del fascista Bento Mussolini, que significó su ascenso al poder. Esta marcha se justificó para evitar un intento de la izquierda para tomar el poder, protegiendo Italia de comunistas y socialistas. Nunca existió una posibilidad así en Italia.
La historia lejana y reciente da muchas pistas sobre lo que podría pasar cuando la derecha autoritaria obtiene un gran apoyo electoral. Y, en un futuro esta política ficción sobre un hipotético asalto al Congreso podría ser muy real.
Enlaces, fuentes y bibliografía:
– Manifestación de Jusapol frente al Congreso de los Diputados. Autor: Antena3 / Trabajo propio. Fuente: Antena3
Jefe de Redacción de Al Descubierto. Psicólogo especializado en neuropsicología infantil, recursos humanos, educador social y activista, participando en movimientos sociales y abogando por un mundo igualitario, con justicia social y ambiental. Luchando por utopías.
